Desparpajo y pico de los centros militares sin que nadie ponga los puntos sobre las íes.
La pretensión gubernamental de reformar el sistema jubilatorio de los militares para poner fin a la sangría permanente de recursos estatales para solventar su déficit ha generado la airada reacción de los centros militares. Los mismos, habitualmente, son voceros oficiosos de los criminales condenados por graves violaciones a los derechos humanos y otros potenciales convictos. En la ocasión rechazan enérgicamente que se reduzcan sus jubilaciones y pensiones, que se modifique su privilegiado y anacrónico sistema.
Llama la atención la puerilidad argumental para justificar el déficit de la caja militar, la dramatización de su profesión, al parecer y según sus testimonios, miles de veces más sacrificada que la de un peón rural que suele trabajar de sol a sol, por poner un ejemplo sencillo. También sorprende el lamentable silencio de la mayoría de los actores gremiales, sociales, culturales y políticos acerca de este tema, salvo la senadora Constanza Moreira. Como colectivo organizado de sobrevivientes del terrorismo de Estado, del cual las fuerzas armadas fueron el brazo ejecutor, no tenemos ningún interés ni deseamos congraciarnos con sus integrantes.
Tampoco andamos con gre gre para decir Gregorio: la ley jubilatoria de las Fuerzas Armadas fue aprobada en 1974 por el Consejo de Estado de la época presidido por el extinto líder nacionalista Martín Recaredo Echegoyen (con tantas calles en su honor en todo el país), cuando el Parlamento había sido disuelto y los militares caminaban con paso firme a apoderarse de los resortes del Estado, a hipertrofiarse como institución y destinar porcentajes del PBI propios de países en verdaderos conflictos bélicos. Fue una ley hecha por ellos mismos en su propio beneficio e interés. El hecho de que dicha ley no haya sido modificada luego de más de 30 años de retorno a la institucionalidad democrática es significativo. No puede verse al margen del contexto en que se llevó a cabo la transición, la precariedad del retorno, las presiones de los militares y sus secuaces, de la maldita ley de Caducidad, de la cultura de la impunidad que se introdujo en la sociedad uruguaya y de la fuerza corporativa que siguen teniendo al punto de generar temor en las propias filas de la izquierda uruguaya y que a nadie se le mueva un pelo, a nivel gubernamental, cuando el Servicio de Retiros abona las jubilaciones de los prófugos de la justicia por crímenes de Lesa Humanidad.
Los beneficios y prebendas de los militares uruguayos, obviamente nos referimos a los señores oficiales nucleados en los centros militares, son indignantes, habida cuenta del hecho de que cuando ellos gobernaban, topearon las jubilaciones y pensiones que sirve el BPS en 15 BPC, eliminaron el aguinaldo y otros beneficios. En este sentido la superación de las secuelas de la dictadura en ese ámbito no ha sido lograda plenamente y hay mucho camino a recorrer.
Los centros militares aducen que el déficit de la caja no se debe a mala administración o gestión de la misma, aunque el semanario Búsqueda informó la semana pasada de que una jerarca de la institución fue recientemente procesada por otorgar pensiones truchas. Básicamente lo atribuyen a decisiones del poder político desde el retorno a la democracia que implícitamente rechazan. En función de ello, no habría que modificar nada. Rentas Generales, todos, debe continuar asumiendo, indefinidamente dicho gasto: quinientos millones de dólares por año, a 31 años del retorno a la democracia, es mucha plata. Para ellos, el primer gran problema radica en que la decisión adoptada por los diferentes gobiernos democráticos de disminuir el número de integrantes de las FFAA afectó negativamente la relación activos/pasivos que origina el déficit anual. Uruguay debería seguir teniendo fuerzas militares hipertrofiadas, en función de un proyecto de sociedad como lo fue el Terrorismo de Estado.
El segundo aspecto que los centros militares cuestionan por haber contribuido a desfinanciar la Caja Militar tiene que ver con la política de reparación que el Estado implementó hacia los militares que durante el terrorismo estatal fueron expulsados de las FFAA por sus convicciones democráticas y republicanas. Decenas y centenares de ellos vieron arbitrariamente truncadas sus carreras, una parte importante luego de haber sido bárbaramente torturados y enjuiciados sin ninguna garantía. Decenas fueron recluidos durante muchísimos años.
El desparpajo de los señores oficiales que integran los centros militares es inaudito. Merece una pública condena de todo el sistema político consustanciado con las normas democráticas y los principios de DDHH. Cuestionan la política de reducción de integrantes de las fuerzas de seguridad que se llevó a cabo para democratizar y civilizar la sociedad uruguaya. También rechazan hasta la política de reparación que se ha implementado, tardíamente, hacia quienes sufrieron graves violaciones a los DDHH en cumplimiento de las normas que, obviamente, no respetan ni reconocen. Los Estados tienen la obligación de respetar y garantizar los derechos humanos de todas las personas.
Cuando por acción u omisión no cumplen con sus obligaciones, los Estados tienen la responsabilidad de reparar el daño ocasionado. Deben hacerlo de una manera integral, tal como lo estipula la Resolución 60/147 de las Naciones Unidas. Hizo bien el gobierno del Dr. Tabaré Vázquez en aprobar la Ley 17 949 en enero de 2006 (aunque el plazo de presentación a la misma haya sido poco publicitado y exiguo). Fue una medida importante y positiva. Es insólito y significativo que los centros militares cuestionen la política de reparaciones que se han impulsado muy especialmente en los últimos 10 años y reivindiquen, implícitamente las barbaridades que se cometieron. Salta a la vista, una vez más, la necesidad de que el gobierno uruguayo ejecute la disposición establecida en el Artículo 25 de la Constitución que permite iniciar juicios civiles a los responsables de graves violaciones a los DDHH para que se hagan cargo de los costos monetarios que su ocasionar contumaz y delictivo ha ocasionado al país y que terminamos pagando todos, incluso las víctimas.
Asimismo, el Poder Ejecutivo debe adoptar la disposición de someter a Tribunales de Honor a todos los militares procesados y con condena firme para apartarlos de la institución militar que siguen integrando en igualdad de condiciones que quienes fueron torturados por ellos. Merece destacarse, además, que cobran sus jubilaciones habiendo computado doble, en base a las disposiciones legales, los años consagrados a las actividades delictivas en el marco de la vigencia de las Medidas Prontas de Seguridad. Para evitar que la dictadura vuelva a reiterarse, el Estado tiene que investigar y sancionar todas las graves violaciones que se cometieron. La Resolución 60/147 es la hoja de ruta a transitar. Las ex presas y los ex presos políticos seguiremos movilizados por ello.
Opinando Nº 1 – Año 5 – Jueves 4 de agosto de 2016
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Como complemento a esta reflexión de CRYSOL, publicamos una exposición de la Senadora Constanza Moreira, sobre el tema del gasto del Ejército en Uruguay.- Fue publicado el 30/08/2016 en el diario “La República”.
El Estado armado en Uruguay: El gasto militar en debate
Por Constanza Moreira.
Recientemente, a propósito de la propuesta de reforma del Servicio de Retiros y Pensiones Militares, los uruguayos se han visto sacudidos con una noticia: la Caja Militar tiene un déficit cercano a los USD 400 millones anuales, y va en aumento.
En un contexto en que el gobierno busca abatir el déficit público por un valor próximo a los USD 500 millones, y para lo que se propone recortar algunos de los incrementos previstos en áreas tan sensibles como educación, salud u obra pública, el “déficit de la Caja Militar” sobresale notoriamente. La realidad es que las Fuerzas Armadas (FFAA) han permanecido intocadas en sus privilegios jubilatorios en las últimas cuatro décadas; la Ley Orgánica Militar que establece su régimen jubilatorio data de 1974 y no ha recibido modificaciones sustanciales.
Cuatrocientos millones de dólares anuales es mucho dinero, pero para dimensionarlo, comparemos esta cifra con algunas otras. Para empezar, todo el déficit que se quiso abatir con el actual proyecto de Rendición de Cuentas -y por el que el gobierno asumió el costo político de ser acusado de hacer un “ajuste”-, significa USD 500 millones en total; apenas USD 100 millones más que el déficit de la Caja Militar. En segundo lugar, baste esta comparación: el déficit de todo el BPS fue, en 2015, de USD 300 millones para cubrir a 600 mil pasivos. El de la Caja Militar es de 400 millones, para cubrir apenas a 55 mil pasivos.
¿Beneficios o privilegios? Quién paga la Caja Militar
La Caja Militar es financiada por todos. Las contribuciones de las FFAA a su sistema de retiros y pensiones sólo logra solventar el 15%, el 85% restante lo solventan todos los uruguayos y uruguayas.
Los militares pueden jubilarse con el 100% de su último salario (y quienes cobran menos, no cobran menos del 80%), mientras que los jubilados “civiles” lo hacemos con el 45% del promedio de nuestros diez mejores años de trabajo. Los militares obtienen la causal jubilatoria con 20 años de servicio, los civiles no podemos jubilarnos con menos de 60 años de edad –salvo causales especiales- y necesitamos 30 años de servicio. En el BPS las jubilaciones promedio no superan los $20 mil, el tope actual es de $30mil, más lo que se pueda haber acumulado en las AFAPs.
En la Caja Militar, el promedio de edad jubilatoria es 49 años de edad y no existe tope. Hay jubilaciones superiores a los $120 mil. ¿Cuál es la justificación de esta desigual situación? ¿Que con 50 años se es demasiado viejo para estar en las FFAA? ¿Pero no lo es para ser policía, obrero de la construcción, estibador, metalúrgico, bombero, cirujano? En Uruguay, estar en las FFAA no es una profesión de riesgo; éstas no han tenido “bajas” salvo por los propios accidentes sufridos a su interior, o en el marco de conflictos extranacionales. No es el riesgo el que justifica jubilarse a edades tan tempranas, ni obtener beneficios especiales. ¿Qué es entonces?
Se ha llegado a decir que los sueldos en las FFAA son tan bajos que jubilarse temprano es un incentivo para ingresar a las fuerzas. El argumento es falaz y oculta otro argumento: que la tropa es pobre y que un porcentaje importante de ella está bajo la línea de pobreza. Sin embargo, la “tropa” no está entre las razones del déficit de la Caja Militar; las pasividades del personal subalterno sólo explican el 10% del déficit; el 90% restante se explica por las jubilaciones de la oficialidad.
La Ley Orgánica Militar de 1974 establece que el personal subalterno se puede jubilar con 15 años de servicio y 33 años de edad; los retiros obligatorios oscilan entre los 40 y los 50 años. Pero ya jubilados, pueden trabajar en otra cosa. Son prácticamente los únicos jubilados del país que pueden, al mismo tiempo, ser activos (existen otras categorías especiales excepcionales, que hemos votado por ley). Los Generales tienen causal de retiro obligatorio a los 60 años de edad, los coroneles a los 55, los capitanes a los 52, los mayores a los 48 y los alférez a los 44. El denominado “haber de retiro” es la asignación mensual del mes anterior, y se reajusta con todos los reajustes de los salarios de las FFAA (mientras que los civiles ajustamos por el Índice Medio de Salarios – IMS, y hubo que realizar un plebiscito para conseguirlo). Además, se le pueden incorporar los haberes de salarios docentes y, para quienes tienen servicio civil, se les computa el haber de retiro más un 50%.
El gobierno del Frente Amplio implementó un sistema de retiros y pensiones policiales que oficia de base para la reforma de la Caja Militar. Los policías se jubilan con 60 años de edad y 35 años de servicio. Hay incompatibilidad con otras jubilaciones. El sueldo básico es el 50% con la causal más 0,5% por cada año que excede el mínimo, y las actualizaciones se hacen por el IMS. El tope está en $30 mil. Esto debiera servir de ejemplo para el sistema de retiro de las FFAA
El gasto en personal explica el déficit en inversiones
El gasto en FFAA es muy alto en el país, y responde básicamente al número de efectivos per cápita. Medido cada 10.000 habitantes, Uruguay tiene 66 efectivos, Brasil 17, Argentina 18, Chile 33, México 22, y Colombia, con conflictos armados desde hace más de medio siglo, tiene 55. El presupuesto de las FFAA se duplicó desde 2008: pasó de USD 310 millones a USD 650 millones en 2015. Y si bien es cierto que el PBI del país también se duplicó y el salario real aumentó el 60% en la última década, los sueldos de los uruguayos y el ingreso de los hogares no se duplicaron.
Así, los militares se beneficiaron generosamente del crecimiento del PIB y no fueron sometidos a las restricciones a las que aluden hoy para anunciar el mal estado de sus inversiones. Lo cierto es que tal mal estado responde al exceso del gasto en funcionamiento y en personal. Si el presupuesto del Estado va todo en personal, difícilmente se pueda equilibrar con un gasto importante en inversiones. Y al mismo tiempo, la relación entre el presupuesto del Ejército y el resto de las fuerzas está fuertemente desequilibrado a favor del primero (15.400 efectivos) en relación a la Armada (4.670) y a la Fuerza Aérea (2.484). Es más, las FFAA ocupan el 7% del presupuesto nacional y cerca de 1% del PIB… sólo si las consideramos sin incorporar el gasto en jubilaciones y pensiones (suman 4% del presupuesto y medio punto más del PIB) y la educación militar (que se contabiliza separada). En suma: en Uruguay, las FFAA son carísimas, supenumerarias y desequilibradas.
Problemas de justicia previsional
# Tenemos unas FFAA con un sistema de retiros y pensiones privilegiado, heredado de la época de la dictadura, completamente diferenciado del resto de los estamentos de la sociedad. El hecho de que los militares se puedan jubilar con el 100% de su sueldo, con 20 años de actividad, sin edad mínima, sin tope jubilatorio, ajustando con cada aumento salarial de las Fuerzas, y habilitados para continuar en actividad, configura una situación de violación flagrante del principio de justicia previsional. Uruguay ha hecho un gran esfuerzo para equilibrar el déficit previsional del Estado, recortando beneficios a todos los pasivos. Para unas FFAA que se declaran obligadas a la “solidaridad, sacrificio y estoicismo” con el país, no parece un gran sacrificio recortar tan injusto sistema de privilegios.
Qué significa ser de izquierda en este debate Los gobiernos de izquierda serán recordados por la fuerza de sus ideas, y por la capacidad de llevarlas a cabo con políticas consistentes. Pero, en especial, serán recordados por la capacidad de “comprar conflictos” con los poderes “fácticos”. No basta hablar de socialismo, equidad y justicia, también hay que enfrentar a los poderes dominantes en una sociedad, refractarios a cualquier reforma. Las FFAA hoy están en el centro de esta discusión. ¿Seremos capaces de afrontar con dignidad esta reforma que nos interpela en nuestro propio sentido del ser de izquierda: el de la lucha contra todo privilegio?