En prisión domiciliaria o muertos, aquellos de la dictadura

  El Ministerio del Interior negó información sobre el tema al Observatorio Luz Ibarburu

La mayoría de los penados por violaciones

          a los derechos humanos en la dictadura

         están en prisión domiciliaria o muertos

 Escribe Sergio Israel

No se trata de que estos presos estén en malas condiciones, sino de que todos deberían tener un trato digno”. Así respondió la exfiscal y exintegrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mirtha Guianze cuando le preguntaron por qué los presos de la cárcel de Domingo Arena tenían habitaciones privadas, televisión por cable, gimnasio y otras comodidades inexistentes en las cárceles uruguayas.

La mayoría de los 31 procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) han accedido al beneficio de la prisión domiciliaria o han fallecido, y solo 12 de ellos permanecen recluidos en cárceles, confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.

La cárcel de Domingo Arena (Unidad Penitenciaria Nº 8) en el barrio Piedras Blancas, tiene hoy siete celdas ocupadas, de 18 disponibles.

El resto de los procesados que aún permanecen presos están internados en la Guardia Republicana, pero dependen de la administración de Piedras Blancas, mientras que los demás están cumpliendo la condena en su domicilio o en el Hospital Militar, como el excapitán Ricardo Arab.

Los presos que aún permanecen en la cárcel construida especialmente en 2005 en el interior de una unidad militar de la calle Domingo Arena son tres militares, tres policías y un civil.

Los condenados José Gavazzo, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez están en prisión domiciliaria en Canelones, Maldonado y Rivera respectivamente, y al mismo beneficio han accedido los coroneles José Uruguay Umpiérrez y Asencio Lucero (luego fallecido), el excanciller Juan Carlos Blanco y el expolicía Bardesio. 

Los militares que siguen en esa cárcel son el coronel del Ejército Jorge Silveira, el oficial de la Fuerza Aérea Enrique Rivero y el sargento Ernesto Soca.

Silveira y Soca están presos por las causas relacionas con el Organismo Coordinador de Actividades Antisubversivas (OCOA) y el Servicio de Información de Defensa (SID), mientras Rivero, por su actuación represiva en la base de Boiso Lanza.

También están en Piedras Blancas los oficiales de la Guardia Metropolitana Ricardo Medina y José Sande, que operaron para el SID, y el inspector Pedro Freitas, a los que se sumó el abogado Miguel Sofía, detenido el martes 8 por el uso de un documento de otra persona pero indagado en la causa de los escuadrones de la muerte por las que fueron procesados Nelson Bardesio y Freitas (Búsqueda Nº 2.004).

En dependencias de la Republicana en la avenida José Pedro Varela están alojados los coroneles Arturo Aguirre, José Puigvert, Luis Maurente y Rodolfo Álvarez, y el capitán de navío Juan Carlos Larcebeau.

Domiciliarias y libertades

Los condenados José Gavazzo, Ernesto Ramas y Gilberto Vázquez están en prisión domiciliaria en Canelones, Maldonado y Rivera respectivamente, y al mismo beneficio han accedido los coroneles José Uruguay Umpiérrez y Asencio Lucero (luego fallecido), el excanciller Juan Carlos Blanco y el expolicía Bardesio. 

La Justicia dispuso también algunas libertades. El caso más notorio es el del coronel Juan Carlos Gómez, que fue preso en 2010 y luego liberado en diciembre de 2013 por un Tribunal de Apelaciones. Gómez fue procesado por la muerte en la tortura del tupamaro Roberto Gomensoro,  en Paso de los Toros, aunque luego quedó probado que ocurrió en el Grupo de Artillería Nº1, en Montevideo.

La Justicia revocó los procesamientos del expolicía Ricardo Zabala, acusado de coautor de la muerte del maestro Julio Castro, desaparecido en agosto de 1977 y cuyo cuerpo fue encontrado en el Batallón 14 de Toledo con un disparo en la nuca y del exdirector del penal de Libertad Walter Gulla.

El coronel Tranquilino Machado cumplió la pena impuesta y quedó en libertad.

Fallecidos y en el exterior

El primer preso internado en instalaciones de la Republicana fue el general Miguel Dalmao, hasta ahora único militar en actividad condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Dalmao, que fue ascendido a general por el presidente Tabaré Vázquez, fue procesado por la muerte de la militante comunista Nibia Sabalsagaray en 1974, cuando quedó a cargo del S-2 (inteligencia) de una unidad del arma de ingenieros ostentado la jerarquía de alférez, la más baja del escalafón de oficiales.

Dalmao fue procesado en noviembre de 2010 y falleció en prisión el 29 de diciembre de 2014. 

El coronel José Chalanza, procesado en la misma causa, también falleció en prisión. A su vez, murieron sin recobrar la libertad el teniente general Gregorio Álvarez, en diciembre de 2016, y el coronel Carlos Calcagno, en mayo de 2013. Calcagno, que detuvo al expresidente José Mujica en 1972, cuando era jefe del S-2 del Batallón Florida, fue condenado por dos desapariciones de militantes del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP) ocurridas en Paraguay. El militar falleció en Tala (Canelones) poco después de haber recibido el beneficio de la prisión domiciliaria. 

La mayoría de los 31 procesados por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura (1973-1985) han accedido al beneficio de la prisión domiciliaria o han fallecido, y solo 11 de ellos permanecen recluidos en cárceles, confirmaron a Búsqueda fuentes del Ministerio del Interior.

El teniente coronel Alberto Gómez Graña, que había sido procesado por la muerte del tupamaro Gerardo Alter, falleció en su dormitorio de la Guardia de Coraceros en junio de 2013.   

También murió, pero recluido en su casa, el 17 de julio de 2011, el expresidente Juan María Bordaberry.

El general Pedro Barneix se suicidó en su vivienda en setiembre de 2015 cuando iba a ser detenido por la muerte bajo torturas en 1974 del militante frenteamplista de Colonia Aldo Perrini.

El coronel Juan Rodríguez Buratti terminó con su vida en setiembre de 2006 también cuando iba a ser detenido por sus actividades en el SID, entre ellas la desaparición de la argentina María Claudia García de Gelman.

El coronel Manuel Cordero está preso en Argentina por una causa relacionada con la represión del SID en Buenos Aires. También en el exterior, pero libres, están el coronel Eduardo Ferro, requerido por la Justicia uruguaya, y el capitán de navío Jorge Tróccoli, que evitó a los tribunales locales y reside en Italia, igual que el ex integrante de la inteligencia militar Hermes Tarigo.

Pendientes

En agosto de 2018 el portal Sudestada informó que había pendientes 55 pedidos de procesamiento, algunos desde hace años, por asesinatos, torturas y violencia sexual cometidos en dictadura, y que cinco de los presuntos responsables fallecieron antes de que la Justicia se expidiera.

Entre los más recientes está el realizado por el fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, quien ratificó el pedido que la exfiscal Ana María Tellechea había realizado contra los militares retirados Líber Morinelli, Gustavo Mieres, Alberto Balestrino (h) y Daniel Blanco por el homicidio “muy especialmente agravado” por torturas del militante del Partido Comunista Revolucionario (PCR) Oscar Fernández Mendieta, ocurrido el 24 de mayo de 1973.

Acceso a la información

La información a la que accedió Búsqueda acerca de la situación de los procesados y condenados por la Justicia en causas relacionadas con la dictadura no es completa.

Según explicó el abogado Leonardo di Césare del Observatorio Luz Ibarburu, el Ministerio del Interior se negó a actualizar los datos luego de un pedido de acceso a la información realizado en diciembre. La solicitud de información presentada por el coordinador ejecutivo del observatorio, Raúl Olivera, fue rechazada con la firma de la abogada Viviana Rivera Basialla, a pesar de que, según la organización, “la información solicitada no supone una tarea adicional, ya que refiere a personas a quienes dicho ministerio (sin que obre ley que así lo disponga) ya calificó según las causas y en función de ellas estableció su reclusión en lugares especiales distintos a los destinados para otros procesados o condenados”.

 

 

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