El caso de las 28 víctimas de violencias sexuales en la dictadura

28 EX PRISIONERAS

17 de septiembre de 2020

Cuestionan escaso avance en causa de

abuso sexual en dictadura

La asociación de ex presos y ex presas políticos del Uruguay – CRYSOL cuestionó que no existen avances en la causa judicial referida a las 28 ex prisioneras políticas que denunciaron abusos sexuales en el marco del terrorismo de Estado.

CRYSOL recordó que desde hace casi diez años, en forma colectiva, 28 ex presas políticas que sufrieron torturas, violencia y abusos sexuales de todo tipo, en 20 centros clandestinos de detención, “vienen librando una batalla para que haya justicia y los responsables sean juzgados y condenados”.

Durante el gobierno de Jorge Pacheco Areco (1968-1971) “las torturas fueron frecuentes y habituales tal como quedó establecido en una Comisión parlamentaria que las expuso públicamente y las condenó.

A partir del 15 de abril de 1972, “en el marco y al amparo de la declaración del ‘Estado de Guerra Interno’ impulsada por Juan María Bordaberry, se desató una feroz campaña represiva en todo el país que tuvo como protagonistas principales a las tres ramas de las Fuerzas Armadas, aunque incluyó a la Dirección Nacional de Inteligencia e Información (DNII) dirigida por el inspector Víctor Castiglioni”, remarca CRYSOL.

Campos de concentración

Sin descartar ninguna variante represiva, “hubo casi 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, incluyendo supuestos enfrentamientos, intentos de fuga, ejecuciones extrajudiciales, ‘suicidios’, muertes durante los interrogatorios o en condiciones de reclusión, la detención masiva de ciudadanos, asociada sistemáticamente a la tortura y a la prisión prolongada en campos de concentración, fue la metodología deliberadamente seleccionada por el terrorismo de Estado para someter a la población y ejecutar su proyecto de reestructura de la sociedad”.

En el caso de las mujeres, aunque no solamente con ellas, “la tortura incluyó los abusos sexuales de todo tipo y violaciones”.

La existencia masiva de las torturas a los prisioneros fue conocida ampliamente a nivel internacional por la labor que desplegaron en su momento Zelmar Michelini y Wilson Ferreira Aldunate desde el comienzo mismo de la dictadura y se mantuvo, resalta la asociación de ex presos y ex presas políticos.

Al retornar a la democracia, las víctimas de los atropellos comenzaron a formular las denuncias en los juzgados. En el año 2011, luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció en el caso Gelman vs Uruguay, las 28 ex prisioneras políticas, con el apoyo institucional, presentaron la denuncia en forma colectiva a nivel judicial para resaltar la condición específica de atropello y violencia que sufrieron quienes fueron consideradas “botín de guerra” por los represores.

“A pesar de la cantidad de años transcurridos, la causa judicial ha avanzado muy poco. Las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo Código del Proceso Penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el nuevo Código del Proceso Penal”, remarca CRYSOL.

Además, al igual que en el resto de los procesos de este tipo, “los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran”.

Causas de abuso sexuales no prospera

A pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, “algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita”.

“¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?”, se pregunta CRYSOL.

Agrega: “¿Qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores, asesinos y ‘desaparecedores’ como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?”

Por ello, reclama que Poder Judicial tiene que actuar. “Los responsables de las graves violaciones a los derechos humanos tienen que ser castigados penal y administrativamente como funcionarios del Estado”.

Asegura que “el castigo de los delitos es necesario para asegurar la convivencia social y, fundamentalmente, para evitar que dichas conductas se repitan en el futuro”.

En Uruguay “corresponde exclusivamente al Poder Judicial investigar en forma exhaustiva todos los hechos de apariencia delictiva, esclarecerlos, identificar a los responsables y establecer las sanciones, penales y administrativas que correspondan”.

CRYSOL indica que “miles de mujeres, con su lucha y tenacidad, forjaron esta democracia. Sin embargo, no hay espacio para que sus denuncias judiciales avancen y tampoco tienen la notoriedad periodística que merecen”.

Recuerdan que las sucesivas declaraciones del general retirado Guido Manini Ríos, en el Senado de la República y en los medios masivos de comunicación, “agravian al Poder Judicial, amenazan y condicionan públicamente a los jueces, a los operadores y envalentonan a los abogados defensores y a los involucrados”.

“¿Hasta cuándo van a seguir siendo presionadas, hostigadas y revictimizadas por los abogados defensores de los perpetradores cuando van a testimoniar?”, interroga la asociación.

 Mujeres que denunciaron abusos

sexuales durante la dictadura

volvieron a declarar

Las denuncias fueron efectuadas en el año 2011 por 28 ex presas políticas que señalaron 20 centros de detención clandestina donde se llevaron a cabo hechos que involucran a 100 hombres, de los cuales hay un solo procesado. «Mi única expectativa es que me prometí que si salia viva de ese lugar iba a denunciar lo que había pasado», le dijo una de las mujeres a Caras y Caretas.

POR MERI PARRADO 

16 SEPTIEMBRE, 2020 

Este miércoles ex presas políticas que padecieron diferentes tipos de violencia y abusos sexuales en centros clandestinos de detención durante el Terrorismo de Estado volvieron a ser interrogadas sobre sus experiencias. Estas denuncias ya habían sido efectuadas en el año 2011 por un grupo de 28 ex prisioneras políticas que denunciaron 20 centros donde se llevaron a cabo los hechos que involucran aproximadamente a 100 hombres, entre militares y civiles.

En todo este tiempo la causa no tuvo avances significativos. Hasta el momento hubo un solo procesado, el ex militar Asencio Lucero, quien reconoció las torturas delante de la jueza Julia Staricco.

Caras y Caretas Portal dialogó con Ivonne Klinger, una de las mujeres denunciantes quien contó que las citaciones actuales comenzaron en el mes de agosto y continuarán hasta fines de setiembre. Al momento ya son 8 las mujeres que volvieron a exponerse ante la justicia y calculan que serán aproximadamente 12 las concurran a declarar en estos días. Klinger explicó que de esas 28 mujeres que denunciaron en 2011, dos fallecieron y otras tienen problemas de salud o simplemente no tienen la fuerza para vivenciar esos episodios nuevamente.

La denunciante detalló que las citaciones actuales fueron efectuadas por los abogados de los torturadores con el objetivo de volver a interrogarlas sobre denuncias ya realizadas. El equipo de abogadas que trabaja en el caso, señaló Klinger, está integrado por las hijas de dos represores, Rossana Gavazzo y Estela Arab.

Sobre su experiencia en esta nueva instancia, Klinger expresó que representa una forma de revictimizacion «muy dura» al tener que volver a vivir situaciones en las que fueron violentadas. «Al principio la jueza Silvia Urioste me leyó toda la denuncia hecha hace 9 años atrás para consultar si la reafirmaba y quería agregar algo. Después fui interrogada por la doctora Figueredo que insistió en saber como podía yo afirmar que las personas que me habían violentado era quienes yo denuncié». A su entender, existe una intención de deslindar responsabilidades de los represores en los sucesos denunciados, asumiendo que pueden haber sucedido, pero no por parte de quienes fueron señalados.

La ex presa política aseguró que presentó pruebas contundentes contra la persona que denunció y que aparentemente hay militares citados, pero que no sabe quienes son.

Con respecto a los motivos que la llevaron a volver a declarar siendo consciente de la revictimizacion a la que se expuso, expresó: «Mi única expectativa es que me prometí que si salia viva de ese lugar iba a denunciar lo que había pasado ahí adentro», expresó.

«Lo insólito es que todas las pruebas ya fueron presentadas. Este equipo de torturadores que consideraban esto como un trabajo agradable, no tienen explicaciones de por qué abusaron de las mujeres. Las torturas la argumentan como una forma de sacar información, pero la violencia sexual o que a la noche se metieran en tu celda y se masturbaran arriba tuyo no tienen como explicarlo», concluyó.

Una causa empantanada y silenciada

Un documento de opinión difundido recientemente desde la organización Crysol, explica que «las denuncias vinculadas al terrorismo estatal se tramitan bajo el antiguo código del proceso penal, de por sí lento, con una excesiva intervención de los jueces, poca de la Fiscalía Especializada y muy poca incidencia de las víctimas, a diferencia de lo que ocurre en el Nuevo Código del Proceso Penal». Además, agregan que los involucrados y sus abogados defensores hacen uso y abuso de las maniobras dilatorias ante la pasividad, muchas veces, ya demostrada, en estos años, de algunos integrantes de la Suprema Corte de Justicia que las toleran».

Crysol también hace referencia al silencio de los medios masivos en esta causa. Consideran que «a pesar de la gravedad de los delitos denunciados, del número elevado de militares involucrados, de la notoriedad pública de muchos de ellos, algunos ya procesados y con condena firme, la causa de los abusos sexuales no prospera y tampoco ha tenido la repercusión pública que amerita». «¿Qué habrá que hacer para que los espacios informativos serios, de los medios de comunicación masivos, especialmente los televisivos, a las horas picos del rating, las convoquen para que den su testimonio de manera pública?,¿qué habrá que hacer para que se conozca que decenas de torturadores,asesinos y desaparecedores como Gilberto Vázquez, Avelino Ramas, Manuel Cordero y José Nino Gavazzo, entre otros, fueron, además, en Uruguay y Argentina, violadores seriales, especialmente de mujeres?», se preguntan en el artículo.

 

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