De giros inesperados
No aclares, que oscurece. El dicho popular alcanzó un gran rating en la crisis política desencadenada a raíz de las confesiones del teniente coronel José Gavazzo sobre el asesinato del tupamaro Roberto Gomensoro, contenidas en las actas de un Tribunal de Honor, que provocaron la destitución de seis generales, entre ellos, el comandante del Ejército que había sido nombrado días antes por Tabaré Vázquez.
Samuel Blixen
5 abril, 2019
La destitución de los militares y la renuncia inducida del ministro de Defensa, Jorge Menéndez, y su subsecretario, Daniel Montiel, se ha visualizado como un estallido, cuando, en realidad, es un proceso que comenzó a mediados de febrero y que transcurrió discretamente hasta que un informe periodístico reveló el contenido de las actas del Tribunal de Honor. El relevo del comandante del Ejército Guido Manini Ríos, el 15 de marzo, y el nombramiento de su sucesor, general José González, fueron consecuencia de las críticas a la actuación de la justicia que el primero de los nombrados formuló en un documento cuando solicitó entrevistarse con el presidente para que se produjera una definición sobre la homologación del fallo del tribunal. Ese fallo absolvía a Gavazzo de lesionar el honor de las Fuerzas Armadas, a pesar de haber sido condenado por 28 homicidios y desapariciones. El tribunal condenaba, en cambio, a Gavazzo a pasar a la situación de reforma por haber permitido que un coronel, Juan Carlos Gómez, permaneciera en prisión durante tres años, cuando sabía que era inocente. Las opciones de los generales que actuaron en el tribunal revelaron varas distintas para sopesar injusticias: tomaron medidas frente al encarcelamiento de un coronel, pero eludieron tomar aquellas que pudieran satisfacer a los familiares de 28 víctimas asesinadas.
En ese momento, 16 de marzo, nadie, ni el presidente Vázquez, ni el general Manini, ni el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, ni el ministro de Defensa en funciones, Montiel, explicó por qué Gavazzo sabía de la inocencia de Gómez. Hubo, en ese momento, una apuesta por mantener un discreto silencio en la esperanza de que el asunto se olvidara. Entre otras cosas, se incurrió en la flagrante contradicción de ascender a la jefatura del Ejército a un general que no advirtió, en la consumación de 28 asesinatos, una lesión al honor militar.
Fue necesario que lo inexplicable e inexplicado tomara estado público cuando el periodista Leonardo Haberkorn publicó en El Observador detalles de las declaraciones que Gavazzo formuló ante los generales González, Alfredo Erramun y Gustavo Fajardo. En el tribunal, Gavazzo admitió que en 1973 se hizo cargo del cuerpo de Roberto Gomensoro, lo trasladó en un vehículo hasta el Río Negro, lo embarcó en una lancha y finalmente lo arrojó a las aguas. Declaró que todo lo había hecho él solo, sin ayuda, con la evidente intención de subrayar que no involucraba a subalternos.
La publicación de parte de las actas hizo trizas la política de silencio. Ante el nuevo panorama, el presidente tomó drásticas medidas: destituyó a los tres generales del tribunal, entre ellos, al flamante comandante que había asumido hacía una semana, y comunicó que aceptaba la renuncia del ministro de Defensa y del subsecretario. Primero un comunicado de la Presidencia y luego declaraciones que Vázquez formuló para el informativo de Vtv pretendieron atenuar las aristas más oscuras del episodio. Vázquez, que ya había encomendado al presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, que difundiera la noticia de que él, el presidente, no estaba en conocimiento de la confesión de Gavazzo, en sus declaraciones al periodista Gabriel Pereyra admitió que no había leído el expediente, aunque había sido informado de él. Explicó que por día firmaba unos 50 documentos. De todas formas, aclaró que estaba dispuesto a asumir la responsabilidad política de los hechos.
Las ambigüedades y las opacidades de que hicieron gala los principales protagonistas sufrieron otro sacudón, cuando el diario El País reveló que a mediados de febrero el ministro Menéndez, no bien recibió y leyó las actas del tribunal, se dirigió a la Torre Ejecutiva y se entrevistó con Vázquez, a quien interiorizó del contenido de las actas. Como explicó después el presidente, le pidió a Menéndez que trasladara al secretario de la Presidencia, Miguel Toma, los antecedentes y que se efectuara la denuncia penal correspondiente. Tal como reveló El País, Menéndez se entrevistó con Toma, por más que este colorado, hombre de confianza de Tabaré Vázquez, negó esa entrevista y pretendió deslindar la responsabilidad en una conversación telefónica que no lo deja muy bien parado. Fue necesario que el propio Menéndez, aquejado de una grave enfermedad que lo obligó a solicitar licencia a principios de marzo, dejara por escrito todos los detalles en una carta que elevó al presidente. Recién entonces, Toma admitió haberse reunido con Menéndez y haberse enterado de las confesiones de Gavazzo. Sin embargo, deslindó la responsabilidad al depositar en el Ministerio de Defensa la tarea de formular la denuncia penal que el presidente le había encomendado a él. Con ello, Toma le pasaba la pelota a Montiel, ministro en funciones, cuya actuación en todo el episodio mereció un respaldo del Mpp.
La carta de Menéndez despejó un aspecto que provocaba escozor en el Frente Amplio: la duda de si el presidente sabía o no los extremos de la declaración de Gavazzo. Ahora no cabe duda de que Vázquez fue alertado de la confesión del delito. Otra cosa es saber con qué minuciosidad leyó el documento, si es que lo leyó, lo que no reduce su responsabilidad.
Lo más grave es que la documentación no sólo refiere a confesiones de Gavazzo, sino que también incluye confesiones y denuncias del coronel (r) Jorge “Pajarito” Silveira, quien reveló que Gavazzo también asesinó a otro tupamaro, en 1974. Silveira afirmó, además, que Gavazzo era responsable de unas cien desapariciones. Todo eso estaba en el expediente que Vázquez no leyó. Un agudo observador de la realidad política comentó: “Hay que recordar que un vicepresidente de la República, nada menos, fue obligado a renunciar por la compra indebida de un colchón con una tarjeta institucional”.
AMBIGÜEDAD Y GATOPARDISMO.En el cocido de este guiso hay dos ingredientes principales: uno, la pervivencia, a través de las sucesivas generaciones de oficiales, de una concepción invariable de la doctrina de la seguridad nacional, una defensa del terrorismo de Estado y un compromiso férreo con la omertà. La actitud del ex comandante Manini Ríos de ordenar la continuación de las actuaciones del tribunal, a pesar de que fue informado del tenor de las declaraciones de Gavazzo y Jorge Silveira, es una prueba de esa actitud. También la de los tres generales, que se sometieron a la disciplina cuando, como funcionarios públicos, estaban en la obligación de formular una denuncia ante el conocimiento de un delito.
Al justificar su actitud, Manini expresó que la confesión de Gavazzo no era una novedad, porque ya había sido procesado en el expediente del asesinato de Gomensoro, pero se cuidó de no comentar que Silveira acusaba a Gavazzo de otros dos delitos, por lo menos: la muerte de Eduardo Pérez Silveira, víctima de la explosión de una granada arrojada a su celda del cuartel de Artillería número 1 en 1974, y la desaparición de María Claudia García de Gelman, en diciembre de 1976 o enero de 1977. Aunque enfáticamente afirmó, en el acto de proclamación de su candidatura a la presidencia de la República, que no había escondido nada, después, en una entrevista concedida a Búsqueda, admitió que, quizás, había sido un error no formular la denuncia correspondiente.
El otro ingrediente tiene que ver con la ambigüedad y el gatopardismo del poder político en la cuestión de los derechos humanos. No era necesaria la confesión de Gavazzo para conocer el horror de los crímenes de la dictadura, tal como expresó Julio María Sanguinetti. De hecho, el ex presidente en sus dos mandatos hizo lo posible por impedir la investigación del terrorismo de Estado: archivó los expedientes de las denuncias y bloqueó los intentos de desarticular la impunidad que él mismo impulsó.
Vázquez, al comentar las confesiones de Gavazzo, concluyó que se desmoronaba la política del silencio sobre las atrocidades del pasado. Parece un exceso de optimismo, porque nada induce a pensar que espontáneamente, ahora, todos los guardianes de los secretos harán cola para confesarse. De hecho, la confesión de Gavazzo está directamente relacionada con la forma en que el ejército encara los tribunales de honor (véase nota aparte).
Entre los aplausos por la destitución de los seis generales (tres del Tribunal de Honor y tres del Tribunal de Alzada), el pedido al Parlamento para el pase a reforma de otros tres y las críticas por la forma opaca en que el gobierno administró la crisis, la oposición tiene la oportunidad de apoyar la creación de instrumentos que permitan y faciliten la investigación de los crímenes y definan las responsabilidades. Ante el “horror” ahora “descubierto”, todos coinciden en la necesidad de reparar las omisiones, pero el único camino sugerido es dejar que la justicia penal tome cartas en el asunto (véase nota aparte).
Para encauzar efectivamente la investigación de los crímenes, es necesario que el poder político (gobierno y Parlamento) otorguen las herramientas para ubicar los archivos militares que contienen los informes sobre las actuaciones de la represión. El llamado “Archivo Berrutti”, una colección voluminosa de imágenes microfilmadas, aporta indicios sobre dónde buscar la información concreta: hay por lo menos 12 archivos de otros tantos organismos militares, que deberían ser ubicados y sacados a luz. El ex ministro Menéndez ensayó algunas iniciativas al autorizar el ingreso a determinadas unidades para la digitalización de sus archivos; y el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, autorizó la digitalización del archivo de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia. Sin embargo, no existe hasta ahora un equipo oficial, con los recursos necesarios para estudiar todo ese material. Una tarea de tal magnitud, a realizar de forma independiente y a resguardo de presiones, sólo puede llevarla a cabo algún organismo con respaldo parlamentario, como la Institución Nacional de Derechos Humanos, entre cuyas atribuciones está, precisamente, la potestad de ingresar a cualquier lugar sin aviso previo.
La ubicación de los archivos sobre los operativos militares es una tarea que aún está por encararse. Quizás el nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, disponga alguna iniciativa concreta en ese sentido.
los relatos en el tribunal. Tal vez la novedad más interesante que aportó la confesión de José Gavazzo en el Tribunal de Honor que lo juzgó por una eventual lesión del honor militar (además de provocar la crisis que dejó en evidencia la hipocresía militar y el gatopardismo político) es la confirmación de un principio castrense que obliga a revisar la óptica con que se mide la responsabilidad penal en los casos de delitos de lesa humanidad.
Según las reproducciones de parte de las actas (que saludablemente deberían ser puestas al acceso de todos), José Gavazzo relató ante los generales del tribunal que en el cuartel de La Paloma encontró sin vida a un prisionero que estaba siendo interrogado. Gavazzo no dice que él lo mató, que es responsable de la muerte, pero dice que inmediatamente le comunicó la novedad al jefe de la unidad, el coronel Alfredo Rubio. Él, Gavazzo, por entonces mayor, era el segundo jefe de esa unidad de Artillería. La confesión describe que, después de dar detalles a Rubio, ambos se trasladaron a la Región Militar número 1 y le comunicaron lo sucedido al general Esteban Cristi. En el despacho del jefe de la Región, Cristi decidió que se desprendieran del cuerpo de Gomensoro, es decir que el asesinado pasaría a ser un desaparecido. Entonces, Gavazzo relata que, obviamente con la autorización de Rubio, trasladó el cuerpo hasta el Río Negro y lo lanzó al agua.
Esta versión de Gavazzo fue corregida por el coronel (r) Jorge Silveira, quien, al declarar en el tribunal, dijo que Rubio, profundamente enojado por la muerte de Gomensoro, se había trasladado solo al comando de la región para informar a Cristi. Gavazzo había quedado en el cuartel.
A los efectos del significado del relato, son irrelevantes las diferencias entre las versiones. Lo que importa es que el mayor Gavazzo informó a su superior, Rubio, y este informó a su superior, el general Cristi. Y que, producto de ello, hubo una orden de actuar para remediar la situación. El ejemplo confirma una convicción extendida entre militantes de derechos humanos y políticos sensibilizados con el tema: todos los actos militares requieren la correspondiente orden superior; el mando debe siempre estar informado de los sucesos y ordenar en consecuencia. Puede haber excepciones, casos en los que un subordinado actúa sin el visto bueno de su superior, pero, en ese caso, la venganza será terrible, porque la iniciativa socava el pilar de la verticalidad del mando; la obediencia debida es la contracara del control absoluto del mando. La iniciativa debe contar siempre con el respaldo superior para concretarse, y la iniciativa que no cuenta con la autorización es severamente castigada.
Los legajos de los oficiales de las Fuerzas Armadas están repletos de sanciones por esa causa. De lo que se desprende que ningún oficial tomará la iniciativa de asesinar a un prisionero si no cuenta con la autorización superior. Puede que ocurra un accidente y que la muerte no sea premeditada, pero siempre habrá una intervención del superior.
Si ese es el criterio que rige para la vida militar, entonces hay que concluir que las atrocidades del terrorismo de Estado fueron ordenadas o avaladas por el superior. Si un comando de militares uruguayos asesinó en Buenos Aires a Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, fue porque contó con la debida autorización. Y el enterramiento de Julio Castro, por poner otro ejemplo, en el predio del Batallón 14 de Infantería, en Toledo, debe de haber contado con el conocimiento y la autorización del jefe de la unidad de aquel entonces, agosto de 1977. ¿Qué autoridad podía llegar a ejercer ese comandante con sus subordinados, si cualquiera podía entrar en los predios del cuartel a enterrar cuerpos? Por el contrario, es dable suponer que ese superior sabía quién ordenó el enterramiento, quién le dio la orden y quiénes ejecutaron la acción, oficiales y soldados. Sin embargo, hasta ahora nadie pregunta, en cada caso investigado, quién daba las órdenes, quién autorizaba.
Otro punto de reflexión es por qué en los tribunales de honor se cuenta, se dice, se admite lo que se niega en otros ámbitos, en especial en la justicia. Gavazzo, por ejemplo, negó siempre ante los magistrados tener algo que ver con el asesinato de Gomensoro, pero lo confiesa en el tribunal. Una explicación aceptable es que la norma, en las Fuerzas Armadas, dicta que en los tribunales de honor se debe decir la verdad, quizás porque los miembros del tribunal, oficiales superiores, no pueden permitir que un subordinado les mienta en la cara y los engañe. Es otra forma inadmisible de atentar contra la verticalidad del mando.
Este tribunal, que tanta repercusión ha tenido, no es una excepción. Hay otras actas, en las que los oficiales han admitido lo que en otras instancias han negado. Por ejemplo, en el tribunal que juzgó la conducta de Manuel Cordero, “acusado” de ser homosexual, algunos de los acusadores admitieron que secuestraron, interrogaron y presionaron a civiles que concurrían a los mismos bares frecuentados por Cordero para obtener pruebas. Admitieron que habían amenazado a dichas personas con represalias si llegaban a difundir lo que habían vivido. Cordero, por su parte, se defendió con un argumento irrebatible: en las fechas de las acusaciones, en 1976, él permaneció en comisión en Buenos Aires todo un año, lo que significó la confirmación de que estuvo actuando en Automotores Orletti, torturando a uruguayos secuestrados, como fue acusado por decenas de víctimas.
Para redondear ejemplos: el coronel (r) Ernesto Ramas admitió ante un tribunal que había realizado el secuestro extorsivo de un narcotraficante a quien acusó de ser “terrorista” para mantenerlo incomunicado en el centro clandestino de La Tablada, mientras se tramitaba una transferencia bancaria. Y el coronel Eduardo Ferro, enfrentado en un tribunal con su colega de la inteligencia Carlos Silva, admitió que el Sid mantenía relaciones estrechas con la Cia.
Coro jurásico
Un compacto pelotón de soldados, dirigido por un sargento, trotaron en la plaza de armas del Batallón de Paracaidistas de Infantería número 14, al tiempo que enérgicamente cantaban: “Fueron cuatro los valientes/ un 18 de mayo”.
Era una mera coincidencia que ese pelotón entrenara con vigor sus cuerdas vocales justo en una mañana, hace unas semanas, en que el equipo de antropólogos del Giaf llegaba a ese predio militar, para continuar el trabajo diario de búsqueda de posibles enterramientos clandestinos de desaparecidos.
El día anterior, el recibimiento musical ensayó otra estrofa:“Qué risa que me da/ vinieron a excavar”.
Por supuesto que el jefe de la unidad no dio la orden y no estaba al tanto de las expresiones y actitudes que pretendían presionar y atemorizar a los antropólogos, aunque el episodio erosionó su autoridad. Pensar otra cosa sería indigno del honor militar.
Cast
Menéndez, Jorge: Luego de reunirme con usted (Tabaré), concurrí a la Secretaría de la Presidencia, donde nos interiorizamos de los antecedentes y de la necesidad de hacer una denuncia.
Vázquez, Tabaré: No leí el expediente. Quizás Toma se equivocó, pero es imprescindible. Asumo la responsabilidad política.
Miranda, Javier: El presidente no sabía.
Topolansky, Lucía: (Tabaré) Sabía, pero más o menos.
Larrañaga, Jorge: No le creo al presidente.
Michelini, Rafael: Toma debe renunciar.
Astori, Danilo: Toma no debe renunciar.
Toma, Miguel Ángel: Los medios siempre inventan. La responsabilidad es de Defensa.
Manini Ríos, Guido: El presidente fue quien ocultó. La destitución de Menéndez fue una infamia.
Lacalle Pou, Luis: La responsabilidad política es de Tabaré Vázquez.
Sanguinetti, Julio María: Las confesiones de Gavazzo son horrorosas.
Sartori, Juan: Los temas de derechos humanos no son prioritarios.
El confesionario militar
Las actas del Tribunal de Honor reactivan dos investigaciones judiciales.
Mauricio Pérez
5 abril, 2019
La confesión de José Gavazzo ante el Tribunal de Honor del Ejército le da un nuevo giro judicial al asesinato de Roberto Gomensoro Josman. Por este caso, uno de los más emblemáticos de la predictadura, el represor resultó procesado en 2010 y absuelto tres años después. Que el expediente se reabra está en manos del Poder Judicial. La publicación de las actas en la prensa también arrojó elementos que podrían esclarecer el destino de Eduardo Pérez Silveira, el “Gordo Marcos”, todavía desaparecido. Una seguidilla de chicanas legales de los militares imputados, incluido el propio Gavazzo, tiene paralizada la causa desde hace casi una década.
“Le reitero, nunca lo vi, no lo conozco, no tuve nada que ver con él, no lo interrogué, no lo hice interrogar, no lo maté, no sé absolutamente nada de él, nunca lo vi en mi vida. Tampoco vi quién lo mató, ni me consta que nadie lo haya matado.” Al declarar ante la justicia, durante la indagatoria penal por el crimen de Roberto Gomensoro Josman, el coronel reformado José Nino Gavazzo utilizó la misma estrategia que en el resto de las causas por las que es investigado: evasivas y negación.
En 2010, por el homicidio de Gomensoro, la jueza de Paso de los Toros Lilián Elhorriburu dispuso el procesamiento de Gavazzo y del coronel Juan Carlos Gómez. La imputación se sustentó en el testimonio de Valerio Blanco, un ex militante tupamaro, quien se presentó como testigo directo del crimen. Blanco dijo que una noche de 1973 fue trasladado al Batallón de Ingenieros número 3, de Paso de los Toros (Tacuarembó), y torturado junto con un joven que –cuando quedaron solos– se identificó como Gomensoro. Y brindó detalles: afirmó que Gavazzo dio la orden y Gómez lo castró. El militante tupamaro murió desangrado.
Gomensoro había sido secuestrado el 12 de marzo de 1973 por su vínculo con el Mln. Días después, su cuerpo apareció en el lago de la represa de Rincón del Bonete atado con piedras, envuelto en un tejido de alambre y en avanzado estado de descomposición. Fue enterrado como N N en el cementerio de Tacuarembó. El médico forense Emilio Laca –responsable de la autopsia– guardó el cráneo y lo conservó por casi treinta años. En setiembre de 2002, se comprobó que era de Gomensoro.
La causa penal tuvo un giro en 2013. La familia del coronel Gómez se reunió con autoridades del Ministerio de Defensa, de la Suprema Corte de Justicia y de la Fiscalía para reclamar por su inocencia. Incluso, el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro (hoy fallecido) presentó una carta ante el juzgado donde rebatía la versión de Blanco, defendía la inocencia de Gómez y señalaba la responsabilidad de efectivos del Servicio de Información y Defensa (Sid) en su muerte.
La carta refería a la investigación de la Comisión para la Paz (Comipaz) y al testimonio de un militar: tras ser detenido, Gomensoro fue trasladado al Grupo de Artillería número 1, ubicado en el Cerro de Montevideo (conocido como cuartel La Paloma), donde fue torturado hasta la muerte. Por este motivo, la justicia interrogó a los ex integrantes de la Comipaz Gonzalo Fernández y Carlos Ramela y al mayor Enrique Debat, quienes ratificaron la postura de Defensa.
Con estos elementos, el fiscal Fernando Pérez Dauría solicitó el sobreseimiento de Gavazzo y de Gómez. Lo hizo en un extenso dictamen en el que desvirtuó las conclusiones a las que habían llegado su colega antecesora, la fiscal Angelita Romano, la jueza Elhorriburu y un tribunal de apelaciones. El fiscal refirió al testimonio de los 134 testigos que declararon en la causa y descartó la versión de Blanco, al considerarla incongruente.
Según Pérez Dauría, el crimen de Gomensoro se produjo en La Paloma, por lo que “los encausados no participaron, son inocentes del hecho que se les imputa, ya que no existió tal hecho y por lo tanto inexistencia del delito (sic)”. Reclamó además que el expediente fuera enviado a Montevideo, porque, siguiendo su criterio, el homicidio se produjo en la capital.
Ahora la historia puede cambiar. Frente a sus camaradas del tribunal, Gavazzo reconoció su participación en el crimen de Gomensoro: “Yo lo cargué al vehículo, yo manejé el vehículo, lo llevé al lugar, lo bajé, lo puse en un bote y lo tiré del bote. Yo solo”. Gavazzo dijo que la orden de desaparecer el cuerpo fue del general Esteban Cristi. “Por temas de desprestigio del Ejército no podía darse a conocer que había fallecido alguien en un cuartel. (…) Quien tuvo que hacer eso fui yo.” Sus dichos, que constan en las actas del tribunal, fueron revelados el sábado 30 por El Observador y han causado un enorme impacto político.
La confesión del represor también tuvo efecto en la esfera judicial. El fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad, Ricardo Perciballe, solicitó el lunes 1 de abril el desarchivo de la indagatoria penal por el homicidio de Gomensoro. En su escrito, Perciballe solicitó incorporar al expediente penal las actas del Tribunal de Honor con la confesión de Gavazzo y el testimonio de Jorge “Pajarito” Silveira, quien responsabilizó a su viejo camarada por la muerte de Gomensoro; y pidió que ambos fueran citados para ratificar esta versión ante la justicia.
La decisión de investigar tendrá un obstáculo que se remonta a 2013. Ese año, en su dictamen, el fiscal Pérez Dauría explicitó el significado de su decisión: “El sobreseimiento cierra el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al procesado en cuyo favor se requiere”. La defensa, según supo Brecha, intentará hacer valer la idea de que Gavazzo ya fue juzgado y se lo declaró inocente. Perciballe, en tanto, afirmará que la confesión es un hecho nuevo, que no puede ser obviado. La decisión de reabrir la causa la tiene la justicia.
EL GORDO MARCOS. En su declaración ante el Tribunal de Honor, Jorge “Pajarito” Silveira también responsabilizó a Gavazzo del homicidio de Luis Eduardo Pérez Silveira, el Gordo Marcos. “Gavazzo lo gaseó”, declaró Silveira. ¿Por qué? “Cosas de Gavazzo. Estaba solo. El comentario era que lo había gaseado para interrogarlo.” Pérez Silveira, militante del Mln, falleció en mayo de 1974, en el Hospital Militar, como consecuencia de las torturas que recibió en el Grupo de Artillería número 1; hoy permanece desaparecido. Según el informe de la Comipaz, sus restos habrían sido enterrados en el Batallón número 14, exhumados sobre fines del año 1984, incinerados y tirados al Río de la Plata. En tanto, el informe oficial elevado por el Ejército al presidente Tabaré Vázquez en 2005 dice que sus restos fueron enterrados en los tubulares del Cementerio del Norte, como NN. La versión de “Pajarito” Silveira ante el Tribunal de Honor coincide con esto último.
En este contexto, el fiscal Perciballe solicitó que las actas del Tribunal de Honor sean incorporadas al expediente penal que investiga su muerte. La causa fue reabierta en 2010 y actualmente está paralizada ante una excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa de los militares investigados, entre ellos, el propio Gavazzo. En 2009, los restos de Pérez Silveira fueron buscados en los fondos de la unidad militar. Un croquis anónimo daba cuenta de su posible lugar de enterramiento; el resultado fue negativo.
Fiscalía investiga omisiones de jerarcas del Poder Ejecutivo y del Ejército
Cadena de mando
El fiscal Rodrigo Morosoli investigará la responsabilidad de autoridades del Poder Ejecutivo y de los mandos del Ejército por no haber denunciado penalmente la confesión de José Nino Gavazzo ante un Tribunal de Honor. Las palabras del presidente Tabaré Vázquez se escucharon atentamente en la Fiscalía. En una entrevista con el informativo de Vtv, el mandatario presentó su versión sobre el proceso que terminó con la remoción de la cúpula del Ministerio de Defensa (Mdn) y de seis generales del Ejército. Allí reconoció que no leyó las actas y confirmó la reunión entre el ministro Jorge Menéndez y el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, sobre este asunto. También se puso a disposición de la justicia para que lo investigue: “Asumo toda la responsabilidad política y será la justicia la que tendrá que dictaminar”.
Por estas horas, el fiscal Rodrigo Morosoli evalúa los pasos a seguir en la indagatoria penal sobre la omisión de las autoridades del Poder Ejecutivo y de los mandos del Ejército, al no haber denunciado penalmente la confesión de José Nino Gavazzo ante el Tribunal de Honor. Algo que, como funcionarios públicos, estaban obligados a hacer. Tras las palabras de Vázquez, es posible que el fiscal envíe un exhorto para recabar el testimonio del presidente.
Sin embargo, por ahora, Morosoli decidió moverse con cautela, ya que las cosas “aún no están claras”, dijeron fuentes judiciales a Brecha. El fiscal asumió la competencia el lunes 1, tras recibir una nota del fiscal de Corte, Jorge Díaz, que le informaba formalmente sobre el caso. Ese mismo día, tenía en su despacho el expediente enviado por Presidencia con las actas relevadas por el Tribunal de Honor. Ese mismo día, también ordenó las primeras medidas. Envió un exhorto al Poder Judicial y otro a la Fiscalía para confirmar que esta situación no fue denunciada ante la justicia; uno a Presidencia y otro al Mdn, para que aporten nuevos datos a la indagatoria. Cuando tenga todos estos elementos, más las declaraciones públicas de los involucrados, definirá otras medidas.
Es probable, según las fuentes, que se cite a los seis generales destituidos por Vázquez: José González, Alfredo Erramún y Gustavo Fajardo (integrantes del Tribunal de Honor), y Claudio Romano, Carlos Sequeira y Alejandro Salaberry (integrantes del Tribunal de Alzada). Los tres primeros serán interrogados sobre qué medidas adoptaron tras escuchar la confesión de Gavazzo.
El artículo 77 de la reglamentación de los Tribunales de Honor establece que ante la presunción de un delito, común o militar, se debe comunicar de inmediato al superior y suspender las actuaciones “hasta tanto el Superior se pronuncie”. Los generales aseguran que informaron al ex comandante en jefe Guido Manini Ríos y que este les ordenó seguir con el proceso. Morosoli intentará determinar si eso está asentado en el expediente del tribunal.
Otro citado sería Manini Ríos. La idea es saber qué hizo al recibir la noticia y, en particular, si informó al mando, o sea, al Mdn. Al lanzar su precandidatura a la presidencia por el novel partido Cabildo Abierto, el ex comandante en jefe del Ejército apuntó sus críticas contra el presidente Vázquez: dijo que la remoción de la cúpula castrense fue una forma de “eludir su responsabilidad” y que actuó en forma “canallesca” al responsabilizar al ex ministro Menéndez. Agregó que se enteró de la confesión de Gavazzo en 2018 y que consideró que se trataba de una chicana para detener el trámite del tribunal; por ese motivo, le ordenó al tribunal seguir adelante.
La siguiente línea de testimonios sería Menéndez (aquejado de una grave enfermedad) y el ex subsecretario Daniel Montiel. En una carta pública, Menéndez dijo que informó del contenido de las actas al secretario de la Presidencia. Por tal motivo, este también sería citado para que brinde su versión. En la última reunión del Consejo de Ministros, Toma deslindó su responsabilidad: afirmó que entregó toda la documentación recibida al director general de Presidencia, Diego Pastorin (Búsqueda, 4-III-19). Por último, restaría recabar el testimonio de Vázquez. Para eso, falta.
Militares recusaron a una ministra de la Suprema Corte
Otra chicana en el largo collar
La defensa de algunos militares indagados por crímenes de la dictadura planteó la recusación de la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Bernadette Minvielle, y reclamó que no participe en ninguna de las causas penales abiertas por delitos de ese período. El motivo: decir públicamente que estos militares tuvieron todas las garantías y que en algunos casos utilizaron diversas chicanas para entorpecer el desarrollo de las causas.
En una entrevista con el programa En Perspectiva, Minvielle fue consultada por las críticas del ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos sobre la falta de garantías para los militares investigados por estos hechos. El general había dicho que la justicia aplicaba un derecho penal del enemigo y que varios militares estaban presos sólo por ser militares.
Minvielle discrepó: “Tuvieron todas las garantías habidas y por haber. Tuvieron su abogado, interpusieron excepciones de inconstitucionalidad y de prescripción; cuanta dilatoria había, hicieron uso de ella”. Afirmó que algún juez debió “haber parado el carro, y no lo hizo”; por el contrario, “los dejaron correr muchas veces, y con eso se iban los años”. Rechazó la idea de que exista una conspiración dentro del Poder Judicial para juzgar militares: “No hay un derecho especial para los militares, ni del enemigo ni del amigo”.
Ante esto, los militares pidieron que la recusaran por su presunta falta de imparcialidad al referirse a estos recursos como dilatorias, dijeron fuentes judiciales a Brecha. La ministra desestimó el planteo. Argumentó que su posición no es nueva y que quedó asentada en varios fallos judiciales, por ejemplo, cuando era ministra del Tribunal de Apelaciones.
En un fallo dictado en 2016, el tribunal integrado por Minvielle exhortó a los jueces penales a que adopten todas las medidas necesarias para evitar que los sucesivos recursos presentados por la defensa de los militares se transformen en un obstáculo indebido –una dilatoria– a la investigación. La primera vez se hizo en una causa en la que el trámite procesal se extendió durante cuatro años, sin que se pudiera concretar ninguna de las audiencias previstas por el juez (Caras y Caretas, 30-IX-16).
Con Carlos Demasi
“Se descabeza una política militar dentro del FA”
La decisión de Tabaré Vázquez de pasar a retiro a siete generales del Ejército en actividad en un mes y medio representa “un gesto de autoridad” y un cambio en la política de los gobiernos del Frente Amplio (FA) en relación con las Fuerzas Armadas. “Se descabeza una política militar dentro del FA”, afirmó el historiador Carlos Demasi a Brecha.
Al evaluar la dimensión política de este hecho, Demasi menciona que la mayoría de estos oficiales ascendieron al generalato durante la gestión de Eleuterio Fernández Huidobro, duramente cuestionado desde sectores de izquierda por su estrecha relación con la cúpula militar. Para Demasi, el descabezamiento de buena parte de la cúpula militar supone un quiebre con ese período. “La relación del FA con las Fuerzas Armadas empezó con una posición muy fuerte, pero después, en el gobierno de Mujica y en los primeros años de Vázquez, el mando civil fue perdiendo poder”, valoró. En su primer gobierno, Vázquez destituyó al comandante en jefe Carlos Díaz, por haberse reunido sin autorización con el ex presidente Julio María Sanguinetti. En su lugar, designó a Jorge Rosales, el general más joven y “último en la fila” de las derechas, una medida fuera de serie.
La decisión de Vázquez también se puede analizar en relación con la verdad: “Es claro que en esta cúpula de generales que ahora pasa a retiro no había mucho interés en buscar a los desaparecidos”. Sin embargo, para que exista “un cambio de rumbo” en la visión del Ejército, se requiere mucho más que destituir a una camada de generales: “Se necesitará una política sistemática que trabaje sobre la formación de los militares y sobre la vida cotidiana dentro del cuartel”.
Según Demasi, la mentalidad militar de la época de la dictadura “tiene una capacidad de reproducción muy fuerte”. Esto se percibe en que los generales destituidos ingresaron al Ejército sobre el final de ese período, pero aún mantienen resabios de esa forma de pensar, lo que está ligado con su formación y la convivencia durante años con quienes defienden lo que se hizo en la dictadura, aseguró.
Video donde LEONARDO HABERKORN explica como llevó el conocimiento del Tribunal de Honor militar que disculpó a José Gavazzo y a Jorge Silveira que no incurrieron en el deshonor de las FFAA uruguayas
OPERACIÓN ZANAHORIA
10 de abril de 2019
Silveira dio detalles de cómo
el coronel Lamy realizó la
Operación Zanahoria
El coronel retirado Jorge “Pajarito” Silveira confirmó ante el Tribunal de Honor militar que el coronel Alfredo Lamy fue el encargado de realizar la denominada “Operación Zanahoria” que consistió en desenterrar cadáveres de presos políticos sepultados en cuarteles, para desaparecerlos en forma definitiva. Dio los detalles del procedimiento.
En un tramo de la declaración, Silveira se refiere a la denominada “Operación Zanahoria” que ocurrió a fines de 1984, sobre el final de la dictadura.
El entonces jefe del Servicio de Información de las Fuerzas Armadas, Washington Varela, habría sido quien ordenó a Lamy encabezar dicha operación que consistió en desenterrar los cadáveres de detenidos –quienes habían muerto bajo torturas- y que habían sido sepultados de forma clandestina en el llamado campo Videla, un terreno ubicado en los fondos del Batallón de Paracaidistas Nº 14 en Toledo (Canelones) y en otras unidades. El plan era desaparecerlos en forma definitiva.
Silveira expresa ante el Tribunal: “Cada uno había dado a Lamy (los nombres de desaparecidos) para que lo hiciera en una operación zanahoria, no había dado nunca Gavazo el nombre de la de Gelman, por lo tanto había la posibilidad que el cuerpo estuviera”, en referencia a los restos de María Claudia García, nuera del poeta Juan Gelman.
La búsqueda de los restos de la nuera del poeta habían comenzado en agosto de 2005 en el Batallón N° 14. En aquella instancia el jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, le comunicó a Macarena Gelman, que era un “99% seguro” de que se encontraran los restos de su madre.
Sin embargo, poco después la Justicia manejó la posibilidad de que María Claudia García de Gelman fuera sepultada en el Batallón N° 13.
Sobre dicho caso, Silveira expresó que había comenzado a “trabajar, a tratar de ver quién tenía los huesitos de Gelman”, para que se “arreglara el tema de los derechos humanos”.
Pero los restos de la madre de Macarena Gelman nunca aparecieron.
Lamy se acordaba de todos los que había exhumado
Más adelante, el integrante del Tribunal interroga a Silveira si piensa que el cuerpo de María Claudia de Gelman está todavía en el batallón. Ante lo cual Silveira expresa: “Lamy era una persona que dice que hizo el trabajo con una seriedad, pero por otro lado sé que Lamy no tenía ese nombre. No tenía ese nombre porque Lamy se acordaba de todos los nombres de todos los que había exhumado”.
Agrega: “El propio Lamy utilizaba un teniente de reserva con una máquina, pero el teniente de reserva hacía los pozos y si aparecía cualquier cosa rara que aparecía se tenía que bajar de la máquina e irse y Lamy hacía el resto”.
Silveira prosigue: “(…) Siempre se dijo que había quedado uno en el 13, que no sé si es ese que encontraron o…y dos en el 14, no sé, no tengo ni idea porque son… acá estoy hablando de comentarios”.
“Lo del caso Gelman sí lo estoy hablando lo que me comentó el coronel Rodríguez Buratti”, dijo.
El equipo de antropología de la Facultad de Humanidades halló en 2006 en el Batallón Nº 13 de Infantería, los restos del escribano Fernando Miranda.
También en 2006, pero en una chacra de Pando, aparecieron los restos de Ubagesner Chávez Sosa.
En los años 2011 y 2012 fueron encontrados el Batallón 14 los restos del maestro Julio Castro y del comerciante Ricardo Blanco Valiente respectivamente.