Chile: procesan un torturador

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El coronel retirado Cristián Labbé fue procesado por torturas a cuatro personas durante la dictadura militar chilena

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El ex jefe de seguridad del dictador Augusto Pinochet, el coronel retirado Cristián Labbé, fue detenido el domingo en Santiago, procesado por haber torturado a cuatro personas durante la dictadura militar chilena (1973- 1990). Labbé fue arrestado después de presentarse de manera voluntaria en la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones.

Según el periódico chileno El Mostrador, el abogado querellante, Roberto Ávila, informó que Labbé participó en la creación de la policía secreta de Pinochet, la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), en el centro de detención clandestina Tejas Verdes, y después enseñó a torturar a militares de distintas zonas de Chile. Pese a esos antecedentes, a que se lo vinculó con distintos casos de tortura y a que fue ministro de la dictadura, fue reelecto sucesivas veces en el cargo de alcalde de Providencia por el partido Unión Demócrata Independiente, que integra la coalición que apoya al ex presidente Sebastián Piñera. Después de que en 2012 dejó este cargo, que ocupó por 16 años, se lo detuvo dos veces por investigaciones judiciales en casos de violaciones a los derechos humanos.

La semana pasada, el juez de la Corte de Apelaciones de la ciudad de Temuco, Álvaro Mesa, emitió una orden de arresto contra Labbé, a quien procesó por las torturas a las que fueron sometidos Harry Cohen, Jaime Rozas González, Bernardo Santibáñez Álvarez y Juan Horacio Rosales Quintana en la localidad sureña de Panguipulli, entre octubre y noviembre de 1973. Antes había sido detenido y procesado por las torturas y el secuestro que sufrió un dirigente de los pescadores del puerto chileno de San Antonio en 1975, pero en noviembre quedó en libertad bajo fianza.

El abogado de Labbé, Cristián Espejo, dijo ayer que su cliente está siendo “perseguido” por “dirigentes políticos de posiciones contrarias”, según consignó el portal chileno La Tercera. “No entendemos por qué en un Estado de derecho puede ocurrir algo así”, agregó.

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