JUSTICIA…MEMORIA

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LA JUSTICIA SOBRE EL PASADO COMO IMPERATIVO MORAL Y POLÍTICO

No hay derecho a apagar la memoria

Respecto de los crímenes de la dictadura uruguaya se advierte un deslizamiento hacia la tolerancia. La preferencia por el “manto de olvido sobre un pasado doloroso” desconoce la necesidad de condenarlo sin ambages. 

Por Gonzalo Rodríguez Gigena

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Año tras año, el mes de mayo está cargado de memorias sociales y políticas. La fecha del 20 de mayo, con su Marcha del Silencio (la de este año fue la 21ª) revive el dolor de las ausencias.

Tal vez por eso, en mayo se acallan un poco las voces de la “reconciliación” que pretenden que el deseo de justicia surge de tener “los ojos en la nuca”, además de la búsqueda de venganza. Pero esas voces seguramente volverán, porque hay quienes esgrimen la necesidad de un manto de olvido sobre un pasado doloroso. Y no se trata solo de opiniones individuales, sino también de expresiones de representantes políticos. Durante veinte años y cuatro gobiernos democráticos, hasta 2005, en eso se basó la política oficial, y esa actitud sigue teniendo manifestaciones.

Se han publicado últimamente suficientes notas sobre el tema (Brecha, La Diaria); sin embargo, se mantienen ciertas omisiones en la sociedad uruguaya con respecto al planteo de la necesidad de “mirar hacia adelante”, y es un ángulo del tema que no ha sido abordado plenamente en las excelentes notas mencionadas: el de enfrentar el llamado al olvido.

Es tradicional la presencia año a año de figuras representativas, tanto de la sociedad civil como de la política, en la fecha en que se conmemora el horror del holocausto judío, desde hace 70 años, como también en las conmemoraciones de las masacres de armenios que ya son centenarias. Parece entonces una enorme injusticia lo del planteo anterior: diferenciar esa persistencia de la memoria de hechos que en nuestro país causaron tanto sufrimiento, como si importaran menos. Tal vez derive de la comparación de horrores: como si el problema del horror fuera el tamaño y no el horror.

Parece irse produciendo a la vez un deslizamiento a la tolerancia de algunos hechos. Aún estamos siendo testigos de algunas revelaciones, como la acusación a un ex‑Comandante el Jefe de la Armada, en un período de gobierno del Frente Amplio, de haber sido protagonista de una detención que culminó en desaparición. Son ejemplos de tal deslizamiento que haya militares condenados y presos que mantienen sus rangos militares y beneficios. O que se concedan tratamientos preferenciales, como la prisión domiciliaria y salidas transitorias a fiestas familiares, a militares presos por crímenes de lesa humanidad, en contraste sublevante con los muertos y desaparecidos que nunca pudieron ni podrán festejar a sus seres queridos a quienes ni siquiera pudieron ver crecer. O que, como en estos días, tenga que ser en otros países que se condene a militares uruguayos por su actuación criminal en el Plan Cóndor.

Mientras tanto, es clara la presencia de delincuentes interesados en entorpecer el avance de las investigaciones sobre las violaciones de derechos humanos realizadas al servicio de la justicia, como cuando roban archivos de la dictadura de la Facultad de Humanidades.

No es posible permitir que en la sociedad uruguaya se instalen el olvido cómodo y la complicidad tácita. Ni siquiera cuando estén muertos todos los protagonistas. Es imprescindible seguir teniéndolo presente.

Los hechos no pueden quedar relegados a memorias individuales. Por más plebiscitos que haya, nadie tiene derecho a apagar la memoria de los horrores de la dictadura. 

 

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