DDHH
Ministerio de Defensa mantiene intactas las jubilaciones de los militares detenidos por violaciones de derechos humanos
Según detalla el periodista José Peralta, los funcionarios del Ministerio de Defensa, consultados por Búsqueda, definieron como “una demora jurídica” la tardanza de 68 días para responder un pedido de acceso a la información formulado el 21 de junio. En el mismo, se solicitaba información referente a las jubilaciones y pensiones de varios militares procesados con prisión por delitos cometidos durante la dictadura (1973-1985)
Aunque disponían de 20 días legales para responder, el Ministerio hizo pasar el pedido por varias oficinas jurídicas de sus departamentos hasta que ayer miércoles respondió. Habían pasado cinco días desde que el semanario presentó una denuncia por demoras ante la Unidad de Acceso a la Información Pública.
Búsqueda inquirió si los militares retirados Gregorio Álvarez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, José Nelson Chialanza, Carlos Calcagno, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Araujo Umpiérrez recibían algún tipo de jubilación o pensión, a cuánto ascendían sus ingresos por este rubro y si dentro de sus potestades el Ministerio había recortado, suprimido o modificado en algo esos ingresos.
En la respuesta, el organismo señala que los militares en cuestión “perciben pasividades” y que las mismas “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sobre los ingresos de los militares procesados, Defensa se negó a entregar la información, amparándose en que dichos datos son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. “La Administración no se encuentra obligada a aportar” esos datos, sostuvo el Ministerio.
Aunque no se puede tener un número exacto, los ingresos de los militares procesados por concepto de pasividades son de “no menos de $ 60.000”, según fuentes del Servicio de Pensiones de las Fuerzas Armadas, militares retirados y en actividad consultados por Búsqueda.
“No existe normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría como en el caso de los titulares citados cuando revistan en calidad de retirados”, argumentó la Asesoría Jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas en la respuesta al pedido de información.
Sin embargo, existe un mecanismo jurídico que permite al Ministerio de Defensa impulsar la quita de hasta dos tercios de la jubilación de militares retirados: la convocatoria a un Tribunal de Honor que juzgue el accionar de estos oficiales retirados.
Así, un militar puede pasar de estar en situación de retiro a situación de reforma, en la que “pierde el derecho a ocupar cargos dependientes del Ministerio de Defensa Nacional, ni aun en la reserva, y que tampoco puede usar el título ni el uniforme correspondientes al grado que investía”, según la ley orgánica militar.
En esa situación de reforma, el Tribunal puede fallar retirarle hasta dos tercios de su jubilación, la que sería cobrada por su núcleo familiar más cercano. De no tenerlo, ese dinero pasaría a Rentas Generales.
Según el artículo 212 de dicha ley, la reforma puede ser motivada “por mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar”. La pena en la quita de haberes puede reverse a los cinco años, no así el resto de los deméritos.
Un Tribunal de Honor del estilo se formó y reformó al ex coronel Gilberto Vázquez, pero no por haber sido procesado por delitos contra los derechos humanos, sino porque en 2006 se fugó del Hospital Militar cuando había “dado su palabra al comandante” de que no intentaría ningún escape.
En 2012, el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro y el presidente José Mujica homologaron un nuevo fallo del Tribunal de Honor Militar que le restituía el 100% de su jubilación.
“No se entiende qué es lo que reclaman ciertos periodistas e internautas: ¿Que les peguemos? ¿Que los torturemos? ¿Que persigamos a sus familias?”, dijo Fernández Huidobro en ese momento en una carta abierta en la que justificó la decisión.
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RADIO EL ESPECTADOR-
Rompkbzas: El dictador Gregorio Álvarez cobra 150.000 pesos de jubilación
Este no es un informe sobre las jubilaciones militares sino sobre la que perciben aquellos militares procesados y presos por su actividad como terroristas de Estado. El semanario Búsqueda recurrió a la “Ley de Acceso a la información Pública” para intentar conocer datos sobre los beneficios que perciben los militares retirados Gregorio Álvarez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, José Nelson Chialanza, Carlos Calcagno, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Araujo Umpiérrez. Y además saber “si dentro de sus potestades el Ministerio había recortado, suprimido o modificado en algo esos ingresos”.
Búsqueda agrega: “Aunque disponían de 20 días legales para responder, el Ministerio hizo pasar el pedido por varias oficinas jurídicas de sus departamentos hasta que ayer miércoles respondió. Habían pasado cinco días desde que Búsqueda presentó una denuncia por demoras ante la Unidad de Acceso a la Información Pública.
En la respuesta, el organismo señala que los militares en cuestión “perciben pasividades” y que las mismas “no fueron recortadas, suprimidas ni modificadas”. Sobre los ingresos de los militares procesados, Defensa se negó a entregar la información, amparándose en que dichos datos son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. “La Administración no se encuentra obligada a aportar esos datos”, sostuvo el Ministerio.
Sin embargo según fuentes del Servicio de Pensiones de las Fuerzas Armadas, militares retirados y en actividad consultados por el semanario se estableció que “ninguno de ellos percibe menos de 60.000 pesos”.
La excepción del grupo es la de Ernesto Soca, ya que es soldado y no oficial, por lo que cobra bastante menos. Pero según los complejos cálculos de las pasividades militares, las prestaciones del resto podría superar los 80.00 pesos.
El caso más emblemático es el del dictador general (r ) Gregorio Álvarez quién cobra 150.000 pesos . Y hasta el 2008 cobró otros 100.000 pesos como “ex presidente”. En ese año, y después que Álvarez fuera procesado por reiterados delitos de “homicidios muy especialmente agravados” de 37 personas”, el BPS decidió que no correspondía pagarle más.
La situación, según establece la ley, podría cambiar si estos militares retirados fueran sometidos a un Tribunal de Honor, algo que hasta el momento sólo ocurrió en el 2008 contra el ex coronel Gilberto Vázquez .
Pero no por delitos cometidos en dictadura sino “por no cumplir la palabra empeñada ante el comandante en jefe de la época”. Cuatro años después de otro Tribunal, el ministro Eleuterio Fernández Huidobro decidió restituirle todos los derechos y prestaciones.
La columna de Carlos Peláez