Inteligencia militar uruguaya en el espionaje

brecha23/9/2016

ESCRIBE SAMUEL BLIXEN

De alto nivel

La infiltración en el Partido Nacional en los años previos al voto verde

Alberto Zumarán             1999
Alberto Zumarán – 1999

 

El año 1987 se estrenaba ba­jo el signo de la caducidad. Ese verano no habría vacaciones pa­ra muchos: políticos, activistas, periodistas y también militares. Como culminación de un proce­so de presiones e intimidaciones bajo la batuta del comandante del Ejército y después ministro de Defensa Nacional del primer gobierno de Julio María San­guinetti, general Hugo Medina, el 22 de diciembre de 1986 una mayoría del Senado integrada por blancos y colorados había votado la llamada ley de cadu­cidad, que otorgaba una impu­nidad absoluta a todos los mili­tares y policías involucrados en delitos de lesa humanidad come­tidos durante la dictadura. Antes de que culminara el año, Madres y Familiares de Detenidos De-saparecidos lanzó la idea de jun­tar firmas para convocar a un re­feréndum anulatorio de la ley, y esa propuesta sacudió a toda la sociedad, en especial a quienes creían que la “solución parla­mentaria” liquidaba el problema, tanto aquellos militantes desmo­ralizados como aquellos milita­res que respiraban tranquilos.

La inteligencia militar se puso inmediatamente en movi­miento. Muchos manipuladores que mantenían vínculos habi­tuales con sus informantes orde­naron volcar toda la atención de sus agentes al proceso de reco­lección de firmas y a las deriva­ciones que se producían a nivel político; para los militares era una prioridad adelantarse a una eventual eliminación de la impu­nidad.

La actitud del Partido Nacio­nal (PN) aparecía como de aten­ción prioritaria, a juzgar por el volumen de documentos elabo­rados en esos meses de verano, formularios (véase nota central) que correspondían a varios in­formantes reclutados en distin­tos círculos del PN. Los docu­mentos no lo especifican, pero por las características de la in­formación trasmitida, algunos “agentes” estaban muy cerca de los principales dirigentes nacio­nalistas.

Un agente identificado co­mo 04 mantuvo con “Rodolfo”, su manipulador, una entrevis­ta de una hora en Gonzalo Ra­mírez y Jackson, en la tarde del 7 de enero de 1987, y es el pri­mero de una serie de documen­tos a lo largo de enero y febrero. El informe, evaluado como B-3, refiere a las opiniones sobre el posible referéndum entre los di­rigentes blancos. La “fuente” in­forma sobre la opinión de Juan Raúl Ferreira y Diego Achard, para quienes “el lanzamiento de la campaña por parte del Frente Amplio puede ser un nuevo gol­pe político para ese sector, ya que consideran que no se van a reunir las firmas necesarias”.

El agente 04 atribuye a Fe­rreira Aldunate la siguiente opi­nión: “Wilson considera que el Mln se adelantó a todo el Fren­te Amplio, con lo cual es posi­ble que ganen espacio político, ya que con el tema existe mucha gente que se ha izquierdizado, pudiendo volcarse al Mln”.

A comienzos de 1987 los tu­pamaros aún no habían resuel­to solicitar el ingreso al Frente Amplio y agitaban la propues­ta de un Frente Grande.“Según Wilson –dice el informante–, el Mln considera que no está en condiciones de hacer justicia revolucionaria, para lo cual en­tonces quiere ganar espacio po­lítico para posteriormente rea­lizarla.”

El agente recuerda que el PN todavía “no ha adoptado una posición para el supuesto ca­so de que se junten las firmas”, pero adelanta que “se espera(¿quiénes, dónde?) que Carlos Julio Pereira no adopte una po­sición contraria a la de Wilson, porque eso significaría la quie­bra del Partido Nacional”. Y agrega que luego de la última re­unión del Movimiento Nacional de Rocha “habría habido una reconsideración por parte de los que no apoyaron la ley, princi­palmente por las presiones ejer­cidas por Gonzalo Aguirre”, uno de los que tienen –a juicio del in­formante– mayor peso político en el Movimiento, “y cuyo aleja­miento sería nefasto para Carlos Julio Pereira”.

Una semana después, el agen­te 04 informaba a “Rodolfo” so­bre el campamento de la juven­tud del Partido Nacional en Kiyú. Salvo el núcleo de militancia más fuerte de Montevideo, “hubo un trabajo a fondo con respecto a la ley” entre las delegaciones de todo el Interior, que “venían hechos una furia con respecto a los derechos humanos”. Se­gún el informante, “el trabajo de ablandamiento fue de la siguien­te manera: el domingo estuvieron presentes en todo momento Die­go Achard y Lucas Mansilla (ex dirigente tupamaro); el lunes fue Guillermo García Costa; el jue­ves fue Juan Raúl Ferreira, el viernes fue (Alberto) Zumarán, y cuando llegó Wilson Ferreira el sábado ya estaba todo previsto. La gente que estaba más radical, cuando llegó Wilson les habló y apoyaron tal postura”.

El informe del agente 04 con­signa, en lo que parecía ser un   momento crítico de la relación con la juventud del partido, las intervenciones fundamentales de Achard y Zumarán. Achard ha­bría dicho que “tenía informa­ción de fuente fidedigna” de que había “grupos paramilitares ar­mados y que existían también grupos de izquierda armados”, de modo que fue “de fundamen­tal importancia encontrar una ley que calmara los ánimos y mo­derara esta situación”. El tex­to definitivo, después de varias versiones, aprobado por el Sena­do un mes antes, había sido de la autoría del senador Martín Sturla.

Zumarán, según el informan­te, habló de la “necesidad de captar los votos que quedaron o que supuestamente han queda­do a raíz de la radicalización del Frente Amplio hacia la izquierda, o sea, los votos de centroizquier­da, en una palabra, los votos de (Hugo) Batalla”. Achard –con­signa el informe de inteligencia– explicó que “era un plan del par­tido para disputar el gobierno del 89, y que dentro de ese plan, ob­viamente está sacar del medio a Batalla. Hay que presentarlo co­mo un hombre bueno, pero más adelante habrá que decirle a la gente de que es tan bueno que ni siquiera sirve para gobernar”.

Un informe elaborado en vísperas del congreso del Par­tido Nacional, en febrero de 1987, sobre la estrategia polí­tica de Wilson Ferreira Aldu­nate, revela la aparente facili­dad del infiltrado para obtener información sensible. El agen­te opina que “el lograr correr el FA hacia la izquierda era un objetivo desde que Wilson sa­lió de la cárcel. En estos dos años pasados el Partido Nacio­nal recuperó o tuvo una estra­tegia para recuperar los votos conservadores que se volcaron hacia Sanguinetti” en las elec­ciones de 1984. Con la “izquier­dización” del FA en torno a la impunidad, “queda todo un es­pacio vacío que es lo que el par­tido intenta cubrir”. Pero, dice el informante, si se produce una coparticipación como promue­ve Jorge Batlle, “si el partido integra un gabinete, es decir, se compromete con el gobierno de esa forma, de hecho está de­jando de ser oposición, y el FA vuelve a ocupar el espacio de centroizquierda, que es lo que busca dicha coalición”. Una coyuntura tal, en opinión del in­formante, “a (Dardo) Ortiz y a (Luis Alberto) Lacalle los po­dría conformar. Pero a Wilson le costaría mucho más”.

Respecto de la disciplina so­bre una eventual recolección de firmas, el informe atribuye a Zu­marán la reflexión de que si Por la Patria decide apoyar la junta de firmas, “salen todos a la calle”; pero si decide no recolectar, “a quien salga a juntar se le apli­cará la disciplina del partido y la expulsión del Movimiento. Con respecto a los que votaron en contra de la ley, el caso de (Óscar) López Balestra y otros, dijo Zumarán que esta era la úl­tima vez que estaba dispuesto a perdonar una situación de este tipo”.

Otros agentes informan so­bre el PN y alguno desde la re­dacción del semanario La Demo­cracia, pero el agente 04 parece tener acceso a las opiniones ver­tidas en el seno del Directorio del partido. A diferencia del método de trabajo con los informantes, donde aparecen documentos con transcripciones de las conversa­ciones grabadas en los encuen­tros, el agente 04 entrega textos previamente elaborados. Salvo que algunos de sus datos hayan sido captados en reuniones muy pequeñas, parece poco probable que pueda ser identificado en su doble condición de militante blanco y a la vez informante de la inteligencia militar. En los for­mularios no se consigna ningún pago por sus servicios.

 

 

 

 

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