En la marcha de un revisionismo histórico sobre la dictadura

En el llamado Acuerdo de Boiso Lanza impusieron la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena)6 y se aseguraron la potestad para designar al ministro de Defensa Nacional. Ahí comenzó un período que se extendería hasta 1985, en que el gobierno cívico militar sustituyó el ordenamiento constitucional por la institucionalidad de lo que los militares llamaron “proceso revolucionario”. Ese ordenamiento estaba constituido por la Junta de Oficiales Generales, el Consejo de Defensa Nacional, la Junta de Comandantes en Jefe, la Justicia Militar, el Consejo de Estado, el Consejo de la Nación y las Juntas de Vecinos.

Las Fuerzas Armadas y las policiales actuando como fuerzas conjuntas y una red de oficiales de enlace controlaron toda la actividad de la sociedad uruguaya, dividiendo a la ciudadanía en categorías A, B y C.

A los sectores civiles de la dictadura les interesaba, sobre todo, llevar adelante su política neoliberal, por lo que la política militar era definida por las propias Fuerzas Armadas, que se concebían y actuaban como fuerza de gobierno. Eso no quita la profunda responsabilidad que les corresponde a los civiles en la aplicación del terrorismo de Estado, puesto que integraron el Consejo de Estado, el Consejo Nacional, los ministerios y los entes autónomos, entre otros resortes de la burocracia estatal.

Las Fuerzas Armadas pretendieron darle a la dictadura un marco legal, a pesar de que cambiaron todo el ordenamiento constitucional al disolver el Parlamento y sustituirlo por el Consejo de Estado y el Consejo de la Nación. A esa línea de conducta quisieron darle continuidad futura mediante una reforma constitucional en la que ellos –como institución militar– permanecían como un órgano de contralor, árbitro de la acción política.

Ese accionar de las Fuerzas Armadas respondía a la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional, en la que ellas daban la seguridad, el orden, para que las políticas económicas neoliberales pudieran desarrollarse sin obstáculos políticos o sociales. Resumiendo: Uruguay tenía unas Fuerzas Armadas insertas en el Sistema Militar Panamericano, dirigido por el Departamento de Estado y el Pentágono de Estados Unidos desde que finalizó la Segunda Guerra Mundial.

Pese a que los militares fueron derrotados en el plebiscito de 1980 y no lograron que la ciudadanía aceptara su proyecto de imponer el contralor militar permanente, también es cierto que en el Pacto del Club Naval se acordaron las formas de regular el proceso de transición. Ahí se daban las pautas de cómo sería el llamado a elecciones, los proscriptos, la designación de los mandos militares. Fue un acto de transición, con imposiciones militares. Supuestamente, también implícitamente o sobrevolando, quedó establecido que no se sancionaría a nadie y que nadie iba a ir a la Justicia.

Actualmente, si bien en declaraciones públicas los mandos militares reiteran su subordinación al poder político y su adhesión a la Constitución de la República, han ratificado la corrección de su accionar en el pasado; han declarado que, si se llegara a repetir situaciones parecidas, actuarían de la misma manera que en el pasado. Quiere decir que ellos actuaron bien, que no cometieron ninguna ilegalidad.

La izquierda, después de 15 años de gobierno, no hizo una verdadera depuración en las Fuerzas Armadas. Quedaron como estaban. Han sido, tímidamente en casos puntuales, depuradas por medio de los procesos de ascenso de oficial superior a coronel y general, que era lo políticamente viable sin desafiarlas. Tampoco existió una depuración de la parte ideológica, porque no ha habido un contralor firme de los programas de instrucción.

Si bien no son los mismos oficiales, se sigue aplicando la acción cívica, los planes de desarrollo, de apoyo a la comunidad. Ese es el pensamiento que inspira el accionar de las fuerzas políticas de la coalición de gobierno actual. Todas esas visiones son confirmadas por la ley de urgente consideración (LUC) y el presupuesto actualmente a consideración del Poder Legislativo.

Las Fuerzas Armadas fueron protagonistas, actores políticos, porque fueron ilegalmente gobierno. Se subordinaron al poder político cuando se terminó la dictadura, pero ahora están actuando, emergiendo como proyecto político por medio de Cabildo Abierto. Estas Fuerzas Armadas se encaminan a ser actores políticos. Todos los presidentes de la República, en mayor o menor medida, son responsables de dejar prosperar ese protagonismo. Tampoco el Frente Amplio se sustrajo a ese protagonismo, y no lo resolvió, apostando a la gestión de Eleuterio Fernández Huidobro al frente del Ministerio de Defensa Nacional.

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