Mas investigaciones de espionaje en democracia

AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR ESPIONAJE MILITAR EN DEMOCRACIA

Resabios de aquellos tiempos

Mauricio Pérez
24 septiembre, 2020

Una quincena de oficiales de las Fuerzas Armadas declararon en la Fiscalía por la indagatoria penal del espionaje ilegal en democracia. La investigación parece confirmar varias de las situaciones denunciadas por el Parlamento.

El fiscal Enrique Rodríguez avanza en la indagatoria penal sobre espionaje ilegal en democracia. Desde hace dos años está abocado al análisis de la profusa documentación agregada en la denuncia que revela la cuantiosa información recopilada por los servicios de inteligencia desde el retorno de la democracia. Esta –presentada en 2018 por los diputados Gerardo Núñez y Luis Puig– detalló las conclusiones de la comisión investigadora de la Cámara de Representantes. Esa comisión fue creada luego de que Brecha difundiera los documentos del denominado archivo Berrutti, hallados en 2007 en el antiguo Centro General de Instrucción para Oficiales de Reserva, donde operó la Compañía de Contrainformaciones del Ejército. A esto se le sumó el hallazgo de cientos de documentos en la casa del coronel (r) Elmar Castiglioni, un hombre con activa participación en los servicios de inteligencia.

El informe señala la existencia de una práctica «sistemática y planificada» de espionaje ilegal de partidos políticos, sindicatos, gremios estudiantiles, organizaciones de derechos humanos, empresas, personalidades, periodistas e integrantes del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Este espionaje involucró a «gran parte de la estructura de los servicios de inteligencia del Estado» y fue posible «por la permanencia, en algunos casos casi intocada, de los servicios de inteligencia heredados de la dictadura». También indica que este espionaje ilegal «se desarrolló debido a la debilidad de los controles institucionales y democráticos por parte de los responsables políticos», y que, en algunos casos, los mandos militares, policiales y civiles estaban al tanto de esta operación (véase «Pase a la Justicia», Brecha, 31-VIII-18).

El trabajo parlamentario tuvo dificultades. La comisión invitó a 167 personas (entre políticos, periodistas, policías y militares), pero sólo 63 aceptaron dar su testimonio. El resto, por distintos motivos, declinó comparecer. La mayoría de los ausentes eran miembros y exmiembros del Ejército, «quienes casi corporativamente rechazaron la invitación», entre ellos, el hoy senador Raúl Lozano (Cabildo Abierto). En este contexto, la indagatoria apunta a desentrañar la operación de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado (Dinacie) y la existencia de un eventual sistema de recolección ilegal de información. Pero enfrenta algunas dificultades, como la inexistencia del delito de espionaje y el paso del tiempo, ya que varios de estos hechos podrían estar prescritos, dijeron fuentes del caso a Brecha.

ALINEADOS

Hasta ahora, la indagatoria se enfocó en las jerarquías militares de los servicios de inteligencia en democracia. Dieciséis militares ya declararon ante el fiscal Rodríguez (El País, 20-IX-20). Entre ellos, los exjefes de la Dinacie, el general Francisco Wins (Ejército) y el brigadier José Mayo (Fuerza Aérea). También altos oficiales de la Armada, como los contralmirantes Óscar Otero y Carlos Magliocca, el vicealmirante Carlos Giani –oficial que se encargó de la detención de Wilson Ferreira Aldunate a su retorno a Uruguay, en 1984–, el capitán de navío (r) Jorge Saravia y el capitán Héctor Erosa (Ejército). El relato de los altos oficiales fue unívoco en cuanto a la inexistencia de un esquema de espionaje ilegal en democracia, pero algunos dejaron abierta la puerta en cuanto a eventuales operaciones aisladas.

El general Wins, por ejemplo, afirmó que la unidad operaba de acuerdo a la normativa vigente, recopilando información que pudiera representar o causar alguna alerta en el gobierno «sobre hechos que podían apartarse de la normalidad». La Dinacie, dijo, tenía autonomía de funcionamiento, pero no realizaba tareas operativas de seguimiento ni interceptaciones telefónicas, ya que no tenía recursos ni condiciones técnicas para hacerlo. Su trabajo, por tanto, se hacía mediante la recolección de información abierta o basada en informantes. «¿Estos informantes eran remunerados?», le preguntó el fiscal. Wins respondió que la información se aportaba en forma voluntaria, pero, como «había fondos reservados», puede que «algún caso haya sido atendido con alguna remuneración». «Muchas veces era gente que tenía cargos en la administración pública», agregó.

El contralmirante Magliocca –jefe de la Dinacie en dos períodos, incluido el que va de abril de 2006 a febrero de 2007, durante el primer gobierno del Frente Amplio– coincidió en los límites operativos. Afirmó que el servicio estaba prácticamente desmantelado y que no había material para hacer escuchas ni seguimientos. Por eso, el trabajo se basaba en fuentes abiertas: la información cerrada «no había cómo conseguirla». Declaró que en ninguno de sus dos períodos se pagó por informantes y descartó que se hiciera seguimientos, porque significaba «volver a otras épocas». «Ese no era el espíritu con el que se trabajaba. Si en algún caso hubo necesidad, no había con qué», añadió. Sin embargo, entre los documentos recopilados apareció un informe sobre un escrache que se hizo en 2001 al coronel Manuel Cordero en su casa de Atlántida. Magliocca dijo que en esa fecha se encontraba en el exterior, que no dio la orden de hacer el operativo y que ignoró su existencia hasta que compareció ante la comisión investigadora y le entregaron el documento. Aseguró que analizaba este hecho como algo puntual, que se realizó («Quiero pensar», dijo) porque alguien tenía interés en saber lo que pasaba, ya que el escrache era contra un integrante del Ejército.

RESABIOS

En la indagatoria hubo incesantes menciones a dos oficiales vinculados con los servicios de inteligencia militar: Elmar Castiglioni –exjefe de la División I de la Dinacie, hoy fallecido– y el coronel (r) Eduardo Ferro –prófugo de la Justicia uruguaya en el marco de una investigación por crímenes de la dictadura.

Magliocca afirmó que Castiglioni fue «un personaje muy curioso», que «sobrevivió varios períodos» en la Dinacie. «Era un individuo dedicado a la inteligencia, un obsesionado de la inteligencia. […] Iba y venía con carpetas debajo del brazo, se quedaba horas y horas en el servicio, y siempre hablando con alguien», contó. Según declaró, era un oficial que tenía contactos de alto nivel en los tres principales partidos políticos y era sumamente eficiente en su tarea, siempre y cuando estuviera bajo control: «Si le pierde el control, no tiene límites». El general Wins aportó una descripción similar: «Era un hombre exageradamente volcado a la inteligencia, lo que con el correr del tiempo crea vicios. En el saldo, era de gran utilidad y alguien sobre quien había que tener ciertas aprensiones y cuidados». Contó que desempeñaba sus funciones fuera de la normalidad («Hasta altas horas de la noche, los fines de semana»), por lo que había que tener una supervisión directa. «Era un hombre que tenía sus vicios y sus virtudes», resumió.

El capitán Erosa, quien también declaró ante la comisión parlamentaria, apuntó contra Ferro. Según dijo, en 1990, al ser removido de su cargo en los servicios de inteligencia, «se llevó todos los archivos de la inteligencia junto con un grupo de oficiales que lo apoyaban». «Esas cajas que se llevó Ferro fueron trasladadas a la unidad de Florida y estuvieron en el depósito en el casino de oficiales […]. El casino operaba como un centro de administración de estas cosas», añadió. Allí había mucha información que nada tenía que ver con la inteligencia militar. «Nos investigaban a nosotros, a los generales: si teníamos amantes, si teníamos negocios», afirmó Erosa, quien cumplía tareas en esa unidad. En 1991, Ferro –que reportaba al general Juan Antonio Zerpa– asumió el mando de la unidad con la orden de eliminar de ella a «los comunistas y los quinta columna». Según Erosa, esa operación fue autorizada por los mandos en Montevideo, ya que Ferro tenía el consentimiento y el apoyo de los jerarcas y ciertos integrantes de los partidos políticos, sobre todo del Partido Colorado. Dijo que denunció este y otros hechos vinculados a Ferro ante el entonces ministro de Defensa, Raúl Iturria. Nunca obtuvo respuesta.

 

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