“Inexplicable” vigilancia militar a dirigentes políticos en democracia.
El Partido Comunista del Uruguay (PCU) y el Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) reclamaron la conformación de una comisión investigadora parlamentaria sobre los hechos que revela el archivo del coronel Elmar Castiglioni, incautado por la Justicia en 2015, tras el fallecimiento del militar. El semanario Brecha publicó el viernes extractos de dos informes elevados a la jueza Beatriz Larrieu que analizan la información del archivo y dan cuenta del espionaje militar a dirigentes políticos en democracia, desde 1985 a 2009. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, y la ex ministra de Defensa Nacional Azucena Berrutti coincidieron en que debe ser la jueza quien resuelva sobre el destino del archivo en esta etapa.
La jueza solicitó a dos especialistas, la historiadora Isabel Wschebor y el decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Álvaro Rico, que realizaran un peritaje de los documentos. En junio de este año, Larrieu pasó al Juzgado del Crimen Organizado y en su lugar quedó Adriana de los Santos, quien está actualmente al frente de la causa. También cambió el fiscal: Jacqueline Castelli sustituyó a Carlos Negro. El viernes Brecha publicó que ambos informes elevados a Larrieu dan cuenta de espionaje de la inteligencia militar a dirigentes de todos los partidos políticos. Entre otros, fueron vigilados Tabaré Vázquez, Jorge Vázquez, Liber Seregni, Germán Araújo, Azucena Berrutti, el senador frenteamplista Rafael Michelini y la actual diputada del Frente Amplio (FA) Macarena Gelman. También el ex presidente Jorge Batlle y su prosecretario, Leonardo Costa; el ex dirigente nacionalista Carlos Julio Pereyra y el actual diputado del Partido Nacional Gustavo Penadés, y jueces penales como Rolando Vomero y Alberto Reyes. El material incautado da cuenta, según los informes de los especialistas citados por Brecha, del espionaje a todos los partidos políticos y a sectores dentro de ellos, como el PVP, el PCU y el Movimiento de Liberación Nacional (MLN). También a sindicatos como el de Antel (Sutel) y los metalúrgicos (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines), y a organismos de derechos humanos.
El sábado, el PCU y el PVP reclamaron mediante sendas declaraciones el acceso al archivo, y el PVP solicitó la conformación de una comisión investigadora parlamentaria que trate el tema. Este sector expresó su “alarma y preocupación” por la acción “claramente ilegal y reñida con un estado democrático de los servicios de inteligencia del Estado sobre la sociedad uruguaya”, que utilizaron “los recursos de los uruguayos para solventar la actuación ilegal de personal encubierto”. El PVP solicitará ante el Juzgado Penal de 7º Turno toda la información relativa a ese sector político.
Manejo de la información
En su declaración, el PCU reclama el acceso a la información que involucra al sector. Felipe Michelini, del Grupo por Verdad y Justicia, consideró que deben mantenerse “las garantías del proceso penal” y no “pedir al grito la transparencia”, porque el archivo está en secreto de presumario. “Las formas deberíamos respetarlas. Esto no es un tema de opacidad; si hay un proceso penal, que se mantengan las garantías del proceso penal”, consideró. “Cuando la jueza determine que [la información] es pública, debería disponerse una entidad que la custodie y [que] así se pueda consultar. Yo estoy para la máxima transparencia, creo que el marco legal así lo permite, pero no me gustaría que porque se haga público todo un archivo, se pierda prueba para identificar a los perpetradores del homicidio de Miranda. Me parece curioso que se exija que el Poder Judicial avance, y, al mismo tiempo, que se entienda que no puede mantener reservas por la información”, agregó Michelini. Sobre el tema de fondo, consideró que este tipo de “pesquisas secretas” están “expresamente prohibidas por la Constitución de la República” y deberían eventualmente ser objeto de investigaciones administrativas y penales.
Azucena Berrutti, que estuvo tras la pista del archivo Castiglioni hasta que dejó el ministerio, en 2008, dijo a la diaria que el archivo “está en manos de la Justicia” y, por lo tanto, “hay que hacer lo que la Justicia resuelva”.
Berrutti explicó que durante su gestión se hizo “el mayor esfuerzo posible” para hallar el archivo, pero que no se imaginaban que contenía información sobre espionaje en democracia. “Sabíamos que existían los archivos y más bien pensábamos que eran atinentes a la situación del pasado, y que iban a servir para la búsqueda de los desaparecidos”, explicó la ex ministra. Sobre la vigilancia militar en democracia, comentó que le resulta “absolutamente inexplicable” y dijo que desconoce si “esa labor se hacía dentro de la dirección de inteligencia [que comandó Castiglioni hasta 2006] o era una actividad que hacía fundamentalmente el coronel Castiglioni con grupos que trabajaban con él”.
Desde el Ministerio de Defensa Nacional, el subsecretario Daniel Montiel dijo a la diaria que su cartera no ha hecho “ninguna consideración” sobre este tema.
Natalia Uval