los sitios de Memoria

  Senado dio media sanción a proyecto de ley sobre sitios de memoria; 

oposición opinó que debería haber “muchos más”

 Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer el proyecto de ley que declara de interés general los sitios de memoria, que podrán establecerse en lugares donde ocurrieron violaciones a los derechos humanos por parte del Estado, donde se realizaron actos de resistencia a la dictadura o en otros sitios a los que “las víctimas, los familiares o las comunidades asocian con esos acontecimientos”. Pueden ser inmuebles públicos o privados, o espacios públicos. El proyecto de ley, que ayer tuvo media sanción y ahora será discutido en la Cámara de Diputados, abarca los períodos temporales 1968- 1973 y 1973-1985, pero también deja la posibilidad de que el sitio sea elegido por hechos que ocurrieron fuera de ese período, “en los que el Estado haya violado los derechos humanos y donde haya habido expresiones significativas de resistencia popular”.

La ley crea una Comisión Nacional Honoraria de Sitios de la Memoria, que dependerá de la Institución Nacional de Derechos Humanos y que estará presidida por un delegado de esa institución, y estará integrada por representantes del Ministerio de Educación y Cultura, de la Universidad de la República, de la Administración Nacional de Educación Pública, de las organizaciones sociales más representativas de la lucha por los derechos humanos, y de la Red de Sitios de Memoria. Carámbula defendió que la comisión esté en esa órbita, de forma de “seguir avanzando en este tema independientemente de los vaivenes políticos”.

La comisión será la encargada de recibir las solicitudes, de resolver la instalación de los sitios de la memoria y de definir si será una placa, un museo, un memorial y qué acciones se deben tomar para la preservación del sitio, y también deberá elaborar un catálogo nacional de sitios de memoria. También se crea un Consejo Consultivo Honorario, integrado por delegados de Presidencia de la República, Poder Judicial, Congreso de Intendentes y Plenario de los Municipios, para asesorar a la Comisión Nacional, y la Red Nacional de Sitios de Memoria, que deberá coordinar con la comisión el desarrollo de actividades de promoción e investigación sobre los distintos lugares.

Carámbula aseguró que “todavía persisten reacciones adversas a la memoria, y amenazantes”, y recordó el atentado al Grupo de Investigación en Antropología Forense y las amenazas del autodenominado Comando Barneix. Carámbula ejemplificó con varios de los 45 sitios de memoria que existen hoy en distintos puntos del país, y aseguró que “tienen valor educativo y testimonial, y revitalizan los lazos de solidaridad y pertenencia que la violencia sistemática del terrorismo de Estado buscó eliminar”.

Históricos.

La oposición acompañó el proyecto de ley, que fue aprobado por 24 votos en 24. Pero tanto el Partido Colorado (PC) como el Partido Nacional (PN) manifestaron diferencias con los períodos históricos delimitados en el proyecto. Tanto Javier García (PN) como José Amorín (PC) sostuvieron que cuando se aplicaron las medidas prontas de seguridad, en el período comprendido entre 1968 y 1973, el país se encontraba en un “período democrático, constitucional”. Carámbula defendió que la ley tome como referencia los dos períodos históricos definidos en la Ley 18.596, sobre la reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre 1968 y 1985, y Rafael Michelini, senador del Frente Amplio, explicó que desde 1968 a 1985 hay dos períodos separados “porque son distintos”: “Si este es un proyecto de memoria de las situaciones que pasamos, no podemos creer que un día los militares se despertaron y atentaron contra las instituciones, o que un día el dictador Juan María Bordaberry, que era presidente, se despertó y dijo ‘voy a cerrar el Parlamento’. Hubo una serie de hechos que se fueron procesando día a día, que generaron lo que generaron”, afirmó, y reivindicó que entre 1968 y 1973 “este propio Parlamento, en democracia, comprobó torturas”.

Desde la oposición también se planteó que los sitios deberían ser “muchos más”. “No nos parece justo que se recuerden solamente lugares en donde hay actos de heroísmo de algunas víctimas pertenecientes a un solo partido, sino a todos los partidos que resistimos a la dictadura”, dijo Luis Alberto Heber (PN), que recordó lugares emblemáticos para la resistencia a la dictadura que involucran a su partido, como el cine Cordón, la Casa de los Lamas, la farmacia de Óscar Cacho López Balestra (que fue llamada “una cueva conspiradora contra la dictadura”), o el lugar donde se hizo el acto del Obelisco. Por su parte, Amorín recordó a Jorge Sapelli, vicepresidente en 1973, quien “frente al golpe de Estado tuvo absoluta firmeza”. Carámbula consideró “bienvenidas” las propuestas de ambos, y aseguró que en el proyecto “no hay ningún sesgo”.

Cuando se terminó la votación del proyecto hubo aplausos desde las barras, en las que varios cargaban carteles con la palabra “memoria”.

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