LOS DOCUMENTOS DE ELMAR CASTIGLIONI

Un archivo “infinito”

El archivo encontrado en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni permitió conocer detalles de las operaciones de inteligencia clandestina que llevaron adelante algunos integrantes del Ejército en tiempos de dictadura, y puede ser un elemento importante para desentrañar algunos crímenes de esos años.

“El archivo de Castiglioni constituye un testimonio único en relación con las formas de reorganización de la inteligencia militar en un contexto de restauración de la democracia en el país, y los escritos que se desprenden de dicho acervo muestran la preocupación por establecer estrictos mecanismos de reserva en relación con las acciones de ocultamiento sobre los crímenes cometidos en el período de facto”.

Con estas palabras, la historiadora Isabel Wschebor –extitular de la Secretaría de Derechos para el Pasado Reciente– ilustraba a la Justicia sobre el contenido de los documentos incautados en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni durante un allanamiento en su domicilio dispuesto en el marco de la indagatoria penal por el homicidio del escribano Fernando Miranda, cuyos restos fueron hallados en diciembre de 2005 en el Batallón de Infantería Nº 13.

En efecto, el viernes 2 de octubre de 2015, la entonces jueza Penal de 7º Turno, Beatriz Larrieu, y el fiscal Carlos Negro encabezaron el allanamiento en la finca ante la atenta mirada de la abogada de la familia de Castiglioni –que había fallecido unos días antes–. El procedimiento se realizó tras una denuncia presentada por Javier Miranda, hijo de Fernando, quien afirmó –en base a datos aportados por una fuente cuya identidad no fue revelada– que Castiglioni poseía un archivo de inteligencia con información sobre los delitos cometidos durante la dictadura.

Ese día, las autoridades procedieron a incautar 65 cajas con documentos cuyo valor histórico era desconocido. Por esto, la jueza Larrieu ordenó que fueran clasificados y analizados por dos peritos –Wschebor y el historiador Álvaro Rico–, de forma de “relevar aquella documentación que sea útil a las investigaciones de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el período dictatorial en nuestro país, que se siguen en esta o en cualquier otra sede judicial”.

Ambos informes fueron entregados a la Sede hace unos cinco meses y están a estudio de la fiscal Jacqueline Castelli, que deberá definir los futuros pasos a seguir en la indagatoria. Ambos certifican la existencia de un aparato clandestino de inteligencia en años de democracia, según informó el semanario Brecha. “De los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos, 2009, aplicando los mismos criterios de la dictadura”, escribió el periodista Samuel Blixen, que accedió a ambos informes.

En efecto, las carpetas contenían material referido a seguimientos y espionaje contra figuras del ambiente político posdictadura como Liber Seregni, Tabaré Vázquez, Carlos Julio Pereyra, Germán Araújo, Julio María Sanguinetti, Jorge Batlle, Azucena Berrutti, jueces, fiscales, diputados, senadores y abogados. La recopilación de la información se efectuaba mediante un esquema de informantes e infiltrados en organizaciones políticas y sociales, así como en interceptación de llamadas telefónicas y conversaciones grabadas “en directo”, informó Brecha.

Pero, más allá de esto, el denominado “Archivo Castiglioni” puede convertirse en una pieza clave para la dilucidación de diversas causas por crímenes de la dictadura y, sobre todo, para la búsqueda de restos de uruguayos detenidos desaparecidos. No sólo por los documentos que allí aparecen, sino por el análisis que puede hacerse de los mismos. Por este motivo, otros jueces y fiscales analizan pedir copias de los informes de Wschebor y Rico para incorporarlos a sus investigaciones sobre crímenes de la dictadura.

El archivo Castiglioni

Elmar Castiglioni fue uno de los sesenta suboficiales que el Estado uruguayo envió entre 1968 y 1976 a la denominada Escuela de las Américas (School of Americas) para capacitarse en “contrainsurgencia”. Se trató del principal centro de adiestramiento de militares latinoamericanos creado por los servicios de Estados Unidos. La lista de uruguayos que participaron de estos cursos incluye a varios militares que fueron procesados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, entre ellos, Miguel Dalmao, Luis Maurente, Carlos Calcagno y Tomás Casella. Castiglioni –sobrino del exdirector de Inteligencia Policial durante la dictadura, Víctor Castiglioni– realizó el curso en 1973.

Pertenecía al arma de Ingenieros del Ejército y fue director de la Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA) sobre el fin de la dictadura. Tras la restauración democrática, fue subdirector del Centro de Altos Estudios Nacionales y jefe de División I de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) –dedicada a inteligencia interior–, cargo del cual fue relevado en 2006. Tras su pase a retiro, se convirtió en uno de los principales voceros del Foro Libertad y Concordia.

Castiglioni era considerado un “duro” en el ámbito de la inteligencia y –según una crónica del diario La República de 2006– un hombre “cercano” al expresidente Julio María Sanguinetti. Se lo refería como un militar con estrechos vínculos con los servicios de inteligencia policial, algo que no sorprendía si se tenía en cuenta quién era su tío. Desde hace unos años, se afirmaba que Castiglioni había robado parte de los archivos de inteligencia de la OCOA y del Servicio de Información de Defensa (SID) y que los guardó en su casa. Además, durante las reuniones con sus camaradas, el militar decía tener en su poder varios documentos elaborados por su tío, dijeron fuentes del Centro Militar a Caras y Caretas.

Por eso, la incautación de documentos de su casa generó expectativas sobre la información que allí se podría tener. Cómo todo acervo, los documentos “tenían un orden lógico”, que no es posible apreciar a simple vista. Al principio parecía un rejunte de documentos de distinta época y con distinto origen, pero cuando se inició el “trabajo de hormiga” de realizar un inventario de las 65 cajas, apareció una organización “más o menos” estructurada de la información. “Lo primero es respetar el orden que le dio Castiglioni e intentar determinar por qué esos archivos están juntos”, dijeron fuentes del caso a Caras y Caretas.

Los documentos revelan que Castiglioni –o el grupo que colaboró en la elaboración del archivo– tenía un informante en el directorio del Partido Nacional y otro que asistía a las charlas sobre seguridad en el local del MLN-Tupamaros; que un funcionario de la Intendencia de Montevideo –integrante de Adeom– se encargaba de “vigilar estrechamente” a Tabaré Vázquez en 1990; que tras la restauración democrática se realizaron tareas de espionaje sobre sectores del Frente Amplio (PVP, MLN y PCU), el Partido Colorado y el Partido Nacional, y escuchas telefónicas contra Sutel y la Untmra; que existieron seguimiento a Macarena Gelman, Rafael Michelini, los jueces Álvaro Reyes y Rolando Vomero y la fiscal Mirtha Guianze y una grabación de una conversación entre el entonces secretario de la Presidencia, Leonardo Costa, y el entonces diputado Jorge Barrera.

Pero, además, el archivo cuenta con información “importante” para avanzar en la investigación de los crímenes de la dictadura. Allí pueden encontrarse algunos documentos oficiales –del SID y de la Dinacie–, pero sobre todo algunos de fuentes no oficiales –elaborados por ese sistema clandestino de investigación–. “No necesariamente la información de los crímenes de la dictadura se constituye de documentos de ese período”, explicaron las fuentes.

Por ejemplo, allí puede encontrarse un archivo elaborado por inteligencia militar durante el período de trabajo de la Comisión para la Paz y otro con datos sobre el periplo del escribano Miranda. También existía una carpeta con fotografías del Grupo de Artillería Antiaérea Nº 1 –predio donde actualmente se realizan excavaciones en búsqueda de restos de detenidos desaparecidos– sobre posibles obras que realizaría OSE en la zona, lo que demostraría la preocupación del militar por evitar que se concretaran obras en ese predio.

“El archivo es infinito; estas son las primeras pistas de algo más grande”, señalaron las fuentes. Por eso es necesario que se profundice el análisis de la documentación y que se permita contrastar la información con los documentos “desclasificados” de fuente oficial, como los hallados en el ex-Centro General de Instrucción de Oficiales de Reserva (Cgior), unidad ubicada en Eduardo Víctor Haedo y República, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército, y cuya copia está a resguardo en el Archivo General de la Nación.

El dilema del archivo

Las revelaciones del “Archivo Castiglioni” tuvieron repercusiones inmediatas en ámbitos políticos y sindicales. El secretario general del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, afirmó que abogados de la Untmra estudiaban el caso para definir la eventual presentación de una denuncia penal. Legisladores del Frente Amplio anunciaron el pedido de conformación de una Comisión Investigadora sobre espionaje clandestino en democracia. En tanto, fuentes del Ejército dijeron a La República que Castiglioni pudo haber acumulado “mucha información” por su pasaje en la Dinacie, pero pusieron en duda su capacidad de montar “un servicio de inteligencia paralelo”.

Pero, sobre todo, se retomó el debate en torno al conocimiento de las autoridades de la existencia de este archivo paralelo. Según el informe de Brecha, antes de abandonar su cargo, la exministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti autorizó a un equipo de coroneles del Ejército a ejercer una estricta vigilancia de la casa de Castiglioni tras recibir información de que allí estaba el “enterradero” de un archivo clandestino. Berrutti habría informado de esa situación al presidente de la República, Tabaré Vázquez, y al entonces secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández.

En este sentido, José Bayardi, sucesor de Berrutti al frente del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), dijo desconocer la existencia de esa investigación. “La nota me adjudica que yo paré eso, y yo nunca me enteré de que existía un archivo en manos de Castiglioni […] Nadie me dijo que eso estaba en curso”, afirmó Bayardi a Caras y Caretas. Además, apuntó que esa reunión habría sido en enero de 2008 y que Berrutti permaneció en su cargo hasta el 2 de marzo de 2008. También recordó que él entregó los archivos del Cgior al Archivo General de la Nación, así como una copia con todo el material sobre detenidos desaparecidos a la Secretaría de Seguimiento de la Comisión para la Paz.

Más enfático fue Roberto Caballero, exdirector de Derechos Humanos del MDN y mano derecha del exministro Eleuterio Fernández Huidobro. “Jamás tuvimos la más mínima información de que pudiera existir un archivo de esas dimensiones en la casa de un coronel retirado. Lo que hace Blixen es imaginarse situaciones. No tiene ningún elemento objetivo para demostrar su imaginación casi febril sobre este tema. Lo único que pretende es desprestigiar la imagen y el pasado revolucionario de Fernández Huidobro”, dijo Caballero a este medio.

Sin embargo, Berrutti afirmó que “el artículo de Brecha se ajusta a mis recuerdos”. “Estábamos trabajando sobre ese archivo. Tratábamos de encontrar información para tomar conocimiento de lo que había sucedido, orientados a intentar encontrar información sobre los desaparecidos. Nuestro objetivo era ese: buscábamos, y buscábamos y buscábamos”, dijo Berrutti a Caras y Caretas.

Más allá de esto, la exministra consideró que “lo más importante” es que finalmente se pudo encontrar el archivo y que el mismo está en manos de la Justicia. “La actividad [de inteligencia] en la época de la democracia es muy indignante, pero lo importante es intentar encontrar información para saber qué sucedió con los desaparecidos, porque hay un montón de gente que todavía está esperando saber qué pasó”, afirmó Berrutti.

Los investigados

“Percibía que había seguimientos y escuchas. Muchos de nosotros nos dimos cuenta. Me sentí vigilada durante muchos tiempo, sufrí muchas cosas que no me gustaron y las acepté porque era parte del trabajo”. Con estas palabras resumió la exfiscal Mirtha Guianze –hoy integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos– su parecer sobre las revelaciones del informe de Brecha. Guianze es una de las personalidades que aparece como víctima de espionaje por el aparato clandestino. “Si tenía esta información, es porque se sentiría respaldado, que tenía un grado de impunidad importante. Y se incautó recién cuando él falleció”, afirmó Guianze a Caras y Caretas.

Dijo que durante estos años fue víctima de varios robos en su domicilio de Las Piedras y también en su finca de Rocha, y que en una oportunidad tuvo que recurrir a un amparo por unos vehículos que la estaban vigilando. “Son cosas que uno las asume como naturales porque los servicios de inteligencia siguen funcionando”, expresó. Además, señaló que durante la indagatoria penal por la desaparición de la maestra Elena Quinteros, se pudo determinar que se continuó con la vigilancia de su madre, Tota Quinteros, hasta su muerte en 2002. En ese momento se adujo que se trataba de datos de fuentes abiertas, que se seguían anotando en las fichas de esas personas, contó Guianze.

Por su parte, el abogado Leonardo Costa dijo estar “horrorizado” ante la confirmación de que haya podido existir un servicio paralelo. “Pero más me preocuparía que se siga haciendo y que se asegure que no se siga haciendo”, expresó Costa a este medio. Recordó que cuando trascendió el caso de la grabación de su conversación con el también abogado Jorge Barrera, se abrió un expediente judicial que terminó con el procesamiento de una persona. Y que cuando salió de declarar, dos periodistas le dijeron que ese espionaje era obra “de los servicios”.

Explicó que su único contacto con Castiglioni fueron las reuniones sobre políticas antilavado y de combate contra la droga que se realizaban en la órbita de Presidencia de la República. Castiglioni era el representante de la Dinacie en esas reuniones. Más allá de esto, el abogado dijo estar “seguro” de que estas prácticas “no eran algo organizado por el Estado”.

Por su parte, el exjuez Rolando Vomero dijo que también “sospechaba que podía ser espiado” por su actuación como magistrado. “Sobre todo por mi intervención en el caso Berríos y los disparos que se efectuaron a la puerta del juzgado”. “Nunca me sentí vigilado. Si lo hicieron, lo hicieron bien. Sospeché que podía ser espiado, pero no tengo ninguna prueba”, afirmó Vomero. El presidente del Centro Militar, coronel (r) Carlos Silva, prefirió no hacer declaraciones.