EMBATES CONTRA LA INSTITUCIÓN NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS
Me apuntan con el dedo
Enzo Adinolfi
28 agosto, 2020
Desde el inicio del gobierno, miembros del Poder Ejecutivo y legisladores de la coalición multicolor cuestionan el rol de la INDDHH. En diálogo con el semanario, el director Wilder Tayler advirtió sobre el incremento del nivel de «intolerancia» ante una mirada independiente que estos cuestionamientos revelan y valoró positivamente la pluralidad de opiniones que conviven en la Institución.
Vecinos del barrio Boix y Merino, en Malvín Norte, relatan los hechos ocurridos durante la represión policial y muestran los
perdigones empleados por la Republicana
La intensidad de los embates contra la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) por parte de actores del gobierno y del oficialismo es novedosa. Para Wilder Tayler, uno de sus cinco directores, el gobierno y algunos legisladores de la coalición multicolor desconocen para qué fue creada.
La defensa, promoción y protección en toda su extensión de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y el derecho internacional son, a grandes rasgos, los cometidos que debe cumplir. Las obligaciones del organismo refieren a «sugerir medios correctivos, efectuar recomendaciones no vinculantes e intervenir en denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin incursionar en las funciones jurisdiccionales, ejecutivas o legislativas que a los respectivos poderes correspondan».1
En diálogo con Brecha, Tayler señaló que si bien «ha habido un recrudecimiento de los ataques en estos últimos meses», incluso antes de instalado el nuevo gobierno se observaba la existencia de sectores en la sociedad y en la clase política que «no aceptan el concepto» del instituto.
Tayler dijo que el organismo «está haciendo su trabajo en cuanto a lo que tiene ver con sus competencias, que tiene como objetivo mirar el desborde del poder del Estado». Y que no es la primera vez que por eso «irrita». El director aseguró que en la pasada administración «también se molestaban los poderes públicos por las intervenciones» de la INDDHH, pero entonces la crítica «quizá no era tan vociferante o de tono tan estridente como la que se está dando ahora».
Respecto a la afirmación del presidente del Directorio del Partido Nacional, Pablo Iturralde, de que los directores del instituto intentan «imitar a un comité de base del Frente Amplio», Tayler insistió en que no realizan su labor «de manera flechada». «Simplemente nos llegan los casos, los analizamos, hacemos un procedimiento con garantías, y se le da conocimiento a la entidad involucrada. Esto siempre es así», aseguró. El novel gobierno, por inexperiencia, «se encuentra con una Institución que es crítica estrictamente por fuera del ámbito político», opinó.
Sin embargo, advirtió también que los embates muestran un nivel de tolerancia «bastante bajo» para las opiniones discrepantes. «La INDDHH lo único que tiene es una opinión, y frente a eso tenemos reacciones sumamente fuertes. Atacan la legitimidad de la Institución, cuestionan su constitucionalidad… Además, vienen a criticar ahora. Cuando la INDDHH criticaba al gobierno anterior, no habían constatado esa inconstitucionalidad. La acaban de descubrir ahora», apuntó.
El director aseguró que internamente revisan sus acciones con espíritu autocrítico. «Por ahora, creemos no habernos equivocado mayormente en los pronunciamientos. Tratamos de evitar los adjetivos, las calificaciones», desechando expresiones «destinadas a captar un titular», indicó.
LOS ATAQUES
El primer encontronazo se produjo cuando el presidente, Luis Lacalle Pou, rechazó la solicitud del PIT-CNT de hacer uso de la cadena nacional el Primero de mayo. Allí la recomendación que dio la INDDHH fue simple: que el presidente reconsiderara la decisión, porque la voz del trabajo en circunstancias de crecimiento del desempleo era de interés público.
El segundo se produjo en torno a Fernando Cristino. El relacionista público, cuya conversación telefónica con la vicepresidenta Beatriz Argimón para pedirle que mediara ante la intendencia fernandina para que le saldara ciertas deudas se había hecho pública, fue detenido semanas después por vandalizar un conocido hotel. Una funcionaria de la INDDHH llamó entonces al fiscal del caso, Diego Pérez, para conocer de primera mano la situación en la que estaba Cristino. «Es algo que hacemos con bastante frecuencia [llamar a fiscales]», aclaró Tayler. «El fiscal ironizó a los medios sobre este tema y de allí se agarraron algunas legisladoras para convocar al Parlamento al Consejo Directivo [de la Institución]». En la Comisión de Derechos Humanos del Senado la senadora Carmen Asiaín reclamó a las autoridades de la Institución que fueran «imparciales».
El tercero tuvo que ver con la constatación de violaciones a los derechos humanos de vecinos de Malvín Norte por parte de la Policía durante el operativo de abril denunciado por Brecha (véase «Infelices Pascuas», 24-IV-20). «Expreso de manera contundente que la INDDHH se ha desvirtuado en forma total por una deriva ideológica absoluta, en la que permanentemente se está viendo a la Policía como un enemigo, como represora de la sociedad y en ejercicios abusivos de los derechos que le confiere la Constitución y la ley para perjudicar los derechos humanos de la ciudadanía», alegó Larrañaga en la Comisión de Seguridad y Convivencia de la Cámara Baja. Y en la carta con que respondió a la resolución de la INDDHH anunció que presentaría un recurso ante la Suprema Corte de Justicia por supuestas inconstitucionalidades cometidas por aquella (Búsqueda, 13-VIII-20). Brecha intentó saber si el ministro había concretado su anuncio, pero no obtuvo respuesta. Cabe recordar que en 2019, cuando la INDDHH rechazó por «regresiva» la enmienda constitucional Vivir sin Miedo, promovida por Larrañaga, este había replicado que las autoridades de la Institución «tienen traumas ideológicos».
Por último, el Partido Colorado criticó la semana pasada al organismo por opinar que la decisión del Codicen de ordenar el retiro de cartelería de los centros educativos que se manifestaban en contra del entonces proyecto de ley de urgente consideración «afecta y limita» el derecho a la libertad de expresión. Para los colorados, la interpretación que hizo la INDDHH del artículo 29 de la Constitución es errónea porque «legitimaría cualquier discurso o propaganda que los docentes y demás funcionarios de la ANEP quisieran propalar dentro de los centros de enseñanza».
Por el contrario, la INDDHH ha recibido el apoyo del PIT-CNT, la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, entre otras organizaciones. «Su autonomía es lo que molesta», sostuvo Familiares.
Fucvam, por su parte, argumentó que «estos ataques se inscriben y dan continuidad a toda una estrategia que apunta a desmantelar los mecanismos de protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía, al tiempo que se inicia una brutal ofensiva de los sectores privilegiados para eliminar las conquistas que el pueblo uruguayo ha alcanzado».
«Lo realmente grave para la institución sería que las víctimas se quejaran porque no hicimos nada para protegerlas. Eso indicaría que no estamos cumpliendo con la función que nos fue encomendada por ley», concluyó Tayler.
- Definición de cometidos tomada de la página web de la Institución. Disponible en: https://www.gub.uy/institucion-nacional-derechos-humanos-uruguay/institucional/cometidos.
EL VOTO DISCORDANTE
En las cuatro ocasiones reseñadas, Mariana Blengio, presidenta del organismo, votó discorde. Tayler negó a Brecha que esto revele una fisura en la conducción del organismo. «Hay un porcentaje importante de resoluciones de la INDDHH que salen por mayoría: cuatro a uno o tres a dos», indicó, estimando que pueden llegar a ser la mitad.
El director recordó que él mismo ha quedado en minoría en algunos casos. «No es infrecuente que haya un voto disidente. En este caso, por tratarse de la presidenta, se hizo notar», señaló. Tayler recordó también que cuando la Institución se pronunció contra más de 30 artículos del proyecto de ley de urgente consideración, Blengio discrepó solamente en la valoración de dos.
En agosto de 2017, inquirida por Brecha acerca de si representaría los intereses del Partido Nacional en el organismo, Blengio respondió que los nacionalistas la habían propuesto para el cargo «porque entienden que soy una persona solvente que conoce la temática» («Quién defiende nuestros derechos», Brecha, 18-VIII-17).