Fondo de ayuda a las víctimas de la dictadura

El Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las víctimas

Por Felipe Michelini

felipemichelini

El año pasado, fui designado por la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional como miembro del Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Responsabilidad honoraria, que tengo el honor de desempeñar junto a otros cuatro ciudadanos de todas las regiones del mundo.

 

Esta semana tuve la oportunidad de realizar la primera acción oficial de dicha investidura en la Sesión de Trabajo de la Comisión de Asuntos Políticos y Jurídicos del Consejo de la Organización de Estados Americanos -OEA- en su sede en Washington. Además tuve la satisfacción de entrevistarme con el Secretario General de la OEA, Luis Almagro y realizar un conjunto de entrevistas al efecto del mejor cumplimiento de mi mandato. Comparto con gusto la presentación que hice en la sesión con los fieles seguidores de mi columna en uypress.

 

Sr. Presidente

Srs y Sras. Representantes Permanentes ante la OEA

Srs. y Sra. Delegados de las organizaciones intergubernamentales                                                                               

Srs y Sras de las organizaciones no gubernamentales

Srs y Sra. Integrantes de este panel.

 

Reciban el saludo del Consejo Directivo del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Victimas, de su Presidente Motoo Noguchi de Japón, sus miembros Mama Dubois de Mali, Baronesse Amrika Helic del Reino Unido de Gran Bretaña, de su Director Ejecutivo Pieter de Baan y en el mio propio. Asimismo, corresponde expresar el agradecimiento por la invitación a participar de esta sesión de trabajo sobre la Corte Penal Internacional. Igualmente, no se puede menos que felicitarlos por esta novena edición de esta actividad, que refleja el interés y compromiso con la lucha contra la impunidad al difundir el sistema creado por el Estatuto de Roma.

Tal como se ha expresado por los distinguidos integrantes de este panel, el Estatuto de Roma tiene como cometido fundamental el de poner fin a la impunidad de los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional. Hechos repugnantes como lo son el de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. El Estatuto tiene una faceta punitoria, una preventiva y otra compensatoria.

Identificar y esclarecer los hechos y someter a los sospechosos, por cierto, con todas las garantías del debido proceso y en caso de hallarlos culpables, condenarlos de acuerdo a derecho, ubica a la justicia como valor universal. También contribuye a la prevención de la comisión de los mismos. Ello no es caprichoso, pues como dice el Preámbulo del Estatuto que “millones de niños, mujeres y hombres han sido víctimas de atrocidades que desafían la imaginación y conmueven profundamente la conciencia de la humanidad”. Los crímenes que se perpetran y la impunidad asociada a ellos, son flagelos que atormentan a millones y erosionan las bases mínimas de una convivencia digna. Reparar a las víctimas y sus familiares es mitigar en parte el daño causado y restituir antes que nada, la dignidad de las personas.

Al efecto de buscar eliminar la impunidad, el Estatuto de Roma creo un sistema que por cierto tiene a la Corte como eje central, pero que está complementado por la Fiscalía, la Asamblea de Estados Partes y el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas. Las distintas presentaciones en este panel, tanto del Fiscal Adjunto James Stewart, como las de Anton Camen del Comité Internacional de la Cruz Roja, Minerva Tavarez Mirabal de Parlamentarios para la Acción Global, de Michelle E. Reyes Milk de la Coalición para la Corte Penal Internacional y Susana SáCouto del Washingotn College of Law de American University, han reflejado las distintas aristas del sistema, que obviamente se conforma también con el Fondo Fiduciario en Beneficio de las Víctimas.

El principio básico es que la Corte Penal Internacional tiene una competencia complementaria de las jurisdicciones nacionales. Actúa en tanto y cuanto, aquellas no puedan o no quieran juzgar a los sospechados de tan graves crímenes tal como lo establece el artículo primero del Estatuto de Roma. En resumen: civilización o barbarie.

Sin perjuicio de la acción punitoria, el Estatuto diseña un sistema centrado en la victima sobre la base de la reparación integral de estas, incluida la restitución, la indemnización y la rehabilitación tal como reza el artículo 75 del Estatuto.

El Fondo Fiduciario es una parte esencial de la integralidad en la rehabilitación y reparación de las víctimas, y así fue concebido y reflejado en el párrafo 1° del artículo 79 del Estatuto de Roma al imponer a la Asamblea de Estados Partes el establecimiento del mismo.  Este fue implementado por Resolución de la Asamblea de Estados Partes (ICC-ASP/1/Res.6).

El Fondo Fiduciario tiene, como lo expresó nuestro Presidente en noviembre pasado en la Asamblea de Estados Partes, un enorme desafío en los tiempos que se avecinan. Se agrega a las tareas de asistencia desarrolladas en Uganda y en Congo, el cumplimiento de la sentencia sobre cumplimiento de reparaciones en el caso Lubanga. A la propuesta de reparación en forma colectiva para las víctimas, sus familiares, las comunidades y la sociedad en su conjunto, habrá que hacerles los ajustes de acuerdo a la reciente decisión de la Sala de Primera Instancia II que reenvía la propuesta al Fondo Fiduciario.  Asimismo, agrego de mi parte, que se espera a la brevedad se dicten las decisiones sobre los casos de Kantaga y de Ntaganda por las situaciones ocurridas en la República Democrática del Congo.

Sr. Presidente, en esta ocasión nuestra presencia en esta sesión de trabajo tiene por objeto, en primer lugar el de reconocer el compromiso de los Estados Partes de la OEA por el sistema establecido en el Estatuto de Roma. Más allá de matices y controversias, el saldo es que los Estados miembros de la OEA, en general, apoyan el sistema establecido por el Estatuto de Roma, teniendo presente además que 28 de ellos lo han ratificado.

Sabemos que honrar el deber con el objeto y fin de dicho tratado es múltiple y permanente. Es necesario sin duda, continuar para hayan más adhesiones y ratificaciones del tratado, establecer las normas nacionales de cooperación con la Corte, tipificar los crímenes, acordar los acuerdos de inmunidad de los funcionarios, en fin el garantizar la independencia, integridad y efectividad de un sistema de justicia que se aboca a erradicar la impunidad de los crímenes más repugnantes.

Se impone apoyar la tarea de cumplir con el propósito fundamental de compensar las víctimas, sus familiares y sus comunidades. Mi solicitud es que trasmitan a sus respectivos gobiernos la necesidad del apoyo moral, político y financiero para el Fondo Fiduciario en general y en especial en esta etapa por parte de todos y cada uno de los Estados parte de la OEA. Por cierto para los que integran el sistema creado por el Estatuto de Roma, pero también para aquellos que no son parte de éste.

La reparación integral de las víctimas, así como la asistencia a las mismas, son eslabones esenciales de la justicia, la lucha contra la impunidad y la rendición de cuentas. Estos hacen a la esencia de la dignidad del ser humano, del derecho como sistema de convivencia civilizada y del sentido último de una sociedad democrática. Factores fundamentales para su consolidación, así como que su ausencia, erosiona sin duda la paz y la seguridad de la comunidad internacional.

Todos valores compartidos por la Organización de Estados Americanos tal como está establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, la propia Carta de la Organización y el Pacto de San José de Costa Rica. Todos instrumentos regionales que recogen la rica y prolífica experiencia de nuestro constitucionalismo americano. Asimismo, han cimentado el Sistema de Protección Regional de Derechos Humanos, sobre la actuación de sus órganos principales como la Comisión y la Corte.

Los países de América Latina y el Caribe además, tienen una enorme responsabilidad. Todos recordamos que la iniciativa de la Corte Penal Internacional surgió del Caribe. Además en relación a los crímenes objeto del Estatuto de Roma, no lo podemos mirar desde la distancia o tan sólo de la literatura o de la academia, sino que surgen desde nuestra propia experiencia histórica. Nuestros pueblos, han conocido directamente la tragedia del conflicto armado que dividieron las familias o de regímenes de terrorismo de estado, en el pasado reciente. Ambas experiencias han causado enormes tragedias que aún hoy vivimos sus secuelas de terror, las que nos desafían a un presente de justicia sin impunidad y la plena vigencia de los derechos humanos. Nuestro continente siente como propio, tal como lo expresaba nuestra amiga, la diputada dominicana Minou Tavárez Mirabal, el ¡NUNCA MAS!

Por ello, latinoamericanos y caribeños, junto a otros Estados han impulsado en forma decidida la Corte Penal Internacional y han resistido todo intento de debilitar el sistema establecido por el Estatuto de Roma. A su vez han debido asumir las más altas responsabilidades en la Fiscalía, la Corte, la Asamblea de Estados Partes y el Fondo Fiduciario.

Sin embargo, todos esos esfuerzos significativos no alcanzan. Es necesario continuar trabajando para fortalecer el sistema, dónde el Fondo Fiduciario tiene un lugar determinante. En primer lugar ratificando el compromiso político que se le ha brindado a través de todos estos años.  En segundo término, el de ofrecer la vasta experiencia que en temas vinculados al Estatuto nuestros países han realizado. Muy especialmente en aprender de lo hecho en relación a las buenas prácticas y de las otras que no hay que negarlas, sobre los temas de reparación y rehabilitación de las víctimas, entre otras medidas, la de facilitar el intercambio y el testimonio de víctimas, familiares y expertos en estos temas. Por último, a través de la contribución de recursos financieros que honren los compromisos asumidos para una comunidad internacional sin impunidad. Me consta que la situación es compleja y presenta demandas múltiples, pero apelando a la profundidad de nuestras mejores tradiciones humanitarias y de solidaridad, estoy convencido que hay mucho aún para contribuir y cooperar en beneficio de las víctimas.

Permítaseme dos notas personales: esta es la primera oportunidad en la que actúo como miembro del Fondo Fiduciario y deseo dejar expresa constancia del reconocimiento que tengo hacia a mi país, Uruguay, por haberme propuesto a esta alta responsabilidad, que se extiende a todos los países de Grupo de América Latina y el Caribe -GRULAC- que endosaron mi postulación. Es un honor el haber sido electo por aclamación por la Asamblea de Estados Partes en noviembre del año pasado.

Además, visto que se encuentra presente en la audiencia el Dr. David Donat Cattin, Secretario General de Parlamentarios para la Acción Global, quiero reconocer púbicamente su trabajo inteligente y firme compromiso que en las buenas y en las malas, ha cumplido un papel fundamental en la consolidación del Sistema del Estatuto de Roma.

Al efecto de finalizar esta presentación, Tavárez Mirabal señalaba el ¡Nunca Más!; yo reitero “Civilización o barbarie, Justicia o impunidad”

Reiterando las salutaciones del Consejo Directivo del Fondo Fiduciario de la Corte Penal Internacional en Beneficio de las Víctimas, no puedo más que convocarlos a la tarea y agradecerles por su dedicada atención.

Dr. Felipe Michelini

Miembro del Fondo Fiduciario de la

Corte Penal Internacional en

Beneficio de las Victimas

Febrero 2016, Washington D.C.

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