Uruguay: sindicato denuncia por espionaje militar

Sutel presentó denuncia penal por espionaje militar

Sutel es uno de los sindicatos mencionados en documentos incautados por la Justicia

sutel

Gabriel Molina, secretario de Prensa del Pit-Cnt y dirigente del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel), presentó ante la Justicia una denuncia penal para que se indaguen “las responsabilidades penales que pudieran corresponder a los autores, coautores, cómplices y encubridores respecto de los hechos de espionaje militar del que hubiera sido víctima Sutel o cualquiera de sus integrantes”.

La denuncia fue presentada de manera personal y también a nombre de la organización sindical que representa.

Señaló Molina, en declaraciones al portal del Pit-Cnt, que desde el momento en que Samuel Blixen publicó en el semanario Brecha el contenido de parte de los archivos de, coronel Elmar Castiglioni, ya fallecido, sobre el espionaje que se le realizo a partir de 1985 a organizaciones sindicales como Sutel y la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra) “hemos resuelto llevar adelante esta denuncia. Principalmente porque sin verdad y justicia en el país no se podrá tener una paz segura y una democracia estable. La verdad y la justicia son esenciales para que el país avance y se construya una sociedad distinta. Por eso nos parece importante que este tipo de cosas queden claras”.

Recordó que tanto el Partido Comunista de Uruguay (PCU) y otras organizaciones políticas, sindicales y sociales vienen reclamando verdad y justicia. “Los servicios de inteligencia nunca descansan y como vemos siguieron actuando en democracia. Hoy no sabemos si siguen espiándonos. Por el bien de la democracia, de la sociedad y del país es necesario que se investigue. Queremos saber, nada más y nada menos que eso”.

En los documentos incautados surge que la inteligencia militar mantuvo un sistema de espionaje sobre personalidades políticas, partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales durante todo el período que va desde 1985 hasta, por lo menos 2009 (aunque la fecha es tentativa), aplicando los mismos criterios de la dictadura, se indica en la denuncia presentada por Molina

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