Los otros
Se presentará una denuncia penal de niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado.
Betania Núñez
11 octubre, 2019
Espacio Memorial Penal de Libertad, que rinde homenaje a los ciudadanos que fueron recluidos en el Penal de Libertad durante la dictadura, a quienes fallecieron en el establecimiento y muy especialmente a los familiares que también fueron víctimas del terrorismo de Estado y asistían a las visitas
Todavía cuesta escuchar que hubo niños que fueron víctimas directas de la represión, disciplinados y violentados, no a través del martirio a sus padres, sino por medio de sus propios cuerpos. La academia lo viene señalando hace años y la Institución Nacional de Derechos Humanos lo reconoció mediante una resolución hace dos meses, en la que le reclamó al Estado que haga lo mismo. En ese marco, el próximo lunes, en el Paraninfo de la Universidad, la organización Memoria en Libertad contará su historia.
Hubo niños que nacieron en cautiverio o que estuvieron presos con sus padres, y hubo otros que fueron abusados sexualmente, que estuvieron secuestrados en ratoneras, que en las visitas a la cárcel, año tras año, fueron castigados y disciplinados, y también lo fueron en la cotidiana, cuando las maestras los hicieron pasar al frente a explicarles a todos sus compañeros que habían faltado a la escuela para ir a ver a un “sedicioso” a la cárcel, y al mes siguiente lo mismo, y todos los meses durante todo el año escolar.
En el artículo “El dispositivo de la prisión política”, de la antropóloga Natalia Montealegre y la historiadora Alondra Peirano,1 se da cuenta de diferentes relatos de hijos de ex presos políticos; una de las entrevistadas contó, por ejemplo, que un compañero de escuela, muchos años después, “me dice: ‘No, lo que pasa es que vos en la clase eras… era como muy fuerte lo tuyo, yo nunca más me olvidé de lo que te hacían… ¿Te acordás cuando la maestra de segundo te hacía pasar adelante y nos hablaba a todos de lo que era la sedición?’.(…) Él me dijo: ‘Me acuerdo cuando te pusiste a llorar, y después nunca más lloraste cuando ella te hacía eso’”.
En el mismo artículo se mencionan, a su vez, los “manoseos, amenazas, exposición de forma intencionada al frío durante las revisaciones, hostigamiento, robo de regalos”, situaciones que se repetían durante todas las visitas a la cárcel, durante años. Y en ese sentido se cita el siguiente testimonio: “Tengo recuerdos de veces que me hicieron sacar el pantalón o la pollera, por ejemplo; que te hicieran levantarte la pollera así, que te revisaran todo acá, te tocaban con las manos congeladas. (…) (En la revisación) prácticamente te desnudabas y tenías que agacharte porque tenían que ver si no llevabas algo en el traste”.
También se menciona a Amanda, una funcionaria del Penal de Libertad que era el terror de tantos niños, y se dice, además, que los hijos de los presos políticos perdieron su nombre propio cada vez que pisaron la cárcel, porque también ellos pasaron a ser denominados por el número con el que se referían a sus padres. Además, se explica que el niño que cumplía 12 años era considerado un adulto y se le suspendía el contacto físico de un día para otro: la conversación con sus padres pasaba a ser a través de un teléfono, vidrio blindado mediante, y grabada; la charla, cuidada; el lenguaje, medido. Muchas veces, la última visita del niño, con la posibilidad del abrazo, era suspendida arbitrariamente, como lo eran tantas otras visitas de toda una familia, de varias familias que, después de recorrer un país en ómnibus, llegaban, para tener que irse con los brazos vacíos.
Raquel González, de Paysandú, dice que recién hace un par de semanas se enteró de la historia de mujeres que conoce de toda la vida, que nunca antes se habían atrevido a hablar. Ella cuenta la propia: tiene 52 años, cuando detuvieron a sus padres tenía 4.
—Éramos tres hermanos, ahora somos cinco. Se llevaron primero a mi padre, a los pocos días, a mi madre, y quedamos solos con los milicos; a todo el que venía a mi casa, lo entregaban; después me enteré que a eso le decían “ratonera”. Me acuerdo de las radios Spica prendidas y todavía le tengo asco a la comida de olla. No sé cuánto tiempo pasó, sólo me acuerdo del agua marrón, de la mugre que salía cuando nos soltaron y nos bañaron. Me harté de los allanamientos en mi casa, que eran cada 15 días o un mes, y le agarré fobia a viajar en ómnibus, a toda aquella cantidad de horas esperando para la visita. No éramos los niños que iban a visitar a sus padres, éramos los hijos de los tupamaros, y fuimos tratados como semillas a eliminar. Creo que nunca lloré, ni siquiera cuando torturaron a mi padre adelante mío. No teníamos permiso para llorar, no se podía hablar del tema tampoco, me acostumbré a ser invisible…
UN SOLO CUERPO. Los niños formaron parte del cuerpo que el terrorismo de Estado buscó reprimir, planificada y sistemáticamente. Eso al menos concluyen, ya desde hace años, algunos investigadores de la Universidad de la República: Montealegre y Peirano consideran, en su artículo, que se “utilizaba a estos niños y niñas” para construir “un cuerpo de emisarios, una suerte de ‘resonadores del terror’”. Los adultos de ahora, niños entonces, también lo expresan: “Los milicos eran los únicos que la tenían clara”, porque sabían, mejor que sus propios padres, que “nosotros también éramos el objetivo”, cuenta Victoria Sequeira, hija de dos ex presos políticos. Todavía se escucha a los padres de algunos que dicen, como una protección, como un mecanismo de defensa, que los militares no se habrían atrevido a tocar a un niño, que eso nunca ocurrió.
La ley de reconocimiento y reparación a las víctimas de la actuación ilegítima del Estado entre el 13 de junio de 1968 y el 28 de febrero de 1985, en este caso la voz del Estado, también lo niega: Enrico Irrazábal, decano de Facultad de Psicología e investigador que ha trabajado mucho estos temas, sostiene que “la ley de reparación dice algo que no dice: que los gurises no son víctimas. Hay una ventana para los nacidos en cautiverio y los que estuvieron presos con sus padres”, pero no se incorpora al resto, y eso hace que sea difícil “inscribir una historia personal en un devenir social cuando hay otros que no dan cuenta de vos”.
En la misma línea, el abogado y docente Juan Ceretta, desde la Clínica de Litigio Estratégico de la Udelar, sostiene que se debe trabajar en una correcta definición sobre las víctimas: “No son víctimas de segunda generación, sino víctimas directas”, dice, ya que no se trata de una afectación social, transmitida generacionalmente, sino de una vivencia propia. Esta misma lectura la respalda la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que, además, reclamó en una resolución de agosto que el Estado debe realizar “un acto público de reconocimiento de responsabilidad, que incluya un pedido de disculpas”, que incorpore “en el relato histórico nacional lo acontecido a niñas, niños y adolescentes”, que garantice “la prestación efectiva de la cobertura integral de salud” y que apruebe una ley que “contemple la adecuada reparación integral para esta población, en cuyo anteproyecto participen directamente las personas comprendidas” e “incluya un programa de indemnizaciones”.
HABLAR POR ENCIMA DE LOS MAYORES. A muchos niños y adolescentes que fueron víctimas directas de la dictadura les ha llevado toda la vida verse como tales: para articular una denuncia, un reclamo, del otro lado tiene que haber alguien que sea capaz de escuchar.
En ese contexto surgió en 2008 y resurgió en 2018 Memoria en Libertad. En ese colectivo militan Raquel González y Victoria Sequeira, además de los entrevistados por Montealegre y Peirano. Memoria en Libertad fue la organización que se acercó a la Inddhh el año pasado, lo que finalmente cuadró en la resolución de agosto. Este colectivo presentará la resolución de la Inddhh y los relatos de sus integrantes el lunes a las 18 horas en el Paraninfo de la Universidad. Memoria en Libertad reclamará sus derechos reparatorios con el apoyo de la Clínica de Litigio Estratégico de la Udelar y presentará una denuncia penal junto con el Observatorio Luz Ibarburu.
“Son ciclos de la memoria”, dice Natalia Montealegre: a la salida de la dictadura, el relato que se construyó, la narrativa que se impuso fue la masculina. Los abusos sexuales necesitaron otro tiempo para procesarse y para ser escuchados, y las mujeres recién los pudieron denunciar en 2011. Ahora podría haber espacio para los que fueron niños y adolescentes víctimas del terrorismo de Estado. En la primera etapa de Memoria en Libertad, que terminó con su disolución en 2010, “el proceso grupal estuvo orientado al trabajo hacia las familias”, mientras que ahora, luego del reagrupamiento que se generó a partir de la inauguración del Memorial del Penal de Libertad, “el horizonte es llevar adelante un juicio contra el Estado para que se haga responsable y dé garantías de no repetición”, reconstruye Montealegre.
Memoria en Libertad, tal como lo comunicó ayer jueves al abogado del Observatorio Luz Ibarburu, Pablo Chargoñia, iniciará una acción penal por las situaciones vividas “durante las visitas a la cárcel y en ocasión del secuestro de sus padres, situaciones en las que fueron maltratados y abusados, incluso sexualmente”.Se trata de “víctimas de la misma tecnología terrorista, del mismo aparato que violó los derechos humanos de sus padres”, planteó Chargoñia, y adelantó que “se denunciarán hechos criminales con circunstancias de lugar y tiempo”. Todavía resta “analizar si se va a organizar en una o más denuncias”, pero “la intención es que en la o las denuncias figuren los nombres de quienes se puedan identificar como responsables. El punto de partida es que estamos ante víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, tal como lo planteó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman contra Uruguay, y por lo tanto no podrá invocarse la prescripción de la acción penal”.
La denuncia se sustentará, en parte, con base en la información que recolectaron investigadores de la Udelar, compuesta por 32 entrevistas a hijos de ex presos políticos que prueban, según Montealegre, que “hubo un patrón sistemático, que hubo prácticas repetidas, porque fueron 13 años de visitas y en todos esos años se procedió a maltratar a los niños y niñas. Esto trasciende a las personas que hoy están denunciando, involucra a muchas más”.
La expectativa es que a esta denuncia colectiva, que por el momento es promovida por 35 víctimas, se sumen otras; los integrantes de Memoria en Libertad sostienen que en algún lado están los miles de niños que saben que fueron víctimas directas de la dictadura.
1.- Publicado en la revista Contemporánea número 4, del año 2013
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Mariana Mota: hubo una
invisibilización del sufrimiento
de niños y adolescentes víctimas
del terrorismo de Estado
15 de octubre de 2019
El colectivo Memoria en Libertad presentó las recomendaciones de la INDDHH al Poder Ejecutivo.
El día de ayer fue intenso en el paraninfo de la Universidad de la República (Udelar). Apenas tres horas después de terminada la ceremonia de despedida de los restos de Eduardo Bleier, en ese mismo lugar se dieron cita los integrantes del colectivo Memoria en Libertad, que reúne a hombres y mujeres que sufrieron en forma directa las acciones del terrorismo de Estado cuando eran niños, niñas o adolescentes. Acompañados por Mariana Mota en representación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH), Mariana González Guyer en su carácter de prorrectora de Extensión Universitaria, y Rodrigo Arim como rector de la Udelar, los integrantes del colectivo –representados en la mesa por Marisa Bursak– recordaron que el proceso de encontrarse y reconocerse como perjudicados directos por la acción del terrorismo de Estado fue un trabajo demorado, interrumpido en ocasiones, muchas veces doloroso pero también, y al mismo tiempo, con algo de sanador.
La ceremonia de ayer consistió en la presentación pública de la recomendación que la INDDHH cursó al Ejecutivo para reparar a estas personas que fueron afectadas en sus derechos por el propio Estado, precisamente en etapas de la vida en las que esas vulneraciones pudieron causar daños que afectan a la trayectoria posterior. Es el caso de los niños y niñas separados violentamente de sus padres, de los que atravesaron el ciclo educativo sin que su padre o su madre pudieran firmarles el carné de calificaciones o el permiso para un paseo, de los niños, niñas y adolescentes que soportaron la violencia durante las visitas a las cárceles, los que fueron discriminados, los que vivieron su propia historia como un secreto vergonzante durante muchos años.
Mota destacó que para el derecho internacional las víctimas no son únicamente los que padecieron en su propia persona la violencia del Estado, sino que también se reconoce a la segunda generación como afectada directamente, en sus propios cuerpos, en su psiquismo y en su vida cotidiana, por la violencia que alcanzó a sus padres o hermanos. Hubo, entonces, una injusticia del Estado cuando no se tomó en cuenta a esta población al momento de las reparaciones; hubo una invisibilización de su sufrimiento y una negación de las consecuencias, y es necesario reparar esa falla.
La INDDHH recomienda, entonces, entre otras cosas, la realización de un acto público de reconocimiento de la responsabilidad estatal, la inclusión en el relato histórico nacional de lo acontecido con esta población, la prestación de cobertura integral de salud y acompañamiento psicosocial, y la aprobación de la normativa necesaria para efectuar dicha reparación.