Espionaje en democracia: Desacato y cerrazón
Cuatro jefes de la Inteligencia Militar eludieron la citación de la investigadora sobre espionaje en democracia. Lo hicieron, por carta o llamadas telefónicas, el 11 de setiembre pasado. Se trata de quienes dirigían el espionaje que se realizaba en dependencias del Ministerio de Defensa entre 1986 y 1999, justo el período en el que se concentra el mayor volumen de información sobre la Inteligencia ilegal.
Ricardo Scagliola
El faltazo molestó a la Cámara de Diputados, que votó por unanimidad una declaración de condena. Pero la investigadora no sólo se enfrenta al silencio de los militares: por decisión de la Justicia, sus integrantes no tienen acceso a los contenidos del “Castiglioni”, un jugoso archivo de 65 cajas que podría aportar pistas sobre el destino de los desaparecidos.
Entre el abanico de comisiones investigadoras que, a diferencia de las dos legislaturas pasadas, se pusieron en marcha en el actual período, hay una que ha escapado a las grandes estridencias políticas y ha pasado bastante inadvertida en los grandes titulares de la prensa. Es, ni más ni menos, que la comisión que investiga el espionaje militar en democracia. En otras palabras: la actividad ilegal de los servicios de Inteligencia.
En tiempos en que la idea de corrupción se centra en el Frente Amplio -en parte por el desgaste de tres períodos de gobierno, en parte por el minucioso trabajo de la oposición- y, más puntualmente, en las tarjetas corporativas del exvicepresidente Raúl Sendic, poco se habla de la corrupción militar que ha derivado en tareas de espionaje, aun después de culminada la dictadura, bajo ningún amparo legal.
Cierto es también que la investigadora sobre el espionaje militar carga con una especie de estigma: se la identifica con “el pasado reciente” porque aborda el vínculo entre los militares y los partidos políticos y su trabajo podría echar luz sobre el destino de los desaparecidos, pero, sin embargo, no sólo se ocupa del pasado, sino también de lo reciente. El nombre no tiene el swing de las grandes creaciones del marketing, pero debería ponerle los pelos de punta a cualquiera: “Investigadora sobre los posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha”.
Si bien los principales dirigentes no se han hecho eco de los acontecimientos que rodean a la comisión, todos los partidos políticos con representación parlamentaria parecen haber querido poner todos los ojos en el trabajo de la comisión. Desde su creación, a fines del año pasado, el trabajo de sus integrantes ha tendido a la cooperación: todos los partidos han ido acompañando los pedidos y citaciones que se han diligenciado desde el oficialismo. Y si bien la unanimidad de la Cámara de Diputados votó la conformación de la investigadora, el entusiasmo varía en el trabajo de todos los días. Más energía le han puesto el Frente Amplio y Unidad Popular que el resto de la oposición, más abocada a la gestión de Sendic en Ancap y la regasificadora. Desentonó el diputado Fernando Amado (Partido Colorado), quien sí puso de relieve la importancia de esta comisión al denunciar públicamente haber recibido amenazas por parte de una mujer de apellido Castiglioni, idéntico al de Elmar, exdirector de Inteligencia Militar, autor y compilador de uno de los archivos que recopilan el espionaje en democracia. La peregrinación de ministros de Defensa e Interior por el anexo del Palacio Legislativo, donde se reúne la investigadora, ha sido permanente desde su instalación. La inmensa mayoría ha repetido el sempiterno mensaje de Juan Vicente Chiarino, primer ministro de Defensa de Sanguinetti a la hora de la salida de la dictadura: “No tengo conocimiento”.
Sólo los frenteamplistas José Díaz y Azucena Berrutti han podido lucirse en la comisión. El primero, exministro del Interior durante el primer gobierno de Vázquez, por haber sido espiado y haber dado la primera orden de terminar con cualquier actividad de espionaje a movimientos sociales u organizaciones políticas. La segunda porque, siendo ministra de Defensa en igual período de gobierno, suyo fue el hallazgo de un armario repleto de documentos microfilmados de los años de plomo, suya la idea de conservarlos, suya la iniciativa de enviar esos documentos al Archivo General de la Nación (AGN) y suya la instrucción de dar claridad y transparencia en los procedimientos de acceso y conservación a ese archivo, que ahora se denomina “Berrutti”.
Ese conjunto de documentos microfilmados es, de hecho, la principal materia prima de la comisión, según reconoció a Caras y Caretas el presidente de la investigadora, Gerardo Núñez (Frente Amplio). Para la investigadora Isabel Wschebor, en su momento, el hallazgo de este material “desmiente la idea que daban las autoridades anteriores acerca de que no había nada”. Wschebor explicó a Caras y Caretas que es “el único archivo que se guardó íntegramente”. “El AGN hizo un protocolo de acceso para personas directamente nombradas y, por otro lado, para que cualquiera pueda pedir su expediente. Allí completa un formulario si es que está de acuerdo con que esa información sea pública. Hay claridad y transparencia en el procedimiento”, opinó.
Este material, el que está comprendido en el “archivo Berrutti”, es el que por estos días compromete a los jefes de Inteligencia que se han negado a comparecer a la comisión. Por escrito unos, telefónicamente otros -llamadas mediante al secretario de la comisión-, los generales retirados Mario Aguerrondo, Daniel Legnani, Francisco Wins y Juan Antonio Zerpa -jefes de las direcciones de Información e Inteligencia entre 1986 y 1999- dejaron sus sillas vacías en el Edificio Anexo el pasado 11 de setiembre. “Mostraron no tener interés en participar”, sintetiza Núñez.
Distinto parece haber sido el camino elegido por el contralmirante retirado Óscar Otero, cuya presencia se espera para este lunes en la tarde. Algunos miembros de la comisión interpretan en este vacío de algunos oficiales un dejo de impunidad, un desconocimiento de las instituciones democráticas. Por eso, y a caballo de un nuevo impulso que el Frente Amplio parece querer dar a su agenda, la investigadora planteó el tema como asunto político en la cámara baja. Allí informaron al pleno de Diputados de la situación, pusieron al tanto al Ministerio de Defensa (a pesar de que estos militares ya no están sujetos a jerarquía) y lograron aprobar por unanimidad una declaración pública porque, explica Núñez, “lo que queda es la condena social y política de este tipo de prácticas que intentan desconocer al Parlamento”.
En la declaración, los diputados expresan su convencimiento acerca de que “la actitud de los mencionados exdirectores constituye un impedimento formal para el análisis y la investigación”. Y agregan: “La negativa a concurrir a las citaciones de la comisión investigadora muestra el desinterés en contribuir a la transparencia y el conocimiento de los hechos, sus responsables y ejecutores”. Esta “actitud”, dicen, “pretende desconocer al Parlamento”.
Sorprende la contundencia de la declaración cuando, sobre el final, subrayan que “las pruebas encontradas en los archivos de los que dispone la comisión investigadora […] son de una contundencia irrefutable entre los años 1986 y 1999, todas ellas violatorias de la Constitución y las leyes, coincidiendo con el período en que los exmilitares citados fueron directores de Inteligencia militar”. La declaración fue aprobada por la unanimidad de los partidos políticos. Pero ¿por qué el faltazo? Núñez, diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión, sostiene que estos cuatro militares “no van [a la comisión] porque el volumen de información que tenemos en cuanto a lo que hemos extraído del ‘archivo Berrutti’ es de una dimensión muy importante y es difícil que ellos pudieran desconocer este tipo de actividades cuando eran los jefes de la Inteligencia militar”. Y es que el mayor volumen de información del “archivo Berrutti” se concentra, precisamente, en los períodos en los que estos cuatro hombres fueron los jefes de la Inteligencia militar. De ahí que no quieran dar explicaciones.
Si la ausencia de cuatro militares resultó escandalosa para los miembros de la investigadora, no menos absurda parece la decisión del Poder Judicial, más específicamente de la jueza Adriana de los Santos, que le viene negando a la investigadora el acceso al otro gran archivo, llamado “Castiglioni”, unas 65 cajas con información sobre seguimientos en democracia a políticos, sindicalistas, jueces, fiscales y periodistas que fuera hallado en la casa del exoficial de Inteligencia Elmer Castiglioni luego de un allanamiento dispuesto por la jueza Beatriz Larrieu.
Larrieu ocupó la titularidad del Juzgado Penal de 7º Turno tras el traslado de la exjueza Mariana Mota, pero fue luego reemplazada por De los Santos. En un escrito, esta última respondió a la solicitud de información de la investigadora acerca del contenido del “archivo Castiglioni” que la causa centrada en el archivo se encuentra bajo secreto de presumario, un argumento que no cierra a los integrantes de la comisión, siendo que ni siquiera el índice fue puesto a disposición de la investigadora.
Pasando en limpio: hasta ahora, la comisión no ha podido acceder a un solo documento del “archivo Castiglioni”, siendo este uno de los motivos por los que fue creada. Y como el plazo temporal para el levantamiento del presumario seguramente exceda el tiempo estipulado para la comisión, es probable que los legisladores-investigadores nunca puedan hacerse de ese material. Lo único de lo que disponen los miembros de la comisión son los informes de Wschebor y Álvaro Rico (los dos peritos consultados por la Justicia), que llegaron de forma anónima a algunos legisladores.
Otro tanto se sabe por la investigación que ha desarrollado el periodista Samuel Blixen en Brecha: vigilancia a diestra y siniestra de toda la plana política del país, desde Jorge Batlle a Tabaré Vázquez, y mucha, muchísima información condensada en dos peritajes realizados por los investigadores Wschebor y Rico a pedido de la jueza Larrieu. La primera, como -entonces- titular de la Secretaría de Derechos Humanos del Pasado Reciente, y el segundo, como decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, describieron a grandes líneas los contenidos de aquel archivo.
Sobre estos peritajes, Blixen escribió en su momento que, en su informe, Rico advertía la inexistencia de menciones a la “operación Zanahoria”, un procedimiento que se supone que llevaron adelante los militares una vez finalizada la dictadura para remover pruebas y desenterrar restos humanos sepultados en cementerios clandestinos ubicados en unidades militares. Wschebor, en cambio, notaba la presencia llamativa de “un informe realizado en el período de la Comisión para la Paz, que contiene informaciones cuya fuente se discrimina como revista Lo nuestro, y siempre se cita el año 2 y el número 5, a pesar de que la información refiere a muy diversos años y está siempre asociada a las circunstancias de desaparición forzada de uruguayos desaparecidos en Uruguay”. Por eso, este archivo podría echar luz sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. También sobre las negociaciones entre la Embajada de Estados Unidos y Uruguay para la apertura de una oficina de la CIA en Montevideo; y sobre la permanente, casi venal, obsesión de Castiglioni por obtener información de las personas que querían saber dónde están los desaparecidos. ¿Qué tanto le preocupaba a Castiglioni? Esa es la pregunta que se hacen los peritos.
Si bien la comisión debería finalizar su trabajo en diciembre, es posible que prorrogue su actuación unos meses más, hasta entrado el año que viene. El resultado está cantado no sólo por la preeminencia que tienen en su integración el Frente Amplio y Unidad Popular sumados, sino también porque los blancos y colorados que la integran han venido acompañando todas las iniciativas de la presidencia. Núñez adelantó a Caras y Caretas la posibilidad de que el trabajo de la investigadora termine en el juzgado: “Nos reservamos el derecho de plantear el pasaje a la Justicia”. A juzgar por cómo viene la mano, da la sensación de que el informe será lapidario. Una interesante deriva en un tema tan sensible que, sin embargo, vino pasando bastante inadvertido en medio del tsunami que se llevó puesto al ahora exvicepresidente de la República.
Los subordinados de Zerpa y Legnani
Los generales retirados Juan Antonio Zerpa y Daniel Legnani se negaron a comparecer ante la comisión investigadora del Parlamento. Los integrantes de la comisión criticaron la decisión y señalaron que constituye un obstáculo para la investigación parlamentaria. Sin embargo, pese a que rechazaron prestar testimonio, los nombres de ambos generales está presentes en las actas y los documentos incorporados al voluminoso expediente de la comisión. Una serie de documentos refieren a la investigación contra organizaciones políticas y sociales durante los períodos en que Zerpa y Legnani estaban al frente de la Dirección General de Información y Defensa (DGID), que después pasó a llamarse Dirección Nacional de Inteligencia del Estado. Son documentos que permiten suponer que ambos estaban al tanto de los casos de espionaje militar en democracia. Por ejemplo, en el caso de Zerpa, se constataron documentos referidos al período marzo-mayo de 1987, todos ellos elaborados por el Departamento III de la DGID, basados en los informantes de esa unidad. Los mismos refieren a temas variados, como la decisión del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) de realizar un congreso a mediados de marzo de 1987 para definir la línea estratégica del partido; los números de teléfonos del exsecretario general del Partido Socialista, José Díaz, tanto en el Parlamento como en su domicilio, y el nombre de su secretario; aspectos de la vida privada del dirigente sindical Richard Read -dirección de su casa y de su relación sentimental-, así como una lista de “sociedades comerciales integradas por gente identificada con la izquierda” o una lista de los matrimonios anunciados en el Diario Oficial de “gente identificada con la izquierda” (aparecen, entre otros, Danilo Astori, Hoenir Sarthou, Leonardo Anzalone y Yessie Macchi). En tanto, en el caso de Legnani, algunos de los documentos refieren al período octubre-noviembre de 1990. En este caso, las fuentes son más diversas. Hay informes elaborados por el jefe del Departamento I y el Departamento II de la DGID, del Servicio de Retiros y Pensiones Militares (SRPM) y de la División de Ejército I -este último firmado por el coronel Fernán Amado-. También hay un informe del coronel Carlos Affonso sobre una movilización del Sunca en Colonia, en la cual los obreros -algunos de ellos, exintegrantes del Ejército- detectaron la presencia del personal S-2 (Inteligencia militar) filmando la movilización e intentaron agredirlos.
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ESPIONAJE
Aseguran que el espionaje militar en democracia fue una práctica sistematizada y planificada
Militares retirados reconocieron ante el Parlamento que en democracia se realizaron prácticas sistematizadas y planificadas de espionaje a organizaciones políticas, sociales y sindicales.
Este lunes 18 de septiembre la Comisión Investigadora sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha, recibió a los militares retirados: contralmirantes Óscar Otero y Carlos Magliocca y al brigadier general José Mayo Hirigoyen.
“Algunos de los que participaron en Comisión no negaron las acciones de espionaje que se realizaron por parte de inteligencia militar sobre partidos políticos y organizaciones sociales y sindicales”, aseguró el diputado del Partido Comunista Gerardo Núñez.
El legislador de gobierno dijo que los militares retirados plantearon las acciones de espionaje como un ejercicio de “costumbre”.
“Ello nos lleva a cuestionar tales actividades, porque eran parcitas planificadas y sistematizadas que tenían un objetivo político. Quienes participaron este lunes en la Comisión fueron las máximas autoridades de inteligencia militar en los momentos que integraron las fuerzas”, dijo el legislador.
El parlamentario aclaró que “hubo varios militares que se desempeñaron entre los años 1985 y 1989 que optaron por no asistir a la Investigadora, violentando la Constitución de la República.
Analizan pasaje a la Justicia
Núñez dijo que los militares que comparecieron ante el organismo parlamentario de investigación dijeron que no tienen claro qué se hacía con esa información.
“Pensamos que esta información implicaba elementos de control, para generar coerción, para poder y perpetuar escenarios de impunidad como existieron y existen en nuestro país”, dijo.
Agregó: “Presumimos que implicaba gran recolección de información para analizar posicionamientos de los partidos políticos y de organizaciones sociales”, se trató de algo que “violentó los derechos y las libertades de los uruguayos”.
Por otro lado, Núñez indicó que la Comisión Investigadora deberá analizar si las actuaciones ameritan el pasaje a la Justicia.
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CONFIRMARON ESPIONAJE
Ex militares ante la Comisión Investigadora: “Se hacía inteligencia casi por costumbre”
MONTEVIDEO (Uypress)- Ex militares reconocieron este lunes, ante la investigadora de diputados, que las tareas de espionaje se realizaban “por costumbre” durante la democracia, tal como indicaban los documentos contenidos en el denominado Archivo Castiglioni.
La comisión investigadora “sobre posibles actos de inteligencia de Estado, violatorios de la normativa legal y constitucional, llevados a cabo por personal policial o militar desde 1985 a la fecha”, recibió a los contralmirantes retirados Óscar Otero y Carlos Magliocca, y al brigadier general retirado José Mario Hirigoyen.
Luego de la sesión, el presidente de la comisión y diputado comunista Gerardo Núñez dijo en rueda de prensa que algunos de los militares que comparecieron “no negaron las acciones que se llevaron a cabo por Inteligencia Militar”.
Núñez no especificó las declaraciones de cada militar, pero señaló que “uno de ellos reconoció estas labores” e incluso expresó que “era una práctica casi por costumbre”.
El legislador sostuvo que las tareas de espionaje implicaron “una gran recolección de información” con el objetivo de “analizar posicionamientos de partidos y organizaciones sociales”.
En ese sentido, señaló que “hay una lista de todas las personas que hicieron denuncias vinculadas a derechos humanos, preparando los escenarios a nivel judicial para mantener los crímenes cometidos”.
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