Argentina: ecos de un genocidio

Figuras del bien y del mal

Ecos del genocidio argentino.

Fabián Kovacic

Fallecieron dos emblemas de las secuelas de la dictadura argentina: un genocida y un juez. Luciano Menéndez mató, torturó y desapareció gente. Leopoldo Schiffrin dedicó los últimos 30 años de su vida a investigar las desapariciones forzadas y a luchar contra la impunidad.

Pocas horas separaron la muerte de un verdugo de la última dictadura militar argentina y la de un juez que buscó reparar el daño causado por ella. El general Luciano Benjamín Menéndez falleció el martes 27 de febrero, y el juez Leopoldo Schiffrin en la tarde del lunes 26. Ambos representaron al Estado argentino, aunque en circunstancias diferentes.

Luciano Menéndez llegó a general del Ejército argentino en 1972, y durante la dictadura, instalada en 1976, se hizo cargo del segundo centro clandestino de detención más cruel del país, conocido como La Perla, “la universidad de la tortura”, territorio del Tercer Cuerpo de Ejército, con asiento en Córdoba. Desde allí ordenó secuestrar, torturar, matar y hacer desaparecer a más de 3 mil personas. Fue encontrado culpable de 52 homicidios, 260 secuestros, 282 desapariciones y 656 casos de tortura. Tuvo a diez provincias bajo su mando militar desde fines de 1975, en las que funcionaron 238 centros clandestinos de detención. A partir del 24 de marzo de 1976, día del golpe militar, la actividad represiva clandestina en Córdoba dejó de estar en manos del Comando Libertadores de América, organización paramilitar que Menéndez apoyaba, y quedó a cargo del Estado y de este militar. Hijo del general Benjamín Menéndez, que se levantó contra Juan Perón en 1951, Luciano fue apodado “Cachorro” desde el Liceo Militar.

Ese mismo 24 de marzo, Leopoldo Schiffrin pasó de ser funcionario del gobierno peronista a exiliado. Había ingresado en la justicia a los 18 años y otros tantos años después decidió abandonarla para ingresar como subsecretario del Interior del ministro Esteban Righi durante el breve gobierno de Héctor Cámpora, antesala de la vuelta de Juan Perón al poder. Con el regreso a la democracia, en 1983, se incorporó al gobierno del radical Raúl Alfonsín como tantos extrapartidarios. Algunas presiones sobre la Casa Rosada lo convirtieron en secretario penal de la Corte Suprema de Justicia.

En 1987 fue acusado por el juez de la Corte Suprema de Justicia Augusto Belluscio de haber filtrado a la prensa un documento interno del tribunal en el que éste acusaba a un organismo de derechos humanos de haber “lavado el cerebro” a una hija de desaparecidos cuyo expediente tramitaba la Corte. La mediación de Carlos Fayt, otro magistrado del supremo, permitió su salida decorosa para que se convirtiera en juez de la Cámara Federal de La Plata, puesto que ocupó hasta 2017, cuando obligado por la edad y el gobierno de Macri, se jubiló.

UN DURO DE DICTADURA. Menéndez era considerado parte del ala dura del Ejército por despreciar a su par Jorge Videla, presidente de facto entre 1976 y 1980. Quiso declararle la guerra a Chile en 1978 por el conflicto sobre la soberanía de las islas del Canal del Beagle, pero la intervención del Vaticano lo impidió. Se veía como remplazante de Videla en la presidencia. Junto a los generales Domingo Bussi, Guillermo Suárez Mason, Ramón Díaz Bessone y Santiago Omar Riveros consideraban blandos a sus jefes e intentaron un golpe dentro del golpe. Lo encabezó Menéndez en Córdoba, pero fue detenido a las pocas horas. Allí terminó su carrera militar, en 1979. En 1984, cuando salía de un canal de televisión en Buenos Aires, donde había sido entrevistado, enfrentó a familiares de desaparecidos que lo abuchearon, y desenfundó un cuchillo. Su hijo y un custodio lo detuvieron. Esa imagen recorrió el mundo como símbolo de la impunidad y prepotencia con que se manejaba.

El juicio a las juntas, en 1985, sentó el precedente para iniciar los juicios por violaciones a los derechos humanos. Menéndez era uno de los acusados más comprometidos. Los alzamientos carapintada de 1986 y 1987 llevaron al presidente Alfonsín a sancionar las leyes de obediencia debida y punto final que dejaron al represor en libertad. Los indultos otorgados por Carlos Menem entre 1989 y 1990 dejaron libres a todos los responsables de la dictadura. Y en esos años Menéndez no sólo gozó de libertad, sino que era invitado especial del ministro del gobierno cordobés Oscar Aguad –hoy ministro de Defensa del macrismo– en los actos oficiales de la provincia.

LOS JUICIOS POR LA VERDAD. Mientras la impunidad parecía firmemente instalada, los organismos de derechos humanos seguían bregando por la búsqueda de desaparecidos. El 21 de abril de 1998, tras un pedido formal de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos –y bajo la vigencia de las leyes de obediencia debida y punto final y los indultos de 1989 y 1990–, Leopoldo Schiffrin, ya presidente de la Cámara Federal de La Plata, apoyó la recuperación de varios miles de archivos dispersos en juzgados federales de diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires. Con toda la instancia punitiva clausurada en las causas paralizadas por las leyes de Menem y Alfonsín, la Cámara Federal inició los llamados “Juicios por la Verdad”. Estos novedosos juicios proponían conocer la suerte corrida por los desaparecidos y darles respuestas a sus familiares. En enero de 1999 las investigaciones del juez Schiffrin dieron con miles de fojas de material de inteligencia de los archivos de la Policía Bonaerense ligado a los años de la dictadura. Más tarde serían incorporados a la Comisión Provincial de la Memoria (Cpm) –un ente público y autárquico de la provincia de Buenos Aires–, que clasificó y guardó esos archivos. Schiffrin fue nombrado vocal consultivo de la Cpm, cargo que ocupó hasta su muerte. Los Juicios por la Verdad se replicaron en Mendoza, Mar del Plata y Bahía Blanca, y permitieron recabar testimonios sobre el destino de los desaparecidos, que más tarde serían utilizados para retomar las causas penales.

Mientras Menéndez gozaba de impunidad en Córdoba, Schiffrin investigaba con las herramientas legales del Estado de derecho. Entre 1998 y 2007 la Cámara Federal de La Plata logró abrir más de 2 mil expedientes sobre desapariciones forzadas en la provincia de Buenos Aires. Pero sólo cuando en 2001 el juez federal Gabriel Cavallo declaró nulos los indultos, los expedientes por los juicios penales volvieron a moverse. En 2004, durante el gobierno de Néstor Kirchner, el Congreso declaró nulas las leyes de obediencia debida y punto final, y las puertas de la justicia volvieron a abrirse.

EN EL BANQUILLO. Entre 2004 y 2016 Menéndez fue imputado en 14 causas. En 13 de ellas fue hallado culpable de delitos de lesa humanidad y condenado a prisión perpetua, un récord en la historia judicial del país. Debió recorrer los juzgados de cada una de las diez provincias que habían estado bajo el mando del viejo Tercer Cuerpo de Ejército, porque en cada una de ellas Menéndez era el máximo responsable por las desapariciones forzadas, asesinatos y torturas. Las caras de Jorge Videla, Ramón Camps, Osvaldo Etchecolatz, Antonio Bussi, Santiago Riveros y la suya representan lo más duro de la dictadura militar que duró de 1976 a 1983. Menéndez murió a los 90 años en el hospital militar de Córdoba.

El 10 de diciembre de 1997 Schiffrin fue galardonado junto con el pastor metodista Aldo Echegoyen con el premio Derechos Humanos, de la institución judía B’nai B’rith. Desde el comienzo de los Juicios por la Verdad en La Plata fue amenazado de muerte una docena de veces, pero gracias a su trabajo avanzaron las condenas contra el ex comisario Etchecolatz, el sacerdote Cristian von Wernich –el primer religioso condenado por haber colaborado con la dictadura en las sesiones de tortura– y la plana mayor de la Policía Bonaerense de los años de plomo. Falleció en La Plata a los 81 años. El bien y el mal encarnados en dos seres humanos de una misma época.

 

 

 

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