Investigan en Chile más de 500
casos de niños adoptados por familias
extranjeras durante la dictadura de
Pinochet
20 de febrero de 2018
El análisis de cientos de documentos hallados en la casa de Telma Uribe, una asistente social chilena que ahora tiene 96 años, reveló una red de adopciones de niños cuyas madres se encontraban en situación de vulnerabilidad durante las décadas del 70 y 80, en plena dictadura de Augusto Pinochet.
La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones de Chile encontró en lo de Uribe un extenso archivo con la historia de 525 niños chilenos dados en adopción a familias extranjeras entre 1950 y 2001, según informó el diario La Tercera. La mayoría de los niños (432) llegaron a Estados Unidos.
Los documentos fueron incautados en 2017, en el marco de la investigación que lleva adelante el juez Mario Carroza por presuntas adopciones irregulares de niños. El juez entendió que Uribe tuvo un papel clave en estos casos, por lo que se encuentra en calidad de “inculpada”.
El proceso comenzó con un número limitado de denuncias contra la sustracción de hijos y se amplió a cerca de 500 casos a raíz de un informe elaborado por la abogada chilena María Cecilia Erazo, que se desempeña como perito judicial de la Corte de Apelaciones de Santiago. El estudio fue solicitado por Carroza para determinar si la información incautada a Uribe se enmarca “en procesos de adopciones irregulares sustanciadas en la década de los años 70 y 80”.
El reporte revela que, para poder hacer las adopciones, Uribe contó con la colaboración de dos médicos, una abogada, una traductora, una secretaria y otras dos asistentes sociales. “Además de los contactos que mantenía con consultorios, maternidades, hogares de niños, de mujeres, abogados y otros profesionales, también hacía ‘promoción’ de sus servicios” mediante la Radio Colo Colo. “Es así como recibía solicitudes de madres para hacerse cargo de sus hijos directamente o derivados de instituciones o personas, quienes recibían un pago por estos servicios”, señala el informe, al que accedió La Tercera. Hay datos que muestran que las madres que entregaban a sus hijos atravesaban grandes problemas económicos, por lo que ese incentivo era crucial.
“En la gran mayoría de los casos revisados existe efectivamente aporte económico por diversos conceptos”, dice el peritaje. Y menciona como ejemplos la sustitución de un mes de sueldo, la curación de heridas de cesáreas, la pensión completa antes y después del parto, y la cancelación de deudas de servicios básicos.
Por otro lado, una carta enviada por una colaboradora de Uribe da cuenta de la preferencia por los “buenos niños” que, según Erazo, eran “no sólo los lactantes recién nacidos o de meses, sino especialmente los niños de piel clara, sin rasgos de ‘raza indígena’”.
Erazo concluyó que la falta de regulación de la época permitió que “se generara una actividad económica” y que en algunos casos es difícil diferenciar entre “el tráfico o venta de niños y un apoyo social y económico a una madre, la que efectivamente se encuentra viviendo en una situación de extrema pobreza”. La abogada sostiene que “no es posible dar cuenta directamente de una posible sustracción de menores”, debido a las irregularidades registradas, “pero tampoco [es posible] descartarla”.