Argentina: caso de espionaje salpica al Uruguay

  Del otro lado del río

La causa argentina por espionaje que salpica a Uruguay.

Fabián Kovacic

22 marzo, 2019

El caso de espionaje ilegal descubierto por el juez federal Alejo Ramos Padilla a partir de la detención del falso abogado Marcelo D’Alessio involucra a políticos uruguayos y amenaza con generar un tembladeral político de alcance internacional.

Los diputados uruguayos Luis Puig y Gerardo Núñez, del Frente Amplio, estuvieron reunidos este miércoles en Buenos Aires durante algo más de una hora con el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados argentina, Leopoldo Moreau. Allí analizaron la exposición del juez federal Alejo Ramos Padilla sobre el posible espionaje a políticos uruguayos a cargo del falso abogado Marcelo D’Alessio. Con base en documentos incautados por la justicia argentina, Ramos Padilla afirma que D’Alessio, acusado de extorsión y manipulación de causas judiciales, habría realizado tareas de espionaje a dirigentes del Frente Amplio, en el marco de una maniobra contra la petrolera estatal venezolana Pdvsa. El caso estalló la tarde del miércoles 13 de marzo, cuando, invitado por la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja, el juez federal de la ciudad de Dolores (en la provincia de Buenos Aires) expuso ante los legisladores el material encontrado en la casa de D’Alessio.

A fines de enero, el empresario Pedro Etchebest denunció ante Ramos Padilla que era extorsionado por D’Alessio para evitar ser involucrado en la causa de corrupción que lleva adelante el fiscal federal Carlos Stornelli en relación con coimas pedidas por el gobierno kirchnerista para licitar obras públicas. Etchebest aportó al juez 14 horas de grabaciones y documentación sobre la extorsión sufrida. D’Alessio le hizo creer al empresario que estaba mencionado en la causa judicial y le pidió 300 mil dólares en nombre del fiscal Stornelli para limpiarlo; adujo que esa era una práctica común. Ramos Padilla procesó a D’Alessio y solicitó que Stornelli se presentara a declarar en calidad de imputado, pero, hasta ahora, el fiscal se niega a hacerlo.

UN ESPÍA INORGÁNICODurante cuatro horas expuso Ramos Padilla ante los legisladores acerca del material encontrado en el allanamiento de la casa de D’Alessio, ubicada en el lujoso country Saint Thomas, en las afueras de Buenos Aires. Armas, automóviles de lujo, teléfonos celulares, dinero, credenciales de la Drug Enforcement Administration (Dea), y documentación digitalizada y en cuadernos que comprometen al fiscal Stornelli como corresponsable de los chantajes de D’Alessio son parte del material obtenido y ahora en poder del juzgado a cargo de Ramos Padilla.

Lo revelado en Diputados por el juez es ajeno a la causa judicial por chantaje que tiene a D’Alessio detenido y al fiscal Stornelli procesado. El magistrado se encargó de aclararlo para preservarse ante los posibles embates desde el oficialismo, que finalmente lo acusó de violar su tarea de juez y ahora pide su juicio político. Según lo recabado en el allanamiento, D’Alessio menciona en sus diálogos una embajada iraní paralela con sede en Montevideo, dispuesta a hacer negocios con Venezuela y Argentina, entre otros países.

“‘¿Te interesa un caso de terrorismo?’ El señor identificado como Carlos Stornelli responde: ‘Me interesa’. D’Alessio dice: ‘A la vuelta te lo doy a vos y lo coordinamos con Santoro. Es la embajada paralela de Irán, que está en Montevideo. Si (Mauricio) Macri o María Eugenia (Vidal) llegan a comprar el cemento o diesel que ofrecen, con cobertura de empresas rusas, nos quitan el acuerdo del Fondo Monetario. Te vas a ganar más que un premio. Mucho más’”. El párrafo transcripto pertenece a un presunto diálogo entre D’Alessio y el fiscal Stornelli, que el juez Ramos Padilla reprodujo en la reunión parlamentaria. Las prácticas del falso abogado eran comunes y apuntaban a entregar información a jueces, fiscales y periodistas sobre casos de corrupción, mecanismo que funcionó con regularidad en Argentina desde la llegada al poder de Mauricio Macri y contra el kirchnerismo.

OPERACIÓN BRUSA DOVAT. El uruguayo Gonzalo Brusa Dovat trabajó entre 2010 y 2014 como gerente de una empresa asociada a la petrolera venezolana Pdvsa, llamada Petrolera del Cono Sur SA, en el área de estoc y abastecimiento de estaciones de combustibles. Según declaró ante Ramos Padilla, fue coaccionado y “quebrado” por Marcelo D’Alessio para denunciar maniobras de lavado de dinero y evasión por los funcionarios de Pdvsa en Argentina y Uruguay hacia paraísos fiscales. D’Alessio entregó la exclusiva al periodista Daniel Santoro, y, una vez publicada en el diario Clarín, Brusa Dovat fue a declarar ante el fiscal Stornelli. Santoro y Stornelli se conocen bien desde los días de la causa por la venta ilegal de armas argentinas a Croacia y Ecuador, en las que cada uno fue una pieza central en el descubrimiento del caso, en pleno gobierno de Carlos Menem en 1995.

“Venezuela no es un fin, sino un medio”, leyó Ramos Padilla en el Congreso, una frase que D’Alessio dijo a uno de sus contactos, hallada entre la documentación incautada durante el allanamiento. Pese a las desmentidas de la embajada estadounidense sobre la pertenencia del falso abogado al staffoficial de Washington, el juez entiende que la cuestión Brusa Dovat, Pdvsa Uruguay y Argentina apunta a una maniobra para asfixiar financieramente al gobierno de Venezuela, involucrándolo en escándalos de corrupción.

No sólo Washington desmiente cualquier vínculo con D’Alessio, también el gobierno de Macri. Así, el falso abogado queda jurídicamente como un delincuente expuesto a las leyes penales argentinas y el juez, eximido de guardar secretos de Estado. Al cierre de esta edición, Ramos Padilla estaba reunido a puertas cerradas con los miembros de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia y Seguridad para informar sobre el contenido de los documentos que envió a esa comisión hace dos semanas.

DE ORILLA A ORILLA. El embajador uruguayo Héctor Lescano optó por ahora por la mesura y, siguiendo instrucciones de la Cancillería, aún no se expresó oficialmente sobre el caso. “Vamos a esperar la evolución de la causa judicial”, dijeron a Brecha fuentes de la embajada.

En tanto, tras el encuentro con Moreau, Puig y Núñez decidieron reunirse lo antes posible con el juez de la causa para saber de primera mano quiénes son los legisladores frenteamplistas investigados por D’Alessio y si el falso abogado contaba con cómplices en Montevideo. Ambos entregaron a Moreau el informe final elaborado en el Parlamento de Uruguay sobre el espionaje militar entre 1985 y 2016, que ya está en manos de la justicia de ese país. Los diputados no descartan puntos de contacto entre ese informe y las operaciones ilegales de Marcelo D’Alessio. El caso puede tener derivaciones diplomáticas que aún no asomaron en el horizonte.

Con el diputado argentino Leopoldo Moreau, del Frente para la Victoria

“Tabaré Vázquez debería reaccionar frente a este caso”

Preside la Comisión de Libertad de Expresión en la Cámara de Diputados de Argentina y es vicepresidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia. En ambas se presentó para informar sobre su investigación el juez federal Ramos Padilla. Moreau dialogó en exclusiva con Brecha luego de reunirse con los diputados uruguayos Luis Puig y Gerardo Núñez.

—¿Cómo puede terminar esta historia?

—El juez inicia una investigación sobre espionaje ilegal y se encuentra con una organización paraestatal que se dedica a extorsionar a testigos en los procesos judiciales. Es tan vasta la documentación obtenida que, por ahora, el juez analizó apenas un tercio de todo el material. De esas investigaciones surge el espionaje sobre legisladores uruguayos. D’Alessio menciona una tarea de espionaje sobre Pdvsa Uruguay complementada con un supuesto arrepentido de la empresa, Gonzalo Brusa Dovat. Él habla de quien era presidente de Pdvsa Argentina y Uruguay, un señor llamado Ángel Morales, y sus vinculaciones con algún otro ciudadano uruguayo, a quien identifican como un cuadro técnico del Partido Nacional de Uruguay. También hablan de tareas de investigación sobre una supuesta delegación comercial iraní en Montevideo, que estaría haciendo compras de cemento para ser trianguladas hacia Argentina con cobertura de empresas rusas.

—¿Ramos Padilla deja entrever una operación estadounidense para asfixiar al gobierno de Nicolás Maduro?

—Sí. Está en línea con lo que ocurría en esos días con Pdvsa. Todo lo que ha hecho D’Alessio, y en particular esto de involucrar a Uruguay, Pdvsa y la supuesta embajada paralela iraní, va en línea con los planteos de las embajadas estadounidenses en el continente. Eso demuestra que D’Alessio o es un muy buen intérprete de los intereses de Estados Unidos o tiene una bajada de línea desde Washington para actuar de esta manera.

—Uruguay no va a presentar ninguna queja por ahora. ¿Qué otra repercusión internacional puede haber?

—A medida que avance la investigación, creo que el gobierno de Tabaré Vázquez debería reaccionar. Ya hay aportes de algunos teléfonos de Montevideo, y el juez tiene en su poder los nombres de funcionarios y legisladores que fueron espiados en Uruguay. En el caso de Estados Unidos, se le secuestró a D’Alessio papelería con membrete de la embajada estadounidense y de organismos gubernamentales que brindaba información sobre personas investigadas. También se requisó en el allanamiento documentación oficial del Ministerio de Defensa de Israel.

—¿Puede intervenir la Corte Suprema en el caso D’Alessio?

—Sí, en tanto estén involucrados estados extranjeros que reconozcan la existencia de un agente oficial en estas investigaciones. Pero la embajada de Estados Unidos negó cualquier relación con D’Alessio. Nos preocupa la posible existencia de una red de carácter mafioso que entrelaza y articula intereses de la embajada estadounidense con grandes medios de comunicación y sectores del Poder Judicial y la inteligencia local.

En Uruguay, prima la cautela

La Fiscalía General de la Nación sigue con atención el proceso judicial que tramita el juez Alejo Ramos Padilla. Pero, por ahora, eso es todo. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, no pedirá el inicio de una investigación de oficio hasta que el proceso penal en Argentina avance y se conozcan los principales detalles del proceso, dijeron fuentes judiciales a Brecha.
En este contexto, de este lado del río, Díaz expresó a La Diaria su preocupación por la situación. Anunció que enviaría el video de la intervención de Ramos Padilla ante el Congreso al fiscal a cargo del caso sobre espionaje ilegal en democracia revelado por una investigación periodística de Brecha. Esta sería –de momento– su única intervención.
Según supo Brecha, la Fiscalía no descarta solicitar información oficial a Argentina sobre la causa que se tramita en el Juzgado de Dolores, para certificar la fiabilidad de la información que refiere a Uruguay o a dirigentes políticos uruguayos. Recién entonces, con toda esa información sobre la mesa, Díaz definiría qué medidas tomar.

Mauricio Pérez

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 ESPIONAJE

27 de marzo de 2019

Preocupa al Frente Amplio red

clandestina de espionaje que

operó en Argentina y Uruguay

Los diputados del Frente Amplio Gerardo Núñez y Luis Puig se reunieron con legisladores de la Comisión de Expresión del Congreso argentino para analizar la trama de espionaje que investiga el juez federal Alejo Ramos Padilla y que se extendió a Uruguay.

Núñez y Puig se reunieron con el presidente de la Cámara de Diputados de Argentina, Leopoldo Moreau, con el objetivo de conocer los detalles de la denuncia referida a la existencia de una red de espionaje y su extensión a Uruguay donde se habría espiado a integrantes del Frente Amplio y a empresarios.

Puig dijo a Televisión Nacional de Uruguay que la situación ha generado una “conmoción importante” en Argentina, en el sentido de que algo que comenzó como una denuncia de extorsión a un empresario se convirtió, en la medida que el juez Ramos Padilla comenzó a investigar, en una situación de espionaje, fabricación de causas, extorsión económica y que vincula elementos muy importantes del poder en la vecina orilla.

“El espionaje era para extorsionar a empresarios para que declararan que habían sido parte de un proceso de corrupción y generar la creencia de que la situación actual de deterioro social de Argentina no es producto del gobierno de Mauricio Macri, sino de la administración Kirchner”, dijo el legislador.

En Uruguay

En la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados de Argentina, Ramos Padilla manifestó que tenía “suficientes pruebas para asegurar que Marcelo D’Alessio, quien se hacía pasar por abogado, creó una red de espionaje ilegal en Argentina con el objetivo de extorsionar a personas y manipular causas judiciales”.

En dicho marco, el juez Ramos Padilla advirtió que la red de espionaje ilegal también operó en Uruguay.

Se ha manifestado que D’Alessio habría tratado de vincular a Uruguay con una supuesta embajada paralela iraní y con situaciones “poco claras de PDVSA”, explicó Puig.

El objetivo de tal maniobra sería el de castigar a Uruguay porque se negó a condenar a Venezuela, y nunca respaldó una posición intervencionista de los Estados Unidos en el país caribeño.

Por su parte, Núñez manifestó en radio M24 que el ex directivo de PDVSA Gonzalo Brusa Dovat, quien fue gerente de la compañía petrolera venezolana en Uruguay, denunció que también “fue extorsionado” en el marco de la trama que denunció Ramos Padilla.

Calificó como “sumamente grave” las revelaciones realizadas por el juez argentino.

“Queremos que esto transite por los caminos institucionales correspondientes y se sepa cómo ingresó a Uruguay, quién espió a integrantes del FA y a empresarios. Es decir, si se lo hizo con una cobertura legal o en forma clandestina, teniendo en cuenta que D’Alessio se hizo pasar por abogado durante varios años, falsedad por la que fue procesado y se encuentra en prisión desde hace algunas semanas”, expresó Núñez.

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El fiscal rebelde

Causa por espionaje ilegal en Argentina desata nueva batalla entre oficialismo y oposición

Fabián Kovacic

29 marzo, 2019

La indagatoria por espionaje ilegal y extorsiones que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla puso en aprietos al fiscal de la “causa de los cuadernos”, pieza clave en la ofensiva judicial contra la oposición. La situación preocupa al gobierno de Mauricio Macri, que intenta contratacar.

El fiscal federal Carlos Stornelli fue declarado en rebeldía este miércoles por el juez Alejo Ramos Padilla, quien lo había citado a prestar declaración indagatoria –paso previo a procesarlo– en el caso por espionaje ilegal y extorsión contra el empresario Pedro Etchebest. Ahora será el turno del procurador general de la nación, Eduardo Casal, de tomar cartas en el asunto y obligar a su subalterno a concurrir o ser desplazado de su cargo. Por el momento, el único detenido en la causa que implica a Stornelli es el falso abogado Marcelo D’Alessio.

Stornelli es acusado de participar junto con D’Alessio en una trama de espionaje ilegal y extorsiones a políticos y empresarios en relación con investigaciones por corrupción. La causa tiene entre los espiados a ciudadanos uruguayos, venezolanos y colombianos, así como documentación apócrifa de Estados Unidos e Israel. Sin embargo, la cautela domina por ahora a las cancillerías de esos países, que parecen esperar la evolución del caso en el fuero federal y el decurso de los acontecimientos políticos antes de dar el primer paso.

Stornelli debía comparecer el martes a la mañana en la sede del juzgado en la ciudad de Dolores, pero envió a su abogado, Roberto Ribas, quien presentó un escrito en el que insiste en recusar al magistrado, pedir que la indagatoria sea tratada por los jueces federales de la capital y desestimar todos los cargos en su contra.

CAUSA POLÍTICA. El vínculo entre la “causa de los cuadernos” y el entramado de espionaje ilegal y “aprietes” revelado por el juez federal Ramos Padilla volvió a ubicar la cuestión judicial en el centro de la escena política. En un año de elecciones presidenciales el escarceo por el expediente Stornelli puso al oficialismo en alerta. A instancias del presidente, Mauricio Macri, el ministro de Justicia, Germán Garavano, presentó un pedido de juicio político contra Ramos Padilla en el Consejo de la Magistratura, el órgano judicial encargado de los ascensos y destituciones de los magistrados. Según Macri, Ramos Padilla es un juez que “ya se mandó varias”, pero no especificó cuáles fueron esas faltas. Por su parte, la diputada Elisa Carrió lo consideró “un juez kirchnerista”, por haber sido abogado defensor en 2010 del fallecido canciller Héctor Timerman.

El martes 26 el titular de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo, el peronista Miguel Pichetto, admitió el pedido de juicio político y ya se iniciaron los trámites para reunir prueba sobre la conducta del juez. Por lo pronto, se solicitó el expediente de la causa a Ramos Padilla, las desgrabaciones de la presentación que realizó en la comisión de Diputados y los reglamentos internos del Congreso que permiten citar a un juez para exponer sobre un caso en marcha. De todas formas, se estima que entre los 13 miembros de la magistratura no se reunirán los dos tercios de votos necesarios para destituir al juez.

Lo cierto es que Ramos Padilla se mostró tranquilo tanto en la marcha del domingo 24 de marzo –en conmemoración de los 43 años del golpe militar de 1976– como el lunes, cuando se presentó ante el Consejo de la Magistratura. Allí fue citado como parte del concurso en el que se postula al cargo de juez federal de La Plata, con competencia electoral. La grilla de candidatos incluye 18 nombres y Ramos Padilla la encabeza con el mejor puntaje, tanto por el examen escrito, por el oral y por sus antecedentes: le lleva diez puntos al segundo y se perfila como candidato natural para el cargo. Paradójicamente el encargado de tomarle el examen oral fue el diputado oficialista Pablo Tonelli, un ferviente impulsor del juicio político en su contra, por el caso D’Alessio y sus implicancias políticas.

Desde la oposición insisten en la defensa de Ramos Padilla, y lo consideran “un juez imparcial que debe seguir adelante con la investigación porque está avalado por la Cámara Federal marplatense”, según manifestó el diputado Agustín Rossi, del Frente para la Victoria. A su vez, Rossi suscribió un proyecto de resolución junto con otros siete legisladores nacionales para excluir de la Cámara baja, “por inhabilidad moral”, a las diputadas Elisa Carrió y Paula Oliveto, quienes habrían tenido trato frecuente con Marcelo D’Alessio, según consta en los teléfonos secuestrados al detenido. Por el lado del fiscal Stornelli, algunos voceros de su despacho en el quinto piso de Comodoro Py indican que prefiere ser declarado en rebeldía y removido como fiscal antes que ser procesado por asociación ilícita. En ese caso, la “causa de los cuadernos K”, con la que Stornelli ganó notoriedad, pasaría a otro fiscal que debería convalidar todo lo actuado, y al mismo tiempo enfrentar todos los recursos de los imputados y procesados hasta el momento.

 

 

 

 

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