Anti-LUC, base de movimiento popular

Referéndum y LUC: Desenredando

y tejiendo la unidad del

movimiento popular

Como en cada instancia en que los sectores populares deciden imponer recursos constitucionales a decisiones del gobierno, surgen renovados e históricos debates sobre los objetivos estratégicos y los métodos que convienen siempre contextualizar para desalentar el constante ejercicio de la derecha política de abrir una grieta en cada diferencia.

POR RICARDO POSE 

28 NOVIEMBRE, 2020 

De todas las consultas populares que las organizaciones políticas de izquierda y el movimiento sindical y social han llevado adelante, el más recordado ha sido el promovido en defensa de las empresas públicas.

No solo recordado porque su triunfo por una amplísima mayoría fue un duro revés para el gobierno neoliberal de Luis Alberto Lacalle Herrera, sino porque fue un ejemplo para la región y una respuesta contundente a los procesos de privatización florecientes.

Fue además de una enorme convocatoria que sumó a sectores importantes de los partidos tradicionales, muchos de los cuales habían expresado su apoyo, en principio, al plan neoliberal.

Pero nació con una división (la papeleta blanca que proponía derogar solo unos artículos y la rosada que proponía la derogación total de la  ley) y una primera derrota. El domingo 5 de julio de 1992 solo un 20,6% del total de habilitados (489.067 personas) concurrió a votar. El 18,9% (448.265) apoyó la papeleta blanca por la derogación parcial de la ley y el 0,9% (21.473) respaldó la hoja rosada por la derogación total. Los resultados adversos generaron un grave enfrentamiento en la izquierda y se analizó la decisión de retirar a sus delegados de la comisión (Comisión de Defensa del Patrimonio y Reforma del Estado, creada el 10 de diciembre de 1991) y no apoyar la segunda convocatoria prevista para el 1º de octubre.

En un acto realizado en el teatro El Galpón, Rodolfo Nin Novoa sostuvo que «el mismo día del plebiscito del 5 de julio, el director de la OPP, Carlos Cat, salió a decir que todos los que no habían votado estaban a favor de la política económica del gobierno y de la orientación que el gobierno llevaba adelante; eso es falso y lo vamos a demostrar el 1º de octubre». Pese a que la Comisión de Defensa del Patrimonio no navegaba sobre aguas tranquilas, la polarización planteada se logró.

El 1º de octubre de 1992, sobre un total de 738.405 votos emitidos, el 29,5% (apenas un 4,5% más del necesario), o sea 693.688 sufragios por la hoja blanca, habilitaron la convocatoria al referéndum. Hubo 14.960 votos por la papeleta rosada, 2.424 en blanco, 996 nulos y 26.337 observados.

Las posturas estaban muy claramente definidas con una sola excepción: el Foro Batllista de Sanguinetti que, según expresiones de su dirigente Ope Pasquet, se encontraba en un «brete diabólico». Sanguinetti se dedicó a la elaboración de un documento que expresaría la posición oficial del Foro, el cual fue leído a la dirigencia. Sostenía que «el país ha sido encerrado extremistamente por dos corrientes, una reaccionaria que dice disparatadamente que hay que destruir el Estado batllista y otra igualmente reaccionaria, aunque de izquierda, que pretende rechazar toda inversión que no sea uruguaya». El manifiesto pidió al gobierno «que considere modificar la ley» y a sus impugnadores «que entiendan también que el país no puede, sin más trámite, dar un portazo a la reforma del Estado y sacudirse de hombros como si eso fuera sin costo en el mundo actual».

El viernes 6 de noviembre se reunió la Asamblea de Agrupaciones del Herrerismo en el Palacio Sud América, enjuiciándose duramente la posición del Foro Batllista, con afirmaciones tales como «el 13 de diciembre les vamos a dar por la cabeza y vamos a dejar pegado a este cínico de Sanguinetti», según el diputado Arturo Heber. El diputado Jaime Trobo sostenía que «el Foro Batllista no ha hecho otra cosa que subirse al carro del Frente Amplio. ¡Hay que darles duro!».

El domingo 13 de diciembre de 1992, el «Sí» recibió 1.293.016 apoyos contra 489.302 del «No», con 22.327 sufragios en blanco, 36.992 anulados y 100.191 observados, registrándose un total de 1.941.829 personas que concurrieron a votar.

Los cinco artículos de la ley de empresas públicas quedaron derogados.

 Tejiendo

Desde la discusión de la Ley de Urgente Consideración, esa ley “ómnibus” cuyo contenido se mantuvo casi en secreto hasta su presentación para empezar a ser votada, dirigentes del Frente Amplio y del Pit-Cnt habían planteado la posibilidad de impulsar un referéndum contra la misma.

Varias organizaciones sociales, muchas de las cuales integran la Intersocial y el Pit-Cnt, habían realizado movilizaciones en contra de la LUC, mientras puertas adentro del Parlamento, los legisladores frenteamplistas trabajaban en la posibilidad de “reducir los daños” de la ley, planteando algunas modificaciones a parte del articulado y no votando otros artículos.

Las organizaciones sociales y sindicales se encontraban durante el proceso legislativo atendiendo la emergencia social en las ollas populares y tenían limitada su capacidad de movilización por el distanciamiento social provocado por la pandemia.

 Desatando nudos

Los legisladores frenteamplistas, una vez terminada la votación de la ley por las dos cámaras, se mostraron satisfechos ante la prensa por haber logrado que no se votara la mayoría de sus artículos y por haber mejorado otros que contenían aspectos regresivos, pero a la ley aprobada no estimaron designarla injusta, regresiva y antipopular.

Eso abría el camino para que la orgánica del Frente Amplio pusiera a definición de su plenario la convocatoria a un referéndum, pero, como pasó en los 90, la decisión de apoyar tal consulta fue un parte aguas en el organismo de conducción frenteamplista.

En el plenario del 17 de octubre, Asamblea Uruguay, la Vertiente Artiguista, Fuerza Renovadora y el Partido Demócrata Cristiano votaron en contra de adherir a la convocatoria, ratificando la única voz disonante en su momento el diputado de Marea Frenteamplista Gustavo Olmos, que advertía sobre los riesgos de convocar al referéndum.

Buscando una propuesta de acuerdos, la Mesa Representativa Ampliada del Pit-Cnt votó esta semana derogar 116 artículos de la ley; 22 artículos que hacen a los temas de seguridad, 34 a los de educación, 34 a los de vivienda, 26 a normativas restrictivas de los derechos sindicales, tres artículos sobre el monopolio de combustibles, tres sobre Inteligencia del Estado y seis sobre la portabilidad numérica de la telefonía.

Cinco de los 116 artículos fueron votados por el Frente Amplio, pero no se convertirán en un obstáculo para poder ir juntos, manifestó el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellanos.

La votación fue aprobada por 34 sindicatos, 12 votaron en contra y cuatro se abstuvieron.

Una moción anterior que proponía ir contra toda la ley solo fue votada por 19 sindicatos en 50, por lo que fue rechazada.

Tendiendo puentes

Con esa propuesta, el Pit-Cnt intentará convencer a la Intersocial, que nuclea cerca de 90 organizaciones sociales, de ir juntos.

La Intersocial, y en particular Fucvam, ya habían adelantado su postura de ir por la derogación total, propuesta que es apoyada por una decena de sindicatos que hicieron pública su postura mediante un comunicado.

Consultado por Caras y Caretas, el dirigente de Fucvam Gustavo González manifestó que se va a respetar lo que vote la Intersocial y esto implica no promover una medida alternativa a la de consenso, como pasó en el pasado con la papeleta rosada.

Por su lado, la Organización de Jubilados y Pensionistas (Onajpu) decidió no acompañar la iniciativa por entender que no cuenta con las fuerzas necesarias para tamaño emprendimiento y están abocados a organizar la resistencia a la reforma de la seguridad social que se está planteando por parte del gobierno.

 

 

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