Amenazados por el
“Comando Barneix”
presentaron denuncia ante la CIDH
14 de febrero de 2019 |
Dra. Mirtha Guianze
El grupo de activistas y abogados alega falta de “voluntad real” para esclarecer los hechos.
A dos años de las amenazas de muerte del llamado “comando Barneix” a 13 personas, que incluyen a ex autoridades, operadores de justicia y defensores de los derechos humanos, las víctimas presentaron el 12 de febrero, junto al Observatorio Luz Ibarburu, una denuncia contra el Estado uruguayo ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “debido a la falta de investigación de ese delito”, según informaron en un comunicado.
Los abogados Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Juan Errandonea y Juan Fagúndez; la ex fiscal Mirtha Guianze, ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos; la ex subsecretaria de Relaciones Exteriores Belela Herrera; el activista brasileño Jair Krischke; el jurista francés Louis Joinet y la investigadora italiana Francesca Lessa firmaron la denuncia. Alegaron que han sido vulnerados sus derechos a la integridad y la libertad personales, las garantías judiciales, la igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial, así como la obligación estatal de respetar los derechos. Sostienen que la investigación avanza con “suma lentitud” y que perciben una falta de “voluntad real” de esclarecer los hechos.
“Vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país”, plantean los denunciantes. Recuerdan que en marzo de 2017 la CIDH condenó esas amenazas y “urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia”, pero que “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. Agregan que denunciaron la falta de avances en una carta abierta al presidente Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, pero que aún no han recibido ninguna respuesta.
Los estados deben investigar con seriedad todas las amenazas, pero tienen “una obligación reforzada” ante las dirigidas a operadores de justicia y defensores de derechos humanos, porque en ese caso el delito tiene “un impacto evidente” en la función que ejercen, concluye el comunicado.
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Amenazados por el Comando
Barneix y el OLI denuncian a
Uruguay frente a la Comisión
Interamericana CIDH
13 de Febrero de 2019
El día 12 de febrero, los peticionarios, Juan Francisco Errandonea Dobal, Jair Lima Krischke, Louis Joinet, Juan Eduardo Fagúndez Scapusio, Francesca Lessa, Pablo Simón Chargoñia Pérez, Federico Álvarez Petraglia, Mirtha Alcira Guianze Rodríguez, María Bernabela Herrera Sanguinetti, y el Observatorio Luz Ibarburu hemos presentado una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra de la República Oriental del Uruguay.
Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial.
El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse “con debida diligencia hasta sancionar a los responsables.” Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó como “las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad.”
Nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido. Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. El 29 de enero de 2018, denunciamos la falta de avances en nuestra carta abierta al Señor Presidente de la República, Tabaré Vázquez, no recibimos ninguna respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país.
Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos.
Descargar adjunto: ComunicadoBarneixFeb2019.pdf
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13/02/2019
Los amenazados por comando Barneix presentaron denuncia ante la CIDH
El pasado que asoma
Amenazados por comando Barneix presentaron una
petición en la CIDH contra Uruguay
El autodenominado “Comando Barneix” se hizo conocer en febrero de 2017, cuando se difundieron las amenazas a trece abogados y militantes por los derechos humanos. El grupo lamentaba la muerte del general Pedro Barneix, que se suicidó luego de ser procesado por la Justicia, y aseguraba que asesinaría a tres personas de la lista por cada nuevo “suicidio” de un militar juzgado por crímenes cometidos durante la dictadura.
Los amenazados fueron Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el juez Frances Louis joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; y la investigadora italiana Francesca Lessa.
Hace ya casi dos años Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las amenazas y la CIDH urgió al Estado a “adoptar medidas urgentes a fin de proteger a los operadores de justicia”, además de “tomar nota” del inicio de investigaciones judiciales sobre estas amenazas y esperar que “se establezcan las responsabilidades materiales e intelectuales que correspondan y que se sancione a esos responsables de manera efectiva”.
Al no producirse avances en la investigación, el grupo de abogados y militantes presentó una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la República Oriental del Uruguay (en conjunto con el Observatorio Luz Ibarburu), que quedó registrada este 12 de febrero, según dieron a conocer los peticionantes en un comunicado.
“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando General Pedro Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de Respetar los Derechos; Derecho a la Integridad Personal; Derecho a la Libertad Personal; Garantías Judiciales; Igualdad ante la ley; y Derecho a la protección judicial”, explican en el comunicado.
“El 1 de marzo de 2017, la CIDH condenó contundentemente las amenazas de muerte realizadas contra autoridades, operadores de justicia y defensoras y defensores de derechos humanos de Uruguay y urgió al Estado a adoptar medidas urgentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia. En ese entonces, el Relator para Uruguay, Comisionado Francisco Eguiguren, resaltó como las investigaciones tenían que conducirse ‘con debida diligencia hasta sancionar a los responsables’. Por otro lado, el Relator sobre Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Comisionado José de Jesús Orozco, destacó que ‘las personas a las que se amenazó de muerte han tenido un rol muy significativo impulsando este tipo de causas y avanzando en el camino hacia la justicia. El Estado tiene la obligación de garantizar su seguridad para que puedan seguir haciendo su trabajo con independencia y sin riesgos a su vida o integridad'”, agrega el texto.
Sin embargo, señalan, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”. “Por esa razón, hemos decidido presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso no solo avanza con suma lentitud, sino que no detectamos ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalizacion de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”, señala el grupo.
“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores y defensoras de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada. Dichas amenazas tienen un impacto evidente hacia la función que ellos y ellas ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”, concluyen.
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Elevan petición a la CIDH por amenazas
del “comando Barneix”
A dos años de lo sucedido “la investigación está estancada”, dijo Francesca Lessa
El grupo de abogados y militantes amenazados por el llamado “comando Barneix” presentó una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el estado uruguayo ante lo que considera “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos”
Hace dos años, en febrero de 2017, el autodenominado “Comando Barneix” envió mensajes por correo electrónico en los que lamentaban el suicidio del militar procesado por violaciones a los derechos humanos Pedro Barneix y amenazaban con asesinar a tres personas de una lista por cada suicidio que se produjera entre los militares presos.
La lista incluyó al ministro de Defensa Jorge Menéndez, el fiscal de Corte Jorge Díaz, la exfiscal Mirtha Guianze, la exvicecanciller Belela Herrera, los abogados Oscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Pablo Chargoñia, Jun Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé, el activista brasileño Jair Kirschke, la académica e investigadora italiana Francesca Lessa y el jurista francés Louis Joinet.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó entonces las amenazas y solicitó al Estado uruguayo a tomar medidas de protección de estas personas y realizar las investigaciones necesarias hasta dar con los responsables materiales e intelectuales.
“La investigación está estancada y por eso se decidió presentar esta petición a dos años de lo sucedido”, dijo Francesca Lessa a Informe nacional.
El texto de la petición señala:
“Denunciamos la falta de avance ya el año pasado en nuestra carta abierta al señor presidente de la República, Tabaré Vázquez, el 29 de enero de 2018, a la que nunca hemos recibido respuesta. En la petición que entregamos a la CIDH vinculamos la amenaza y la falta de investigación en nuestro caso con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en semana santa de 2016, la reciente vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”.
Ayer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos confirmó el ingreso de la solicitud, señaló la investigadora. “No hemos tenido ningún contacto reciente con el estado uruguayo, veremos ahora qué sucede”, afirmó.
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Denuncian a Uruguay por no
investigar amenazas a activistas de
derechos humanos
La medida fue presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por 13 activistas, académicos y abogados involucrados en causas de violación a los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar uruguaya, que fueron amenazados de muerte hace dos años.
Asimismo, los alegan la violación por parte del Estado uruguayo de la obligación de respetar los derechos a la integridad y a la libertad personal, así como a las garantías judiciales, la Igualdad ante la ley y el derecho a la protección judicial.
La petición es respaldada por las organizaciones sociales nucleadas en el Observatorio Luz Ibarburu. ‘En Órbita’ conversó con su director ejecutivo, Raúl Olivera.
“Igual que en otras denuncias con relación a nuestro pasado reciente, existe poco interés y poca voluntad política de avanzar. No se ponen en juego todos los recursos con los que cuenta el Estado para efectivamente determinar las responsabilidades y ponerle fin a estas situación”, sostuvo Olivera.
El grupo autor de las amenazas se autodenomina ‘Comando Barneix’, nombre del general Pedro Barneix, responsable del asesinato del militante Aldo Perrini en 1974.
DD.HH
28 de febrero de 2019
CIDH urge al Estado realizar investigaciones diligentes por amenazas de Comando Barneix
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su “preocupación por falta de investigación respecto de las amenazas de muerte perpetradas por el grupo autodenominado Comando Barneix en contra de autoridades, operadores de justicia y personas defensoras de derechos humanos que actuaron en el proceso de causas judiciales relativas a las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura (1973-1985).
La CIDH “urge al Estado uruguayo a realizar investigaciones diligentes y de conformidad con los estándares en la materia”.
A raíz de información pública del 13 de febrero de 2019 -a dos años de las amenazas de muerte recibidas-, un grupo formado por las personas amenazadas y por el Observatorio Luz Ibarburu denunciaron, entre otras cuestiones, la falta de avances a la investigación sobre los responsables por las intimidaciones, así como la ausencia de respuestas de la presidencia de la República a sus solicitudes de informaciones sobre el caso.
Mediante un comunicado del 1º de marzo de 2017, la Comisión condenó las amenazas.
Tales amenazas hacían mención al suicidio del general Pedro Barneix, quien se habría quitado la vida cuando la policía llegó para detenerlo por el supuesto delito de homicidio político de Aldo Perrini, ocurrido en 1974.
El Comando Barneix también afirmaba que a cada nuevo suicidio de militares y procesamientos por crímenes de la dictadura, serían asesinadas tres personas indicadas en una lista.
Entre las personas amenazadas se encontraban autoridades de gobierno, fiscales, exfiscales, abogados, personas vinculadas al Observatorio Luz Ibarburu, y una investigadora italiana.
Gravedad de las amenazas
La CIDH manifestó “la especial gravedad de las amenazas, al considerar que pueden aumentar el riesgo de que queden en impunidad los casos relacionados con violaciones de derechos humanos en Uruguay”.
Además que pueden “menoscabar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado encargadas de administrar e impartir justicia”.
En tal sentido, la CIDH “urge al Estado desarrollar investigaciones prontas, exhaustivas y diligentes de las amenazas, estableciendo las responsabilidades materiales e intelectuales y sancionando a los responsables”.
Asimismo, “insta al Estado a adoptar de manera inmediata las medidas que sean necesarias para garantizar la vida y la integridad de este grupo de personas”.
“El Estado tiene el deber de investigar y sancionar las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en la dictadura uruguaya. La falta de las investigaciones diligentes vulnera a los derechos a la verdad, justicia y reparación” afirmó la Comisionada Antonia Urrejola, Relatora para el país y para la Relatoría sobre Memoria, Verdad y Justicia.
Además, la ausencia de investigaciones “menoscaba la confianza a las instituciones de justicia”, sentenció según así informó la CIDH en un comunicado de prensa.
Ninguna voluntad real de avanzar
El 12 de febrero pasado los peticionarios, Juan Errandonea, Jair Lima Krischke, Louis Joinet, Juan Fagúndez, Francesca Lessa, Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Mirtha Guianze, María Bernabela Herrera Sanguinetti, y el Observatorio Luz Ibarburu presentaron una petición ante la CIDH contra de la República Oriental del Uruguay.
“Cuando ya se cumplieron dos años de las amenazas proferidas por el autodenominado Comando Barneix y, debido a la falta de investigación de ese delito, los peticionarios alegamos frente a la CIDH la violación de los siguientes derechos protegidos bajo la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Obligación de respetar los derechos, derecho a la integridad Personal, derecho a la libertad personal, garantías judiciales, igualdad ante la ley, y derecho a la protección judicial”, denuncian.
Los demandantes recuerdan que el 1º de marzo de 2017, la CIDH condenó “contundentemente las amenazas de muerte y urgió al Estado a adoptar medidas diligentes a fin de asegurar la seguridad de los operadores de justicia”.
Sin embargo, “nada de lo pedido por la CIDH ha sucedido”, afirman.
Por esa razón, decidieron presentar la petición frente a la CIDH, ya que la investigación en curso “no solo avanza con suma lentitud”, sino que no detectan “ninguna voluntad real de avanzar en el esclarecimiento de los hechos”.
El 29 de enero de 2018, denunciaron la “falta de avances” en una carta abierta al presidente de la República, Tabaré Vázquez, pero remarcan que no recibieron ningún respuesta.
En la petición que entregaron a la CIDH vinculan la amenaza y la falta de investigación “con un patrón mucho más amplio y preocupante, relacionando hechos de naturaleza parecida y resaltando el contexto de impunidad dominante en el país: por ejemplo, el robo y las intimidaciones al Grupo de Investigación en Arqueología Forense (GIAF) en 2016, la vandalización de sitios de memoria en 2018, y la continua impunidad y paralización de los juicios de lesa humanidad en el país”.
“Los estados tienen que investigar con debida seriedad cualquier tipo de amenaza. Pero, en los casos de amenazas y amedrentamientos en contra de operadores de justicia y defensores de derechos humanos, los estados tienen una obligación reforzada”, aseguran los denunciantes.
Remarcan, asimismo, que dichas amenazas “tienen un impacto evidente hacia la función que ellos ejercen y el objetivo es afectar sus actuaciones en la protección y defensa de los derechos humanos”.