Argentina: nuevo juicio a represores

  12 de agosto de 2018

Mañana comienza un nuevo juicio con diez acusados

La cuarta vuelta de la ESMA

El cuarto juicio del notorio centro de torturas toma los casos de torturas, asesinato y robos de bebés con 816 víctimas. Pocos acusados y una promesa de trámite rápido.

Por Ailín Bullentini

Mañana comienza el cuarto juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 800 personas en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. Los acusados son diez represores de la Marina, la Policía Federal y el Batallón 601 del Ejército, algunos identificados tras el análisis de los archivos secretos de la Armada que el Ministerio de Defensa encontró, revisó y estudió en 2011, y aportó al expediente. 

Este cuarto tramo es el más amplio en cuanto a cantidad de víctimas. Los represores del grupo de tareas 3.3.2 serán juzgados por secuestros, torturas, homicidios y robo de bebés en contra de 816 personas entre 1976 y 1979. La mitad de ellos goza del beneficio de la prisión domiciliaria. 

El nuevo debate comenzará a las 14 en los tribunales de Comodoro Py y estará a cargo del Tribunal Oral Federal número 5, el mismo que dirigió el último juicio por los hechos sucedidos en la ex Esma y que culminó con condenas a algunos de los responsables de los vuelos de la muerte. No obstante, solo dos de les jueces que dirigieron aquel proceso estarán al frente en esta ocasión, Daniel Obligado y Adriana Palliotti. Leopoldo Bruglia fue reemplazado por Gabriela López Iñíguez. Javier Ríos se desempeñará como cuarto juez. 

Ese tercer debate oral sobre los crímenes de la ex Esma duró cinco años y culminó en noviembre pasado. Que su extensión en el tiempo haya superado ampliamente lo planificado es la razón que obligó al tribunal a posponer en dos oportunidades el inicio del juicio de mañana. Entonces, los acusados eran más de 60. En esta ocasión, son solo una decena. 

Ocho de esos diez integraron la fuerza comandada por Emilio Massera: Carlos Castellví, Horacio Ferrari, Jorge Ocaranza, Néstor Tauro, Ramón Zanabria, Carlos Carrillo y José Iturri. Los tres primeros eran oficiales y los cuatro restantes cabos que transitaban la carrera militar durante los años de terror. La participación de varios pudo ser detectada tras el análisis de los archivos secretos de la Armada que el Ministerio de Defensa encontró y aportó a la causa en 2011. 

Allí radica, para la querella representada por el centro de Estudios Legales y Sociales, uno de los puntos sobresalientes del nuevo juicio. “Es importante porque una cosa es decir que las políticas públicas en materia de memoria, verdad y justicia son importantes y tienen que seguir y otra cosa es ver los avances que esas políticas públicas pueden provocar en un expediente judicial”, apuntó la abogada del organismo Luz Palmas Zaldúa. La vinculación de Tauro, Ocaranza, e Iturri con la patota de la ex Esma pudo reconstruirse gracias a un expediente en los archivos aportados por Defensa. “Esma es uno de los centros clandestinos que tiene mayor nivel de reconstrucción” en torno de su función en el terrorismo de Estado, remarcó Palmas Zaldúa, “y aún así falta información para conocer más, para determinar nuevas responsabilidades penales, reconstruir circuitos de represión. En este caso, esa información apareció gracias al trabajo de expertos destinados a esa tarea por una política pública”, agregó. 

Completan la nómina de acusados Claudio Vallejos, ex integrante del Batallón de Infantería de Marina N° 3, implicado en el secuestro del entonces embajador argentino en Venezuela Enrique Hidalgo Solá; el ex agente del Batallón 601 Miguel Conde y el ex agente de la Policía Federal Raúl Cabral. 

En la audiencia preliminar del viernes pasado, Obligado pronosticó un debate más reducido y auguró una sentencia antes de fin de año. En primer lugar porque se esperan los testimonios de solo 90 personas, ya que la inmensa mayoría de los testigos y los sobrevivientes ya declararon en el juicio pasado por lo cual sus testimonios serán incorporados vía audiovisual. Además, porque son solo diez acusados. No obstante, el cronograma de audiencias comenzará lento. Desde mañana y durante algunas semanas se llevará a cabo solo los lunes por la tarde. La promesa hacia las querellas fue la de incorporar las mañanas y, tal vez, algunos otros días de audiencia cuando culmine otro juicio oral en el que está participando Palliotti. “Esperamos que no haya ninguna habilitación a las defensas que tratan de demorar y interrumpir”, evaluaron desde el CELS.

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14 de agosto de 2018

Comenzó el juicio oral por crímenes cometidos en el centro clandestino la Brigada de San Justo

Veinte acusados por secuestros y torturas

Desde ayer, en La Plata, el Tribunal Oral Federal 1 juzga a Miguel Etchecolatz, Jaime Smart, Juan María Torino y a integrantes de la Policía Bonaerense y del Ejército por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 80 personas.

Por Ailín Bullentini

 

Los secuestros y las torturas de más de 80 personas que, durante la última dictadura, tuvieron como escenario el centro clandestino la Brigada de San Justo comenzaron a ser juzgados ayer en La Plata. Por esos crímenes de lesa humanidad, los jueces subrogantes que integran el Tribunal Oral Federal 1 de ese distrito juzgarán a unos 20 represores, entre los que figuran el ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz, varios integrantes de esa fuerza y del Ejército, así como al interventor del Ejecutivo provincial Jaime Smart y a quien fue su secretario de Gobierno, Juan María Torino. 

El juicio que empezó ayer rompió una racha de casi tres años de parate en La Plata en cuanto a debates orales y públicos por delitos de lesa humanidad que tuvieran como eje central el funcionamiento, las víctimas y los responsables de un centro clandestino. El último, del que resultaron condenados a penas de 25 años de cárcel integrantes de la Armada y de Prefectura como integrantes de la Fuerza de Tareas número 5, terminó en octubre de 2015, casi un mes antes de que Macri fuera elegido presidente.

Varios espectadores de la audiencia de ayer coincidieron en que “las cosas cambiaron” y que el ambiente de la primera audiencia del juicio sobre una nueva entrega de la megacausa que se conoce como “Circuito Camps” fue “raro”. 

Por la TV

Tras la investigación judicial por las violaciones a los derechos humanos cometidas en la Brigada de San Justo durante la última dictadura, la Fiscalía acusa a dos ex jefes militares Rodolfo Godoy y Héctor Gamen; al entonces ministro de Gobierno bonaerense Jaime Smart y a su secretario Juan María Torino, para quien éste es su primer juicio oral por delitos de lesa humanidad. Del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército son seis los acusados, todos ya condenados por los crímenes del centro clandestino La Cacha. También deberán responder cuatro altos mandos, cuatro guardias y un médico de la Brigada de San Justo, además de Etchecolatz. 

De esos 20 acusados, solo uno asistió a la sala de audiencias del Poder Judicial de La Plata, ubicada en 8 y 50. El resto la miró por videoconferencia. Algunos de ellos, como el propio Etchecolatz, lo hicieron desde la cárcel de Ezeiza. La mayoría, en cambio, desde la sucursal judicial más cercana. Son los que están excarcelados, como Torino, que recibió su excarcelación una semana antes de comenzar el primer juicio oral en su contra y ayer escuchó los cargos en su contra desde Comodoro Py. Es el primer juicio que se desarrolla en La Plata en el que el tribunal les da permiso a los acusados para faltar.

Algunas querellas han discutido, incluso, la decisión, sin éxito. Los abogados Delfina Patiño, Liliana Molinari y Alberto Palacio solicitaron que se revea ya que “la comparecencia (de los acusados) a las audiencias es fundamental para su desarrollo así como para que se produzcan ciertas medidas procesales”. Plantearon, además, que los acusados deben presentarse “ante las víctimas y sus familiares para cumplir con el fin reparatorio” que tiene el debate oral como proceso.

Los jueces rechazaron todo y se ampararon en la acordada 1/12 de la Cámara de Casación Penal para justificar el beneficio: respondieron que el permiso otorgado a los represores tiene por fin “garantizar la seguridad de acusados y víctimas (…) así como optimizar la puntualidad y celeridad en el inicio de las audiencias”.

Volver a casa

El regreso a la sala de audiencias del Poder Judicial también marca un cambio respecto de cómo se desarrolló durante sus primeros años el proceso de justicia sobre los delitos de lesa humanidad de la última dictadura. En La Plata, con el objetivo de aportar autonomía al proceso, desde los primeros tiempos aquellos juicios contaron con una sala de teatro para llevar a cabo los debates. En aquella sala ubicada en calle 4 entre 51 y 53 se oyeron sentencias históricas, como la que condenó por primera vez a Etchecolatz. “La infraestructura ya no está, no hay recursos”, apuntó la abogada querellante Guadalupe Godoy. Al no haber recursos para alquilar esa sala, los juicios ahora “deben compartir cronograma con otras causas”, añadió. Tal es uno de los motivos por los que el TOF 1 programó una audiencia por semana para desarrollar el debate sobre los hechos de San Justo.

La mudanza, además, planteó una limitación espacial para el público. Dos micros con militantes de organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas que llegaron a La Plata desde La Matanza para la audiencia de ayer no pudieron ingresar a la sala, controlada por la Policía Bonaerense. 

La brigada

Al lado de la Comisaría 1ª de La Matanza, en San Justo, se ubicaba la Brigada cuyos calabozos y algunas habitaciones fueron utilizadas para secuestros y torturas de, se calcula, 101 personas. En el debate se repasarán los casos de algo más de 80 –28 de ellas continúan desaparecidas– y tres casos de apropiación de menores, entre los que se encuentra el de Paula Logares, nieta de Elsa Pavón, y María Victoria Moyano Artigas, quien recuperó su identidad décadas después gracias a la búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo.

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