Una punta
Nuevos elementos en la causa de
Elena Quinteros.
Sofía Kortysz
Un pedido de acceso a la información realizado por el Observatorio Luz Ibarburu al Ministerio de Defensa permitió que se conociera en qué expediente militar fue adjudicada la vivienda que habitaba la militante desaparecida Elena Quinteros a la División de Ejército I. Esta semana, Brecha pudo confirmar que la documentación, que puede resultar clave para la causa penal, fue localizada en el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar. El apartamento sigue siendo usufructuado por los militares hasta el día de hoy. Ahora lo ocupan la viuda y los hijos de un oficial caído en Haití.
“El inmueble sito en la calle Ramón Massini 3044 apto 103 fue confiscado por sentencia definitiva de primera instancia número 123/77 de fecha 7 de diciembre de 1977, confirmada en segunda instancia por sentencia número 99 de fecha de agosto de 1979, en los autos caratulados ‘Alma Verónica Rodríguez Vignart’ causa de este juzgado número 38/76.” La cita aparece en un oficio de la justicia militar fechado en enero de 2018, como parte de la respuesta a un pedido de acceso a la información pública realizado por el coordinador del Observatorio Luz Ibarburu (Oli), Raúl Olivera, en diciembre del año pasado al Ministerio de Defensa Nacional (Mdn).
El apartamento ubicado en Ma-ssini y Libertad es el último lugar donde vivió la maestra Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo (Pvp), desaparecida desde que fuera arrancada de la embajada de Venezuela dos días después de su detención en junio de 1976. Una investigación de Brecha1 reveló en 2016 que el inmueble de Pocitos viene siendo ocupado por oficiales y sus familias, en una modalidad denominada “vivienda de servicio”, de la que poco se conoce, y que es administrado por la División de Ejército I hasta la actualidad. En aquel entonces, estaba habitado desde hacía cuatro meses por un oficial, su esposa y su pequeña hija.
Lo desconocido hasta este momento era en qué expediente militar se encontraba la adjudicación del inmueble. Ahora se sabe que estuvo vinculado a la causa caratulada por el Supremo Tribunal Militar como “Alma Verónica Rodríguez Vignart”. Esa es la primera novedad de la respuesta del Mdn a la solicitud de información. Alma Rodríguez, ex presa política ya fallecida, vivió durante su embarazo en el apartamento de Massini. Durante ese período Elena visitaba la casa como supuesta acompañante de Alma, y una vez que ella dio a luz, se fue y Elena se instaló allí.
“Obtener una respuesta del Mdn tenía como primer objetivo sacar una vez más esta causa del pozo de la desidia al que históricamente ha estado condenada, ya sea por el sistema judicial o por el resto de las instituciones estatales”, dijo Olivera, también autor del libro Secuestro en la embajada, sobre el caso Quinteros. Olivera destacó que el ministerio cumplió “en tiempo y forma” con lo solicitado, pero lamentó que una información que se desconocía desde hacía más de 30 años fuera ubicada en menos de 30 días, “cosa que mientras estaba Fernández Huidobro no pasaba”, afirmó.
Para el equipo del Oli, conocer en qué situación fue incautada la casa y tener acceso al expediente de Alma Rodríguez podría aportar otros datos relevantes para la causa que investiga la desaparición de Elena. Entre otras cosas, podría probar que fue detenida en ese inmueble, dato que surge de la investigación realizada por Olivera, pero que hasta ahora no ha sido probado por la justicia. También hay expectativas de que en dicho expediente se mencione a Elena por su nombre, elemento que no aparece en ningún registro. De hecho, en el memorando secreto sobre “la conducta a seguir frente al caso Venezuela desde el punto de vista de las relaciones internacionales”, que el entonces canciller Juan Carlos Blanco ordenó que se elaborara para el director de Asuntos de Política Exterior, Álvaro Álvarez, el vicecanciller Guido Michelín Salomón y el embajador uruguayo en Venezuela, Julio César Lupinacci, se refieren a Elena como “la mujer”. “En algún expediente aparecerá ‘la Parda’ o ‘Amestoy’, el alias con el que actuaba Elena en la campaña de aparición del Pvp en 1976”, sostiene Olivera.
La información entregada al Oli señala que el expediente caratulado “Alma Rodríguez” fue remitido en 1986 por la justicia militar a la Suprema Corte de Justicia (Scj), en cumplimiento de la ley de amnistía. En febrero de 2016, el responsable de comunicación de la Scj, Raúl Oxandabarat, informó a este semanario que la documentación no había podido ser encontrada en la sede: “Los legajos no están”, afirmó. Esta semana, Brecha pudo confirmar que estos fueron localizado en el Archivo Judicial de Expedientes Provenientes de la Justicia Militar (Ajprojumi), entre otros 3 mil expedientes. El Oli enviará un escrito al Juzgado de Vigésimo Segundo Turno, que entiende en la causa Quinteros, solicitando que se obtenga este expediente y se cite a tres personas a dar testimonio, entre las que se encuentra un integrante del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).
LOS MISMOS DE SIEMPRE. De acuerdo con la ley de amnistía, el Ejército tenía 120 días a partir de su promulgación para devolver los bienes incautados a las personas amnistiadas. El ministro Jorge Menéndez consultó sobre esto al comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. En su nombre, respondió el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Marcelo Montaner, en un oficio fechado en enero pasado –e incluido en la respuesta al pedido de acceso a la información–, que ni el titular del inmueble de la calle Massini, el argentino Ricardo Alberto Antonolli, “ni sus eventuales causahabientes, se presentaron a reclamar la entrega del bien”. ¿Puede quien no existe reclamar algo? Pues Antonolli era la identidad ficticia del uruguayo José Félix Díaz, esposo de Elena Quinteros, quien efectivamente compró con un documento falso la casa en cuestión, que serviría como base de operaciones del Pvp. “Cuarenta años después las Fuerzas Armadas siguen mintiendo. Ya en 1976 sabían que Ricardo Antonolli no existía. Que nueve años después se esperara su reclamo es parte de la operación de borrar toda huella de la participación de la dictadura en la desaparición de Elena. No sólo había que desaparecer a Elena, también se debía hacer desaparecer toda mención a ella. Pero Elena siempre vuelve. Volverá una y otra vez hasta que se haga justicia”, expresó Olivera.
En la actualidad, de acuerdo con la información otorgada por el Ejército, la vivienda permanece ocupada por la viuda e hijos de un teniente coronel fallecido en servicio durante el terremoto de 2010 en Haití.
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Información del Ministerio de
Defensa puede permitir el
avance de la causa Elena
Quinteros
13 de Abril de 2018
El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) respondió al pedido de acceso a la información del Observatorio Luz Ibarburu con datos que pueden dar nuevo impulso a la causa que investiga la desaparición forzada de Elena Quinteros en junio de 1976.
A partir de la información recibida, el Observatorio pidió al Juzgado Penal de 22º Turno medidas para el esclarecimiento de las responsabilidades sobre el secuestro. Entre ellas, el OLI solicitó que se requiera a los Archivos Judiciales Provenientes de la Justicia Militar (AJPROJUMI) un expediente de la Justicia Militar sobre la detención y procesamiento de una compañera de militancia de Elena y se cite a dos personas que pueden dar información relevante sobre el contexto en que se produce el secuestro de Elena y el departamento donde vivía.
En fecto, en diciembre pasado el OLI reclamó acceder a la información existente en el MDN que adjudicó a la División del Ejército I el inmueble donde vivía Elena cuando la secuestraron. El decreto-ley 14.373 -luego derogado en democracia- preveía la incautación de los bienes de “organizaciones subversivas”.
Según información del actual Comandante en Jefe del Ejército la vivienda era propiedad del ciudadano argentino Ricardo Antonolli y en 1985,cuando, en cumplimiento de la ley 15.737 (la ley de amnistía), intentó reintegrársela, pero Antonolli no se presentó.Esa sería la razón que explica que el apartaemnto quedara en posesión del Estado. Más de cuarenta años después de los hechos, las FF AA siguen mintiendo pues ya en 1976 sabían que Ricardo Antonolli era la identidad falsa de un integrante del PVP y que por lo tanto nadie con ese nombre se presentaría a reclamar el inmueble. Citar a Antonolli formó parte de la operación para borrar las huellas de la responsabilidad de la dictadura en la desaparición de Elena. No solo había que hacer desaparecer a Elena sino también hacer desaparecer toda mención a ella.
El OLI publica en su totalidad la respuesta del Ministerio de Defensa. De allí surge el número de expediente del Juzgado Militar del 1er Turno en el que se dispuso la incautación, dato que se desconocía hasta el momento. El OLI tiene el convencimiento de que del mencionado expediente surgirá, una vez más, información sobre la forma en que la justicia militar buscaba ocultar sus conductas criminales y también elementos para avanzar en el esclarecimiento de los hechos y de la responsabilidad que a cuarenta y dos años del secuestro y la desaparición aún están pendientes.