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Falso enterramiento clandestino: el respaldo a Manini Ríos y un malentendido.
SAMUEL BLIXEN
Chiste adelantado por el Día de los Inocentes: “Si hay una institución en este país que tiene interés en la aparición de los cuerpos de los desaparecidos es el Ejército”, dijo el comandante Guido Manini Ríos, a propósito de su información falsa sobre una tumba clandestina.
¿Qué hay detrás del “malentendido” entre el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), creado por decisión expresa del presidente Tabaré Vázquez, y el comandante del Ejército, general Guido Manini Ríos, en una cuestión tan delicada y sensible como lo es la posible ubicación de un enterramiento clandestino de detenidos desaparecidos?
Los hechos son aparentemente simples: a fines de setiembre pasado el general Manini informó al ministro de Defensa, Jorge Menéndez, que tenía información sobre un posible enterramiento en una chacra de Camino Pajas Blancas, antigua propiedad del Mln que, requisada, funcionó como base de operaciones de la represión durante la dictadura.1 El ministro decidió comunicar la novedad al Gtvj. De esa gestión surgió una reunión, realizada en la sede de avenida 8 de Octubre, en la que participaron, además del ministro, el subsecretario, Daniel Montiel, el director de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, José Ignacio Korzeniak, y el comandante Manini Ríos; en representación del Gtvj asistieron Mario Cayota y Ademar Olivera (el coordinador, Felipe Michelini, estaba fuera del país). El general Manini les entregó un plano –del Ministerio de Transporte– sobre el que se había dibujado la supuesta ubicación brindada por un militar en actividad, según la versión que le había trasmitido su padre, un oficial hoy fallecido. El comandante explicó que el plano correspondía a la chacra de Camino Pajas Blancas y no agregó ningún otro detalle, como la posible identidad del desaparecido, las circunstancias de su detención o la fecha aproximada del enterramiento.
Cayota y Olivera informaron a los restantes miembros del Gtvj y le trasmitieron a la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que el comandante del Ejército había aportado un dato sobre un posible enterramiento. Los responsables del Grupo de Investigación de Antropología Forense (Giaf) tomaron contacto con el general Manini a efectos de obtener elementos más precisos para orientar las excavaciones; sugirieron la posibilidad de una entrevista con la fuente, en el entendido de que en dichas conversaciones surgen elementos de valor para los antropólogos. Dos días después el comandante respondió negativamente al pedido y no aportó ningún otro elemento. Paralelamente miembros del Gtvj se entrevistaron con el director Korzeniak a efectos de discutir la eventualidad de judicializar el episodio; el Gtvj optó por esperar el resultado de las excavaciones.
EL “MALENTENDIDO”. La negativa del comandante a identificar la fuente y el antecedente de que unas anteriores excavaciones en el predio de la chacra no habían arrojado resultados positivos impulsaron a Familiares a enviar una carta al presidente Vázquez señalando el impacto que tal información provocaba en los familiares. Cuando después de tres días de excavaciones el Giaf concluyó que no había restos en la zona señalada en el plano, Familiares convocó a una conferencia de prensa en la que reclamó la remoción del comandante del Ejército. Hasta entonces el Gtvj había mantenido silencio.
Al día siguiente el general Manini Ríos calificó de “incomprensible” la actitud asumida por Familiares. En declaraciones a radio Sarandí advirtió que se presentó un dato “bastante difuso” y que lo aportó porque entendió que era su deber. “Fui bien claro al entregar el dato. Dije que lo más probable era que no hubiera nada.” Esa advertencia aparentemente pasó desapercibida para los delegados del Gtvj y por tanto no fue comunicada a Familiares. La versión del comandante fue confirmada por un comunicado del Ministerio de Defensa en el que se afirma: “Dicha información fue brindada por las autoridades del Ministerio de Defensa Nacional y el comandante en jefe del Ejército al Gtvj, subrayándose que de la misma no se tenía certeza de su verosimilitud”.
Brecha conversó con el ministro de Defensa, quien aportó detalles de la entrevista. “El comandante explicó que un hijo de un militar allegó la información diciendo que el padre se la había dado, y concluyó diciendo: ‘Yo no puedo asegurar que esto sea así’”. Menéndez reiteró que el ministerio mantiene un compromiso inalterable “con la verdad y la búsqueda de los detenidos desaparecidos”.
Esta versión de la conversación con los representantes del Gtvj fue confirmada al semanario por el doctor Korzeniak, quien muy poco después fue designado en la Corte Electoral. Sin embargo, uno de los presentes, el pastor Ademar Olivera, consultado por Brecha, dijo: “No recuerdo que el general Manini haya hecho esa salvedad. De todas formas, la semana entrante solicitaremos una entrevista con el ministro Menéndez para aclarar todo”.
El “malentendido” que derivó de la trasmisión de la novedad dejó en principio mal parado a Familiares y desvirtuó el fondo del asunto: en la chacra de Pajas Blancas no hay una tumba clandestina, al menos en el lugar señalado por el general Manini Ríos, y eso implica una nueva frustración, que se transformó en dolor e indignación.
MALA ESTADÍSTICA. Hasta ahora, sólo en una ocasión quedó confirmada la información brindada oficialmente por los militares; se trata del informe entregado en 2005 al presidente por el comandante de la Fuerza Aérea y que permitió la ubicación de los restos de Ubagesner Chaves Sosa. En las restantes ocasiones las informaciones resultaron ser falsas y tener la finalidad de crear confusión y alterar la búsqueda de la verdad. La Comisión para la Paz, y en especial sus dos principales integrantes, el colorado Carlos Ramela y el frenteamplista Gonzalo Fernández, consignaron en el informe final la versión de algunos oficiales –cuya identidad se preservó– de que los restos de los desaparecidos, una vez exhumados, habían sido arrojados al mar; el rescate de los restos de Chaves Sosa, Julio Castro, Fernando Miranda y Ricardo Blanco Valiente demuestra la falsedad de aquella afirmación.
El episodio más resonante del empeño militar por ocultar la verdad y postergar el rescate de los restos de desaparecidos ocurrió cuando el en ese entonces comandante en jefe del Ejército, general Ángel Bertolotti, trasmitió al presidente Vázquez la ubicación supuestamente exacta del enterramiento de los restos de María Claudia García de Gelman, según el resultado de una pesquisa realizada por dos generales; el episodio constituyó una burla que no tuvo, empero, ninguna consecuencia disciplinaria. A diferencia del episodio que se mantiene en una nube de misterio, por el que enigmáticamente llegó a la Presidencia un plano señalando la ubicación de los restos de Miranda en el Batallón de Infantería número 13 –excepcionalmente exacto–, las otras informaciones anónimas resultaron poco confiables. Las excavaciones en la chacra de Pajas Blancas también tuvieron su origen en un plano “anónimo” llegado a la Presidencia y que no arrojó ningún resultado. Los esfuerzos por descubrir los enterramientos clandestinos en el Batallón 13 fueron sistemáticamente saboteados, por ejemplo cambiando de lugar las señales en el terreno, dificultando el acceso y atemorizando a los soldados testigos.
Por este cúmulo de razones llamaron poderosamente la atención las afirmaciones del general Manini, una vez que se confirmó el nuevo fracaso, la falsa información: “Si hay una institución en este país que tiene interés en la aparición de los cuerpos de los desaparecidos es el Ejército, para poder así de una vez por todas empezar a superar la época de desencuentros y enfrentamientos que vivimos ya hace medio siglo”. Al revés: está claro que el Ejército no tiene ningún interés. De lo contrario sus mandos hubieran tomado las medidas para obtener la información. Esa información está en el Ejército, en los oficiales que comandaron las operaciones, en los comandantes de las unidades donde se torturó y asesinó y donde se enterraron los cuerpos; y en la tropa, que a lo largo de las décadas fue la mano de obra obligada. Si algo caracteriza a este proceso es la fortaleza del secreto, a pesar de la multitud de individuos que, de una u otra manera, vivieron los detalles de las aberraciones.
La convicción de que este último episodio de una información falsa es producto de la actitud militar de ocultamiento y desinformación que se mantiene desde décadas lleva a la organización Familiares a mantener el reclamo de remoción del general Manini. “A nosotros no se nos comunicó que la información podía no ser cierta”, explicó a Brecha Elena Zaffaroni. “Es una responsabilidad del comandante averiguar este caso y todos los demás. Él tiene la autoridad para descubrir dónde fueron enterrados nuestros familiares. Y si no la tiene, también debe ser desplazado. Nosotros nos centramos en el fondo del asunto: sigue pasando el tiempo y quienes tienen la información no nos dan respuestas a nuestros reclamos. Ni los militares, ni el gobierno, ni el sistema político”, concluyó, adelantando lo que será la posición de Familiares en el acto del domingo 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Cerro, frente al memorial por los desaparecidos.
Véase Brecha, 1-XII-17, “El silencio, la mentira”.
El silencio, la mentira
Piden renuncia del jefe del Ejército por indicar falso enterramiento clandestino.
SAMUEL BLIXEN
Es una incógnita la intención que motivó al comandante en jefe del Ejército a trasladar al ministro de Defensa y al Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia una información sobre un posible enterramiento clandestino de un prisionero desaparecido que resultó ser falsa. Familiares exigió la inmediata remoción del general Guido Manini Ríos.
En un episodio que no mereció reacciones políticas, el comandante en jefe del Ejército, general Guido Manini Ríos, hace un tiempo tildó de mentiroso al subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, por un entredicho sobre el déficit de la Caja Militar.1 Hoy este oficial colorado que en febrero de 2015 fue investido por el entonces ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro (fallecido en agosto de 2016), en el mando superior del Ejército, fue acusado a su vez de mentiroso por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, al aportar un dato falso sobre un posible enterramiento clandestino, actitud que fue calificada como “una bofetada institucional” que, además, juega con el dolor de quienes aguardan aún noticias sobre el destino final de sus desaparecidos.
El actual ministro de Defensa, Jorge Menéndez, deberá decidir, por tanto, si accede al reclamo de Familiares de que el general Manini Ríos sea inmediatamente removido de su cargo, lo que implicaría su pase a retiro. La remoción del comandante en jefe del Ejército fue planteada en términos muy duros por referentes de la organización de derechos humanos en una conferencia de prensa, ayer jueves, en la que se detalló la “mentira oficial”.
UN EPISODIO QUE SE REPITE. Desde su ascenso a la comandancia, el general Manini Ríos ha mantenido una postura ambigua sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los delitos de terrorismo de Estado cometidos durante la dictadura. A poco de asumir declaró no ser “muy optimista” respecto de la posibilidad de obtener nueva información sobre los desaparecidos, y más recientemente condicionó la eventualidad de pedir perdón en nombre de las Fuerzas Armadas a que se “dé vuelta la página” en el tema de las violaciones a los derechos humanos.
Por esa razón llamó poderosamente la atención que el comandante y el ministro de Defensa comunicaran a las autoridades del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (Gtvj), a fines de setiembre, que existía información sobre un posible enterramiento clandestino en una chacra de Pajas Blancas que el Ejército ocupa desde 1974 y que en 2007 fue escenario de excavaciones por parte del Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf).
Dos representantes del Gtvj se reunieron con el general Manini Ríos y con el ministro Menéndez. En esa oportunidad Manini informó que un militar, hijo de otro oficial retirado, había aportado datos precisos sobre el lugar de la chacra donde supuestamente estaba enterrado el cuerpo de un desaparecido. El general entregó un plano de las instalaciones. Los representantes del Gtvj solicitaron conocer la identidad del informante, a efectos de tomar contacto personal, en el entendido de que un acercamiento podría aportar más detalles para orientar la búsqueda. Manini se negó rotundamente.
Los delegados del Gtvj informaron al cuerpo directivo, que tomó la decisión de encomendar al equipo de antropólogos la realización de una nueva intervención en la chacra, centrando los trabajos de excavación en el lugar preciso señalado en el plano.
LA CHACRA DEL “HIPPIE”. Al igual que el apartamento que había comprado el compañero de la maestra Elena Quinteros y en el que residía hasta que fue detenida, secuestrada y desaparecida, la chacra de camino Pajas Blancas quedó en poder de la División de Ejército I desde que fue incautada durante los sangrientos operativos de abril de 1974. Posiblemente fuera utilizada durante la dictadura como lugar de interrogatorios del Ocoa, el organismo operativo antisubversivo de las Fuerzas Armadas. Habitada ahora por un oficial del Ejército, en los últimos tiempos tuvo una sola mejora: la construcción de un parrillero.
El allanamiento de camino Pajas Blancas 7440 se produjo a las cinco de la mañana del 21 de abril de 1974, como parte de un despliegue de varios operativos casi simultáneos, cuyo epicentro, esa madrugada, fue el copamiento del apartamento de la calle Ramón de Santiago, donde fueron asesinadas Diana Maidanik, Laura Raggio y Silvia Reyes, en lo que se conoció como “la masacre de Brazo Oriental”.
En total, entre el 17 y el 29 de abril de ese año las Fuerzas Conjuntas se cobraron cinco muertos y decenas de heridos. Sin embargo, fracasó uno de los objetivos, la captura de Julián Hernández, el “Hippie”, a quien la inteligencia militar identificaba como el jefe militar de los grupos del Mln que actuaban en Uruguay. Hernández logró escapar poco antes del allanamiento, abandonó la chacra en que vivía, y retornó a Buenos Aires. El Hippie fue herido en un tiroteo, en un incidente aparentemente casual, el 31 de diciembre de 1976, al mediodía, en Pueyrredón y Juan B Justo. Alcanzado por tres disparos, uno en la cabeza y dos en el tórax, murió en un hospital y su cuerpo fue enterrado por la dictadura en el cementerio de La Chacarita, pero sus restos fueron exhumados en 1982.
LA BÚSQUEDA INFRUCTUOSA. Poco después del comienzo de las excavaciones en predios militares ordenadas por el presidente Tabaré Vázquez en 2006, a raíz de un “testimonio indirecto”, el Giaf inició un relevamiento en la chacra de Pajas Blancas: se trataba del relato de un soldado que refería a una información brindada en 1982 por otro soldado que había pertenecido al Ocoa, quien afirmaba que en la chacra hubo varios enterramientos. La imprecisión de los datos impidió que se realizaran excavaciones, pero un año más tarde la Presidencia recibió anónimamente un plano que señalaba diversos puntos de enterramientos clandestinos en la chacra. Equipos del Giaf efectuaron sistemáticas intervenciones, pero no se encontraron restos humanos.
La chacra del Hippie volvió a ser objeto de atención a partir de la información brindada por el general Manini Ríos. Enterados los referentes de Familiares del reinicio de las excavaciones, y preocupados por las eventuales repercusiones, enviaron una carta al presidente Tabaré Vázquez a la vez que le solicitaron una entrevista. En la carta Familiares planteaba la “preocupación legítima, pues las experiencias del pasado en cuanto al aporte de datos ‘certeros’ de quienes han estado en ese mismo cargo, (la comandancia del Ejército) sólo han burlado las expectativas creadas. Basta recordar el caso fallido de María Claudia García de Gelman”. Se referían a la información falsa proporcionada por los generales Pedro Barneix y Carlos Díaz, y trasmitida por el comandante Ángel Bertolotti a Vázquez en su primer gobierno, y por la cual la Presidencia comunicó a la hoy diputada Macarena Gelman el lugar “preciso” donde estaba enterrada su madre.
En su carta al presidente, fechada el pasado 1 de noviembre, Familiares recordaba que han “denunciado permanentemente que la fuente principal de información está en los integrantes, archivos y predios de las mismas instituciones militares que los secuestraron y desaparecieron. Y que a pesar del tiempo transcurrido, éstas y en particular sus jefes, conservan esa información o pueden acceder a ella”; y señalaban la importancia y trascendencia del testimonio aportado por el comandante en jefe que, dice el texto, “no es el aporte anónimo de cualquier integrante de las Fuerzas Armadas, sino de quien puede y debe ejercer el mando para aportar la información que demandamos desde siempre. Cuenta con los medios y los recursos”. Aludiendo a los resultados de las excavaciones que se reiniciaban en la chacra de Pajas Blancas, y teniendo en cuenta los antecedentes, Familiares advertía: “No deben ser disimuladas por nadie, especialmente por los poderes de un Estado democrático decidido a condenar y desterrar la desaparición forzada como práctica y el ocultamiento de las atrocidades del terrorismo de Estado que operó en nuestro país”.
El presidente Vázquez no concedió la entrevista solicitada, pero estaba advertido de la inquietud de Familiares con respecto a que la información proporcionada fuera falsa, como efectivamente resultó.
¿BURLADOR O BURLADO? Dado el creciente protagonismo del general Manini Ríos en apariciones públicas con inocultables perfiles políticos, en particular sobre la cuestión del déficit de la Caja Militar y su oposición a cualquier modificación de los privilegios que ostentan las jubilaciones militares, su gesto de revelar un posible lugar de enterramiento, pero negándose a proporcionar un contacto con la fuente de la información, generó sospechas varias. El resultado negativo de las últimas excavaciones en la chacra provocó una reacción más airada aun que cuando el episodio de Bertolotti. En aquel momento existió la convicción de que el entonces comandante había sido manipulado por los dos generales que habían hecho las “averiguaciones discretas” entre los oficiales que actuaron en los episodios denunciados y que conocen los detalles hasta ahora secretos. La burla afectó al comandante pero también al presidente Vázquez; sin embargo, no se tomaron medidas correctivas.
Ahora, al conocerse que la información proporcionada por el general Manini Ríos era falsa, cabe preguntarse si, por segunda vez, los subordinados les toman el pelo a sus superiores. A diferencia del “caso Bertolotti”, en que la solicitud de información partió de la Presidencia, el supuesto enterramiento en la chacra de Pajas Blancas es una iniciativa del comandante en jefe del Ejército. Es obvio que la autoridad del general Manini queda menoscabada, pero el hecho de que hasta el momento no se conozcan reacciones disciplinarias sugiere que, por lo menos, el comandante no se siente burlado. En ese caso habrá que desentrañar sus motivaciones para impulsar una falsedad.
La reacción de Familiares fue inmediata. En la conferencia de prensa convocada en forma urgente, Elena Zaffaroni leyó un texto en el que se exige “la remoción inmediata del general Manini Ríos, en el entendido de que quien ocupe ese cargo que tanta distinción y responsabilidad conlleva, debe estar dispuesto a romper decididamente con el pasado, reconociendo la absoluta ilegalidad que significó la aplicación del terrorismo de Estado y aportando los datos que permitan la ubicación de los restos de quienes continúan siendo rehenes en sus manos: nuestros desaparecidos”. Y enfatizó: “La mentira oficial llevada adelante por el comandante en jefe es una bofetada a la institucionalidad y a los grandes esfuerzos que se hacen en procura de una mejor convivencia”.
La pelota está ahora en la cancha del ministro de Defensa.
- A propósito del proyecto de reforma de la Caja Militar, véase página 6 de esta edición.
Acusaciones profundas
La conferencia de prensa ofrecida al cierre de esta edición por la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos abundó no sólo en detalles del episodio que coloca al comandante del Ejército en una posición delicada y al Poder Ejecutivo en una disyuntiva: también sirvió de plataforma para cuestionar, en distintos niveles, la inoperancia de una política que supuestamente se propone investigar los delitos de lesa humanidad cometidos en dictadura y castigar a los culpables.
El texto leído, además de exigir la remoción inmediata del general Guido Manini Ríos (“para la sociedad uruguaya hubiera sido un gesto positivo que el comandante de la institución que fue responsable de los asesinatos y desapariciones reforzara el camino democrático aportando a la verdad y a la entrega de los desaparecidos que las Fuerzas Armadas aún hoy mantienen secuestrados”), interpreta la mentira oficial impulsada por el comandante como expresión de la postura de las Fuerzas Armadas respecto de los derechos humanos: “Las Fuerzas Armadas de este país demuestran una vez más que no están dispuestas a cambiar de rumbo. Preocupadas únicamente en defender sus privilegios, incumplen con el mandato de brindar información para avanzar en la verdad sobre sus crímenes, enmarcados en la etapa del terrorismo de Estado”.
Al respecto, Familiares reclama al Poder Legislativo “que encare con seriedad la transformación profunda de las Fuerzas Armadas, afianzando su sentido democrático y subordinado a los poderes del Estado, marcando sus límites, sus objetivos y su formación”. Familiares exige que las Fuerzas Armadas abandonen “de una vez por todas la doctrina de la seguridad nacional, que permanece como la guía de su accionar, terminando así con los privilegios y todas las rémoras del período dictatorial”.
Asimismo, Familiares le reclama al Poder Judicial “que asuma la conciencia de la pérdida de rumbo a la que someten a una sociedad cuando no juzgan los delitos de Estado declarando prescriptibles delitos de lesa humanidad”, en alusión a la decisión de la Suprema Corte, que declaró inconstitucional la norma legal que sostenía lo contrario.
“En todos estos años –sostuvieron– hemos denunciado las continuas demoras en el procesamiento de las causas judiciales, en los trabajos de búsqueda, en el esclarecimiento de robos, como en los archivos del Giaf, y de amenazas, como las del Comando Barneix, que abarcan a personalidades que trabajan por los derechos humanos y hasta a integrantes del Poder Judicial, llegando al propio fiscal de Corte”.
Subrayando las consecuencias de la mentira oficial del general Manini Ríos, los referentes de Familiares señalaron “al sistema político todo” como “responsable ayer y hoy de la impunidad; al gobierno y a la oposición, ya que ésta debe ser una lucha sin bandera partidaria”.