El medio es el mensaje
El Poder Ejecutivo envió al Parlamento un proyecto de ley de medios que cercena buena parte de las disposiciones vigentes en la ley de servicios de comunicación audiovisual, al tiempo que habilita que los cableoperadores del Interior vendan servicios de Internet. Esta propuesta deshace el monopolio de Antel en esta área.
Mauricio Pérez
8 mayo, 2020
“La mejor ley de medios es la que no existe”, afirmó el entonces presidente, José Mujica. Sobre el final de su mandato, sin embargo, el Parlamento –de mayoría frenteamplista– aprobó la ley de servicios de comunicación audiovisual (ley Sca), un texto de 202 artículos que regula el ecosistema de medios en Uruguay. Esa frase de Mujica fue utilizada por los legisladores de la oposición para cuestionar la iniciativa. Durante el debate parlamentario se dijo que era una propuesta autoritaria, que cercenaba las libertades de las empresas y los ciudadanos; se habló de inconstitucionalidades varias, de restricciones a la libertad de expresión, de censura. Cinco años después, con el cambio de signo político, la ley Sca vuelve a estar sobre el tapete. El Ejecutivo propuso derogarla y –para sorpresa de algunos de los socios de la coalición multicolor– presentó un proyecto alternativo, de unos noventa artículos.
En la exposición de motivos se argumenta que la norma actual –aprobada en 2014– es hiperreglamentarista, intervencionista y discrecional, y otorga una posición de supremacía al gobierno frente a los licenciatarios. Con este proyecto, en tanto, se pretende adaptar el marco normativo a la nueva realidad de las telecomunicaciones –la convergencia tecnológica, el desarrollo de Internet y el progreso de las plataformas electrónicas–, que produjo la irrupción de los servicios digitales y cambios en los modelos de negocio. Esta nueva realidad –se alega– “afecta la supervivencia de los medios de comunicación nacional”, que han visto caer su demanda y sus modelos de ingresos, y enfrentan un marco legal “muy restrictivo”, que no les permite adaptarse a las nuevas situaciones.
Para facilitar la supervivencia de los medios nacionales (radio y televisión), se recogen, en su mayoría, los cuestionamientos de los canales privados (Montecarlo TV, Saeta Televisión y Sociedad Televisora Larrañaga SA) a la ley Sca. Como se verá más adelante, se busca habilitar una mayor concentración de medios y se abre la puerta para que los operadores de televisión por cable utilicen la infraestructura de telecomunicaciones para brindar servicios de Internet, que hoy día están exclusivamente en la órbita de Antel.
Esta semana, el articulado llegó a la Comisión de Industria de la Cámara Baja, con la idea de tramitarlo rápidamente. Sin embargo, esa celeridad parece no estar garantizada, debido a la falta de unanimidad entre los socios de la coalición; el Partido Independiente (PI), por ejemplo, alega –parafraseando a Mujica– que la mejor ley de medios es la que no existe. Pero también debido al cúmulo de interesados que se verán afectados (o beneficiados) por este cambio en la legislación, que pretenden ser escuchados en el debate parlamentario. Entre ellos está, por ejemplo, el Ceo de Telefónica Movistar de Argentina, Marcelo Tarakdjian, quien se contactó con algunos legisladores para informar la intención de la empresa de dar su opinión sobre el proyecto.
TESTEADA. “La ley Sca superó el test de constitucionalidad”, afirmó en su momento Ricardo Pérez Manrique, exministro de la Suprema Corte de Justicia (Scj). Tras meses de intenso debate la Scj resolvió el grueso de los recursos presentados contra la norma. El resultado: ocho de los 202 artículos fueron declarados inconstitucionales. En algunos casos, sólo se cuestionó un inciso de ese artículo.
El proyecto enviado por este gobierno elimina las normas declaradas inconstitucionales, entre ellas, la publicidad electoral gratuita –por lo cual los partidos políticos no tendrán espacios gratuitos en radio y televisión durante la campaña electoral–, la norma que habilita hacer inspecciones en los medios y suspender la emisión, y la que otorga preferencia a los servicios de comunicación públicos en la asignación de canales radioeléctricos. A su vez, mantiene la obligación de transmitir por televisión abierta los partidos de las selecciones uruguayas de fútbol y básquetbol en instancias definitorias de torneos internacionales o clasificatorios (declarada constitucional), pero elimina la posibilidad excepcional del Ejecutivo de incluir eventos adicionales en esta modalidad (declarada inconstitucional).
Un trabajo comparativo de la periodista Natalia Uval muestra que el proyecto contempla 18 de los 26 cuestionamientos que los canales privados le hicieron a la ley Sca (La Diaria, 25-IV-20). De esta forma, se elimina el Consejo de Comunicación Audiovisual, el costo por licencia (canon) y el precio por uso del espacio radioeléctrico que deben pagar los licenciatarios de televisión para abonados y servicios de radiodifusión (cuyos recursos están destinados al Fondo de Promoción del Sector de Comunicación Audiovisual).
Sin embargo, el proyecto tiene otros cambios. Por ejemplo, desaparece la obligación de los cableoperadores de tener en su grilla los canales de televisión nacional, así como las condiciones de retransmisión de señales. Para este caso, la ley Sca establece que los servicios privados de radio y televisión no puedan exceder al 70 por ciento de su tiempo de emisión diario retransmitiendo la señal de otro servicio –de forma de favorecer la producción audiovisual en el Interior–. Ese límite quedaría sin efecto y los canales del Interior podrían retransmitir en forma íntegra la grilla de los canales capitalinos. En tanto, se mantiene la cuota pantalla de producción nacional para los canales de Montevideo y el área metropolitana, pero se flexibiliza para los del Interior.
Por otro lado, se limita el acceso de las personas con discapacidad auditiva o visual a los servicios audiovisuales. La ley Sca estableció que los servicios de televisión debían brindar parte de su programación acompañada de sistemas de subtitulado, lengua de señas o audiodescripción, en especial los contenidos de interés general –como los informativos, educativos y culturales– y los acontecimientos relevantes. Esto comenzó a aplicarse en forma gradual. Hoy día los informativos y algunos programas específicos cuentan con intérpretes de lengua de señas, tras un proceso de negociación entre los canales privados y el anterior gobierno. Con el nuevo proyecto, esta obligación queda acotada sólo a los programas informativos.
Un aspecto clave es que se habilita una mayor concentración de medios. La ley Sca permite la titularidad de hasta tres licencias de servicios de radiodifusión abierta por grupo económico; el proyecto amplía este número hasta ocho. Pero, además, elimina el concepto de grupo económico. De esta forma, habilita una concentración indefinida de licencias. El integrante de Observacom y exdirector nacional de Telecomunicaciones, Gustavo Gómez, dijo a Brecha que este proyecto supone un retroceso en materia de democratización de los medios de comunicación. Según Gómez, la propuesta destierra la política anticoncentración y restaura los privilegios de los grandes empresarios de la comunicación, que tienen en la ley Sca un límite a su poder.
DESCONCENTRADOS. La ley Sca otorgó un plazo de cuatro años a los operadores privados para adaptarse a las pautas anticoncentración. Ese plazo venció en enero de 2019. Sin embargo, este proceso no llegó a cumplirse. Los grupos Romay (Montecarlo Tv), Sarandí y Clarín, por ejemplo, mantuvieron sus licencias, que exceden largamente las tres permitidas.1 A su vez, el grupo Magnolio Media Group (propietario de las radios Del Sol y El Espectador) adquirió licencias por encima del límite permitido, sin inconvenientes.
Según Gómez, esto se debe a que el anterior gobierno no aplicó en forma estricta las normas anticoncentración de la ley Sca. Sin embargo, el proyecto implicaría una marcha atrás, ya que habilita “una concentración excesiva” de medios, “en sintonía con los intereses de los dueños de los grandes medios de comunicación del país”. Gómez afirmó que esto “blanquearía esa concentración”.
El gobierno estima que esta concentración de medios es una realidad instalada y que los nuevos parámetros permitirán el desarrollo de los medios nacionales. Mercedes Aramendía, nueva directora de la Ursec, dijo que es un tema de escala y que la ampliación de licencia “va en línea con la flexibilización”. “Se ayuda a los medios para que no estén con tantas restricciones que no les permita tener aire y competir”, afirmó Aramendía (Todo Pasa, Océano FM, 27-IV-20). La Ursec tendrá a su cargo el contralor de estas normas anticoncentración y el de las prácticas contrarias a la libre competencia.
Consultada sobre este punto, la senadora Carolina Cosse –exministra de Industria y expresidenta de Antel– dijo a Brecha que el anterior gobierno trabajó para cumplir con las normas anticoncentración, pero que fue muy cuidadoso en actuar ajustado a derecho, para evitar que esas resoluciones fueran impugnadas por los propietarios de las licencias. Cosse expresó que ella hubiera deseado que la reglamentación de la ley Sca “hubiera estado antes” y afirmó que el Miem presentó en 2016 un proyecto de reglamentación, que después se demoró.
En este sentido, la legisladora apuntó que avalar la concentración tiene “muchos costados negativos” y configura un escenario que hace preguntarse para quién está escrita y qué intereses defiende. Argumentó que hay una cantidad de ciudades y pueblos que tienen tres radios o tres FM y una AM; si se sube el límite a ocho, se admite la posibilidad de que en muchos lugares de Uruguay haya una sola voz o, en otras palabras, que se pierda la oportunidad, amparada por la ley, de que exista una segunda voz. “No me parece que sea bueno democráticamente”, opinó.
MONOPOLIO. El proyecto de la ley de urgente consideración incluía dos artículos sobre el uso compartido de la infraestructura de telecomunicaciones y las redes de comunicación electrónica. El texto establecía, en concreto, que Antel debía facilitar su infraestructura en materia de comunicaciones a los operadores privados, incluidos sus competidores, Claro y Movistar. Esta disposición fue resistida por el Frente Amplio, pero también por los socios de la coalición, en particular, el PI y el Partido Colorado. Ante esto, se acordó retirar ambos artículos del proyecto.
El Ejecutivo, entonces, reiteró esta temática en un proyecto específico sobre medios, pero en forma más acotada. El artículo 48 dice que los titulares de licencias de servicios de difusión de contenido audiovisual de televisión para abonados que operan mediante cable tendrán derecho a solicitar licencia para prestar simultáneamente servicios de banda ancha y acceso a Internet mediante el empleo de sus propias redes o de recursos que contraten con terceros. A su vez, los operadores públicos de telecomunicaciones titulares de infraestructura y redes de telecomunicaciones (o sea, Antel) prestarán un servicio mayorista sobre las redes, cuyo precio será regulado por la Ursec. En otras palabras, los privados (cableros) podrán acceder a la infraestructura de Antel mediante el pago de un peaje y vender un servicio que compita con la empresa pública, por ejemplo, haciendo paquetes de servicios de cable e Internet.
El ministro de Industria, Omar Paganini, justificó este proyecto con la necesidad de crear un ecosistema de telecomunicaciones en torno a Antel y no a diferentes monopolios. “No es bueno el monopolio de Internet. Antel invirtió muchísimo, invirtió en planes de negocios que de por sí no va a poder recuperar y tiene una infraestructura comercializable para que otros también usen ancho de banda y se genere un mercado mayorista”, afirmó. Según Paganini, al contrario de lo que dicen los detractores de esta propuesta, este sistema será beneficioso para Antel, ya que le permitirá rentabilizar activos que hoy tiene y no está rentabilizando. “Lo vemos como una oportunidad de generar más negocios para Antel”, dijo, “así como una oportunidad de nuevos negocios para los operadores de televisión por cable, algo que sucede en todos lados”, subrayó.
Para usar esta infraestructura y esta red, los operadores tendrán que pagar un peaje, cuyo precio, según el ministro, incluirá los costos directos, el mantenimiento, la recuperación de la inversión y una tasa de ganancia para Antel. Dijo que estos cambios implican “pensar con cabeza complementaria y no con esa cabeza de monopolio versus enemigos” (El Espectador, 29-IV-20). La exministra discrepó. Según Cosse, este cambio de modelo “no tiene una justificación fundada en la realidad; no hay razones objetivas y las consecuencias son todas perniciosas”. La legisladora apuntó que el marco normativo actual, que otorga a Antel la exclusividad de la provisión de servicios de telecomunicaciones sobre redes fijas alámbricas, fue lo que permitió la seguridad jurídica para que la empresa se desarrollara en los últimos años. “De un plumazo, esto desaparece”, dijo a Brecha.
Cosse valoró que Antel invirtió mucho dinero para instalar esa infraestructura –como la fibra óptica–, lo que permitió incrementar la cantidad de hogares conectados a Internet (que pasaron del 50 por ciento en 2011 al 85 por ciento en 2020) y fue parte de una política comercial muy agresiva sumada a fuertes políticas sociales –como el acceso a Internet sin costo para muchos hogares–. Todo esto a un precio accesible para la población (medido en dólares por megabit por segundo). Por eso, según Cosse, no hay ninguna razón para desandar ese camino. Señaló que justificar este cambio con el argumento de que se pagará un peaje “es una falacia enorme”. “Los mercados mayoristas se generan en los países cuando no hay nada. Cuando no hay una buena infraestructura o cuando no tengo una buena cobertura, estimulo que haya un mayorista que haga la inversión y venda el acceso a esa infraestructura. Pero eso no tiene nada que ver con la realidad de Uruguay”, enfatizó.
Cosse apuntó que Antel se convirtió en una empresa sólida, creció y se puso al día en el mundo en materia de infraestructura, pero también en la concepción de las telecomunicaciones, con el cable submarino, el data center, el Antel Arena y el desarrollo de la plataforma Vera TV (ver recuadro). Con esta norma, se establece que Antel alquile la infraestructura gracias a la cual consolidó sus negocios para crear a sus propios competidores. “No se va a crear un mercado nuevo, se va a seccionar parte de sus ingresos y se les van a pasar a otros”, añadió.
En este punto se centrará uno de los principales debates parlamentarios entre el gobierno y la oposición, con la posibilidad de que –como sucedió con el proyecto de desmonopolización de la importación de combustible– la decisión final quede en manos de los socios de la coalición multicolor. Serán ellos, otra vez, quienes tendrán los votos para definir esta pulseada.
- Según informó La Diaria, el grupo Romay inició el proceso de venta de varios canales del Interior.
En la vera del camino
El Miem estudia la posibilidad de sacar la plataforma Vera TV de la órbita de Antel. Según El Observador, esta decisión pretende enfocar el accionar de la empresa en los negocios de telefonía fija, telefonía móvil e Internet. Bajo esta concepción, Antel ya dejó de generar y distribuir contenidos por Vera TV, que incluían la transmisión de los partidos de la selección uruguaya de fútbol, la Liga Uruguaya de Básquetbol y la Nba, y la de decenas de eventos musicales.
Una de las primeras decisiones, por ejemplo, fue dejar sin efecto la compra de los derechos de transmisión de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La decisión se fundamentó como parte del plan de ahorro ante la pandemia de covid-19 (la compra de estos derechos tenía un costo de unos 3 millones de dólares), pero también en ese cambio de visión sobre el rol de la empresa estatal. Ese cambio ya había sido explicitado por el presidente de Antel, Guillermo Iglesias, en una entrevista con el semanario Búsqueda.
La decisión causó molestia en las autoridades del anterior gobierno, debido al esfuerzo que supuso crear esta plataforma y el efecto positivo de esa estrategia en la consolidación de la marca Antel. Pero también suscitó la crítica del Pit-Cnt. La central de trabajadores afirmó que la decisión atenta contra el crecimiento y el desarrollo de la empresa, y que los servicios de Internet y la producción de contenidos “son el camino que deben seguir los operadores de telecomunicaciones, para avanzar, dinamizar y rentabilizar sus negocios”. Según el Pit-Cnt, esta medida achica el ámbito de acción y lo hace en claro beneficio de las multinacionales y los grandes operadores de servicios de comunicación audiovisual de radio, televisión y televisión para abonados.