Investigadora de espionaje

  Bajo las órdenes de quién

Los próximos pasos de la investigadora sobre espionaje militar

Samuel BLIXEN

Al comenzar abril, la comisión parlamentaria que investiga el espionaje militar en democracia empezará a analizar la responsabilidad de gobernantes y altos funcionarios en una práctica que prolongó el criterio de la dictadura de fichar ideológicamente a toda la ciudadanía.

El expediente estaba en Presidencia. Junto con el currículum de la fiscal civil Mirtha Guianze, aparecía una carpeta de la Dirección General de Información de Defensa (DGID) con todos los partes elaborados por la inteligencia militar sobre su persona y sus familiares. El presidente Julio María Sanguinetti se oponía a que Guianze fuera nombrada fiscal penal. Cuando el fiscal de Corte, Rafael Robatto Calcagno, se disponía a dar trámite a la designación, en función de las nuevas fiscalías penales creadas, desde Presidencia se solicitó el expediente. Era febrero de 1996. Robatto quiso saber el motivo. Por sus antecedentes no era conveniente que accediera al cargo, le dijeron. Y como explicó después a la propia Guianze, Presidencia había solicitado los archivos de inteligencia.

El fiscal, sin embargo, se rehusó a retirar el pedido de nombramiento y transcurrió todo un año sin definición. A mediados de 1997, Óscar Peri Valdez asumió como fiscal de Corte y resolvió tramitar la designación. Guianze asumió como fiscal penal en octubre de 1997 y desde entonces su actuación fue ampliamente conocida: el presidente Sanguinetti, que en 1986 impulsó la sanción de la ley de caducidad, era coherente con su política de impunidad al trancar su nombramiento. “Es clarísimo que en época del presidente Sanguinetti los servicios de inteligencia del Ejército me estaban vetando –explicó Guianze a la prensa en diciembre pasado–. En otras palabras, en el año 96 mis antecedentes me impedían ser fiscal penal, porque consideraron que era riesgoso. Supongo que ese peligro era con respecto a los juicios que tenían que ver con la dictadura.”

¿Qué decían los informes de la inteligencia militar sobre Guianze? ¿A qué clase de espionaje había sido sometida? Hasta ahora, en los rollos microfilmados del llamado “archivo Berrutti” no se han descubierto documentos sobre Guianze; sí se sabe que en el llamado “archivo Castiglioni” –una colección de documentos que el antiguo coronel de inteligencia guardaba en su casa y que fueron incautados por la justicia poco después de su muerte en octubre de 2015– hay referencias a la antigua fiscal y presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Pero se desconoce el contenido de dichos informes porque las 60 cajas incautadas en el domicilio de Castiglioni siguen bajo secreto presumarial y el expediente está “congelado”.

A raíz de las declaraciones de Guianze en diciembre, la comisión investigadora de Diputados sobre el espionaje militar en democracia resolvió invitar a la ex fiscal a la sesión prevista para el lunes 2 de abril, para que comparta con los diputados los elementos de sospecha sobre el espionaje a que fue sometida. Hasta ahora, la comisión no ha logrado que el juzgado penal que entiende en el caso del archivo Castiglioni permita que sus miembros puedan acceder al contenido en lo que se refiere al espionaje de los organismos de inteligencia. Dos peritos, Isabel Wschebor y Álvaro Rico, elaboraron sendos informes a modo de índice de lo que había escondido Castiglioni en su casa, pero el contenido específico permanece desde hace dos años bajo candado, sin que hasta ahora se haya registrado alguna acción judicial relevante.

POR ACCIÓN U OMISIÓN. Habrá, sin embargo, una posibilidad de acceder a la información que sobre Guianze efectuó la inteligencia militar cuando el ex presidente Sanguinetti sea convocado a la comisión, tal como es intención de algunos de sus integrantes. Los diputados de la comisión pretenden dialogar con todos los presidentes electos desde la restauración democrática porque, de hecho, como jefes de gobierno y comandantes supremos de las Fuerzas Armadas, son responsables por las acciones ilegales cometidas por los organismos de inteligencia, militares y policiales, tal como surge de algunos de los documentos del archivo Berrutti. También son responsables los comandantes en jefe de cada una de las armas y los ministros de Defensa. Pero quienes ya han comparecido en la comisión, sean civiles o militares, han manifestado un total desconocimiento de las vigilancias, seguimientos e infiltraciones de partidos políticos, sindicatos y organizaciones sociales. Y, particularmente, todos los oficiales del Ejército convocados prefirieron, directamente, no concurrir, en lo que parece ser una actitud corporativa.

En lo que respecta a Sanguinetti, ya se conoce su postura sobre el espionaje militar durante sus dos mandatos presidenciales: aclaró a la prensa que desconocía dichas prácticas y que nunca había dado una orden en ese sentido. Pero si la versión del ex fiscal de Corte Robatto es cierta, entonces Sanguinetti habría tenido sobre su escritorio confirmaciones escritas de los métodos aplicados por la inteligencia militar.

No se trata de confirmar que la fiscal Guianze fue objeto de vigilancia; lo que se pretende es saber qué elementos manejaban los oficiales de inteligencia como para presionar a efectos de evitar su designación. Porque parece un misterio establecer las razones por las que los antecedentes de Guianze aconsejaban no designarla como fiscal penal. ¿Acaso había asaltado un banco? ¿Había copado un supermercado? ¿Le había robado la bicicleta a un niño? El episodio confirma que Sanguinetti tenía pruebas de que las Fuerzas Armadas seguían elaborando fichas de ciudadanos con criterios ideológicos típicos de la dictadura militar y, en general, de la Guerra Fría.

A diferencia de la Policía, que hasta cierto grado está habilitada para elaborar prontuarios de personas que han cometido delitos, las Fuerzas Armadas no tienen ninguna atribución para elaborar ficheros de civiles con criterios ideológicos. El archivo Berrutti está plagado de documentos sobre soldados vigilados porque concurrieron a un acto del Frente Amplio, o de nurses y médicos cuya contratación para el Hospital Militar es rechazada porque ellos, o sus familiares, firmaron para el referéndum contra la ley de caducidad, o los prolijos informes sobre los contactos de diputados frenteamplistas en sus visitas a departamentos del Interior, incluidas las matrículas de los autos estacionados en las casas visitadas.

Las revelaciones sobre el proceso de designación de la fiscal penal Guianze indican que Presidencia solicitaba información militar sobre civiles, lo que explica, además, para el uso de quién se recolectaba toda la información de carácter político (pero también personal e íntimo) que elaboraba el ejército de informantes y espías a sueldo de la inteligencia.

Por acción u omisión, los responsables de la elaboración de informes sobre civiles en 1996, cuando la inteligencia militar intentó frenar la designación de Guianze, son, además de Sanguinetti, el entonces ministro de Defensa, el blanco Raúl Iturria, el entonces comandante del Ejército, teniente general Raúl Mermot, el entonces director de la DGID, brigadier José E Mayo, y el entonces jefe del Departamento III (Operaciones), teniente coronel Mario Cardozo.

 

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