Militares norteamericanos en Uruguay

Visitas inesperadas

Futura presencia de militares estadounidenses en suelo uruguayo.

Víctor Hugo Abelando

No hay unanimidades en el FA para habilitar el desembarco de esos efectivos, y puede haber votos oficialistas en contra si finalmente la oposición apoya la iniciativa del gobierno. El precandidato frenteamplista Óscar Andrade, junto a su partido, sostuvo que se debe rechazar la permanencia del contingente en Uruguay. El Pit-Cnt se manifestó en contra de la presencia estadounidense y anunció que concurrirá a Buenos Aires para participar de las protestas contra la cumbre del G 20.

El 30 de octubre el Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley por el cual se permite la estancia en el país de ocho aviones militares estadounidenses y 400 personas –entre tripulantes y apoyo de las aeronaves– desde el 26 de noviembre hasta el 3 de diciembre de este año. El texto debe ser tratado por la Asamblea General, tal como establece el inciso 11 del artículo 85 de la Constitución. La iniciativa surge después de la solicitud de autorización de la Oficina de Cooperación en Defensa de la embajada de Estados Unidos para que ese contingente se estacione en Uruguay con el fin de asegurar apoyo logístico y seguridad a la delegación estadounidense presidida por Donald Trump que participará en la cumbre del G 20 que se realizará en Buenos Aires los días 30 de noviembre y 1 de diciembre.

Recordando la vigencia de un convenio de asistencia militar firmado entre Uruguay y Estados Unidos en 1953, el presidente Tabaré Vázquez afirmó anoche sin rodeos que “en un acontecimiento tan importante”, en el que se harán presentes las máximas figuras mundiales, Uruguay “no podía negarse a ese pedido”. La presencia de personal de las fuerzas armadas estadounidenses en territorio uruguayo, hasta ahora, ha sido en virtud de la visita de sus presidentes a Uruguay, o como parte de otras actividades protocolares, pero no cuando ellos han viajado hacia países vecinos. A la Cumbre de las Américas realizada en noviembre de 2005 en la ciudad argentina de Mar del Plata concurrió el entonces presidente de Estados Unidos, George W Bush, sin embargo no hubo, de parte de la primera potencia del mundo, ninguna solicitud para que tropas de dicho país se asentaran temporalmente en Uruguay con el fin de fortalecer la seguridad de su mandatario.

El actual pedido de Estados Unidos es para traer ocho aeronaves, más la cantidad de efectivos citada. Los aviones son tres para carga de combustible, dos de transporte y tres Awacs (para vigilancia del espacio aéreo, a gran altura), y no se incluyen cazas. Por otro lado, los militares estadounidenses cuentan con dos portaviones, uno instalado en el Pacífico ante Chile y otro en el Atlántico, frente a las costas argentinas, más el personal destacado en el vecino país.

Expertos en temas militares señalaron a Brecha que no se justifica mucho la presencia de ese contingente de la fuerza aérea estadounidense en Uruguay, dado que Argentina posee aeropuertos suficientes para dar cabida a esas aeronaves. Por lo cual, la solicitud parece tener más un contenido político que otra cosa. Desde esa mirada, la presencia en suelo uruguayo sería consecuencia del alineamiento del resto de los países de la región con Estados Unidos y un intento de obligar a Uruguay a seguir el mismo camino, con el pretexto de reforzar la seguridad de la cumbre del G 20. “Es como la gota que horada la piedra, o una banderita que plantan”, sostuvieron los especialistas.

COMPLICACIONES. En varios sectores del FA el proyecto ha provocado reparos o rechazo, como en el Pcu. Otros lo consideran inocuo y la principal preocupación para ellos reside en modificar el artículo 2 del texto. También la oposición, en particular los senadores Luis Lacalle Pou y Javier García, ambos del sector Todos, rechazan la actual redacción de dicho artículo. En él se plantea autorizar “el ingreso al país de tropas pertenecientes a otros países participantes de la cumbre de líderes del G 20 que así lo requieran al Poder Ejecutivo, en los plazos explicitados en el artículo que antecede”. De aprobarse tal como está, el Parlamento daría un permiso genérico al gobierno, sin tratar cada caso en particular, como establece la Constitución.

El diputado socialista Roberto Chiazzaro comentó a Brecha que “hay quienes pensamos que se debe modificar el artículo 2, o crear un tercero, donde se estableciesen algunas precisiones más, para dar garantía en lo que respecta a la normativa constitucional”. Al legislador le preocupa, dada la actual redacción de dicho artículo, “que no haya precisión en cuanto a la cantidad de militares que el resto de los países participantes de la cumbre podrían traer a Uruguay. Pensamos que deberíamos buscar algún mecanismo que nos permitiese saber con antelación cuántos serían los efectivos militares que vendrían a instalarse en nuestro país”.

Pero más allá de las posibles modificaciones del artículo 2, el propio proyecto ha generado malestar en algunos grupos del Frente. En Casa Grande y en Ir el tema está en discusión, y en el segundo ha “provocado serios reparos”. Lo mismo ocurre en el Pvp. Donde los pronunciamientos son claramente contrarios es en el Pcu.

El dirigente sindical y precandidato del FA Óscar Andrade aseguró a Brechaque la iniciativa del Ejecutivo le genera “una enorme preocupación, primero porque no surgen de la discusión elementos de extrema necesidad que hagan que a la principal potencia global le sea necesario, para los componentes de seguridad de la cumbre, estar en territorio uruguayo. Y si lo fuera, también estaría en contra. En cualquiera de las gestiones estaría en contra, me parece que son elementos que ponen en riesgo la soberanía. En el mensaje del Ejecutivo del 30 de octubre no aparece ninguna argumentación sólida que haga imprescindible esto”. Según Andrade, el único argumento que “pusieron sobre la mesa fue el posible deterioro de las relaciones. Para una medida de esta gravedad, de la concesión de soberanía, no hay ningún argumento. En mi opinión, habría que votarlo en contra”. Y añadió que durante la reunión del G 20 habrá una gran movilización en contra, de la que participarán las organizaciones populares, y que el Pit-Cnt irá con diez ómnibus. “Esta semana medios argentinos informaban de una represión muy probable contra esta movilización. En una circunstancia en la que se reprime salvajemente, como ha ocurrido en las últimas semanas en Argentina, ¿cómo quedamos parados colaborando con la reunión del G 20?”, se preguntó Andrade.

Por otra parte, el secretariado de la central sindical uruguaya emitió un comunicado en el que sostiene “que la operativa no tiene fundamento desde el punto de vista militar y logístico, en tanto dicha cumbre se realiza en la República Argentina, país en el que existen condiciones adecuadas para la realización de los operativos de seguridad necesarios para garantizar el buen desarrollo de la cumbre”. Por lo cual expresa “nuestro rechazo al ingreso de tropas militares en nuestro país, por considerarlas un riesgo para la soberanía nacional. Prueba de esto es el papel que han asumido como policía global, que ha implicado siempre una amenaza para la seguridad de los pueblos del mundo, producto de su conducta imperial y belicista”.

Incluso no se descarta que la central sindical realice alguna medida, aquí en Uruguay, contra la presencia de ese contingente estadounidense. Por otro lado, hay una convocatoria de otros movimientos sociales para manifestar contra la cumbre en Montevideo.

La declaración del Pit-Cnt vuelve a distanciar en temas de relacionamiento internacional al movimiento social con el Ejecutivo y el resto del oficialismo. También en el espectro más a la izquierda del Frente el proyecto no ha caído bien. Sin embargo, se descuenta que será aprobado, porque seguramente una vez realizada la modificación del artículo 2 la oposición lo votará, con la salvedad de la Unidad Popular, que entiende que la presencia de los militares estadounidenses es una “violación a la soberanía”.

 

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