Uruguay presente en la apelación
del juicio contra el Plan Cóndor en Italia
Guianze se mostró optimista ante el cambio de abogados de Uruguay
Uruguay estará presente este jueves en la apelación del juicio contra el Plan Cóndor en Italia.
El secretario de la Presidencia de la República, Miguel Ángel Toma, se encuentra en la ciudad de Roma para participar de la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma, pronunciado el pasado 17 de enero de 2017.
Desde Roma, la exfiscal de Corte Mirtha Guianze, explicó los pasos que se darán a partir de ahora:
Guianze se mostró optimista ante el cambio de abogados de Uruguay y la posibilidad de que a partir de su experiencia pueda establecerse condena contra Jorge Tróccoli.
Escuchar la entrevista de Puntos de vista con Mirtha Guianze, minutos antes de ingresar a la audiencia
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
CORRER CON EL RELOJ
El juicio de apelación por el Plan
Cóndor debió ser postergado por
inconvenientes técnicos
Varios de los imputados no respondieron sobre su situación actual y si iban a declarar en el proceso.
El juicio de apelación en Roma contra 27 antiguos militares de Bolivia, Chile, Perú y Uruguay por la muerte y desaparición de italianos en el marco del represivo Plan Cóndor en las décadas de 1970 y 1980 quedó este jueves aplazado hasta el 21 de junio.
La I Corte Penal de Apelación del Tribunal de Roma así lo decidió en la primera audiencia de este juicio en segunda instancia en la que se constituyeron las diferentes partes, indicaron a Efe fuentes próximas al proceso.
La próxima audiencia ha sido fijada para el próximo 21 de junio a las 15.00 locales (13.00 GMT) y se prevé que todas sean en horario vespertino para tener en cuenta la diferencia horaria con Latinoamérica.
El juez Andrea Calabria decidió posponer la audiencia después de que no haya obtenido respuesta por parte de algunos imputados a la rogatoria emitida para conocer su situación actual y si iban a declarar en el proceso por videoconferencia.
La otra razón es la petición de abstención de uno de los miembros de la corte, Giancarlo de Cataldo, que será sustituido en junio.
Este proceso de apelación se celebra a raíz del juicio en primer grado que concluyó el 17 de enero de 2017 con la absolución de la mayoría de los imputados y con ocho cadenas perpetuas.
Entre los acusados hay dos antiguos cargos de Bolivia: el presidente golpista Luis García Meza Tejada entre los años 1980 y 1981 y su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, ambos de avanzada edad y detenidos en la prisión de Chonchonoro de El Alto.
También hay 14 antiguos militares de Uruguay, entre ellos el único que se personó en el juicio en primera instancia, Jorge Néstor Troccoli, quien reside en libertad en Italia tras huir en 2007 de la justicia de nuestro país.
La lista de uruguayos la componen el ex canciller Juan Carlos Blanco, el ex teniente Ricardo Eliseo Chávez, el ex coronel Pedro Mato Narbondo, el excapitán José Ricardo Arab, el militar José Horacio Gavazzo Pereira y el marino Juan Carlos Larcebeau.
También el ex capitán Luis Alfredo Maurente Mata, el ex militar Ricardo José Medina, el ex coronel Ernesto Ramos Pereira, el ex granadero José Felipe Sande Lima, el ex coronel Gilberto Vázquez Bisio y los ex militares Jorge Alberto Silveira y Ernesto Soca.
Los cuatro imputados peruanos son el ex presidente Francisco Morales Bermúdez entre 1975 y 1980, el ex ministro Pedro Richter Prada -ya fallecido, aunque la Justicia italiana no ha recibido su certificado- y los ex militares Martín Martínez Garay y Germán Ruiz Figueroa.
Los siete chilenos son el exdirigente de la Inteligencia Pedro Octavio Espinoza, el exfuncionario Carlos Luco Astroza, el ex suboficial Orlando Moreno, el ex coronel Hernán Jerónimo Ramírez, el ex oficial de artillería Rafael Ahumada, el ex capitán Manuel Abraham Vasque Chahuan y el ex prefecto Daniel Aguirre Mora.
El juicio en primera instancia concluyó con ocho cadenas perpetuas para los chilenos Hernán Jerónimo Ramírez y Rafael Ahumada Valderrama, el uruguayo Juan Carlos Blanco, los bolivianos Luis García Meza y Luis Arce Gómez y los peruanos Francisco Morales Bermúdez, Pedro Richter Prada y Germán Ruiz Figueroa.
El número de acusados, muchos ya procesados en sus países, ha ido decreciendo por la muerte de estos y todos -con excepción de Troccoli- han rehusado testificar ante la Justicia italiana en el juicio en primera instancia, representados por abogados de oficio.
La Operación o Plan Cóndor fue ideada por el general chileno Augusto Pinochet y coordinó la represión de la oposición política entre 1970 y 1980 por parte sobre todo de las dictaduras de Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.
Montevideo Portal I EFE
_ _ _ _ _ _
ROMA
13 de abril de 2018
Uruguay ratifica pruebas en Corte Penal
de Roma contra el Plan Cóndor
Miguel Toma
El gobierno uruguayo convalidó la apelación ante la Tercera Corte Penal de Roma contra el Plan Cóndor y ratificó las pruebas que se habían presentado en primera instancia contra todos los imputados.
Este jueves 12 de abril se realizó la primera audiencia de apelación del juicio contra el fallo en primera instancia de la Tercera Corte Penal de Roma del 17 de enero de 2017 referido al Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en las décadas del 70 y 80.
De la audiencia ante el tribunal participaron los abogados de la parte querellante, los de los imputados y la Fiscalía.
Se trató de una sesión breve y que por cuestiones procesales la audiencia se postergó para el 21 de junio.
Por Uruguay participó el secretario de la Presidencia de la República, Miguel Toma, junto con el abogado, Andrea Speranzoni.
De este modo el gobierno uruguayo convalidó la apelación y ratificó las pruebas que se habían presentado en primera instancia.
Nuevas pruebas y testimonios
Toma aseguró que Uruguay presentará “nuevas pruebas y nuevos testimonios en la segunda instancia de apelación del caso Plan Cóndor para profundizar en el objetivo marcado por el presidente de la República, Tabaré Vázquez, de tener una sentencia condenatoria que abarque a todos los imputados”.
En declaraciones a radio Uruguay el jerarca de gobierno indicó que nuestro país “mantiene el compromiso de desplegar en Roma todos los esfuerzos a su alcance y ofrecer los medios probatorios que la Fiscalía reclame, más allá de la información que ya se ha aportado”.
“La Fiscalía italiana ha reconocido en forma expresa el apoyo que Uruguay viene prestando a la causa”, dijo Toma.
Agregó que “es muy importante que el Estado uruguayo lidere con su esfuerzo probatorio esta etapa del juicio”.
La fiscalía italiana había imputado a 27 militares sudamericanos por su participación en el Plan Cóndor.
Pero la sentencia en primera instancia de enero de 2017 de la Tercera Corte Penal de Roma absolvió a 19 imputados por crímenes de lesa humanidad, entre los que se encuentran 13 militares uruguayos que integraron el gobierno de facto (1973-1985).
En aquella instancia la Corte condenó a cadena perpetua a ocho represores sudamericanos, entre ellos al ex canciller de la dictadura Juan Carlos Blanco.
_ _ _ _ _ _ _ _ _
Primera audiencia de segunda
instancia de juicio por Plan Cóndor en
Roma se aplazó para junio
13 de abril de 2018 |
Escribe: Nadia Angelucci
Andrea Speranzoni, nuevo abogado del Estado uruguayo, Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia,
y Jorge Ithurburu, de la Asociación 24 de Marzo
Se abrió ayer, en la Primera Corte de Asís de Apelación de Roma, la segunda instancia del juicio por la causa Plan Cóndor. La primera había concluido en Roma el 17 de enero de 2017 con ocho condenas, entre ellas la del ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco, y 19 absoluciones, que incluyen a 13 uruguayos, entre ellos Jorge Néstor Tróccoli, prófugo en Italia desde 2007. La apelación surgió de una parte de los imputados condenados a cadena perpetua, identificados como responsables de la operación en diferentes países, y del pedido de revisión realizado por la Fiscalía y los familiares de las víctimas hacia los absueltos que, en los motivos de la sentencia de primera instancia, fueron identificados como responsables de crímenes de secuestro y tortura, prescritos y entonces no condenables, y para los cuales la Tercera Corte de Asís de Roma dijo que no se encontró prueba de que hubieran participado efectivamente en los homicidios.
La Primera Corte de Asís de Apelación, presidida por el juez Andrea Calabria y el juez relator Giancarlo De Cataldo, abrió la audiencia a las 14.15; luego de llamar a todas las partes, imputados y partes civiles con sus respectivos abogados, comunicó que la sesión no podía continuar, por lo que fue aplazada para el 21 de junio a las 15.00. La postergación se debió a dos motivos. El primero está relacionado con las notificaciones a imputados, por las que aún no se recibió respuesta, en relación con la eventual voluntad de presenciar el juicio por videoconferencia. El segundo tiene que ver con un pedido de abstención del juez relator, que ha tenido antecedentes de vínculos profesionales con uno de los abogados de la parte civil; este pedido está pendiente de una decisión del juez que está a cargo de la Corte de Asís de Apelación de Roma; en la próxima audiencia se sabrá si se cambia de juez.
La audiencia tuvo otras sorpresas. La primera fue el nombramiento de Andrea Speranzoni como nuevo abogado en representación del Estado uruguayo. la diaria intercambió opiniones sobre el juicio: “Estoy muy contento y satisfecho. Uruguay me nombró hace pocos días como su defensor, entonces representaré a la República Oriental del Uruguay en este juicio. Representaré en esa tarea no sólo al Estado uruguayo como institución, sino como comunidad entera. Este tema es muy importante para mí, y el nombramiento llega después de cuatro años y medio de trabajo en el juicio de primer grado, en el que defendí a víctimas uruguayas y chilenas, a las que sigo defendiendo. Este juicio por el Plan Cóndor llega a mi vida luego de 12 años de juicios en contra de los crímenes nazifascistas, por lo que la temática de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad se coloca en una línea de continuidad de batallas que son frutos de un camino que he construido durante muchos años. Pondré en este caso toda mi profesionalidad y toda mi pasión; las mismas que ya puse en todas mis anteriores batallas judiciales. Creo que el tema de los desaparecidos en América Latina, luego de que las puertas de Auschwitz se abrieron y se dijo ‘nunca más’, nos vuelve a interrogar sobre esos temas, 30 años después. Estos crímenes, cometidos en los años 70, condicionaron fuertemente los sistemas institucionales en América Latina, lo que otorga una importancia histórica a este juicio. No es un juicio a la historia: estamos procesando imputados y queremos revertir los resultados de primera instancia. Mi tarea será esforzarme, luchar para el Estado y para toda la comunidad, para que esas personas sean reconocidas como responsables. Por eso mi compromiso será fuerte y activo. Aunque Uruguay no presentó la apelación, puede presentarse en la segunda instancia y ejercer todos los derechos de defensa; la Fiscalía presentó la apelación y nosotros haremos todo lo que esté en nuestro poder para participar activamente”.
La presencia de Miguel Ángel Toma, secretario de Presidencia de la República, quien tiene la tarea especial de seguir el tema de los desaparecidos y de los crímenes de lesa humanidad, parece expresar la firme voluntad del gobierno de sostener el juicio de Roma, luego de la sentencia de enero de 2017. Toma, que el miércoles se reunió con la Fiscalía para intercambiar opiniones sobre la nueva fase del juicio, dijo a la diaria que el motivo de su viaje a Roma era presenciar la primera audiencia del juicio de segunda instancia y brindar apoyo a la defensa y a la Fiscalía. Al final de la audiencia declaró: “Es muy importante la presencia de Uruguay hoy en esta sala, porque expresa la firme convicción y el compromiso del señor presidente de la República y del gobierno uruguayo de apoyar esta causa con todo el esfuerzo y todo lo que esté a nuestro alcance. Vine especialmente para apoyar la causa y para brindar apoyo a la defensa y a la Fiscalía, con las que estamos en permanente contacto, haciendo los aportes probatorios indispensables para el buen fin del proceso”.
_ _ _ _ __ _ _ _
Uruguay entregará nuevas
pruebas y testimonios en la investigación
sobre el Plan Cóndor
Miguel Ángel Toma representó al país en la audiencia de segunda instancia en Roma. “Quedamos a disposición de la Fiscalía”, afirmó
Quedó constituida la segunda instancia de apelación del juicio por el Plan Cóndor en Roma, que condenó a cadena perpetua al excanciller de la dictadura Juan Carlos Blanco y absolvió a 12 militares uruguayos, entre ellos el excapitán de navío Jorge Tróccoli, por considerar que no había pruebas suficientes.
El secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, se hizo presente en la Corte de Apelaciones de Asís en representación del Estado uruguayo. De esta manera Uruguay convalidó la apelación y ratificó todas las pruebas que se habían presentado en primera instancia.
Según contó Toma en forma exclusiva a Informe nacional, en la primera instancia del juicio que se llevó a cabo en enero de 2017, en el Tribunal de Rebivia, se percibió carencia probatoria de parte de Uruguay para determinar la existencia del Plan Cóndor, en particular entre algunos integrantes del tribunal.
Atendiendo a la sensibilidad del tema y al compromiso con la defensa de los Derechos Humanos, explicó el secretario, Vázquez le ordenó que se presentara en Roma, para dar cuenta de la situación.
Al volver a Uruguay se hicieron gestiones ante la Suprema Corte de Justicia para obtener las sentencias uruguayas que condenaron a los militares por violaciones a los derechos humanos en dictadura. Fueron tres sentencias en primera instancia, tres en segunda instancia y tres sentencias de casación, detalló Toma.
Explicó que para Uruguay era prioritario que quedara consolidada la existencia del Plan Cóndor como método organizado, sistematizado e institucionalizado. Lo actuado fue una pieza clave para que los integrantes del tribunal se convencieran de que la coordinación represiva había existido, subrayó.
Una vez que recayó la sentencia de la corte romana, algunos condenados quedaron fuera porque el tribunal entendió que no había suficientes pruebas para inculpar a los “mandos medios”, y solo condenaron a los que revestían jerarquías superiores, explicó.
El 12 de abril de este año comenzó la segunda instancia del juicio. En la audiencia estuvo presente el tribunal, los abogados de la parte querellante, los de los imputados y la fiscalía.
El exmilitar Jorge Tróccoli, que vive en libertad en Italia, no estuvo presente pero sí su abogado.
Uruguay fue el único país presente con una autoridad del rango de la Secretaría de la Presidencia de la República y ocupó posición de estrado, al lado del abogado de Uruguay, Andrea Speranzoni.
Uno a uno se presentaron los querellante y quedo nominado el defensor y los imputados, pero por cuestiones procesales se debió postergar la audiencia para el 21 de junio.
Toma dijo a Informe nacional que Uruguay y el presidente Tabaré Vázquez mantienen el compromiso de desplegar en Roma todos los esfuerzos a su alcance y de ofrecer los medios probatorios que la fiscalía reclame, más allá de la información que ya se ha aportado.
Aseguró que la fiscalía italiana ha reconocido en forma expresa el apoyo que Uruguay viene prestando a la causa, lo que manifestaron personalmente al jerarca.
Agregó que es muy importante que el estado uruguayo lidere con su esfuerzo probatorio esta etapa del juicio.
Uruguay presentará nuevas pruebas y nuevos testimonios en la segunda instancia de apelación del caso Cóndor para profundizar en el objetivo marcado por Vázquez de tener una sentencia condenatoria que abarque a todos los imputados.
Si bien los abogados italianos estiman que el juicio podría culminar antes de fin de año el secretario de la Presidencia, en función del estudio que realizó sobre el tema, cree que podrá ser dilucidado recién en los primeros meses del año próximo.