Birgit Gerstenberg
Esta semana visita nuestro país la nueva Representante Regional de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Sra. Birgit Gerstenberg. Asumió en mayo de este año y es la primera visita que realiza a nuestro país. Crysol tuvo oportunidad de reunirse con ella hace unas semanas en su oficina en Santiago de Chile e intercambiar puntos de vista, como ya informamos.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra´ad Al Hussein, luego de su visita de dos días a nuestro país, a fines del mes de octubre del año pasado, fue muy claro y explícito.
Sin dejar de reconocer lo mucho que se ha avanzado, opinión que compartimos, el Alto Comisionado señaló tres aspectos preocupantes que merecen un enfoque especial por parte del Estado uruguayo: la situación de las cárceles, con énfasis en los menores infractores, la violencia de género hacia las mujeres y la impunidad hacia las graves violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, sin olvidar las notorias carencias de las políticas de reparación a las víctimas que se han llevado a cabo.
El Poder Judicial: el gran problema de la justicia en Uruguay
En la actualidad, la impunidad en nuestro país tiene nombre y apellido. Se sigue llamando Poder Judicial. Es uno de los pilares básicos y esenciales de nuestra institucionalidad democrática y republicana.
De acuerdo a las normas constitucionales, el Poder Judicial tiene el monopolio exclusivo de investigar las acciones delictivas y de enjuiciar a los responsables de ellas para castigarlos. Es el único órgano del Estado que, con el auxilio de la Policía, puede detener ciudadanos, indagarlos, interrogarlos, tomarles declaraciones, someterlos a careos y, con todas las garantías del debido proceso, privarlos de su libertad, de acuerdo a la gravedad del delito y de acuerdo a lo que establece el Código Penal.
El terrorismo de Estado fue un proyecto de país global al servicio de los poderosos, contó con el apoyo explícito de los grandes hacendados, de la Asociación Rural que bendijo la disolución del Parlamento junto con la Cámara de Comercio y el matutino “El país”. Contó con amplio respaldo de los organismos internacionales y del gobierno de Estados Unidos. El único militar que en instancias judiciales aceptó y reconoció haber torturado, el fallecido Capitán ® Asencio Lucero, fue simplemente procesado por “privación de libertad”. Hubo miles de torturados y ni un solo militar o policía procesado por dicho delito hasta el momento.
Criminales como Gavazzo, Ramas y Gilberto Vázquez siguen disfrutando, ilegítimamente, de cómodas y resplandecientes prisiones domiciliarias, con todas las comodidades y beneficios de “la familia militar” en situación de retiro, con el beneplácito de la Suprema Corte de Justicia.
Un proyecto de país más democrático
Los ex presos políticos agrupados en Crysol, hemos asumido el compromiso de bregar porque Nunca Más haya terrorismo de Estado. Seguimos siendo luchadores sociales y políticos, seguimos creyendo en la movilización, en la militancia, en la participación. La impunidad es un riesgo para la democracia: alienta la repetición.
Con ese horizonte, el enjuiciamiento de los autores y responsables de las graves violaciones es un elemento decisivo y fundamental, incluso para llegar a la verdad con lo ocurrido con los detenidos desaparecidos.
El Poder Judicial tiene que cumplir con su cometido institucional. La lucha por la institucionalidad formal, por las libertades formales, por afirmar y profundizar la institucionalidad democrática, es el único camino para avanzar hacia otros horizontes superadores del capitalismo, convocando a la más amplia participación popular y ciudadana.
Hasta ahora, sólo un pequeño puñado de criminales ha podido ser enjuiciado. Centenares de causas están paralizadas y el máximo órgano de ese poder, presidido por la Dra. Elena Martínez, sigue negando la aplicación de las normas de DDHH internacionales, el ius cogens, el “derecho de gentes”.
Una nueva ley de reparación es apremiante
Falta verdad, falta justicia y falta avanzar, también, en materia de reparación a las víctimas del terrorismo de Estado. En abril del año pasado, el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ) que coordina el Dr. Felipe Michelini presentó al Presidente de la República un informe sugiriendo el envío de un nuevo proyecto de ley de reparación.
En la actualidad, dicho informe está a estudio de todos los ministros para ser discutido próximamente por el Consejo de Ministros. Habría que apurar el tranco. Todos los ministros deberían manifestar su apoyo a las recomendaciones formuladas. Es de estricta justicia. A 33 años de retorno a la institucionalidad democrática, ya es hora.
Hace ya más de cinco años que la Institución Nacional de DDHH recomendó al Poder Ejecutivo modificar las leyes reparatorias para incluir a todas las víctimas, sin exclusiones, sin discriminaciones y sin obligarlas a renunciar a otros legítimos derechos como las jubilaciones y pensiones como ocurre en la actualidad.
El Decreto 106/2007 es terrible y sigue vigente
Los beneficiarios de la ley sufren, además, desde abril del año 2007, los nefastos perjuicios del Decreto 106/2007, impulsado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) de la época. Además, se sigue negando el derecho a la libre opción en salud, en el marco del Sistema Nacional integrado de Salud (SNIS) por la vigencia del Decreto 297/2010.
El proyecto de ley de Crysol: una auténtica alternativa
Crysol presentó al Presidente de la República un proyecto de ley al respecto hace ya tres años, con la responsabilidad con que siempre ha actuado para contribuir y colaborar con la labor gubernamental. La propuesta presentada reformula, simplemente, las leyes ya aprobadas y vigentes pero recogiendo las recomendaciones realizadas por la INDDHH y el Relator Especial de la ONU Pablo de Greiff. Es una propuesta razonable y viable, aplicable a la realidad actual y con un profundo conocimiento de la problemática.
Hacer justicia con este colectivo de edad avanzada, asumir y dar satisfacción a sus demandas debería ser una prioridad del Poder Ejecutivo y del partido de gobierno por razones de justicia elemental. Los derechos de miles de víctimas del terrorismo de Estado siguen sin implementarse. La movilización de las víctimas organizadas junto con el respaldo de las organizaciones de DDHH y del movimiento sindical y estudiantil será la clave. Esperemos que la visita de la Representante Regional sea un estímulo para vencer la inercia en esta temática.
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