MÁS DENUNCIAS
09 de abril de 2019
Gobierno remite a la Fiscalía cinco
casos más de violaciones a los
DD.HH en dictadura
El ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, informó que el Poder Ejecutivo remitió a la Fiscalía General de la Nación cinco casos de “apariencia delictiva” que surgen de las actas del Tribunal de Honor militar.
Bayardi compareció este martes 9 de abril ante la Comisión de Defensa del Parlamento.
En dicha instancia, el secretario de Estado informó que las actas del Tribunal de Honor del Ejército -con las declaraciones de militares retirados condenados por violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura (1973-1985)- ya fueron remitidas al Parlamento.
En ellas figuran las denuncias del coronel retirado Jorge Silveira referidas a que el teniente coronel retirado José Gavazzo fue el responsable de la muerte de Roberto Gomensoro, detenido y torturado en el Grupo de Artillería 1 en marzo de 1973.
Asimismo, Silveira acusó a Gavazzo de la muerte de Eduardo Pérez Silveira, detenido en el mismo batallón, y de ser el responsable de la desaparición de María Claudia García de Gelman.
Por su parte, Gavazzo reconoció ser el autor material de la desaparición de Gomensoro.
Más denuncias
A la vez, este martes, Bayardi expresó que el Ministerio de Defensa Nacional analizó las declaraciones que se realizaron, no solo en una causa de carácter general sino en cinco casos más, que serán transmitidos a la Fiscalía”.
Los cinco casos corresponden a “violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura y muchos de ellos han tenido causa y procesamiento”.
“No vamos a hacer la calificación de lo que dé lugar, lo hará el fiscal, pero todas las declaraciones fueron, en primer lugar, respecto del denominado Segundo Vuelo de la Muerte (en el marco del Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur), lo que derivó al caso de Roberto Gomensoro”, explicó.
Gavazzo
Por otro lado, Bayardi fue consultado por la prensa si se había comunicado la declaración de José Gavazzo, quien confesó un delito de lesa humanidad en el caso Gomensoro.
En tal sentido, el secretario de Estado aclaró que “formalmente no hubo vía de comunicación al mando superior de los contenidos de las declaraciones y tampoco está en el expediente”.
“Cuando uno trabaja con expedientes, lo que no está no existe, es una norma de derecho de término administrativo”. Hoy esto está en el Tribunal de Flagrancia”, remarcó.
Aseguró que el expediente con los dichos de Gavazzo se tramitó en 30 días entre la oficina jurídica del Ministerio y la de Secretaría de la Presidencia de la República.
“Creo que es el expediente que se ha movido con mayor rapidez”, aseguró.
Por otro lado, Bayardi remarcó el hecho de que “la única fuerza política que hizo algo con respecto a Gavazzo fue el Frente Amplio”.
“Lo aclaro por las dudas, porque sino cualquiera se viste con atributos que no ha tenido en 30 años de institucionalidad democrática”, sentenció.
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Bayardi envió a Fiscalía
cinco casos de violación de
derechos humanos que surgen
de las actas del Tribunal de Honor
10 de abril de 2019
La Comisión de Defensa del Senado recibirá a constitucionalistas para analizar la solicitud de venia para destituir a generales planteada por Vázquez.
Los senadores de la oposición habían advertido la semana pasada que querían acceder al contenido de las actas del Tribunal de Honor del Ejército que evaluó la conducta de José Nino Gavazzo, Jorge Silveira y Luis Maurente, y recibir al nuevo ministro de Defensa Nacional, José Bayardi, en la Comisión de Defensa del Senado, antes de votar la venia, solicitada por el presidente Tabaré Vázquez, para el pase de retiro obligatorio de cuatro generales que integraron ese tribunal.
Ayer, Bayardi asistió a esa comisión y, luego de reunirse con los legisladores, comunicó a la prensa que había enviado a la Fiscalía información sobre cinco hechos con apariencia delictiva que surgen de esas actas. El ministro indicó que los cinco casos “corresponden a la época de la dictadura” y que “muchos de ellos han tenido causas y procesamientos”, añadiendo que le compete a la Fiscalía analizar los documentos. Planteó también que los legisladores que reclamaron las actas “están en su derecho”, pero acotó que este es el “expediente que más rápido se ha movido” en el ámbito del Poder Ejecutivo.
Bayardi se refirió a la conversación que mantuvo con el nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, tras sus declaraciones sobre los hechos del pasado reciente y los detenidos desaparecidos. Después de asumir, consultado por periodistas sobre los crímenes del terrorismo de Estado, Feola respondió: “No los voy a repudiar porque no sé si están confirmados o no”.
Luego el ministro se comunicó con el comandante y, según narró a la prensa, le hizo tres preguntas: si ponía en duda que hay detenidos desaparecidos en Uruguay; si rechazaba todas las acciones que han “degradado a la institución”; y si tenía el “firme compromiso de colaborar con la Justicia en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos”. Las tres respuestas fueron afirmativas, y Bayardi, según contó, replicó: “Entonces, esto que me dice a mí lo tendría que decir públicamente”. Eso condujo a un comunicado en el que el nuevo comandante afirmó lo mencionado, y alegó que en su respuesta a la prensa se había referido a los hechos evaluados por el Tribunal de Honor.
Una piedra
El senador nacionalista Javier García, actual presidente de la Comisión de Defensa, dijo que se están analizando varios elementos relacionados con el pedido de venias de destitución. Afirmó que el argumento de Vázquez es que los generales no informaron al mando superior sobre hechos delictivos, “pero el mando superior [el entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos] dice que fue informado”. García también puso en duda que la destitución de estos generales requiera venia del Senado, señalando que el artículo 168 de la Constitución establece que el Poder Ejecutivo podrá “destituir por sí a los empleados militares y policiales y los demás que la ley declare amovibles”. A su entender, entonces, se trata de una decisión “privativa” del presidente. La comisión solicitó el asesoramiento de constitucionalistas sobre esta cuestión.
El frenteamplista Rubén Martínez Huelmo, integrante de la comisión, apuntó que la Ley 19.189, aprobada en enero de este año, indica que el pase a retiro obligatorio de un general requiere la venia del Senado, con el apoyo de 3/5 del total de sus integrantes, y consideró que el argumento de la oposición al respecto es muy “rebuscado”.
Interpretaciones
El constitucionalista José Korzeniak opinó en diálogo con la diaria que se puede notar cierta “contradicción” entre el artículo de la Constitución invocado por García y la Ley 19.189, ya que el primero implica que “todos los cargos de las Fuerzas Armadas dependen de Presidencia”, pero la norma de este año establece el requisito de la venia para ciertas destituciones. En su opinión, el Poder Ejecutivo optó por el camino marcado en la ley por dos motivos: en primer lugar, porque una “ley no deja de aplicarse hasta que sea declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia”, y quiso “evitar que se dijera que se saltea procedimientos”; por otra parte, el experto señaló que la Constitución se refiere a los ocupantes de cargos declarados “amovibles” por la ley, y que en estos casos la ley vigente requiere la venia del Senado.
Por su parte, el constitucionalista Martín Risso opinó que “hay un error” en lo que hizo el Poder Ejecutivo. “Está mal pedida la venia, porque a los militares, de acuerdo con lo que dice la Constitución, los puede separar de su cargo por sí mismo, sin venia de nadie. Lo que hace el Ejecutivo es utilizar las normas de pase a retiro. No tiene nada que ver”, expresó.
Las actas
Ayer, tanto El Observador como Montevideo Portal publicaron las actas del Tribunal Especial de Honor para Oficiales Superiores Nº 1. El expediente, que contiene más de 700 páginas, incluye las declaraciones de los tres militares. Se confirma que Gavazzo, como había publicado El Observador, reconoció haber arrojado al río Negro el cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973. Esto surgió cuando le preguntaron si tenía conocimiento de que algún detenido hubiera perdido la vida durante un interrogatorio, y Gavazzo respondió que no, pero agregó que Gomensoro fue dejado esposado a una silla por la noche y al día siguiente estaba muerto, aclarando que eso no era lo que él declaró sobre el caso ante la Justicia.
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EL NÚMERO 2
Miguel Ángel Toma, la crónica
que describe al más oscuro
acompañante del presidente Vázquez
11.04.2019
MONTEVIDEO (Uypress) – Miguel Angel Toma es el Secretario de la Presidencia. Es abogado, se lo considera el número dos del Gobierno y el hombre con más poder después del Presidente.
Una crónica de los periodistas Guillermo Draper y Juan Pittaluga para Búsqueda recopila parte de la carrera política de Toma, su actual relación con el presidente Vázquez, su estilo de vida, alejado de las luces de los medios de comunicación, pero con una importante impronta de ciertos lujos exclusivos.
Dice la crónica citada que Toma no reniega de lujos. “En el garaje está estacionado su Nissan Maxima negro, un sedán deportivo de 300 caballos de fuerza que no está disponible en la nómina comercial de vehículos que la marca japonesa ofrece en el mercado local”. Se agrega que “Toma se jacta de que ese auto no se consigue en Uruguay y que se lo mandó traer especialmente”.
Reside en Montevideo pero pasa mucho tiempo en su casa de Punta del Este en el barrio privado Boulevard Park donde tiene una casa de dos plantas con piscina.
Agrega la crónica que “Toma incurrió en otros gastos para decorar su casa, entre ellos la adquisición de plantas por un costo de miles de dólares en uno de los viveros más exclusivos de Punta del Este”.
Toma fue director del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública y en 1995 fue instructor de la investigación ordenada por el ministro Alfredo Solari para determinar si Vázquez había incurrido en conjunción de interés público con el privado al haber recomendado al Instituto Nacional de Oncología (Indo), en su calidad de jefe de Radioterapia, la compra de servicios médicos a la empresa Nuclamed, cuyo representante en Uruguay era en ese momento su hijo Javier Vázquez.
“El 1º de marzo de 1996 Toma emitió un informe en el que estableció que si bien Vázquez había enviado al director del Indo un documento solicitando la compra de equipos en el que adjuntó fotos con el nombre de la empresa que representaba su hijo, “no existieron actos o hechos irregulares”, por lo que concluyó que había existido una “falla de servicio”, pero sin responsables” agrega la crónica.
En 2005 Toma fue nombrado director de la Oficina Nacional del Servicio Civil. Agrega la nota que Toma y Vázquez integran la Gran Logia de la Masonería a la cual “ingresó por el resplado del exdirigente colorado Oscar Magurno, fallecido en 2014, quien fue jefe de Vázquez en la Asociación Española”.
Toma también está al frente de las negociaciones con UPM.