La búsqueda sin farándula
Las excavaciones en el Batallón 13.
Mauricio Pérez
19 julio, 2019
Excavaciones arqueológicas en busca de restos de desaparecidos de la dictadura
Las declaraciones de Orlando Petinatti generaron suspicacias sobre la manera en que el gobierno analiza la información sobre los crímenes de la dictadura. Lo cierto es que el lugar señalado por el comunicador, el Batallón 13 del Ejército, es objeto de investigación desde hace varios años. Hasta ahora, los antropólogos excavaron el 85 por ciento del área cautelada, sin hallazgos de restos óseos ni indicios de remoción de tierra, pero el plan es completar la búsqueda en la totalidad del predio.
Desde hace un par de años, el Grupo de Investigación en Antropología Forense (Giaf) concentra su trabajo de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en el Batallón 13. Allí funcionó el centro clandestino de detención 300 Carlos y allí fueron hallados, en 2005, los restos de Fernando Miranda, padre del presidente del Frente Amplio (FA), Javier Miranda. Se trata, por tanto, de un predio de sumo interés. El equipo de antropólogos trabaja con un lineamiento: excavar todo el terreno para despejar las dudas sobre posibles enterramientos clandestinos. Según pudo saber Brecha, ya se intervino el 85 por ciento del área cautelada, sin hallazgos de restos óseos ni indicios de remoción de tierra. Una vez que se termine con los trabajos en esa área, el plan es continuar en otras hasta completar la búsqueda en todo el predio.1
La hipótesis sobre los enterramientos clandestinos en el Batallón 13 se reavivó esta semana luego de las declaraciones del comunicador Freddy Nieuchowicz (alias Orlando Petinatti) en el programa Todas las Voces, de Canal 4. Contó que en 2014, tras entrevistar a un ex integrante del Mln, recibió un mensaje de una oyente que decía tener información sobre el destino de Elena Quinteros, desaparecida desde 1976.
Según Petinatti, se entrevistó con la mujer, quien le contó que era hija de un militar que participó en la detención de José Mujica y que sabía el lugar exacto donde fue enterrado el cuerpo de Quinteros. Petinatti grabó la conversación y, tras considerar que la historia era verosímil, entregó un CD con el audio a Miranda, entonces secretario de Derechos Humanos de Presidencia. Luego afirmó que nunca supo si esa denuncia fue investigada.
Queriéndolo o no, Petinatti volvió a poner en entredicho el compromiso de los gobiernos del FA con la búsqueda de la verdad sobre los crímenes de la dictadura. El relato tuvo lugar en un programa periodístico de televisión, en horario central, meses después de la aparición de las actas del tribunal de honor que juzgó a José “Nino” Gavazzo y de su confesión sobre la desaparición del cuerpo de Roberto Gomensoro Josman en 1973, lo cual mantuvo en vilo a la Presidencia de la República.
Horas después de la difusión de los dichos del comunicador, Miranda dio su versión. Confirmó la reunión con Petinatti y la entrega del CD. El comunicador también mantuvo un encuentro con Eduardo Pirotto, quien entonces integraba igualmente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. De acuerdo con lo recabado por Brecha, esta fue la dependencia encargada de analizar la información. Incluso, la mujer fue contactada por los integrantes de la secretaría para analizar la veracidad del relato. Lo más “sustancioso”, revelaron las fuentes, es que la mujer tenía dudas sobre su identidad, pero luego desistió de seguir adelante con el asunto, a la vez que aseguraron que esto fue comunicado a Petinatti.
Con relación al paradero de Quinteros, se valoró como “un testimonio de oídas”, que era necesario contextualizar, lo cual fue confirmado al semanario por Felipe Michelini, coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, quien aseguró a Brecha que, a raíz de la repercusión mediática del testimonio de Petinatti, se procedió a identificar la documentación referida a este hecho, para revisarla y determinar si se le dio el tratamiento adecuado. En este sentido, Michelini recalcó que todos los datos recibidos se analizan y se contextualizan para darle su verdadero valor: “La información, que puede ser muy relevante o impactante para la persona que lo escuchó, no necesariamente tiene que ser relevante para iniciar una investigación o profundizarla”, apuntó.
Según Michelini, todos los años se reciben varios testimonios sobre posibles lugares de enterramiento clandestino, pero no todos se comprueban. Recordó, como un ejemplo, las excavaciones en un predio privado en Neptunia “a partir de un testimonio que se entendió seguro” y que, sin embargo, no tuvo resultado. O los trabajos que se hicieron en una chacra de Pajas Blancas, identificada a partir de datos aportados por el ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos, donde tampoco se encontró nada.
BÚSQUEDA INCOMPLETA. La versión sobre el enterramiento de Elena Quinteros en el Batallón 13 no es nueva. Más aun: es uno de los ejes de la investigación sobre su paradero. Esta versión es coherente con la historia: tras intentar refugiarse en la embajada de Venezuela en Montevideo y ser sacada a la fuerza del jardín de la residencia, Quinteros fue trasladada al 300 Carlos (o Infierno Grande), ubicado en los fondos del Batallón 13. Ese centro era dirigido por el Ocoa.
Según la versión aportada por la Comisión para la Paz, tras ese incidente, la maestra fue salvajemente torturada. Se estima que habría muerto entre el 1 y el 5 de noviembre de 1976 y luego su cuerpo fue desaparecido. Por esa razón, la búsqueda de sus restos se concentró en el Batallón 13. Esta hipótesis, incluso, tenía el respaldo de dos soldados que, durante la dictadura, denunciaron enterramientos clandestinos en ese predio.
En diciembre de 2005, poco después del hallazgo de los restos de Miranda, el equipo de antropólogos halló un fragmento óseo, correspondiente al radio izquierdo (el antebrazo), que podría pertenecer a una mujer. Esa pieza fue sometida a triple examen de Adn (en Uruguay, Argentina y España), sin éxito. Para estos análisis se obtuvo muestras de sangre de las familias de tres desaparecidas: Quinteros, Amelia Sanjurjo y María Claudia García de Gelman.
Actualmente, las excavaciones en el Batallón 13 se realizan en el marco de la indagatoria penal por la desaparición de María Claudia. Además, existe una medida cautelar de no innovar sobre ese predio dispuesta en la investigación sobre el destino de Nebio Melo, hijo de Luisa Cuesta. Más allá de esto, las excavaciones pueden ampliarse hacia otros predios militares. Uno de ellos es el Batallón 14. Allí se realizará una investigación con georradar (ground penetrating radar, Gpr, una técnica geofísica no destructiva), en las proximidades de una edificación del predio. El objetivo es detectar indicios de posibles movimientos de tierra o cavidades en el subsuelo. Un estudio similar que se realizó en los alrededores de otra edificación identificada como “la enfermería y los galpones aledaños” –a partir de una investigación del diario La República– concluyó sin resultados positivos.
Ese predio también es objeto de otra investigación a partir de información aportada por el ministro de Defensa, José Bayardi. La información, que llegó por medio de una fuente anónima o reservada, fue entregada hacia principios de mayo al fiscal Ricardo Perciballe, quien procura confirmar su veracidad, antes de definir el inicio de excavaciones. Esto incluyó una inspección ocular en la zona señalada (Informe Capital, TV Ciudad, 18-VI-19); se trata de una zona próxima al lugar donde fueron hallados los restos del maestro Julio Castro y de Ricardo Blanco Valiente. Ambos cuerpos estaban a pocos metros de distancia y tenían el mismo patrón de enterramiento. n
1 El Batallón 13 está divido en tres áreas: el Servicio de Material y Armamento (Sma), el Servicio de Comunicación y el Servicio de Transporte. El área cautelada corresponde en su mayoría a este último.
Dilatorias por omisión
Otro sitio de interés de búsqueda de restos es la ex cárcel de La Tablada, donde operó la denominada “Base Roberto”. Sobre ese predio existe una orden judicial de no innovar, ya que el Inisa tenía previsto instalar allí un megacentro de privación de libertad para adolescentes infractores. Recientemente, el predio fue declarado sitio de memoria. El objetivo de los investigadores es excavar en varias zonas señaladas como posibles lugares de enterramiento. Pero eso tuvo un freno. El predio de La Tablada fue declarado patrimonio nacional en 1975, por lo que para intervenirlo se requiere la anuencia de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación.
A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, la jueza Silvia Urioste envió tres oficios a la comisión (fechados en marzo de 2018, agosto de 2018 y febrero de 2019) en los que pide que se informe si el área delimitada era de interés patrimonial. Ninguno de ellos tuvo respuesta. Por este motivo, la Fiscalía pidió la citación del director Nelson Inda, lo que fue rechazado por la jueza, que en su lugar otorgó un plazo de 20 días para que la comisión conteste los oficios. El plazo vence hoy viernes.