SAMUEL BLIXEN
06/10/2017
Siga la pista La investigación judicial
sobre el Comando Barneix.
El Comando Barneix sigue atrincherado en su anonimato, pero hay quienes están decididos a morderle los talones.
La del viernes 29 de setiembre fue una tarde atípica en el Juzgado Penal de 16° Turno, últimamente atomizado por los episodios de violencia en el fútbol. Quizás por eso la actitud de la jueza Julia Staricco: entró en el despacho, le hizo una seña al funcionario y preguntó: “¿Ustedes se ratifican de lo que publicaron en Caras y Caretas y en Brecha?”. Los periodistas Roger Rodríguez y Daniel Gatti asintieron, pero para cuando el funcionario –que antes había preguntado los datos personales y seguido con las generales de la ley– consignó puntualmente la respuesta, la doctora Staricco ya se había retirado del despacho y regresaría más tarde para saludar a los testigos.
Recién ahí comenzó la audiencia, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero, que tenía por objeto abundar en los alcances de las publicaciones, las de Roger, sobre la estructura y composición del Foro Libertad y Concordia, un grupo integrado por militares y algunos civiles que merecerían serlo; y las de Daniel, que había sugerido en su artículo cuatro o cinco líneas de investigación para desentrañar la composición del autodenominado Comando Baneix, que en febrero de este año vía correo electrónico amenazó de muerte a 13 ciudadanos, entre jueces, ministros, fiscales, abogados, juristas y activistas de derechos humanos. El documento difundido por el comando alertaba que no se toleraría ningún otro caso de un oficial enfrentado a una investigación judicial. El general (r) Pedro Barneix –que fue también jefe de la inteligencia militar– logró por años eludir a la justicia con triquiñuelas, pero cuando finalmente la Policía golpeó a la puerta de su casa para conducirlo al juzgado, se pegó un tiro. Barneix estuvo directamente implicado en el asesinato mediante torturas de Aldo Perriri, vecino de Carmelo, muerto en marzo de 1974 en el cuartel de Colonia.
La amenaza del comando fue tomada muy en serio en medios políticos: habían afilado bien la punta del lápiz para seleccionar a sus eventuales víctimas. Sin embargo, la investigación judicial no avanzó: los correos habían sido enviados desde una plataforma Tor (Enrutamiento de Cebolla, por sus siglas en inglés), que permite enmascarar el origen IP de la computadora, de modo que se entendió que no había nada para hacer. Fue una de las víctimas de la amenaza, la ex fiscal Mirtha Guianze, quien tomó la iniciativa de solicitarle a la decana de la Facultad de Ingeniería que el Instituto de Informática analizara los mails. Así surgió la comprobación de que, en un primer paso, el comando había utilizado el sitio guerrilla.com, que permite hacer uso, por una hora, de un correo electrónico, tras lo cual se desvanece la pista.
Fue otra víctima, el jurista brasileño Jair Krische, quien le sugirió a la jueza Staricco, en junio pasado, que tomara en cuenta los informes y análisis de Gatti y Rodríguez. Finalmente ambos fueron entrevistados hace una semana por la fiscal Ferrero, quien abundó en las “sugerencias” planteadas por los periodistas. Una de ellas apuntaba a que, puesto que Barneix integraba el Foro Libertad y Concordia, sería oportuno indagar sobre los antecedentes (también informáticos) de sus integrantes.
Otra sugerencia era hacer todos los esfuerzos posibles para obtener información sobre el sitio guerrilla.com. En los estatutos de este sitio se aclara que se comprometen a evitar cualquier tipo de manipulación de personas u organizaciones que lleven adelante acciones ilegales. Y finalmente se le recordó a la fiscal que organismos estatales estadounidenses habían logrado perforar la plataforma Tor, utilizada por Wikileaks.
Del intercambio de información surgió la iniciativa de la fiscal Ferrero de sugerir a la jueza Staricco el envío de un exhorto a Estados Unidos y Canadá en pos de alguna información que permita desenmascarar al Comando Barneix. La jueza resolvió que, previo al envío del exhorto, se hiciera una reunión con técnicos informáticos del Ministerio del Interior para evitar que el pedido fuera rechazado por cuestiones formales, especialmente por el uso de términos no adecuados, que puedan inducir a confusión.