Justicia, Justicia y más Justicia
La decisión de la Tercera Corte Penal de Roma sorprendió a propios y extraños. Causó un gran dolor y disconformidad en los querellantes, familiares, militantes y activistas de DDHH. Fue la noticia inesperada del verano. Generó una enorme sorpresa a nivel gubernamental, en los medios políticos y periodísticos. También sorprendió, masivamente, a la ciudadanía en general: el que más o el que menos, en el país, todos saben que los absueltos, inocentes no son. Ni ahí. Algo anda mal en Italia.
Hubiera sido muy positivo y hasta necesaria una condena firme y tajante para todos los encausados de Uruguay. No habría modificado sustancialmente la situación procesal de la gran mayoría de ellos. Salvo el marino retirado y prófugo de la justicia Jorge Tróccoli y el coronel Pedro Matto, también prófugo y refugiado en Brasil, el resto ya se encuentra procesado y condenado, en inmejorables condiciones de reclusión. Una sentencia acorde a la realidad de lo sucedido y probado, habría sido una gran caricia en el alma de quienes desde hace varias décadas mantienen bien en alto las banderas de Verdad y Justicia, en el país y fuera de fronteras.
Ha sido una nueva derrota. Ni la primera que sufrimos y tampoco la más importante. Hasta tanto no se conozcan los fundamentos de esta incomprensible sentencia es difícil pronunciarse a cabalidad. Pero no imposible. Incluso para esta Corte, que no condenó a quienes tienen las manos sucias de sangre por ser los sicarios estatales, ha quedado ampliamente comprobada la existencia de la diabólica Operación Cóndor. Existió y se llevó a cabo. Fue un plan macabro, alentado y promovido por los EEUU aunque el nombre del Gral. Pinochet figure como cerebro intelectual de ella. Cobró miles de víctimas que fueron salvajemente asesinadas en el Sur de América.
Los implicados y sus secuaces en los ámbitos políticos, económicos, periodísticos y judiciales, se sentirán alentados a redoblar sus esfuerzos y, sobre todo, sus presiones sobre una institucionalidad que, salvo honrosas excepciones, no ha asumido a cabalidad y con convicción profunda la investigación de los crímenes del pasado dictatorial.
A diferencia de lo ocurrido en Argentina y en Chile, en nuestro país solamente un pequeño grupo de involucrados en el terrorismo de Estado ha sido procesado y condenado, en base a una movilización constante y permanente de la sociedad que ha batallado de manera incesante.
Culpables con todas las garantías.
Todos los condenados han sido juzgados disfrutando de las máximas garantías habidas y por haber. Se les ha permitido presentar todos los recursos que consideraron conveniente. Hicieron uso y abuso de ellos, con la máxima tolerancia por parte de la Suprema Corte de Justicia. Han contado con asistencia legal de primer nivel en forma permanente. Obviamente no han sido sometidos a apremios o torturas. Ni siquiera han sido molestados durante las audiencias. Hasta han sido tratados con un respeto y una deferencia que no merecen. Fueron procesados con abundancia de pruebas y evidencias. Abrumadoras. Se les dispensa, como prueba elocuente de la superioridad moral de la democracia, la mejor atención médica posible y condiciones de reclusión soñadas. Hasta disponen de jueces complacientes que excediendo sus atribuciones legales, tienen el gesto siempre dispuesto para concederles la prisión domiciliaria.
La caducidad no corre más.
Durante décadas, la Ley de Caducidad de la pretensión punitiva del Estado, promovida por el gobierno del Dr. Julio María Sanguinetti y respaldada por la mayoría del Partido Nacional, los Lacalle incluidos, fue un verdadero obstáculo que impidió que el Poder Judicial cumpliera con su deber, a pesar de que el Artículo 4 de la misma excluyó expresamente de la misma la desaparición forzada de ciudadanos.
Desde octubre de 2011, la ley 18 831, devolvió al Poder Judicial su autonomía constitucional y restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. No existen más obstáculos legales que impidan investigar los delitos y sancionarlos. Varios tribunales se han expedido además en el sentido de que el tiempo en que estuvo vigente la ley de Caducidad no debe computarse a los efectos del cálculo prescripcional de los delitos. Por lo mismo, pueden ser investigados, identificados los responsables y castigados penal y administrativamente como corresponde.
La Justicia tiene que actuar.
En el ordenamiento institucional uruguayo, en nuestro Estado de derecho, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar los hechos con apariencia delictiva y de sancionarlos si así correspondiere. Son atribuciones que están en las disposiciones constitucionales y son ineludibles.
La dictadura cívico militar, que en el marco de una estrategia continental diseñada en EEUU se instrumentó también en nuestro país, fue realmente una tragedia nacional en todos los planos cuyas secuelas perduran hasta el día de hoy. Fue un proyecto de país al servicio de un reducido grupo de sectores económicos que crecieron y prosperaron al reparo de ella. Para que ella no vuelva a reiterarse, sus responsables, en todos los planos deben ser sancionados y castigados. Esa labor, inexcusable, corresponde al Poder Judicial y es responsabilidad también de quienes lo administran: la Suprema Corte.
Como víctimas directas sobrevivientes, hemos asumido el compromiso militante de contribuir activamente, en la medida de nuestras posibilidades, a crear las condiciones que impidan la repetición del terrorismo de Estado. La impunidad alienta y estimula siempre la repetición.
Rechazamos enfáticamente el fallo de la Corte de Roma. Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a redoblar los esfuerzos y la militancia de todos los días por Verdad, Memoria, Justicia y Reparación de acuerdo a los estándares de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas.
Convocamos a seguir apoyando al Observatorio Luz Ibarburu que promueve activamente las enlentecidas causas judiciales. Reclamamos una actitud más enérgica al Poder Ejecutivo, aplicando las disposiciones del Artículo 25 de la Constitución para que los condenados paguen económicamente con sus bienes los daños ocasionados entre otras medidas.
Demandamos al Poder Judicial, a todos los operadores, que cumplan con sus cometidos, especialmente en las causas que involucran a los Detenidos Desaparecidos.
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Crysol rechaza el fallo de Roma y llama a redoblar los esfuerzos por verdad y justicia
“Rechazamos enfáticamente el fallo de la Corte de Roma”, dice el comunicado de la Asociación de ex Pres@s Políticos de Uruguay. Para Crysol, hubiera sido “muy positiva y hasta necesaria” una condena “firme y tajante para todos los encausados de Uruguay”. Más allá de que no modificaría sustancialmente la situación procesal de la mayoría de los imputados, salvo la de Jorge Tróccoli, que vive en Italia y fue el único en participar del juicio, y de Pedro Mato, fugitivo de la Justicia uruguaya, la asociación cree que una sentencia “acorde a la realidad de lo sucedido y probado” habría sido una “gran caricia en el alma de quienes desde hace varias décadas mantienen bien en alto las banderas de Verdad y Justicia, en el país y fuera de fronteras”.
El comunicado expresa que ha sido “una nueva derrota”, pero “ni la primera que sufrimos ni tampoco la más importante”. Baldemar Taroco, integrante de Crysol, dice que no sabe si considerar el fallo una derrota o, más bien, “un nuevo golpe” que lo que hace es “exigirnos más trabajo, mayor esfuerzo en la búsqueda de nuestros compañeros desaparecidos”. Aunque tenían “cierta expectativa”, sobre todo en el caso de Tróccoli, Taroco, con voz tranquila, le dijo a la diaria: “A esta altura, uno de la Justicia ya espera muy poco”.
Pero el fallo no implica más que un golpe, en tanto no paralice. “Llamamos a todas y a todos los ex presos políticos a redoblar los esfuerzos y la militancia de todos los días por Verdad, Memoria, Justicia y Reparación y reclamamos una actitud más enérgica al Poder Ejecutivo”, dice el comunicado, y Taroco agrega: “Vamos a seguir impulsando las causas y trabajando en ellas, y esperemos que avancen”, ya que “van sumamente lentas”. Para Crysol, luego del fallo, “los implicados y sus secuaces en los ámbitos políticos, económicos, periodísticos y judiciales, se sentirán alentados a redoblar sus esfuerzos y, sobre todo, sus presiones sobre una institucionalidad que, salvo honrosas excepciones, no ha asumido a cabalidad y con convicción profunda la investigación de los crímenes del pasado dictatorial”.
Para Taroco, “lo único positivo que deja el fallo es la oficialización del Cóndor, pero otra vez quedamos en la puerta, otra vez no conseguimos justicia”. Sin embargo, dice, “seguiremos reclamando verdad y justicia, sin ningún sentido de revancha ni venganza” y “vamos a seguir buscando a nuestros compañeros desaparecidos”.