Alvaro Rico entre el presente y el ayer…

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En medio de una agenda apretada por compromisos de gestión “que le resta tiempo a la reflexión”, el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, dialogó con Uypress sobre la investigación histórica de la dictadura; la historización del delito y sus planes a futuro en la UdelaR .

La verdad en tomos
Con miras a una nueva publicación para 2014 en el marco de la investigación histórica sobre dictadura y terrorismo de Estado en el Uruguay (1973-1985), que abarcará unos cien casos de asesinatos por razones políticas entre 1968 y 1973 (se toma ese período de acuerdo a la nueva jurisdicción que adquirió la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia), Rico hace memoria sobre los tomos ya publicados, su impacto, su utilidad y las tensiones que ha generado la investigación con los grupos de familiares de detenidos desaparecidos.
 
En primer lugar destacó que las distintas etapas de trabajo hayan sido publicadas, a través de los 5 primeros tomos publicados en 2007; tres en 2010 y dos “muy voluminosos” en 2011, que incluyeron una actualización y están publicados on line. “Muchas veces uno investiga y eso no tiene salida pública, por distintas razones”, señaló.
En segundo lugar, el historiador subrayó que “si bien las investigaciones tienen el objetivo de la verdad sobre el fenómeno de la desaparición forzada de personas, porque ese fue el acuerdo con la Presidencia de la República, los resultados aportan más allá de las desapariciones forzadas: aportan sobre el período dictatorial”.
En este sentido, las investigaciones históricas de la Presidencia realizan una reconstrucción histórica del período dictatorial “haciendo énfasis especialmente en la reconfiguración del Estado bajo un formato dictatorial o autoritario; reconstruye la vinculación sobre el aparato de Estado y las fuerzas de seguridad; reconstruye sobre la lógica represiva de ese Estado, con datos que tienen que ver con la infraestructura que sostuvo esa lógica represiva del Estado (desde las sedes carcelarias para la prisión legal o clandestina de los detenidos hasta la presupuestación que ese estado requirió para el sostenimiento de una política sistemática de represión); ilustra sobre el vínculo que el Estado entabló con la sociedad en general, no solo contra los opositores o luchadores; el sistema de vigilancia generalizado que el régimen dictatorial uruguayo implantó durante 12 años y sobre el exterminio físico de una parte de esa población militante, o grupos opositores y clandestinos”.
 
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Rico señala como una de las mayores dificultades al momento de comenzar estas investigaciones “la falta de fuentes” dentro del material historiográfico. Por ello, comparte los dichos del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que calificó como un hecho “histórico” cuando esta cartera entregó los archivos de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (DNII) a la Secretaría de DDHH para el Pasado Reciente de Presidencia, cediendo su uso al equipo coordinado por Rico durante cinco años.

El equipo de investigadores ya consultaba desde hacía algunos años este archivo, pero el acto del MI forma parte de la “voluntad política” que se sostiene desde 2005 cuando el Poder Ejecutivo, encabezado por Tabaré Vázquez, les dio el “privilegio” de habilitarles “de manera restringida una fuente documental como la que representaba el archivo constituido desde la Comisión para la Paz”.

Así como el entrevistado señala como “valorable” esta voluntad política, también señala que tiene un gran valor “la relación del equipo con el uso responsable de la información y con los funcionarios que custodian esa información” y, en ese sentido, el aprendizaje que supuso para todos el acceso a esa información -clasificada con criterios propios de la fuerza policial y militar-, el uso de esa información y el mantenimiento de un régimen de confidencialidad.
“Si el equipo hubiera utilizado cada información que encontraba para armar un ‘show mediático’ como línea de conducta, otros hubieran sido los resultados”, enfatizó el decano.

Archivos de otros, archivos propios

Para trabajar con el archivo de la DNII el equipo de investigación debió crear una ‘lógica archivológica’. En este sentido, Rico detalló que las y los historiadores notaron que cambiaba la lógica de clasificación de archivos desde el año 1976, cuando “empieza a sentirse el peso en la coordinación militar con la policía y, por consiguiente, los criterios de inteligencia más perfeccionados y una mayor profesionalización en el ingreso y calificación de la información”.

De esto surge también como conclusión cuánto pudo haber aprendido la inteligencia militar de la inteligencia policial, en cuestiones operativas como los trasladados ilegales, los interrogatorios, la aplicación sistemática de las torturas como método para obtener información.
Entre los hallazgos “importantes” de los papeles de 1976, el decano cuenta que se identificaron dos actas de interrogatorio, donde aparecen datos de los militantes interrogados, aunque no de los interrogadores.

El vínculo militar-policial no hace más que reforzar la reflexión sobre la característica “híbrida” que tuvo la dictadura cívico-militar uruguaya, teniendo en cuenta que otros aparatos represivos de la región tuvieron una “impronta militar” mucho más marcada que en Uruguay. Un aspecto que todavía no se ve tan reflejado en las causas judiciales y en las personas procesadas.

Rico entiende que esto tiene que ver con “la incomprensión de la dictadura como un sistema” y por ello “la denuncia a nivel judicial ha seguido la lógica de caso concreto, de la denuncia sobre la víctima”, aunque destaca como un cambio las recientes denuncias colectivas como la causa Morgan o la denuncia de 28 expresas políticas por violencia sexual.

“El terrorismo de estado funcionó como un sistema coordinado hacia adentro y fragmentó el afuera: trabajó sobre la fragmentación del campo social y el conocimiento de la información”. Y “declaraciones como las de [el expresidente Julio] Sanguinetti cuando dice ‘comprendemos el dolor de los familiares’, o las recientes declaraciones de Luis Lacalle Pou [que sostuvo que si fuera presidente frenaría las excavaciones arqueológicas en predios militares] vuelven a remitir a un dolor privado un fenómeno como el terrorismo de Estado que afectó a toda la sociedad”, añadió.

A esto se suma que “entre los años ’40 y ’70 las funciones de inteligencia fueron fundamentalemente desplegadas por la inteligencia policial; siendo que además la figura del policía tenía un vínculo estrecho con la población, porque allí es donde despliega sus funciones de orden, de control, de prevención, de vigilancia sobre la población, que guarda un carácter cotidiano, rutinario, incluso intrascendente -aparentemente- en la recopilación de la información, pero con una lógica implacable. Ya en los ’60, la policía efectuaba vigilancia sobre grupos políticos, sindicatos y gremios, que era referenciada a la DNII”.

Además de un cambio en la clasificación del archivo, en el año 1976 “el gobierno dictatorial cambió de un sistema de autoritarismo al totalitarismo, algo que no está ajeno a la coordinación represiva del Plan Cóndor, a la participación de militares uruguayos en la dictadura argentina (1976-1983), a los traslados ilegales con carácter masivo y a la desaparición forzada como metodología sistemática”.

El tener un acceso ‘privilegiado’ a parte de los archivos de la dictadura ¿generó tensiones con el grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos?
“Es uno de los temas más difíciles… encontrar un punto de equilibrio, considerando la sensibilidad y el lugar que cada uno ocupa. Nuestro lugar como equipo universitario de investigación no es un término medio, está en tensión permanente; pero no podemos ocupar ni el lugar de la víctima o del familiar de la víctima, ni del Estado que encarga la investigación”, respondió.

“Hay que mantener un equilibrio prudencial entre las distintas partes, para que la investigación tenga los mejores resultados, entre los cuales está tener objetividad en el manejo de la información y en la escritura de esta información”.

“La exigencia de los familiares es entendible, es compartible y es permanente. El familiar reclama que se le informe en primer lugar y de manera completa la información que se posee y también reclama la investigación realizada por ellos mismos, en una desconfianza -entendible también- en la mediación efectuada por el profesional y cómo este interpreta y concluye sobre esos datos. Sin duda, al investigador se le escapa una parte de la trama, en especial la vinculada a fechas, al funcionamiento de las organizaciones, a las amistades y jerarquías dentro de esas organizaciones; y muchas veces el familiar, que pudo haber formado parte de las organizaciones, se considera ‘mejor entendido’ para intepretar lo que dicen los documentos”.

“Para resolver de alguna manera esos puntos de tensión con los familiares, nosotros informamos de manera regular cuando ingresamos a un archivo, así como los avances que tenemos y construyendo un vínculo informativo de ida y vuelta permanente”, concluyó.

Lógica represiva: fragmentación del conocimiento

Aunque a priori los tomos voluminosos pueden resultar inaccesibles, estos “libros monumento” que reúnen un “aspecto cognoscitivo y simbólico” por su “función de documentar, nombrar y no olvidar”, resultan “fuentes para otros investigadores, para actividades de Extensión, para investigaciones periodísticas y, de a poco, adquieren uso jurídico”.

La falta de conexión entre investigaciones ha sido marcada en distintos ámbitos por familiares y militantes de derechos humanos. Ariel Castro, nieto del maestro y periodista Julio Castro (desaparecido en 1977 y asesinado en dictadura), señalaba su preocupación porque él tuvo que hacer casi una investigación detectivesca, “como de novela policial negra”, para indagar en la verdad sobre el caso de su abuelo. Por otra parte está la investigación histórica; la de los antropólogos forenses y la de la Justicia. Y todavía cuesta conectarlas entre sí.

“Las investigaciones parecieran no superar el estado de fragmentación originario con el que operó el terrorismo de Estado para su lógica represiva”, reflexionó Rico, aunque también destacó los avances desde el Ministerio del Interior en trabajar sobre la responsabilidad individual en los crímenes del terrorismo estatal. “Se ha demorado mucho, pero se está haciendo”, añadió.

En este sentido, el historiador distinguió los primeros momentos de las investigaciones, al finalizar la dictadura (cuando entre el ’85 y el ’86 las propias víctimas o sus familiares investigaban, además de denunciar en las comisiones parlamentarias, hasta votada la Ley de Caducidad, “testimonios orales que fueron por aquellos años las únicas fuentes documentales sobre lo ocurrido en dictadura”), del momento actual en el que hay voluntad política de investigar y una mayor coordinación entre los archivos regionales.

De hecho, además de trabajar con 22 archivos hasta el momento, el equipo coordinado por Rico mantiene contacto permanente con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA), el Archivo Nacional de la Memoria (Argentina), el Archivo del Terror (Paraguay), el Programa de DDHH de Chile y la Comisión por la Verdad de Brasil, en una investigación conjunta sobre la muerte del expresidente Joao Goulart en Argentina.
Si bien “nuestra investigación es histórica, no criminalística, podría afirmarse que esta fragmentación del conocimiento es un efecto más de la lógica represiva del terrorismo de Estado” presente hasta el día de hoy.

Y así como se distinguen avances en la coordinación de archivos, Rico también señaló los cambios que representan las denuncias colectivas como en la causa Morgan y en la denuncia de 28 expresas políticas por violencia sexual durante la dictadura. Esto “también cambió la lógica de la justicia para investigar las denuncias”, añadió.
Investigar asesinatos políticos

El desafío que el equipo de investigadores coordinado por Rico pretende culminar en 2014 es la investigación sobre asesinatos por razones políticas en el período previo al golpe de Estado del 27 de junio de 1973, es decir, entre junio de 1968 y el año de la clausura de las Cámaras legislativas.
El decano señala que está siendo un trabajo de investigación “muy arduo” porque, a diferencia de los detenidos desaparecidos, los casos de asesinato político no han tenido “continuidad de investigación” y presentan un “tratamiento de la información diferente”, ya que funcionaba todavía el Estado de Derecho y la prensa legal informaba sobre esos casos.

Estado policial hoy o cuánto del pasado está presente

Trabajos publicados por Álvaro Rico, como el reciente Inseguridad, delito y Estado (2012) en co-autoría con Rafael Paternain, guardan la impronta de investigaciones anteriores que buscan “enfocar hechos del pasado reciente para investigar el presente”: historizar el delito, historizar el vínculo entre la política y el delito, el sistema capitalista y el delito, e incluso el Estado y su construcción del delincuente, y pensar sobre la autotransformación del Estado de derecho en un Estado Policial durante la transición 1968-1973. Ese libro pretende “recuperar el rasgo de continuidad en los fenómenos de nuestro pasado reciente y no solo lo rupturista que tiene un golpe de Estado que configura un nuevo régimen político y un nuevo vínculo entre el Estado y la sociedad”, al decir del autor.

“Muchas veces el discurso político ha presentado al aspecto rupturista como un rasgo excepcional, como que la dictadura ha sido un paréntesis y que nuestra tradición política ha sido la democrático-republicana. Y esta percepción de ver la dictadura con rasgo único y excepcional tiene una relación con ver a la responsabilidad de la dictadura en personas aisladas”, sostuvo.

“El esfuerzo de la línea de investigación ha sido establecer los hechos como institucionales y demostrar que las líneas autoritarias no dependen estrictamente del régimen político predominante: la dictadura es un régimen político, pero el autoritarismo es una conducta, un discurso, un relacionamiento entre yo y el otro, independientemente de que el régimen sea democrático o dictatorial, o que el hecho se produzca en la calle o en el hogar. Por consiguiente, el análisis de las continuidades autoritarias en la sociedad y en las instituciones uruguayas ha sido una característica en la impronta de nuestra investigación y de cómo este pasado reciente ha condicionado el presente de los uruguayos, independientemente del régimen político”.

“La naturaleza de la dictadura uruguaya no está disociada de lo que fue la brutalización de la política en los años ’60. Y posteriormente hay rasgos de nuestra democracia posdictadura que se vinculan a este pasado reciente. La Historia no se configura bajo esa lógica del paréntesis ni del antes y el después, hay continuidad”.
“Los comportamientos violentos y la irresponsabilidad frente a esos comportamientos violentos, la pérdida de valor de la vida humana, la saña, el escarmiento, el ir más allá del cuerpo… Cuánto tiene que ver la dictadura y el presente democrático con ese destrato de los cuerpos que remiten a aquellas lógicas de las guerras civiles nuestras, en las cuales las luchas cuerpo a cuerpo, el degüello, el abandono en el campo de batalla para ser luego comida de las aves de rapiña eran una conducta social”.

“Si el Uruguay, que bajo la dictadura fue el mayor país con presos políticos en el mundo, no se vincula con el Uruguay que hoy tiene una altísima población carcelaria donde las generaciones jóvenes son la nutriente principal, como lo fueron durante la dictadura, entonces no es ni comprender la dictadura ni el presente de los uruguayos si no establecemos ese hecho como problema, no como descripción”.

“Si no, cómo se explica que en una sociedad ‘integradora’, como se la definió desde la excepcionalidad, se haya incorporado en algún momento de su historia reciente el discurso del ‘enemigo político’ y la necesidad de asesinar y desaparecer a ese enemigo político”.

“Y cómo en la posdictadura se reinstaló el concepto de ‘amistad política’, los políticos de distintos partidos se llaman por sus nombres de pila y asisten a los encuentros de ADM a hablar de sus proyectos, y rechazan la confrontación… y cuánto hay de violencia contenida en lo políticamente correcto. Me parece que esos son problemas a investigar y no sentidos naturales a aceptar”.

“El Estado no tiene partido político, pero sí tiene una lógica de funcionamiento inherente al poder, sobre la que se puede incidir y el propio Estado puede transformar”.
“Está claro en los autores posestructuralistas, cómo se pasa en esa lógica de vigilancia del Estado a vigilar la población. Cuando muchas veces se presenta el conflicto como radicado o marginado a ‘zonas rojas’ o a sectores que viven radicados en territorios determinados, no se dice que en realidad la dinámica estatal es arborescente y omnipresente y que, justamente, en el intento que intenta hacer de la vigilancia extrema o preventiva en una zona o población determinada, para poder hacer eso debe desplegar una lógica hacia la totalidad de la población, donde nadie queda al margen de esa lógica de vigilancia”.

“Por ejemplo, la propia insistencia en el pedido de bajar la edad de imputabilidad para sectores delictivos que cada vez se inician más temprano, más allá de partidos o ideologías, tampoco comprende la dinámica estatal y que ellos mismos serán vigilados y controlados, por más que se ubiquen desde un lugar de ciudadanos trabajadores honestos a los que no hay que vigilar. Ellos también serán filmados por cámaras y serán observados y evaluadas sus conductas, así como deberán explicar los movimientos y conductas de un hijo o familiar”.

“La duda, la acusación y la invictimización son conductas que se van incorporando a la cotidianidad de los uruguayos para condicionar también su naturalidad y su presencia, lo que muestran, lo que ocultan”.

“Por eso intentamos avanzar en una reflexión sobre en qué mundo y en qué sociedad estamos, y no sobre quién hizo lo que hizo o por qué lo hizo. El presente ayuda también a explicar el ayer”.

Nuevos planes para Humanidades

Aunque hace un balance positivo de su gestión, Rico señala que “las perspectivas presupuestales no son buenas”. “La última Rendición de Cuentas no nos permite sostener el crecimiento de los últimos años”.
El decano, que duda en presentarse para una reelección cuando su mandato finalice el 31 de junio de 2014, enumeró logros y planes estratégicos para el corto y mediano plazo en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y señaló como objetivos fundamentales:

El lanzamiento del Doctorado en 2014;
La reforma de los planes de estudios;
Consolidar el crecimiento de la UdelaR en el interior, junto a los grupos de investigación radicados allí;
Aportar en líneas de investigación emergentes que se han consolidado en la Facultad, como los estudios migratorios, estudios de patrimonio e investigaciones de antropología forense;
Aumentar en 250 cargos la plantilla docente de la facultad, siendo que se ofrecen unos 200 cursos por año;
Comenzar la Tecnicatura de gestión Patrimonial en Tacuarembó;
Comenzar la Tecnicatura de Historia local e Historia regional en Paysandú;
Jerarquizar el perfil de egresados de Humanidades en llamados del Estado

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