Sobre los crímenes de Lesa Humanidad

La prueba del tres

Con Ricardo Perciballe, nuevo fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad.

Samuel Blixen

La designación de Ricardo Perciballe como fiscal especial para delitos de lesa humanidad revelará finalmente si la creación de esta nueva fiscalía es expresión de la voluntad efectiva del Estado de avanzar en la investigación de los delitos cometidos durante la dictadura.

Hasta ahora el saldo ha sido deprimente: las herramientas impulsadas desde el gobierno han fracasado ostensiblemente, un fracaso que huele a deliberado. La decisión de desarchivar los expedientes judiciales sobre los crímenes de la dictadura fue la acción más efectiva del Poder Ejecutivo desde 2005, pero esa medida lanzaba la responsabilidad sobre un Poder Judicial que en el mejor de los casos no podía, y en el peor no quería, enfrentar la voluntad de los militares de esconder sus trapos sucios. El Poder Ejecutivo no tomó ninguna iniciativa para actuar en el marco de sus posibilidades, facilitando la ubicación de documentos o encomendando a los ministerios respectivos un involucramiento efectivo.

El penúltimo ensayo fue la creación del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, cuyos resultados son extremadamente magros, por las limitaciones e inconvenientes que debió enfrentar. Y el último fue la creación, por ley, de una fiscalía especial para atender los delitos de lesa humanidad cometidos entre 1968 y 1985, votada en octubre de 2017. Esa fiscalía, ofrecida al magistrado Ricardo Perciballe, quizás pueda revertir, ahora, lo que no se hizo en 32 años.

Todavía están frescos en la memoria los desplantes del ministro de Defensa Eleuterio Fernández Huidobro que debió soportar la jueza Mariana Mota (sin que el Poder Ejecutivo se diera por enterado) y la manera en que la Suprema Corte de Justicia cortó el nudo gordiano y resolvió el problema de una magistrada que incomodaba con su determinación de mandar a los responsables a la cárcel, es decir, sacándola del área de la justicia penal. Algo parecido sufrió el fiscal Perciballe cuando, desde la fiscalía para delitos del crimen organizado, pretendía investigar la responsabilidad de un alto jerarca del Ejecutivo en derivaciones legales del complejo caso de las maniobras financieras del grupo Peirano. Perciballe fue trasladado de la fiscalía por quien fuera el juez con el que actuaba, Jorge Díaz, ni bien este último fue designado fiscal de Corte en 2012, y en momentos en que aquel se disponía a citar al abogado Gonzalo Fernández, ex prosecretario de la Presidencia, en un caso en el que se investigaba un caso de conjunción del interés público con el privado.

Seis años después, el fiscal Díaz convocó a Perciballe para ofrecerle la titularidad de la novísima fiscalía para delitos de lesa humanidad. “Yo no pedí el puesto –afirmó el doctor Perciballe en una entrevista con Brecha–. Las discrepancias con el fiscal de Corte se mantienen, más que nada en temas puntuales de la conducción de la fiscalía; yo he presentado numerosos recursos, algunos de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia, por mi traslado, pero eso es una cosa y otra lo funcional.”

De hecho, Perciballe aspiraba a retornar al ámbito de la investigación del crimen organizado, cuando el nuevo código ofrece otras alternativas. Pero Díaz le ofreció el campo judicial de los derechos humanos y él aceptó. ¿Por qué el fiscal de Corte pensó precisamente en él para cubrir el nuevo cargo? “El fiscal de Corte entendió que yo era la persona que podía aportar en este tipo de delitos. Creo que pensó en mí por mis años como fiscal, porque actué en casos referidos a los derechos humanos y porque tuve una especial experiencia en investigación de delitos económicos. Esa habilidad puede haber sido lo que valoró el fiscal de Corte para designarme.” Perciballe estima que de una forma u otra el crimen organizado y el terrorismo de Estado se emparentan, “porque hay muchas similitudes entre sí”.

ANTECEDENTES. Son conocidas las opiniones del fiscal Díaz sobre las dificultades que surgen en el ámbito de la justicia en materia de delitos cometidos por el terrorismo de Estado. Díaz discrepa con la reciente resolución de la Suprema Corte, que se inclina por aceptar el criterio de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, como reclaman insistentemente todos los abogados defensores de los militares acusados de haber cometido dichos delitos. En ese sentido coinciden Díaz y Perciballe, quien ha publicado varios trabajos jurídicos, “que cuestionan algunas tendencias que hoy están en boga”, entre ellas la prescriptibilidad.

Sin embargo tales coincidencias no aportan una explicación total a la elección de Perciballe para ocupar el nuevo cargo. Es lícito pensar que se trata de una decisión política dictada por diferentes factores, entre ellos las diferencias que enfrentan al Poder Ejecutivo con el Poder Judicial. Con una experiencia de 26 años en fiscalías, Perciballe se propone asumir esta propuesta “con la mayor de las responsabilidades”.

Sean cuales fueren las razones que hoy, con notorio retraso, llevan a instalar una fiscalía para investigar el terrorismo de Estado, Perciballe quiere creer que es una medida auténtica para avanzar en la investigación, y estima que “puede ser una buena señal que se designe a alguien que tiene cierta experiencia en el tema”. Perciballe se refirió a su participación como fiscal penal en la acción judicial contra el llamado Escuadrón de la Muerte, a partir de la ubicación, en julio de 2008, del fotógrafo policial y agente de la Cía Nelson Bardesio, a quien los militares sacaron del país en 1972 para evitar que fuera investigado por su participación en la desaparición y asesinato de jóvenes militantes. La investigación de Brecha, que ubicó a Bardesio en su vivienda de la localidad de Ituzaingó, a 20 quilómetros de Buenos Aires, y logró sus primeras fotos en 36 años de fuga, facilitó la acción judicial. El entonces fiscal Perciballe solicitó a la jueza penal Graciela Eustaquio el procesamiento de Bardesio (después de su extradición en 2009) y del policía retirado Pedro Fleitas. Perciballe solicitó también la captura internacional de Miguel Sofía, otro miembro conspicuo del Escuadrón de la Muerte, pero hasta ahora nadie ha hecho el esfuerzo de capturarlo en Estados Unidos, donde reside.

Un nuevo impulso para la captura de Sofía puede ser una de las primeras acciones que emprenda el fiscal especial, a partir de su designación, que se estima inminente. El expediente del Escuadrón de la Muerte es uno de los tantos que permanecen abiertos. “No tengo ninguna limitación, sino que tengo una amplia posibilidad de trabajo y una responsabilidad funcional que me obliga a investigar todos los delitos”, aseguró Perciballe, al referirse al universo de trabajo que le espera. “Existe una mayoría de causas, mas de 200, que están en la etapa presumarial. Un grupo, muy pequeño, está en etapa de proceso –gente procesada pero que no está condenada–; y un grupo algo mayor, de personas que ya están condenadas. Hay que seguir lo que es toda la etapa de ejecución del proceso. El trabajo mayor va a estar dado en la investigación, en los presumarios.”

De los casos abiertos, quizás el primero que demandará la atención de la fiscalía es el referido a las denuncias de ex presas políticas sometidas a sistemáticas violaciones, en el cual están acusados más de un centenar de oficiales y personal subalterno. La fiscalía especial para los delitos de lesa humanidad tiene alcance nacional y la causa sobre violaciones a detenidas condensa episodios ocurridos en todo el territorio y en diferentes años.

El fiscal explicó el método de trabajo que piensa aplicar: “Mi intención es cruzar datos, obtener información que exista en los organismos del Estado y recabar el testimonio de víctimas y eventuales testigos”. Para ello cuenta con un equipo que, además de él como titular, incorpora a un fiscal adjunto y un fiscal adscripto. “La doctora Silvana Irureta ya está designada como fiscal adjunta; además de su capacidad, tiene un compromiso especial con estos temas.” De todas formas, ante un panorama de 200 causas abiertas, tres personas estarían sometidas a un trabajo extenuante: “Estas causas se manejan con el código viejo. Lo primero es leer el expediente y ver qué es lo que hay ahí. Después pensar estrategias de acción para obtener información a través de documentos, y citar testigos”.

Perciballe asegura que en el equipo hay voluntad de sistematización, y en una conversación con el fiscal de Corte éste le ofreció la posibilidad de contratar colaboradores y peritos. “Habrá que ver. Una vez que esté en funciones evaluaré qué necesidades tendré. La idea es cruzar datos, cruzar información y obtener los datos que tengan los organismos del Estado”.

Sobre ese aspecto fue enfático: “La colaboración por parte de los organismos del Estado es vital. En estos delitos en especial, es mayor la necesidad de esa colaboración”.

Esa será la prueba del tres para la nueva fiscalía.

 

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