Trabajo por delante
Con Mariana Mota, presidenta de la Institución de Derechos Humanos.
Daiana García
Comenzar a tener presencia en el Interior y en las zonas más vulnerables de Montevideo es una de las apuestas de este consejo directivo. Entre las prioridades aparece la preocupación por el uso irresponsable de agroquímicos, un área donde el Estado da “respuestas demasiado lentas” en relación a la “gravedad” de la situación. Con qué herramientas legales afrontará la Institución esta y otras problemáticas, cómo se prepara para afrontar una nueva ola migratoria, la decisión de Familiares de abandonar el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y el comunicado sobre las pintadas en la iglesia del Cordón son algunos de los temas que siguen en esta entrevista.
—¿La Institución de Derechos Humanos (Inddhh) ha logrado consolidar su imagen frente a la población y los organismos del Estado?
—Todavía no. No llega al Interior. Eso se ve en las visitas y obviamente es responsabilidad de la Institución, un organismo nacional que no ha sabido darse a conocer. Hay falta de conocimiento y, por ende, de desarrollo de competencia en una parte del territorio. No solamente en el interior profundo sino también en algunas partes de la capital donde hay situaciones muy vulnerables. La mayoría de las denuncias provienen de Montevideo y los departamentos más cercanos.
—¿Esto está vinculado a la falta de recursos?
—La Institución pasó a tener recursos de forma más definitiva a partir de fines de 2016, cambió de sede, de autoridades. Para hacer un trabajo fuerte todavía no tenemos la cantidad de recursos humanos necesaria. Somos 40 técnicos, algunos funcionarios. Para poder abarcar todo el territorio probablemente nos falte gente, pero, con dificultades, ahora podemos largarnos a trabajar ese aspecto, de hecho lo estamos haciendo. Eso nos abre la posibilidad de conocer el panorama de un territorio diverso, con necesidades diversas, de ver cómo la Institución puede cumplir su finalidad y articula con otros organismos del Estado para poder hacerlo.
—¿Hay una estrategia concreta?
—Hicimos para este año un plan de trabajo en descentralización donde priorizamos las zonas más vulnerables: Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres y Rocha, y en Montevideo los municipios más complicados. Para poder abordar eso, buscamos todos los aliados con los cuales queremos trabajar: organismos del Estado, autoridades locales, departamentales, organizaciones, redes. La idea es desarrollar algunas actividades más regionales, recepcionar denuncias y detectar cuáles son las actividades que necesitan más nuestra presencia, quizás visibilizar alguna vulneración. Nos interesan también las alianzas con la Universidad, con la cual tenemos convenio.
—Mencionabas también la consolidación frente al propio Estado. ¿Continúa habiendo resistencia de parte de sus organismos?
—Al Estado en general no le gusta que le señales los errores o le digas que está haciendo mal las cosas o fallando. Hay una natural resistencia. Cuando se hacen observaciones y el organismo las acepta y corrige decís: ¡buenazo! Porque la idea es esa, no señalarte con el dedo. Este mecanismo es nuevo en Uruguay. Ahora hay que consolidar una línea de trabajo que pueda servir como una referencia para el propio Estado en políticas públicas, pretendemos ser un punto de referencia en derechos humanos.
—Una limitante de estos organismos en el mundo es que sus resoluciones no son vinculantes. En el caso uruguayo, la Institución puede interponer ante el Poder Judicial recursos de amparo o solicitar medidas cautelares, que si bien tampoco son vinculantes tienen otro peso. ¿La Inddhh comenzará a hacer uso de estas facultades?
—Exacto, la ley habilita que podamos pedir medidas cautelares y utilizar el hábeas corpus. Son recursos que no se priorizaban. La Institución trató primero de consolidarse, y yo lo comprendo, pero ahora tiene que salir a la sociedad, tiene que decir y enfrentarse, contestar o ponerse firme.
—¿Entonces el plan a corto plazo es que estas herramientas comiencen a utilizarse?
—Sí, claro. Cuando hacés un informe, una resolución o una denuncia, al final termina diciendo que la Institución hará monitoreo, vigilará o hará seguimiento. ¿Qué es el seguimiento? ¿Cómo lo hacés? ¿Por cuánto tiempo? En los informes dice “recomendamos al Estado que haga tal cosa”, ¿y si no lo hace, qué pasa? Yo creo que hay que ser más insistente, demandante y exigente. No sólo publicar sino seguir insistiendo, pedir audiencia, reclamar, convocar gente, hacerlo público y que no sea cuestión sólo de las víctimas. Es esa la idea detrás de un informe cuando un derecho está siendo mal protegido; que no le quede solamente a la persona vulnerada sino también al resto de la población. Las medidas cautelares y los hábeas corpus son herramientas fuertes que se pueden usar, hasta ahora no se han usado, pero si es necesario, se van a usar.
—Otra de las facultades que tiene la Inddhh son las inspecciones sin previo aviso. ¿Cómo se utilizan?
—La usa sobre todo el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (Mnp) porque tiene ese cometido específico de ir a los lugares de encierro. Al Mnp le ha dado muy buenos resultados, siempre es bien diferente ir a un lugar por sorpresa, hay cosas que no se maquillan, es una herramienta poderosa.
—En su trabajo cotidiano, ¿en qué derechos encuentra vulneraciones con mayor frecuencia?
—Vengo de una reunión por descentralización y vemos que hay una agenda de derechos que está siendo cada vez más presencial: agroquímicos y su afectación en salud y medioambiente, los trabajadores y la protección de sus derechos, los femicidios, los enfrentamientos entre bandas y lo que está pasando en Casavalle. Son temas importantes que estamos viendo cómo abordarlos. A la Institución le importa el tema de la memoria. En la ley de sitios de memoria, que tiene media sanción, la Inddhh tiene un papel importante para cumplir. Nos importa también el tema de la discapacidad; la Convención de Personas con Discapacidad reclama un monitoreo y es posible que lo termine haciendo la Institución. Los desafíos tienen que ver con esas áreas.
—Cada vez llegan más olas migratorias a Uruguay. ¿Cómo se para la Inddhh ante esta nueva situación?
—No hace tanto vinieron unos nigerianos e intervino la Institución articulando, viendo dónde podían estar en lo inmediato y se dio una coordinación de los organismos del Estado en la protección de sus derechos. Es un fenómeno que está recibiendo Uruguay en forma mucho más fuerte que antes y si bien el país ofrece una protección de derechos en seguridad social y laboral, incluso en fuentes de trabajo, cuando pasan a ser unas oleadas importantes preocupa el cómo sostener y cómo ayudar. Ha habido conversaciones con el Ministerio de Trabajo para poder generar espacios de formación a funcionarios que estén trabajando con migrantes, cómo abordar esas características, esa situación de desarraigo y las necesidades específicas. Es una corriente muy diversa, en la medida en que los motivos de las migraciones son diferentes, unos económicos, otros más políticos. Hay un grupo dentro de la Institución que trabaja con migrantes y en la medida que hay mayores intervenciones se van generando fortalezas.
—Las olas migratorias pueden estar asociadas a la trata de personas. ¿Eso se está trabajando?
—Ese fenómeno se da un poco más fuerte en el norte (adonde vamos a trabajar) que acá en Montevideo, aunque no quiere decir que acá no haya. Hasta ahora no hemos recibido denuncias de ese tipo y justamente la idea es poder ofrecer un conocimiento a los migrantes de las herramientas que tienen para poder acudir a su defensa. La Institución es una de ellas, pero perfectamente otros organismos del Estado también lo pueden hacer.
—Mencionabas como una de las prioridades el uso de agroquímicos. ¿Cuáles son las mayores dificultades para enfrentar el problema?
—Hay grupos de referencia, personas que están más especializadas y han estudiado más el tema. Ahora hay denuncias por la situación de las arroceras en Treinta y Tres y hay una dificultad en cuanto a obtener respuestas más rápidas por parte de los organismos en relación a la gravedad del tema. Está siendo demasiado lenta ante una gravedad para el individuo en sí, para la población en general y para el medio ambiente.
—¿Con qué herramientas cuenta la Institución para actuar en estos casos más allá del informe de situación?
—Tenemos la posibilidad de actuar de oficio, sin esperar que el trabajador venga y denuncie. Así podemos visualizar qué sucede y si los organismos lo están trabajando con la premura del caso.
—¿No se trata de casos en los que podría aplicarse el recurso de amparo o solicitar medidas cautelares?
—El recurso de amparo en otros países se utiliza mucho más porque no tiene tantos requisitos como acá. En Uruguay es una figura residual de los recursos jurídicos, actúa cuando no ha habido posibilidades de que el reclamo vaya por otro lado o por ciertas situaciones de vulneración inminente. Se puede utilizar, sí, podríamos hacerlo de forma más habitual. Pero sería frente a un sistema judicial que no está acostumbrado a recibirlo y que lo usa sólo como último recurso.
—En otro orden, ha manifestado que le interesa trabajar desde la Institución en los derechos vulnerados en dictadura que no estén vinculados necesariamente a las desapariciones, por ejemplo, en las destituciones.
—Uruguay priorizó a la salida de la dictadura la búsqueda de los desaparecidos, el secuestro de los niños, muertes en prisión, pero muy posteriormente, la primera denuncia de torturas. Se priorizaron los crímenes más graves frente a otras vulneraciones. Lo interesante de analizarlas es que te muestra el mapa de lo que fue la dictadura, no fue un tema de personas que se alzaron en armas o se resistieron, o que las personas terminaron presas porque tenían una actividad política militante, sino que fue general. Esa generalización del control en toda la sociedad, las calificaciones de los funcionarios públicos en a, b y c, las destituciones, la persecución política, la censura, el control de los espectáculos culturales, de las reuniones, una vida de cárcel que tuvo todo el Uruguay, una gran cárcel, que no se visualiza. El relato y la historia terminan siendo de algunos que son víctimas y el resto de la sociedad sigue transcurriendo normalmente, y eso es una falacia. Los que nos criamos en dictadura tuvimos una educación limitada, cosas que no nos enseñaban porque estaban prohibidas, el ejercicio del derecho de disentir y de dar la opinión contraria era imposible. Crecimos con esa limitación, no lo hacés consciente, pero es real. Los jóvenes de hoy pueden pensar y discrepar, eso es absolutamente saludable, pero hay toda una generación que no lo pudo hacer, que sigue estando en el Uruguay y no integra los grupos de presos políticos o de familiares, es una sociedad que está dispersa y como invisible en ese relato oficial.
—¿Y esto se podría hacer desde un enfoque únicamente judicial? ¿Cómo se podría abordar desde la Institución?
—Del lado judicial, mediante la búsqueda de la responsabilidad estatal, en ese terrorismo de Estado hacia personas que fueron perseguidas, destituidas y que nunca más pudieron desarrollar el trabajo para el cual se formaron o que se exiliaron generando familias divididas eternamente. Desde la Institución se podría abordar mediante el tema de la memoria, lo que son los sitios de memoria, no solamente los centros clandestinos de detención o de graves vulneraciones. Por ejemplo, el Servicio de Inteligencia de Defensa, lugar donde ahora está la Institución, era un organismo coordinador de represión, no sólo trajo de forma clandestina a uruguayos que estuvieron detenidos y secuestrados sino que también definió las destituciones. Contar realmente cómo se desarrolló la represión en Uruguay a través de los sitios de memoria es una parte de eso y en eso la Institución está trabajando.
—¿Cuál es su opinión personal sobre el retiro de Familiares del Grupo de Trabajo Verdad y Justicia?
—Esta falta de avance del Poder Judicial y la falta de respuestas del Estado en general que no ha desarrollado un rol de colaboración en la investigación y en el esclarecimiento de la situación de los detenidos desaparecidos explica la participación de Familiares. Es bien difícil para las víctimas haber tenido que desarrollar esa tarea de ser víctimas por un lado (un rol que obviamente no eligieron y del cual no se van a poder desprender nunca porque más allá de que algún día se pueda saber dónde están los restos de sus parientes van a seguir siendo víctimas), pero por otro tener que hacer denuncias, que buscar pruebas, que reclamar a los organismos. Su rol debería haber sido pura y exclusivamente de demanda de justicia y de actuación estatal y que el Estado fuera el ejecutor, porque es el responsable. Pero ante la inactividad que se vivió desde la recuperación democrática hasta hoy, las víctimas y los familiares han tenido que llevar adelante ese rol, que es muy difícil porque es en cierta manera hacer lo que el Estado no hizo. Ahora están exigiendo desde su lugar de víctimas al Estado.
Las pintadas en la iglesia y el pronunciamiento de la Inddhh
“No fue del todo feliz”
—Hubo quienes interpretaron que el comunicado de la Institución en el que se expresaba preocupación por las bombas de pintura arrojadas a la iglesia del Cordón el 8 de marzo podría afectar el derecho a la protesta. ¿Se hizo una evaluación posterior al pronunciamiento?
—No fue un comunicado por unanimidad, fue dividido. La Institución tiene un colegiado de cinco personas que provenimos de diferentes ámbitos y tenemos diversas visiones. Hay que ponerse de acuerdo o se va a votación. Hubo quienes no estaban de acuerdo y salió un comunicado más o menos consensuado, en el sentido de que no había uniformidad en la visión. Esta marcha se caracteriza por nuclear distintas formas de ver la lucha por la igualdad de derechos. Había diversas maneras de vivir los derechos y los reclamos. Las manchas en la iglesia no respondían a toda esa marcha, sino a algunos grupos que lo vivieron de esa manera, que puedo darle una explicación, lo puedo entender por esa historia que ha tenido la Iglesia Católica (que ha tenido y tiene), la persecución, la quema de brujas y todas esas cosas tremendas. Pero en mi rol desde la Institución debo estar más allá. Quizás el comunicado se interpretó de otra manera. También habíamos sacado un informe de apoyo y reivindicación a los derechos de las mujeres, es obvio que estamos a favor de la igualdad de derechos, eso no queda en discusión. La idea que se buscó trasmitir era: podemos discrepar, pero sigamos respetándonos porque eso es lo que nos da un ambiente para poder convivir con las diferentes ideas y seguir discutiendo.
—Pero en otras marchas, por ejemplo, las del 14 de agosto, Día de los Mártires Estudiantiles, también se suele hacer pintadas.
—Esa mirada estuvo dentro del consejo, de cuestionarnos si vamos a salir por todos los grafitis y todas las pintadas que son censurables, y es cierto que no deberíamos salir por todo. Aunque también se condenó cuando se hicieron las pintadas en el monumento del Holocausto. Ahora hago ese razonamiento y sí es cierto que quizás no fue del todo feliz el comunicado, me hago cargo en ese análisis posterior. Pero la intención era invitar a que discutamos en el plano civilizado, no tenía una relación específica con la iglesia. Reconozco que fue ingenuo de mi parte, hablo de mi voto y de mi intención. Pero también te digo que había una idea de hacer un comunicado más fuerte, con el que yo no estuve de acuerdo.
La Inddhh y la ley de medios
El relator pendiente
—Uno de los aspectos pendientes de la denominada ley de medios es la designación, por parte de la Institución, de un relator especial de los Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Se ha podido avanzar en eso?
—Lo que ocurre es que la figura se creó por la ley de servicios de comunicación audiovisual y la ley que creó a la Institución no prevé esa figura. El consejo anterior presentó un proyecto modificativo de la 18.446, que es nuestro marco jurídico, para analizar cómo se inserta esa figura, cómo se designa, si es independiente del consejo o no. Está bárbaro que se considere que la Inddhh tenga un papel protagónico, pero tenemos que tener el marco jurídico para poder desarrollar las funciones. No obstante contamos con un técnico profesional que trabaja en el tema de la defensoría de la ley. Se han sacado informes, incluso de oficio, en situaciones que nos ha parecido que nos teníamos que pronunciar porque había vulneración de derechos o desprotección. Y se armó hace poco un grupo de referencia con gente abocada específicamente a esto.