Continuación de artículos y comentarios relacionados a las actualidades
Las palabras y las cosas:
conmemorar la dictadura
3 de abril de 2019
Martín Girona
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, se ha destacado, entre otras cosas, por ser un entusiasta defensor de la dictadura militar y de los métodos del terrorismo de Estado: “¡Qué época maravillosa! Usted podía caminar por la calle con seguridad. Su familia era respetada y el policía era policía”, afirmaba en una entrevista de julio de 2015.
El año pasado llevó su campaña electoral a los cuarteles y contó con el apoyo de los mandos militares, que con el resultado electoral cuadruplicaron su presencia en el Estado y actualmente ocupan más de un tercio de los ministerios.
La noticia de que ordenó un cambio de denominación con respecto a la fecha del golpe de Estado de mayo de 1964 no fue una sorpresa para nadie. El Estado pasa de “rememorar” a “conmemorar” ese día y, a través de él, a rendir las “conmemoraciones debidas” al régimen político que se mantuvo 21 años en el poder. Bajo esta orientación, el Ejército viene festejando el golpe de Estado desde el viernes pasado, teniendo como contraparte las multitudinarias movilizaciones populares.
El golpe de Estado en Brasil inauguró un ciclo de dictaduras de nuevo tipo en el Cono Sur, enmarcadas en una profunda polarización social y política, condicionadas por la Guerra Fría, formadas en la Doctrina de la Seguridad Nacional y con propósitos fundacionales. En todo el subcontinente, los militares fueron el elemento decisivo de las alianzas políticas que instauraron estos regímenes de guerra contra los trabajadores, los movimientos sociales y la izquierda.
Los elementos comunes del discurso apologético de la época pueden encontrarse en muchos discursos de la actualidad: las Fuerzas Armadas como garantes del interés nacional, obligadas a desenvolver una guerra contra un enemigo interno amparado en doctrinas extranjeras. La Escola Superior de Guerra de Brasil marcó la agenda en este sentido. En Uruguay, el libro Las Fuerzas Armadas al Pueblo Oriental, de 1976, daba cuenta de esta orientación doctrinaria: “Frente a la agresión subversiva, que constituye una enfermedad de la nación uruguaya, debe concluirse que el primer papel de la defensa es, y será siempre, el de proteger las bases fundamentales de la sociedad, construidas y ratificadas por el pueblo, contra las perturbaciones que puedan amenazarlas […] la amenaza más grave contra el cuerpo de la Nación es el peligro de la intrusión de ideologías extrañas a la mentalidad popular que, basándose en el poder, sea mental o económico, de sus adherentes, pretende propiciar y justificar la destrucción total de lo existente como precio de un mañana utópico nunca bien definido”.
¿Guerra o terrorismo de Estado?
En este cuadro se ubicó también la dictadura cívico-militar que debutó en nuestro país el 27 de junio de 1973 y que se enmarcó en una probada operación de coordinación represiva en la región. Los ejércitos de ambos países, formados en la Doctrina de la Seguridad Nacional y con sus cuadros y estructuras heredadas de las dictaduras, comparten una narrativa común del pasado reciente. Las Fuerzas Armadas uruguayas desarrollaron formas específicas de justificación del régimen que pretendían fundar, elaborando voluminosos materiales teóricos y desarrollando una política de medios y propaganda mediante la Dirección Nacional de Relaciones Públicas (Dinarp).
En la actualidad, la “conmemoración” del golpe de Estado y la reivindicación de la dictadura no son patrimonio exclusivo de las Fuerzas Armadas brasileñas; también aparecen en el Ejército uruguayo, y los militares retirados se han transformado en sus portavoces públicos. Sólo a modo de ejemplo, el año pasado Carlos Silva (presidente del Centro Militar y una de las caras visibles de la logia Tenientes de Artigas) afirmó que en Uruguay “no hubo una dictadura”, sino que “un vacío de poder culpa de los políticos que no supieron manejar la situación”. Por su parte, Raúl Mermot (quien ostentó varios cargos políticos durante la dictadura, para luego ser nombrado comandante en jefe del Ejército en 1996), en su discurso del 14 de abril de 2017, reconoció que entre 1973 y 1985 “hubo excesos” cometidos contra los detenidos, pero dijo que no se debe “confundir tortura con apremio físico”.
Las publicaciones del Círculo Militar y del Centro Militar se han centrado en el desarrollo de una narrativa propia del pasado reciente, de carácter apologético, dando un lugar central al combate por las interpretaciones de la historia y las luchas políticas del pasado. En 2008, la revista El Soldado justificaba la publicación del libro Nuestra verdad con estas palabras: “A pesar de las campañas tendientes a desinformar a la ciudadanía y desprestigiar a la Institución armada, tenemos la íntima convicción que al final será el juicio de la historia que condenará a aquellos grupos que por el terror llevaron al país a una irracional guerra entre hermanos, así como también juzgará con el máximo rigor a quienes desde las sombras, los apoyaron y alentaron. Y esa historia, despojada ya de los fanatismos ideológicos de hoy, seguramente reivindicará a quienes, llamados por un Gobierno legítimo, debieron combatirlos y morir, enfrentando la violencia provocada por un enemigo que nunca respetó los más elementales códigos internacionales de la guerra”. Por su parte, el libro de historia del Ejército y los manuales para la formación castrense siguen haciendo hincapié en las acciones de la guerrilla como justificativo del golpe de Estado, dejando un vacío de contenido entre 1973 y 1985.
Punto final para la impunidad
En términos generales, el discurso de las Fuerzas Armadas uruguayas se fue modificando para hacer frente a los cambios en la situación política nacional e internacional, pasando del acento en la “guerra contra la sedición” hacia un discurso de reconciliación nacional y punto final.
Este discurso aparece con fuerza a partir de las discusiones suscitadas por la Comisión para la Paz, creada por el gobierno de Jorge Battle. El discurso de Tabaré Daners, comandante en jefe del Ejército, en 2003, da cuenta de esta nueva orientación discursiva que ataca el llamado “revisionismo” del pasado reciente: “Vivir el presente y mirar el porvenir con ojos del pasado no parece la mejor opción, ya que encierra el peligro de quedar atrapados en otra época, la que, reitero, todos, absolutamente todos, aspiran a que no vuelva a repetirse”.
El ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, una herencia de la política de defensa nacional del ex presidente José Mujica y el ex ministro Eleuterio Fernández Huidobro, tomó en sus manos la continuación de una política de relegitimación del Ejército, por medio de resaltar sus funciones en el sistema de emergencia nacional, por ejemplo frente a las catástrofes climáticas. El Ejército ha sido utilizado para varias funciones durante los últimos gobiernos: además de colaborar en evacuaciones y trabajos de mantenimiento de edificios públicos, ha sido utilizado como rompehuelgas contra los trabajadores municipales. Por otra parte, el año pasado se le asignó la custodia de las fronteras. La propaganda del Ejército se jacta de haber cumplido estas funciones.
El problema central es que para los mandos militares y para los sucesivos gobiernos desde 1985, “dar vuelta la página” ha sido sinónimo de perpetuar la impunidad y no juzgar a los responsables militares y civiles del terrorismo de Estado. Las narrativas militares que han estado al servicio de este objetivo actualmente hablan de “revanchismo” y “venganza”.
Los mandos militares en funciones están volviendo a tomar la posta de estas narrativas justificadoras, que vienen acompañadas por un cuestionamiento a las organizaciones de derechos humanos y a los fallos de la Justicia, mientras que la crisis política desatada por el escándalo de los fallos del Tribunal de Honor Militar volvió a confirmar el compromiso de los mandos militares y de las Fuerzas Armadas como institución represiva con la defensa corporativa de sus integrantes y de la impunidad.
Martín Girona es licenciado en Ciencias Históricas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República).
DENUNCIAS
04 de abril de 2019
Silveira dijo que Gavazzo se
beneficiaba del robo de bienes
a los desaparecidos
El coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira acusó también a José Gavazzo de beneficiarse de las “operaciones económicas surgidas del robo de bienes de desaparecidos y de apropiarse de los inmuebles que pertenecían a militantes políticos secuestrados” en dictadura.
En las últimas horas se conocieron nuevos detalles de la declaración de Silveira ante el Tribunal de Honor militar que indagó a los militares en situación de retiro por violaciones a los derechos humanos en dictadura.
Silveira expresó, según detalló Subrayado, que Gavazzo integró una banda paramilitar y policial que se dedicó a realizar secuestros extorsivos en el marco de las dictaduras uruguaya y argentina.
Gavazzo coordinó acciones militares con Aníbal Gordon, jefe del grupo parapolicial autodenominado Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), que operó entre 1973 y 1976.
Silveira denunció ante el Tribunal de Honor militar que “Gavazzo participaba y se beneficiaba de las operaciones económicas surgidas del robo de bienes de desaparecidos”, y también de la “apropiación de inmuebles que pertenecían a militantes políticos secuestrados”.
Muertes y desapariciones
Silveira expresó que de no haber mediado la intervención directa de Gavazzo, “los desaparecidos políticos uruguayos hubieran sido 25 y no más de 100”.
Días pasados trascendió que Silveira acusó también a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Roberto Gomensoro y de Eduardo Pérez Silveira.
A la vez, responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Vázquez admitió que no leyó las actas
del Tribunal de Honor a Gavazzo
y se puso a disposición de la Justicia
3 de abril de 2019
José Bayardi será el ministro de Defensa y el general Claudio Feola asumirá la comandancia en jefe del Ejército.
El presidente Tabaré Vázquez admitió ayer, en una entrevista con VTV Noticias, que no había leído las actas del Tribunal de Honor que evaluó las conductas de José Nino Gavazzo, Jorge Pajarito Silveira y Luis Maurente, y acotó: “Yo no homologué lo que actuó el Tribunal, homologué parte del fallo”.
Vázquez dijo que firma unos 50 expedientes por día, que no puede leerlos todos y que no tuvo conocimiento de que en el expediente del Tribunal de Honor constaba la admisión, por parte de Gavazzo, de que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cadáver del tupamaro Roberto Gomensoro, para hacerlo desaparecer. El primer mandatario asumió su “responsabilidad política” y dijo que tanto él como todos los implicados en la cadena de mando por la que pasó el expediente se ponían a disposición de la Justicia: “No le quiero sacar la cola a la jeringa, asumo toda la responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar”, aseveró.
Añadió que, cuando recibió ese expediente, habló por teléfono con el entonces titular del Ministerio de Defensa Nacional (MDN), Jorge Menéndez, quien le llamó la atención sobre el informe anexo del entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, y le dijo: “Me parece que lo tenés que ver”. Vázquez contó que así lo hizo, y que le llamaron la atención el ataque “muy fuerte” de Manini al Poder Judicial, que lo llevó a destituirlo; y que el tribunal no sancionara a Gavazzo y Silveira debido a los crímenes por los que fueron condenados, sino por haber permitido que el coronel Juan Carlos Gómez estuviera tres años preso por el asesinato de Gomensoro, sabiendo que era inocente.
“Acá hay que ver quién era el culpable, entonces le dije al ministro de Defensa [Menéndez]: hablá con el doctor [Miguel Ángel] Toma [secretario de Presidencia], y que esto pase a la Justicia”, dijo Vázquez en la entrevista. Ayer, El País informó que Menéndez, acompañado por los abogados Alfredo Maeso y Josefina Nogueira, se reunió entonces con Toma, a quien le entregaron los documentos y le advirtieron que había que realizar una denuncia penal. Toma, entrevistado por el mismo diario, eludió responder si en esa reunión le advirtieron sobre la confesión de Gavazzo y le sugirieron denunciarlo: “No, yo no le voy a decir quién sugirió lo que sugirió. En esa reunión, lo que… Lo único que recibí fue el expediente, y el expediente lo pasé a Jurídica. No existe el trámite como usted está manejando”.
Vázquez afirmó que el “nudo político del tema” está en la ruptura del pacto de silencio, ya que “uno de los actores principales” de la represión reconoce que hubo “torturas, muertes y desapariciones”, de modo que “ya no son suposiciones, hay una realidad”.
La nueva cadena de mando
El presidente se comunicó el lunes con José Bayardi, dirigente de la Vertiente Artiguista, para ofrecerle el cargo vacante tras la renuncia de Menéndez. “Me planteó el tema y me dijo que esperaba que aceptara”, comentó a la diaria Bayardi, y aclaró que, aunque ya dio una respuesta afirmativa, falta la designación formal. Suena con fuerza el nombre de Andrés Berterreche, senador del Movimiento de Participación Popular, para ocupar la subsecretaría, pero Bayardi dijo que aunque tiene “algunas ideas”, no va a manejar nombres hasta que sea designado.
El nuevo comandante en jefe del Ejército será el general Claudio Feola, de 57 años. Según el sitio web del MDN, cursó estudios en el Instituto Crandon antes de ingresar al Liceo Militar en 1977. En 1982 se graduó como alférez del arma de artillería, llegó a ser jefe del Grupo de Artillería de Defensa Antiaérea Nº 1 en 2001, y en 2005 asumió la dirección del Centro de Instrucción de Artillería de Campaña y Antiaérea. En 2013 fue nombrado director general del Servicio de Material y Armamento, y en marzo de 2015 pasó a ser edecán de Vázquez. En febrero de 2018, ya como general, asumió la jefatura de la Casa Militar. Según informaron varios medios ayer, Feola es masón.
Vázquez también dijo a VTV que decidió traspasar del Ejército a la Armada la jefatura del Estado Mayor de la Defensa. Su nuevo jefe será el contraalmirante Fernando José Pérez Arana, quien está desde 2018 al frente de la Prefectura Nacional Naval. Nació en 1963, ingresó a la Escuela Naval en 1980, y ha ocupado cargos en varios navíos y en unidades terrestres, incluyendo el comando del contingente naval en Haití y la jefatura de la división de inteligencia naval en el Estado Mayor de la Armada.
La opinión de Miranda
El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, hizo circular ayer una carta en la que sostiene que “por detrás –por dentro– de los expedientes administrativos de los Tribunales de Honor Militar que hoy se conocen, late la realidad de la barbarie, del silencio, del ocultamiento, de la impunidad”.
Miranda afirma que los militares de hoy “no fueron en la ocasión capaces de asumir la historia” y dejaron pasar, una vez más, la “oportunidad de dignificar su profesión”. Ante las reivindicaciones de golpes de Estado que circulan “aquí cerca”, llama a “reafirmar la democracia” y a defender los derechos humanos.
“No nos quedemos en la superficie de los expedientes y su trámite. Invito a la sociedad toda, y especialmente a los partidos políticos, a reflexionar sobre los episodios recientes, porque lo que está en juego hoy, aquí, vuelve a ser el grito indignado, comprometido: Nunca más”, culmina.
Secretaría de Presidencia aclara
cómo procedió ante los fallos
del Tribunal de Honor
Toma confirma que Menéndez le acercó los expedientes y que Vázquez
le ordenó su pase a la justicia
3 de abril de 2019
La Secretaría de la Presidencia de la República a cargo de Miguel Ángel Toma emitió un comunicado en dónde confirma que recibió de manos del exministro de Defensa Jorge Menéndez el expediente en el que se tramitaban los fallos emitidos por el Tribunal de Honor. Y que al detectar “conductas en apariencia delictivas” el presidente Tabaré Vázquez le ordenó a Defensa elevar la información a la justicia.
En la nota publicada en la página web de Presidencia se señala que los antecedentes de caso fueron enviados a Defensa el 12 de marzo con instrucción de dar paso a la Justicia y que el 1 de abril, tras la difusión pública del contenido de las actas militares, Vázquez pidió a Defensa que eleve de urgencia las actuaciones a fin de verificar si la información había sido presentada ante la Fiscalía.
Al constatar, según la respuesta del ministro interino, que todavía se estaban “desplegando acciones” dentro del Ministerio, Vázquez ordenó el envío de los antecedentes de inmediato, lo que fue cumplido el mismo 1 de abril.
MILITARES
02 de abril de 2019
Vázquez: Por primera vez se
rompe el pacto de silencio
de los militares
El presidente de la República, Tabaré Vázquez, expresó que no homologó la actuación del Tribunal de Honor militar, sino parte del fallo que pasaba a reforma a José Gavazzo y a Jorge Silveira. También resaltó que por primera vez en la historia se rompió el pacto de silencio de los militares sobre las violaciones a los derechos humanos ocurridas en dictadura.
Vázquez se refirió en las últimas horas a su decisión de cesar al comandante en Jefe del Ejército, José González, y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (ESMADE), Alfredo Erramún; y de solicitar la venia de la Cámara de Senadores para promover la situación de pase a retiro obligatorio de los generales Claudio Romano, Carlos Sequeira, Alejandro Salaberry y Gustavo Fajardo, quienes integraron el Tribunal Espacial de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada militar.
La decisión de Vázquez se debió a que los seis militares cometieron una “grave omisión” ya que conociendo o debiendo conocer la consecuencia de la presunción de un delito, omitieron dar curso a la denuncia pertinente.
Ante el Tribunal de Honor, Gavazzo declaró que en marzo de 1973 arrojó al río Negro el cuerpo sin vida de Roberto Gomensoro, quien había sido detenido y torturado hasta la muerte en el Grupo de Artillería 1 de Montevideo.
Por su parte, el coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira acusó a Gavazzo, ante el mismo Tribunal, de ser el responsable de la muerte de Gomensoro, y de otro detenido: Eduardo Pérez Silveira.
A la vez responsabilizó a Gavazzo por la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Parte del fallo
Este martes 2 de abril, Vázquez expresó -en entrevista con Gabriel Pereyra de VTV- que no homologó lo actuado por el Tribunal, sino “parte del fallo” que pasaba a reforma a Silveira y a Gavazzo.
“Y no homologué porque no se había tomado la misma medida respecto a Luis Maurente. Hay un capítulo importante de accionar de gobierno que comprende la fase legal, la política y la institucional. La legal la resolverá la Justicia libre y soberanamente, como lo hace en este país”, dijo Vázquez.
Agregó: “En lo político y en lo institucional ya actuamos. Y no le quiero sacar la cola a la jeringa, como se dice vulgarmente, asumo toda la responsabilidad política y será la Justicia la que tendrá que dictaminar”.
Por otro lado, confesó que cuando habló con el ministro de Defensa, Jorge Menéndez, el ex secretario de Estado le dijo: “‘Hay un informe de Guido Manini Ríos que me parece que tenés que ver’. Le dije que viniera al día siguiente, y me trajera las resoluciones y el informe”.
“Cuando lo leo, noto dos cosas: que era un ataque muy fuerte a los poderes del Estado y las consideraciones por las cuales el Tribunal de Honor había determinado que tenía que pasar a reforma a Gavazzo y a Silveira”, remarcó.
En tal sentido Vázquez recordó que decidió, en el primer caso, “la destitución de Manini Ríos”, y en el segundo, notó que Gavazzo y Silveira pasaban a reforma por haber dejado que una persona inocente, Juan Carlos Gómez, estuviera en prisión siendo inocente, cuando ellos lo sabían”.
“Le dije al ministro que hablara con el secretario de Presidencia, Miguel Toma, y que yo firmaba estas dos resoluciones y que esto pasara a la Justicia”, explicó.
Pacto de silencio
Por otro lado, Vázquez destacó en la entrevista que, “por primera vez se rompe el pacto de silencio de los militares”.
Además, “se comprobó que del pacto participaron militares en actividad”, como el caso del hoy ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, quien “encubrió una situación gravísima en el Tribunal de Honor”.
“Ahora nadie puede decir que no hubo muertes en los cuarteles militares y que no se desapareció gente”, sentenció Vázquez.
CRÍMENES
Ex secretario de Fernández
Huidobro en el Ministerio
de Defensa dijo que en 2013
ya había datos sobre el asesinato de
Roberto Gomensoro a manos de Gavazzo
03.04.2019
MONTEVIDEO (Uypress) – Víctor Braccini, quién fue director y secretario del entonces Ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, – dijo a El País que desde 2013 se sabía en el Ministerio que Gavazzo había hecho desaparecer el cuerpo de Gomensoro y que no había actuado solo.
Dice la crónica de Eduardo Barreneche para El País, que Braccini es un ex diputado y fundador del MPP, electo por la Corriente de Acción, Pensamiento y Libertad (CAP-L), liderada por Fernández Huidobro y que ocupó el cargo de director de Asuntos Sociales.
Recuerda que en 2012, Fernández Huidobro envió una carta a la jueza de Paso de los Toros, Lilián Elhorriburu, señalando que el militar Juan Carlos Gómez, procesado en 2010 por el crimen de Gomensoro, era inocente.
“Temo que esté pagando con cárcel un oficial que nada tuvo que ver en este caso y se esté encubriendo a los verdaderos culpables. Cortando, además, la línea de investigación”, decía Fernández Huidobro en su carta.
En un operativo especial que garantizó su seguridad personal se logró traer, en forma protegida, al ex general Enrique Debat, quién prestó declaración ante la sede judicial.
“Debat testificó que a Gomensoro lo mataron en el Grupo de Artillería 1 y que el asesino no fue Gómez, quien revestía en un cuartel de Paso de los Toros. Declaró, además, que Gavazzo mató a Gomensoro y que otros militares lo ayudaron a llevar el cuerpo hasta el río Negro”.
Según Braccini cuando conducía el Ministerio de Defensa, Fernández Huidobro manejaba tres conceptos claves: los militares jamás juzgarían a uno de sus pares por delitos de lesa humanidad; debían ser degradados cuando recibieran una condena de la Justicia civil por dichos ilícitos y habría que hacer todos los esfuerzos para que el Ejército se reintegrase a la sociedad.
En tanto, dice la crónica citada que “Tras la muerte de Fernández Huidobro en 2016, asumió el socialista Jorge Menéndez al frente de la cartera. La conducción del ministerio giró 180 grados. “Menéndez concebía la teoría de los dos demonios: tupas y milicos. Confrontaba con los militares. Y a Daniel Montiel (subsecretario y dirigente del MPP) no lo dejaba hacer nada pese a que este tenía un gran apoyo político”.
La impunidad y la defensa
de los DDHH en democracia
4 de abril de 2019
Escribe: Mariana Achugar
En una sociedad que acepta la violencia y la impunidad del Estado como algo inevitable se deslegitima e invisibiliza a quienes luchan por defender los derechos humanos. El Estado tiene un papel sustantivo en la reproducción de la cultura de la impunidad. Hoy, como a lo largo de estos casi 34 años transcurridos desde que finalizó la dictadura, el Estado y sus instituciones han optado por políticas de memoria o indiferencia que tienen peso en la organización de las relaciones de poder en nuestra sociedad y en las garantías que tenemos de que se protejan nuestros derechos. Pasado y presente están interrelacionados, y la cultura de la impunidad continúa.
La disputa por darle credibilidad social y construir un acuerdo sobre qué significó el pasado dictatorial tiene que ver con las luchas políticas del presente. Existen y continuarán existiendo múltiples relatos sobre el pasado, pero prevalecen aquellos que tienen que ver con las relaciones de poder en un momento particular, como lo demuestra el caso de Argentina, donde hoy se discute cuántos fueron los desaparecidos.
En Uruguay, a pesar de 15 años de gobiernos progresistas, la lucha por verdad y justicia, así como la defensa de los derechos humanos básicos, son retos vigentes en nuestra democracia.
Las revelaciones sobre el Tribunal de Honor en el que se legitimaron crímenes de desaparición, asesinato y tortura, junto con el mensaje emitido la semana anterior por el Ministerio del Interior justificando el seguimiento y posterior detención de dos jóvenes que participaban en una marcha pacífica, demuestran la normalización de la impunidad a nivel institucional. Estos casos ponen en evidencia la complicidad del Estado en la reproducción de una cultura de impunidad.
Lamentablemente, vivimos en un contexto en el que la impunidad se ha naturalizado y la violación de los derechos humanos ha pasado a segundo plano. En estos días el tema logró tener más visibilidad debido a su resonancia mediática, pero hasta ahora el foco de las campañas políticas y los medios había estado en la seguridad centrada en la protección de la propiedad privada. La violencia de la que se habla en el ámbito público es la relacionada con el robo, no con la violencia ejercida por grupos poderosos o por el Estado. Las soluciones que se discuten son la militarización de la sociedad y el incremento de la vigilancia a la ciudadanía.
El Estado hace caso omiso a los reclamos y demandas de la sociedad civil organizada que pide verdad y justicia, y estos reclamos casi no son registrados por los medios masivos. Como establece el informe de las investigaciones sobre políticas de verdad y justicia en la región publicado por la Universidad de Oxford (Lessa, 2019), las víctimas, los familiares y las organizaciones de derechos humanos han tenido un papel clave al presentar denuncias e iniciar causas, ya que en Uruguay en ningún caso la Fiscalía General de la Nación actuó de oficio. Hay dos ejemplos claros de esta situación. En primer lugar, el caso de las ex presas políticas que en 2011 hicieron una demanda judicial por crímenes sexuales durante el período 1972-1983. Los denunciados fueron casi 100 militares y civiles, de los cuales sólo cinco han sido procesados. Ocho años después, la causa sigue abierta. En segundo lugar, está la denuncia de académicos, abogados y activistas sociales que fueron amenazados de muerte por el llamado Comando Barneix. Estas personas amenazadas, que cuentan con el apoyo de cientos que expresaron su solidaridad, solicitaron al gobierno que se investigara la situación, pero todavía no han recibido respuesta a su pedido. La inacción y falta liderazgo político para aclarar estos casos y conseguir justicia promueven la cultura de la impunidad y naturalizan una cultura institucional en la que quienes ejercen la violencia desde instituciones del Estado lo hacen sin rendir cuentas.
Las recientes informaciones sobre espionaje en democracia, la videovigilancia durante las marchas, y el uso de tiras en marchas de movimientos sociales son una indicación de que algunas prácticas típicas de la dictadura no han desaparecido. Todos somos sospechosos, no sujetos de derecho. Este tipo de contexto favorece una cultura en la que no existe responsabilidad penal o administrativa de quienes violan derechos humanos.
¿Por qué tiene que haber una noticia en la prensa sobre crímenes durante la dictadura para que se cumplan las leyes y se revise a quién se pone a cargo de las Fuerzas Armadas? ¿Por qué se usan cámaras de videovigilancia y operativos con más de diez vehículos policiales para detener a un joven que participó en una marcha en defensa de nuestro derecho a tener agua limpia o por estar en desacuerdo con un proyecto como UPM2? ¿Por qué no se usan esas cámaras u operativos para encontrar a los que amenazaron de muerte a defensores de los derechos humanos o para indagar a quienes han sido acusados de crímenes sexuales durante la dictadura? La celeridad y eficiencia operativa que se demuestra en el caso de quienes se manifiestan en contra de ciertas políticas y de cierto modelo de desarrollo desaparecen cuando se busca a los responsables de crímenes durante la dictadura o a quienes destruyen radios populares o destruyen sitios de memoria.
Los derechos y las garantías legales deben ser defendidos para todas y todos, y en todo caso. No puede haber situaciones de excepción. Este tipo de argumentación fue la que justificó el terrorismo de Estado, como demuestra el análisis del discurso militar durante la dictadura (Achugar, 2008). No estamos en una dictadura, pero las limitaciones de los derechos ciudadanos coartan nuestra democracia.
Hoy, en un contexto en el que los derechos humanos y las democracias están siendo atacados en la región y en gran parte del mundo, no podemos aceptar esta situación de impunidad ante la vulneración de derechos básicos como la libre expresión, el acceso a la justicia y la protesta. Para afianzar la democracia tenemos que garantizar nuestro derecho a exigir que las formas y procedimientos establecidos para proteger a la ciudadanía se cumplan. Deben marcarse las responsabilidades de las autoridades que no se hacen cargo o que son omisas ante estas violaciones de derechos.
Transformar la cultura de la impunidad a nivel del Estado requiere, como mínimo, asegurarnos de que no formen parte de nuestras instituciones quienes no defienden los derechos humanos y el funcionamiento democrático. También se necesita revisar la Ley Orgánica Militar, rediseñar los planes de estudio militares y reducir la cantidad de efectivos, como sugiere la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Además, necesitamos preparar a quienes trabajan en la Policía y en el Ministerio del Interior en el respeto a las leyes y los procedimientos diseñados para resguardar nuestros derechos. La deconstrucción de la impunidad requiere una serie de políticas aplicadas sistemáticamente para transformar esta cultura instalada en las instituciones del Estado.
Mariana Achugar es docente e investigadora de la Universidad de la República.
PLAZA LIBERTAD
03 de abril de 2019,
PIT-CNT y organizaciones de DD.HH
convocan a concentración
en defensa de la democracia
El PIT-CNT junto a Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y organizaciones sociales, convocan al pueblo uruguayo a concentrarse el próximo jueves 11 de abril, a las 18 horas, en la Plaza Libertad, “en defensa de la democracia, contra la impunidad”, y en respaldo a la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de cesar y pedir el pase a retiro de seis generales militares.
a central de trabajadores, Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, el movimiento estudiantil y la organización de Jubilados y Pensionistas convocan a toda la sociedad a una concentración “por la democracia y contra la impunidad”.
El encuentro será el jueves 11 de abril a las 18 horas en la Plaza Libertad.
En dicho marco, el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, expreso que “lo primero que corresponde es la condena humana”, tras las declaraciones de José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor militar.
“La aberrante confesión de Gavazzo rompe con el mito construido por la dictadura de que acá no hubo terrorismo de Estado”, remarcó Abdala en declaraciones que difundió el Portal del PIT-CNT.
El dirigente sindical manifestó que las declaraciones de Gavazzo muestran el rostro inhumano del fascismo y que hubo un ataque contra todo el pueblo uruguayo”.
“Lo que dijo Gavazzo es importante porque lo dicen ellos, si lo decimos nosotros lo colocan bajo un manto de sospecha, pero ahora lo dicen ellos, esa es la diferencia” remarcó.
Añadió que “es tiempo de que el Poder Judicial acelere las investigaciones”.
Respaldo
Abdala agregó que también corresponde al movimiento sindical y a la sociedad toda “respaldar la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, y llevar a la práctica ese sentimiento tan nuestro, de cuando cantamos el Himno Nacional y decimos: ‘es el voto que el alma pronuncia’”.
“La gente tiene que estar allí, en la calle, en defensa de los derechos humanos, en una convocatoria amplia, democrática y sin exclusiones, donde nos encontremos todos los orientales de buena voluntad participando en una demostración de respaldo a la democracia” convocó.
COMUNICADO DE LA SECRETARÍA DE
LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA
“Ante sucesivas versiones de prensa referidas a la actuación de la Secretaría de la Presidencia de la República, en virtud de los fallos emitidos por el Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores N°1 del Ejército Nacional, que juzgaron las conductas de Jorge Silveira Quesada, José Nino Gavazzo Pereira y Luis Alfredo Maurente Mata, se efectúan las siguientes precisiones:
1) La Secretaría de la Presidencia de la República efectivamente recibió de manos del entonces ministro de Defensa Nacional, Dr. Jorge Menéndez, el expediente en el que se tramitaban los fallos emitidos por el Tribunal de Honor arriba citado.
2) La recepción de dichos antecedentes estaba acompañada por la decisión explícita del Sr. Presidente de la República en cuanto a homologar la parte dispositiva de los fallos referidos a las conductas de Silveira Quesada y José Nino Gavazzo, así como no homologar el fallo vinculado a la actuación de Luis Maurente, como bien lo hizo saber el entonces ministro.
3) La homologación o no de los fallos tienen como objeto procedimental, circunscribirse sobre dichos extremos, sin que el Poder Ejecutivo se constituya en tribunal de alzada.
No obstante y habida cuenta que el Sr. Presidente advierte en el juzgamiento de Silveira y Gavazzo, conductas con apariencia delictivas, instruyó al entonces ministro de Defensa sobre la necesidad de poner los hechos en conocimiento de la Justicia.
4) Consecuentemente la Secretaría de la Presidencia remitió el expediente a la Asesoría Jurídica de la Presidencia, a fin de que extendiera los proyectos de resolución en la forma de estilo, sobre la homologación de los fallos, siguiendo las directivas impartidas, emitiéndose las resoluciones del Poder Ejecutivo del 12 de marzo de 2019.
5) Para el cumplimiento de la instrucción del Sr. Presidente de la República, en el sentido de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, ese mismo día, es decir el 12 de marzo de 2019, el Ministerio de Defensa Nacional, con la finalidad de actuar en consecuencia, recibió todos los antecedentes que habían sido entregados a la Secretaría de la Presidencia.
6) Ante la versión de prensa publicada el 30 de marzo de 2019, con conexión con los hechos descritos, el 1° de abril de 2019 se solicitó al Ministerio de Defensa Nacional que elevara con carácter urgente las actuaciones que venimos refiriendo, a fin de verificar si la instrucción de poner los hechos en conocimiento de la Justicia, había sido cumplida o no.
7) El Ministerio de Defensa Nacional, en virtud de esta solicitud, cumplió de inmediato el requerimiento, elevando los documentos más relevantes a dicha finalidad, dejando expresa constancia, con la firma del Sr. ministro Interino de Defensa Nacional, que aún se encontraban los servicios del Ministerio desplegando distintas acciones, entre las que señala: “determinar la remisión de copia de las Actas de Declaración ante el Tribunal de Honor a las distintas Sedes Penales que pudieron haber intervenido en los hechos a que se han referido los Oficiales sometidos” y “ poner en conocimiento de los hechos a la Fiscalía General de la Nación”.
8) Ese mismo día, es decir el 1° de abril de 2019 y teniendo en cuenta que no se había realizado aún la comunicación a la Justicia, el Presidente de la República ordenó que de inmediato se compareciera ante la Fiscalía General de la Nación, poniendo en su conocimiento los hechos que resultaban de las actuaciones elevadas por el Ministerio de Defensa Nacional, lo que se cumplió.
9) Ante la divulgación insistente de hechos que genera confusiones y contradicciones, que en puridad no existen, la Secretaría de la Presidencia de la República, se ve en la obligación de emitir el presente comunicado.
10) Se lamenta profundamente que se haya optado por hablar y sostener conjeturas, con notorios desaciertos, antes que reconocer la histórica decisión adoptada por el Sr. Presidente de la República, en defensa de los Derechos Humanos, de las Instituciones, de la Justicia y del acceso al conocimiento de la verdad; principios sagrados que quedan -por la fuerza de los hechos- curiosamente disimulados.
Montevideo, 3 de abril de 2019”.
El fiscal de Corte, Jorge Díaz, deslindó responsabilidades en una eventual convocatoria al presidente de la República en relación a una posible omisión en pasar a la justicia la confesión del exmilitar procesado José Gavazzo.
“Eso le corresponde al fiscal de la causa. No me corresponde a mí evaluarlo. (…) No le voy a indicar a ningún fiscal cual es el camino a seguir en una investigación de estas características”, afirmó.
Luego agregó, como consideración, que “es buena cosa que los ciudadanos uruguayos sepan que todos los ciudadanos uruguayos estamos bajo la órbita de la justicia”.
“El fiscal (Ricardo) Perciballe y el fiscal (Rodrigo) Morosoli en las respectivas órbitas de su competencia determinarán el camino a seguir, como corresponde”, indicó Díaz.
Chargoñia: hace
6 años hay datos
de la muerte de Gomensoro
4 de abril de 2019
Se exagera al decir que es la primera ruptura del pacto de silencio, afirmó
El integrante del Observatorio Luz Ibarbouru y abogado patrocinante de causas sobre violaciones a los derechos humanos en el pasado reciente Pablo Chargoñia dijo que “se exagera” al afirmar que con la aceptación del militar retirado José Gavazzo de su participación en el caso de la desaparición del militante Roberto Gomensoro se rompe el pacto de silencio. En su opinión ya ha habido episodios de declaraciones en esa línea y desde hace más de seis años había información suficiente para investigar la muerte de Gomensoro.
“No caigo en la trampa” de quien sostiene que la asunción de Gavazzo de sus acciones es lo más importante cuando en realidad esas declaraciones son una estrategia para evitar la crítica al conflicto interno que se ha generado en el Gobierno, dijo Chargoñia. Agregó que “por supuesto” el militar no está diciendo la verdad “porque no pudo haber transportado una persona él solo y haberla intentado hacer desaparecer en el Río Negro”.
Agregó que “es difícil que estas solas declaraciones puedan tener consecuencias respecto a la responsabilidad de Gavazzo, en primer lugar porque una confesión se tiene que hacer ante un juez, en segundo lugar porque se tiene que verificar”. “En tercer lugar porque se tiene que investigar exhaustivamente quienes operaron en el cuartel de La Paloma, porque no fue él solo”, reiteró.
Por otra parte Chargoñia cuestionó la actitud del Ministerio de Defensa cuando se actuó, durante la administración del ministro Eleuterio Fernández Huidobro, para demostrar que al militar Juan Carlos Gómez, que estaba preso por el episodio de la muerte de Gomensoro, no había participado. “Siempre me he preguntado por qué el Ministerio de Defensa, que fue eficaz en la defensa de Juan Carlos Gómez, no dio otro paso respecto al análisis de las responsabilidad de quienes sí eran culpables y que habrían ejecutado a Gomensoro”, agregó.
Entrevista a Pablo Chargoñia
El 11 habrá marcha contra la
impunidad
La impunidad es una afrenta a la democracia, dijo Abdala
5 marzo del 2019
El Pit Cnt, la organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, la asociación de ex presos políticos Crysol y la Federación de Estudiantes Universitarios (FEUU) convocan a una concentración en Plaza Libertad.
Será el próximo jueves 11, a las 18.00 horas, en apoyo a la decisión del presidente Tabaré Vázquez de destituir al ministro y subsecretario de Defensa Nacional y a la cúpula del Ejército por el caso Gavazzo.
El secretario general del Pit Cnt, Marcelo Abdala, explicó a Informe nacional que esta medida fue resuelta “en defensa de la democracia, contra la impunidad” y en respaldo a la decisión de Vázquez.
DDHH Y MILITARES
Las 702 páginas del expediente
del Tribunal de Honor fue
entregado por el Ministro de Defensa a la
Comisión de Defensa del Senado
09.04.2019
MONTEVIDEO (Uypress) – El sábado 30 de marzo, el periodista Leonardo Haberkorn, dio a conocer, en El Observador, parte del expediente del Tribunal de Honor que actuó en la causa de José Gavazzo.
Este martes 9 de abril, El Observador obtuvo el expediente completo del caso Gavazzo y las actas del Tribunal de Honor.
Por la mañana el Ministerio de Defensa había entregado a la Comisión de Defensa del Senado el expediente completo del caso Gavazzo.
Por este caso fue destituido el Gral, Manini Ríos, se removió a su sucesor, Gral González, y está pendiente la remoción de siete generales más.
Lo revelado en la investigación de Haberkorn fueron las declaraciones de José Nino Gavazzo que confesó haber arrojado el cuerpo de Roberto Gomensoro al río Negro.
Tribunal de Honor Expedient… by on Scribd
Realmente horroroso
Finalmente, luego de años de demora, el Ministerio de Defensa Nacional, dispuso la formalización de un Tribunal de Honor para juzgar la conducta de los criminales José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente.
Crysol formuló su demanda de que todos los militares procesados y con sentencia firme fueran sometidos a tribunales de honor en marzo de 2015, ante la Presidencia de la República. Ya lo había solicitado con anterioridad al Ministro de Defensa Nacional durante el gobierno de José Mujica.
Asombrosamente, el Tribunal de Honor integrado por los generales Juan Fajardo, Alfredo Erramún y José González no encontró que la conducta de los mismos, a pesar de la condena judicial, haya afectado el honor de las Fuerzas Armadas. El solo hecho de que exista una sentencia firme por parte del poder judicial ya amerita que un tribunal de honor militar adopte una sentencia sancionatoria.
Los tribunales de honor militares, a diferencia de la justicia ordinaria que requiere pruebas para condenar, se pronuncian por simple “convicción” de sus integrantes. La convicción de los tres integrantes del tribunal y de los generales que integraron el tribunal de Alzada fue que ninguno de los tres violentó el honor a pesar de los delitos tipificados.
La semana pasada, el Presidente de la República pasó a retiro a tres generales en actividad, entre ellos al Comandante en jefe del Ejército y solicitó la venia parlamentaria para el retiro obligatorio de otros tres generales. Lo hizo al tomar conocimiento de lo actuado por ellos, al conocer las declaraciones de los imputados y por la omisión de informar a la justicia. Por primera vez, desde el retorno a la vida democrática en 1985, un Presidente de la República actuó enérgica y decididamente, asestando un golpe decisivo a la impunidad y sobre todo a la cultura de la impunidad.
“El País” y sus lecciones de moral
Rápido de reflejos, son años, al otro día, tempranito, cuando canta el gallo, el otrora vocero oficial del terrorismo de Estado, encontró en la actuación de presidencia, en el tratamiento administrativo del expediente, la excusa necesaria para intentar esconder lo vergonzoso de la actuación de los generales involucrados, la supervivencia hasta el día de hoy de la Doctrina de la Seguridad Nacional en el seno de las Fuerzas Armadas y las revelaciones, brutales, que tanto Gavazzo como Silveira formularon de acuerdo a las actas.
Para “El País” y otros voceros descarados, la actuación de la presidencia se transformó, impúdicamente, en el foco informativo. Inmediatamente, el coro mediático, la infinidad de programas y medios del monopolio hegemónico, comenzó a operar en tal sentido. Incluso los habituales operadores de la derecha y otros novedosos, no dudaron en cuestionar enérgicamente el accionar del Poder Ejecutivo. Desde el Dr. Julio María Sanguinetti hasta el que una semana antes había hecho el panegírico del farsante Guido Manini Ríos, el Dr. Luis Alberto Lacalle Pou. La más rancia derecha pro impunidad cuestionando la actuación del Poder Ejecutivo.
En el colmo de una sobredosis de alucinógenos, el matutino caganchero editorializó pretendiendo dar lecciones de moral a las organizaciones de víctimas del terrorismo de Estado que desde hace décadas reclamamos y luchamos por Verdad y Justicia para depurar a las Fuerzas Armadas y afirmar la institucionalidad democrática. Insólito.
Supervivencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional
Las actuaciones del tribunal de honor y del tribunal de alzada son una demostración elocuente de la vigencia de la Doctrina de la Seguridad Nacional en la mentalidad de la plana mayor del ejército. Sus actuaciones hieren la sensibilidad ciudadana por los testimonios brindados por los involucrados y por la mentalidad de quienes los juzgaron. También interpela, masivamente, a todos quienes estos años promovieron y defendieron la Ley de Caducidad (Ley 18 548) otorgándoles una inmerecida impunidad: expresidentes, políticos, candidatos presidenciales, operadores judiciales, centros militares y el propio vocero oficial del terrorismo: “El País”.
Con el diario del día lunes a la vista, fue un error del Poder Ejecutivo no dar a conocer en forma inmediata las actas de los tribunales de honor a toda la ciudadanía. Es lo que correspondía.
Desprecian al Poder Judicial y fueron encubridores
Una parte importante de los generales siguen despreciando la Constitución y el sistema democrático republicano de gobierno. Se nota claramente al leer la Resolución de los Tribunales de Honor que juzgaron las conductas de los criminales José Nino Gavazzo, Ricardo Maurente y Jorge “Pajarito” Silveira. El Honor de nuestras actuales Fuerzas Armadas acepta, sin ninguna molestia o malestar, las acciones que el conjunto de la sociedad uruguaya considera abominables, sancionables penal y moralmente.
Lo mismo sucede con aquellos que integraron el Tribunal de Alzada. Lo afirmado por Guido Manini Ríos llega al colmo del cinismo. Demostraron ser absolutamente antidemocráticos, desconociendo las normas constitucionales. Revelaron una complicidad alarmante con los principales criminales de nuestro país, un desprecio absoluto por las decisiones del poder judicial.
El Poder Judicial tiene que actuar
Desde octubre del año 2011, no existen más obstáculos legales para que la justicia cumpla con sus cometidos constitucionales exclusivos. La Ley 18 831 restableció plenamente la pretensión punitiva del Estado. Al igual que ocurre con la inmensa mayoría de los delitos, el indudable pacto de silencio de los involucrados en las desapariciones forzadas, en los abusos sexuales, los asesinatos, los secuestros y las torturas, se destruye con el accionar de la justicia.
Son los jueces quiénes tienen que actuar sin pruritos y sin miedos. Deben llevar a cabo las investigaciones criminalísticas, deben convocar a declarar en los estrados judiciales a todos los presuntos involucrados y a los testigos, deben allanar domicilios e incautar todos los documentos y archivos que consideren pertinentes. Si encuentran obstáculos deben señalarlos públicamente como hizo en su momento la Dra. Mariana Mota.
Como colectivo de ex presas y de ex presos políticos seguiremos demandando que sean sometidos a tribunales de honor y separados de las Fuerzas Armadas, todos los procesados y condenados por las graves violaciones a los DDHH. La implementación de la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas es el estándar de calidad al respecto, en todos los planos.
Reiteramos nuestro apoyo a la decisión del Poder Ejecutivo de pasar a retiro a los integrantes de los Tribunales de Honor y del Tribunal de Alzada y apoyamos todas las iniciativas destinadas a una firme actuación del poder judicial. Es lo que corresponde para afirmar la democracia, las normas de DDHH y sentar las bases de un auténtico Nunca Más terrorismo de Estado.