La marcha de la LUC en el Senado

 Contrarreloj

El trabajo del Senado sobre la ley de urgente consideración.

Sofía Kortysz

7 mayo, 2020

La comisión especial trabaja sin respiro. Ya desfilaron por allí los ministros del Interior, de Defensa Nacional y de Educación, además del director de la Secretaría de Inteligencia. La oposición ha compartido algunas modificaciones en la redacción de determinados artículos, pero no consiguió que el oficialismo se mostrara proclive a cambiar ninguno de los aspectos relevantes con los que discrepa.

Días atrás la comisión especial del Senado que analiza el proyecto de la ley de urgente consideración (Luc) comenzó a recibir a las autoridades del gobierno y otras delegaciones que pidieron ser escuchadas. En las jornadas con algunos de los ministros, la oposición reiteró que pretende llegar a políticas de Estado con el mayor consenso posible y que se respeten los acuerdos votados años anteriores por todos los partidos. En la mañana del lunes asistieron el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, con el subsecretario, Guillermo Maciel; el director general de Secretaría, Luis Calabria; el director de la Secretaría de Inteligencia del Estado (Siee), Álvaro Garcé, y el director nacional de la Policía, Diego Fernández.

“Se busca encontrar instrumentos que permitan recuperar la autoridad y el orden”, que, a juicio de Larrañaga, “se han ido perdiendo”. Larrañaga opina que “ha habido una presunción política e ideológica en contra de la Policía”, que “en cada situación de duda” era la que “perdía”. En términos similares se expresó Maciel: “Existe una intención de cuidar más los derechos del delincuente que los de las futuras víctimas”. Y reafirmó que la seguridad será un tema prioritario para el gobierno, que pretende “recuperar la calidad de vida de los uruguayos y el restablecimiento de la autoridad”, perspectiva que, entiende, no refleja “una visión ideológica de la seguridad”. Por su parte, Garcé explicó que “este es un texto extenso, que podría asimilarse prácticamente a un código, porque tiene quinientos artículos” –frase que perfectamente podría haber salido de la boca de un legislador opositor–, por lo que, “sin duda, las cuestiones de redacción son perfectibles”. Los conceptos, en cambio, no se modificarán.

Puntos centrales de la discusión fueron el primer artículo de la Luc que refiere a la legítima defensa y las normas sobre adolescentes privados de libertad. Acerca de la segunda cuestión, los senadores frenteamplistas manifestaron que no comprendían a qué se debía la decisión de aumentar las penas mínimas y máximas ni la de acotar el régimen de semilibertad para múltiples delitos, en este momento, en el que hay 280 menores privados de libertad, cerca de un tercio menos que en 2013. En tanto, el senador nacionalista Jorge Gandini, quien, como Larrañaga, militó contra la baja de la edad de imputabilidad, quiso “dejar constancia” de sus discrepancias con estos aspectos de la ley, pues, adelantó, es “obvio” que “se va a provocar una inflación en la cantidad de internados”. Reconoció, a su vez, que en los años anteriores la gestión cambió radicalmente y hoy no hay fugas.

En este encuentro (el más ríspido de la semana) Maciel repasó el incremento de distintas penas dispuestas de 2012 en adelante durante los gobiernos frenteamplistas, mientras que Larrañaga lanzó que, en los últimos 15 años, “brillaron por su ausencia las políticas sociales y de rehabilitación de los establecimientos carcelarios”. Se mostró molesto, además, con que se evaluaran las medidas en términos de “cantidad”, pensando en un posible incremento de la población en situación de encierro. En tal sentido, mantuvo que si es “porque tenemos la capacidad colmada […], entonces vamos a dejar a los delincuentes libres, como están haciendo en Argentina, donde se los están poniendo de poncho”. Respecto a su postura sobre el plebiscito de seis años atrás, señaló que entonces tuvo juicios “demasiado severos para quienes llevaban adelante esa iniciativa”. También generaron discrepancias, entre otras medidas, el establecimiento de la resistencia al arresto y el agravio a la autoridad policial como delitos autónomos.

TANTO EN EL CIELO COMO EN LA TIERRA. Sobre el final de la tarde, la comisión recibió a una delegación de Defensa, que empezó por analizar el artículo 115, que establece el derecho a portar armas, sin límite de tiempo, del “personal militar en situación de retiro que no posea antecedentes penales, previa evaluación de su idoneidad”. El ministro Javier García sugirió a la comisión agregar como condición que no cuente con antecedentes de violencia intrafamiliar. Actualmente, el decreto que reglamenta la ley 19.247, relativa a la tenencia, el porte, la comercialización y el tráfico de armas, determina que tanto los oficiales de esta cartera como los de la Policía pueden portarlas durante los cuatro años posteriores a su retiro. No obstante, el jerarca resaltó que lo propuesto en la Luc equipararía la ley orgánica militar a la ley orgánica policial, en la que figura el derecho a portar armas, “con excepción del personal de la escala básica”, sin límite de tiempo.

El otro aspecto controvertido fue lo que se conoce como “ley de derribo”, es decir, la “neutralización definitiva” de una amenaza en el espacio aéreo. García afirmó que en otros países esta medida ha provocado el desvío de vuelos involucrados con el crimen organizado, particularmente, con el narcotráfico. Asimismo, recordó que el exministro Eleuterio Fernández Huidobro defendió la necesidad de una ley de protección del espacio aéreo, en la que debería incluirse este punto. En tanto, el senador Sergio Abreu hizo hincapié en que Uruguay es el único país de Sudamérica que no tiene una norma de este tipo.

Cuando llegó su turno, el senador Eduardo Bonomi aseveró que “es mucho más disuasivo tener buenos radares que capten el vuelo a baja altura, que es como entra el narcotráfico”. Por su parte, Andrade disparó que “más efectivo sería que fueran presos los que le lavan el dinero en los bancos al narcotráfico”. García no escatimó en elogios al responderle al exministro del Interior: “Agradezco la cátedra que nos da el señor senador Bonomi, pero recuerdo que fue ministro del Interior durante diez años y nosotros llevamos sesenta días […]. Déjennos a nosotros, que recién empezamos, hacer –seguramente mucho mejor– lo que él no supo hacer”. Los legisladores frenteamplistas remarcaron que este asunto debería tratarse con más tiempo y que, para que esta medida fuese efectiva, sería imprescindible modernizar las herramientas de la Fuerza Aérea.

INTELIGENCIA Y EDUCACIÓN. El martes Garcé volvió a la comisión para trabajar en las normas referidas a la Siee. Uno de los artículos más debatidos fue el 128, que agrega a las categorías de información reservada y restringida la de información secreta. La controversia se debe a que el Poder Judicial puede determinar que la información reservada se haga pública, mientras que en la secreta no podría interferir. En la Luc se busca establecer que sea el director de la Siee quien determine qué información debe ser clasificada de este modo –siguiendo las pautas del propio artículo–, y “sólo se podrá acceder mediante resolución fundada del presidente de la república actuando en el Consejo de Ministros”. La oposición manifestó su preocupación por que esta resolución puede afectar el equilibrio entre los poderes, justamente por la imposibilidad del Judicial de acceder a la información en caso de existir una denuncia.

El miércoles se trabajó en el extenso capítulo sobre educación, que, según afirmó el senador Mario Bergara en Radio Uruguay, modifica el 60 por ciento de la actual ley de educación. En la comisión, el legislador de la oposición Sebastián Sabini propuso que esta sección se tratase por fuera de la Luc, una iniciativa que no prosperará, pues la coalición está alineada y es mayoría. El parlamentario remarcó también que algunos artículos son inconstitucionales, como el 148, que establece que esta cartera sea la responsable de “elaborar, en acuerdo con los tres candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo para integrar el Consejo Directivo Central de Anep, el Compromiso de Política Educativa Nacional, que acompañará la solicitud de sus venias”. A su vez, el pasaje de los consejos desconcentrados a direcciones unipersonales y la mayor autonomía de los centros educativos fueron dos elementos que generaron diferencias.

OTRAS VOCES. La comisión recibió también a delegaciones de la Institución de Derechos Humanos (Inddhh), la Udelar y la Universidad Tecnológica, y al comisionado parlamentario penitenciario, Juan Miguel Petit.

En un comunicado posterior, la Inddhh manifestó su preocupación por el artículo referido a la legítima defensa y los contenidos acerca de la legislación profesional policial, pues “exhiben, en general, una tendencia a la concentración y el aumento de facultades, y al incremento de la discrecionalidad en la actuación de los integrantes de la fuerza pública”. También expresó que las reformas del sistema penal juvenil son contrarias a lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño y que en este proyecto se “afecta el ejercicio de la protesta pacífica”. En cuanto al artículo 397, sobre “libertad de trabajo y derecho de la dirección de la empresa”, sostiene que “es contrario a los estándares internacionales de derechos humanos” y puede afectar el derecho de huelga.

Petit compartió con la institución su temor a que algunos artículos que aumentan penas o restringen mecanismos liberatorios incrementen innecesariamente la población penitenciaria. Respecto al primer artículo, observó que la Policía no actúa sólo en las calles, sino también en las cárceles, donde ha habido denuncias por “actuaciones abusivas, incorrectas o injustificadas”.

 

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