Cancillería asegura que Estado “cumplió” con las audiencias de la CIDH al responder por escrito y con asistencia del Ejecutivo
El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió ayer mediante un comunicado a las críticas y pedidos de explicación que le llovieron al Estado desde la sociedad civil por no haber participado de forma presencial en dos de las tres audiencias que involucraban a Uruguay en el 162º período de sesiones extraordinario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), realizado en Buenos Aires, entre el 22 y 26 de mayo. La cancillería reitera que mantiene “su compromiso” con el sistema interamericano de promoción y protección de derechos humanos en general, y con la CIDH “en particular”, y confirma “su intacto compromiso y firme voluntad” con la realización del 165º período de sesiones, que tendrá lugar en Montevideo en octubre.
Con respecto a las audiencias en cuestión, el ministerio explica que envió “las comunicaciones correspondientes a los organismos estatales competentes solicitando la designación de un representante para participar” en cada audiencia, así como “la elaboración del documento escrito” solicitado por la CIDH. Con respecto a la audiencia sobre “Democratización de los medios de comunicación en Uruguay”, aclara que el Ministerio de Industria, Energía y Minería y la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones “manifestaron su voluntad de participar en la misma, hecho que se concretó”. Por otra parte, la cancillería envió a la CIDH un documento elaborado a partir de información remitida por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y la Fiscalía General de la Nación para la audiencia “Operadores de justicia y defensores de derechos humanos del proceso transicional en Uruguay”, y notificó al organismo “que no se participaría en forma presencial, transmitiendo la decisión del órgano judicial” uruguayo. También informa que se remitió a la CIDH la nota enviada al ministerio por el Poder Legislativo, “transmitiendo su posición de fondo en relación con la audiencia “Independencia judicial en Uruguay”, en la que se informaba también que “no se participaría en forma presencial”.
La cancillería afirma que “el Estado uruguayo cumplió con su obligación en relación a brindar respuesta por escrito y remitir los documentos que fundamentan su posición ante las preguntas formuladas en cada una de las audiencias, manteniendo debidamente informada a la Comisión tanto en temas de sustancia como en materia formal procedimental”. Además, aclara que “es potestad de cada Poder del Estado participar presencialmente o no en las referidas audiencias”, siendo esta una competencia exclusiva de cada poder, y que el Poder Ejecutivo asistió en forma presencial a la que le correspondía, mientras que el Poder Legislativo y la SCJ y la Fiscalía General de la Nación “optaron por no participar presencialmente en sus respectivas audiencias”. No obstante, la cancillería manifiesta su “disponibilidad para realizar gestiones” ante la CIDH, a efectos de incluir las audiencias en cuestión “en la agenda del 165º período de sesiones”, e informa que “se encuentra coordinando un encuentro” con la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y con las organizaciones involucradas para ajustar procedimientos y prevenir “eventuales descoordinaciones futuras”.