El combate de las mujeres por Justicia continúa

Ex-presas políticas reclaman

justicia por la denuncia colectiva

de violencia sexual que presentaron hace diez años

26 de febrero de 2021 · 

Escribe Florencia Pagola 

En octubre de 2011, un grupo de 28 mujeres expresas políticas denunciaron haber sufrido violencia sexual durante el terrorismo de Estado. Una denuncia sin precedentes por su perspectiva de género, que aún no ha conseguido justicia. El 18 de marzo van a elevar esta denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ivonne, Luz y Ana cuentan cómo han vivido este proceso que ya lleva diez años.

El cuerpo tiene memoria. Bien lo saben Ivonne Klingler, Luz Menéndez y Ana Amorós, tres de las 28 mujeres que denunciaron haber sufrido violencia sexual durante la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Ellas forman parte de las más de 60 mujeres que se reunieron para consignar la denuncia en los años previos a su presentación, y de los cientos de mujeres y varones que sufrieron violencia sexual en ese período.

El cuerpo tiene memoria y no olvida; lo reviven cada vez que narran la violencia ante la Justicia. Rearmaron el puzle de la memoria instalada en los cuerpos después de 30 años de silencio. Narraron una y otra vez lo vivido, con la esperanza y la convicción de difundirlo y de conseguir justicia. Quieren traspasar el doble muro reforzado de la impunidad que existe en Uruguay: el de los delitos de lesa humanidad durante la dictadura y el de la violencia sexual en toda época.

Las 28 mujeres se unieron para hacer una denuncia colectiva porque “no se podían morir sin contarlo” y porque como mujeres expresas han hecho un recorrido posdictadura muy diferente del de sus pares hombres: “En las organizaciones en que nosotras militamos hubo un minimizar el papel de las mujeres presas. En este país todo el mundo sabe que hubo rehenes, pero la mayoría ignora que hubo rehenas. Eso no es casualidad, como tampoco lo es que la mayoría de las historias que se conocen son las de los hombres. Este es un problema de la sociedad patriarcal”, contó Luz en entrevista con la diaria.

Diez años sin justicia

La violencia sexual que ejercieron los agentes del Estado contra las expresas políticas durante la dictadura fue a través de la desnudez forzada, la humillación con connotación sexual, la violación, la amenaza de abuso sexual, el abuso sexual, la explotación sexual, el acoso sexual, los embarazos y abortos forzados, y el forzamiento de exhibicionismo, entre otras formas de cometer este delito. Así quedó consignado en la denuncia que presentaron ante la Justicia en 2011, mientras se discutía públicamente la prescripción de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

Hacer una denuncia colectiva les permitió detectar que la violencia sexual no se ejerció contra cuerpos aislados, en la esfera de lo íntimo e individual, sino que fue parte de una estrategia estudiada y planificada, que se ejerció de forma sistemática y coordinada en por lo menos 20 centros de todo el país durante todo el período dictatorial. “Fuimos botines de guerra”, repiten estas mujeres. Pero además, les permitió demostrar que “la tortura nunca es neutral y tiene una cuestión de género”. Ellos saben, porque estudian y se especializan en el tema, qué hacer para lastimar más a una mujer”, explican.

En estos casi diez años, de las 28 mujeres fallecieron dos: Mirta Macedo y Angélica Montes. Además, otra compañera apoyó al grupo pero nunca llegó a hacer la denuncia. Del otro lado, de los 100 agentes denunciados, ninguno ha sido detenido. El único detenido fue el excapitán Asencio Lucero, pero por privación de libertad y no por violencia sexual. Ellas dicen que “la denuncia sigue en etapa de presumario, como si la hubiésemos presentado anteayer. No ha avanzado nada, y no hay perspectivas de que esto cambie”.

Según Luz, desde las primeras declaraciones ante la Justicia, “el juez nos hacía preguntas insólitas, que demostraban la falta de empatía y evidenciaban que no se había tomado la molestia de informarse un poco del contexto”. Para las expresas, la revictimización fue constante durante todo el proceso. Plantean que los denunciados y sus defensas siguen usando “las mismas chicanas y postergaciones de siempre: lo que se hizo había que hacerlo; en realidad no era tan grave, ellas exageran; yo cumplí órdenes y por eso no tengo responsabilidad”.

A ellas les queda un siguiente paso: trasladar la denuncia al exterior y traspasar el muro sobre el que les alertó el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Ruibal Pino, allá por 2011: “Hagan la denuncia que se van a estrellar contra un muro”. El 18 de marzo a las 11.00 tienen una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estarán presentes Flor de María Meza, su abogada defensora, y María Noel Leoni, del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, además de dos de las expresas, que van a narrar su historia una vez más.

El alivio de hablarlo

Pasaron 30 años en los que casi no hablaron sobre la violencia sexual que sufrieron durante la dictadura, ni con sus parejas ni con sus familias: “A mí me pasó por años aquello de ‘no me cuentes porque te hace mal’. Y a mí lo que me hacía mal era que no me quisieran escuchar”, recuerda Luz. Durante los dos años previos a la denuncia se reunieron en el local de AEBU. Un viernes cada 15 días, con el apoyo de una psicóloga y una trabajadora social, se reunían para compartir vivencias, ensayar cómo contárselo a sus familias y redactar la denuncia. “Sin ellas no hubiésemos podido salir adelante, hubo mucho movimiento emocional”, dicen.

Ivonne rememora, con la mano en la frente y los ojos vidriosos, una escena repetida: “Había una compañera que siempre llegaba a la reunión con la hoja escrita y al rato se ponía a llorar y la rompía. Y así cada viernes. Decía: ‘No puedo hablar de esto’. Y no pudo”. Estiman que en aquellas primeras reuniones eran más de 60 compañeras, pero sólo presentaron la denuncia 28 de ellas.

Ivonne, Luz y Ana se toman su tiempo para narrar cómo fue contárselo a sus hijas e hijos: algunos las entendieron, apoyaron y acompañaron; otros parecen haberlo entendido, pero jamás volvieron a hablar del tema. Cuentan la historia de Mirta Macedo, una de las mujeres que fallecieron, que escribió la denuncia y la dejó arriba de la mesa de la cocina para que su esposo y su hijo la leyeran y supieran lo que le había pasado. Ana agrega que fue reparador poder hablarlo con la familia y que luego de presentar la denuncia, compañeros del partido la llamaron para decirle que estaban orgullosos: “Eso fue un abrazo”, explica.

Una vez hecha pública la denuncia, para ellas fue bastante complicado lidiar con la respuesta de los vecinos del barrio y de la sociedad en general. En un ómnibus, Ana escuchó a dos mujeres que hablaban entre ellas decir que las expresas “eran unas taradas por denunciar” y que los hombres que las abusaron eran “unos necesitados”. Ivonne, por su parte, presenció cómo un vecino le decía a su esposo que “la tenía que perdonar, si le pegaron tanto era porque ella tenía que ofrecerles algo”.

Las expresas concuerdan en que es muy complicado hablar de violencia sexual en el contexto de la dictadura. Ivonne lo explica así: “Vos capaz que entendés que nos lastimaban y pegaban porque éramos su enemigo, pero que abusaron sexualmente de nosotras, que éramos muchachas jóvenes, es más difícil de entender. A veces, hasta para mí es difícil de entender cómo pudieron ejercer tanto horror. Imaginate que ellos trabajaban con nosotros para sacarnos información, y esto la gente no lo une con satisfacción sexual. Por eso es doblemente ocultado, porque algo se habla del submarino y de la picana [métodos de tortura], pero de esto no se habla nada, nada”.

Ellas también son conscientes de que el muro de impunidad que graficó Ruibal Pino se le pone enfrente a cualquier mujer que denuncia violencia sexual en cualquier época. En un país con cerca de 1.900 denuncias por delitos sexuales por año (esa cifra corresponde al período entre enero y octubre de 2020), “esta impunidad es muy negativa y repercute en el resto de las mujeres que presentan denuncias de violencia sexual”. Ivonne agrega: “La mujer tiene muchísimas dificultades para denunciar esto. Porque para qué te vas a reventar haciendo una denuncia que es dolorosa y difícil si muchísima gente no te va a entender y además la Justicia es la primera en cerrarte la puerta en la cara”.

Las expresas van más allá y alientan la unión de esfuerzos y apoyos: “Que se junten las mujeres que vivieron experiencias traumáticas y violencia sexual, eso es lo que tenemos que lograr que se multiplique. Es la única forma de hacer una presión tan grande como para que se empiece a romper el muro de impunidad. Nuestra sociedad no condena estos hechos con la suficiente fuerza; si no, no tendrían tantas posibilidades de repetirse”.

Un idioma común

Para las expresas políticas, el proceso de la denuncia en colectivo fue y es “una experiencia inigualable”. Un proceso duro y difícil, pero reparador. Luz lo ve como “una reedición, en otra etapa y por otras razones, de lo que fue la convivencia en la cárcel”. Donde estuvo presa, en la cárcel de Punta de Rieles, que sigue abierta y ahora es para varones, no había cabida para la imagen de “la pobre presita sufriente” que tiene la mayoría de la sociedad: “En el colectivo de mujeres que formamos en la cárcel nos apoyamos y contuvimos, nos formamos y crecimos. Hicimos muchísimas cosas maravillosas”. Por eso, cuando caminan juntas entre compañeras que vivieron las mismas experiencias, se habla “un idioma común, surge una comprensión, el entender cosas que no hay que hablarlas demasiado”.

En su caso, Ana considera que les debe la vida a las compañeras que la ayudaron y cuidaron cuando estaba enferma en la cárcel. Y para Ivonne fue clave escuchar las vivencias de las otras en aquellas reuniones previas a la denuncia: “Lo mío ya lo resolví: tengo hijos, como, vivo, respiro. Pero por lo que le pasó a la otra no me puedo quedar callada. Te identificás mucho con la denuncia de la otra, tomás la bandera y decís: ‘Tengo que salir a hablar por esa compañera que muchas veces no pudo hablar’”.

Quienes vivieron en la clandestinidad con seudónimos o en una cárcel identificadas con un número o sin identificación, como pasaba en La Tablada, sienten que la identidad propia se vuelve muy difusa. “El rearmarla se logra a través de esto que estamos haciendo ahora: la charla, recordar cosas buenas y lindas que hicimos. Es la única forma. Si no, creo que seguiríamos en una zona muy fea y negativa, muy metidas para adentro”, explica Ivonne.

También están la culpa y la vergüenza por cargar con el horror. Recomponer el cuerpo dañado fue un “collage” que les costó mucho, contó Ana: “Creer en los afectos, pensar ‘¿Se lo cuento o no lo cuento? ¿Me entenderá?’. Siempre tener el miedo de que les pase algo a tus hijos. Fue muy jorobado todo eso, a mí me ayudó empezar a hacer todo esto con las compañeras. El poder hablarlo para no sentir más vergüenza de mí misma”.

Por eso, Ivonne rescata las primeras reuniones posdictadura de las expresas, que “eran para la alegría, cantar, joder, contar las anécdotas”. “En esas reuniones, según los números que teníamos en el penal, las pares llevaban la comida y las impares, la bebida. Cantábamos las canciones del penal como si fueran el himno patrio. Esas alegrías y reencuentros nos ayudaron. Fue todo un proceso en el que hay que aceptarse: éramos bichos peludos, sucios, arrugados, metidos en un rincón de la celda temblando de miedo, que si sentíamos pasos decíamos ‘que no entren acá., pero sabíamos que iban a ir a torturar a otra compañera o compañero. Es terrible ese terror. Poder entender que esa también soy yo, pero que no soy sólo esa, me llevó mucho tiempo y mucha ayuda de las compañeras y de mi familia”.

Las expresas coinciden en que la sociedad ha logrado escucharlas, pero no entenderlas aún: “Nos están escuchando mucho más, están creyendo que es cierto lo que decimos. Pero es muy difícil entender esto que pasó, porque cualquier mente común y corriente no entendería tanto horror”.

 

LA MEMORIA DE UN PASADO DE OPROBIO

REIVINDICADA POR

UN PRESENTE DIGNIFICADO

  03/03/2021

Punta de Rieles

A la colocación de una “Placa de la Memoria” donde la dictadura tuvo su cárcel para mujeres asistieron víctimas sobrevivientes de aquel reclusorio infame. Una de ellas relata cómo la emoción de ese reencuentro resultó acompañada por una experiencia aleccionante.

Por Anita Rezende

El camino de entrada a Punta de Rieles

Fue como recorrer por primera vez aquel camino de entrada a la cárcel, que mis padres y todos mis familiares atravesaron durante años. Y en realidad, sí: fue la primera vez que lo hice consciente del camino, viendo el entorno, midiendo las distancias en ese descampado de no menos de treinta cuadras. Imaginando, treinta años atrás, a los familiares, muchos de ellos -como mis viejos- caminando con sus paquetes y sus emociones, que quedarían con nosotras allá adentro.

Esta vez lo recorrí en auto, abrazada por mi familia. La vez anterior fue el 20 de junio de 1979, cuando salí de esa cárcel, y solo recuerdo la barrera que se abría y a mi madre esperándome. Cuando fui a abrazarla y nos besamos, me dijo con una sonrisa: “Ahora no, no les demos el gusto a estos”. Con los milicos no había que demostrar las emociones. Me sorprendió, porque eso era una precaución que teníamos las presas, pero… ¿ellos? Pero claro: ellos, los de afuera, tampoco estaban libres y también resistían con dignidad. De mi salida solo me quedó ese recuerdo: el portón que se abría, mi madre, y una familia que me había sido muy cercana durante años antes de caer presa, la familia de Gladys Castelvecchi, que también salía de la cárcel ese día junto conmigo. ¿Habremos salido de allí en auto con ellos? No recuerdo.

Nuestro penal, hoy cárcel de presos comunes

Fui y entré con la convicción de que ese lugar debería haberse conservado como Museo de la Memoria, siempre abierto a quien quisiera verlo, saber. Nunca reformado ni utilizado nuevamente como cárcel.

Esa convicción duró poco. Se tambaleó ante la realidad que descubrí.

Desde afuera fui reconociendo de a poco algunos lugares, forzando la memoria. El edificio central y las barracas, celdarios antes y también ahora, estaban iguales. Fue una experiencia intensa, hermosa, ver a las compañeras antes presas, hoy libres, acompañadas por sus familias. Como ayer: risas, abrazos, palabras, afectos. Pero esta vez estaban entre nosotros los nuevos protagonistas de la cárcel, saludándonos con respeto en una recepción que los presos mismos nos habían preparado. Habían venido también vecinos del barrio de Punta de Rieles que vivieron el período en que estábamos presas. Nos contaron cómo habían estado pendientes de lo que pasaba allí con nosotras, siempre atentos a las presas que largaban sin dinero y sin avisar a sus familiares para que les acercaran lo necesario. Fue muy emocionante escucharlos; una muestra más de cómo la gente común, sensible, no necesitó de compromisos políticos ni de partidos para tender una mano solidaria. Se habían enterado de que veníamos y quisieron vernos ahora, tantos años después. Conocernos, contarnos.

Fui descubriendo con sorpresa a los nuevos habitantes del Penal. Algunos presos circulaban entre nosotros, sin uniformes, ocupados en servir la comida que nos habían preparado: sándwiches, tartas, bebidas, todo producido y financiado por la cooperativa de alimentos que algunos de ellos integran, la panadería y confitería que funciona como una de las fuentes ocupacionales y laborales dentro de la cárcel. Junto a las mesas dispuestas en el exterior, en el lugar donde se colocaría la Placa de la Memoria, estaban también las funcionarias, mujeres, que están a cargo del cuidado de los presos. Me acerqué a conversar con una de ellas y me llamó mucho la atención el estilo amable, el léxico tan correcto, la actitud atenta y dispuesta a contarnos en forma muy técnica cómo funcionaba todo lo referente a la rutina de los presos y los objetivos de la institución de rehabilitación. Una sorpresa grande y grata: eran personal especialmente capacitado por el Ministerio del Interior sobre la base de la certeza, por experiencia de otras cárceles del mundo, de que es muy beneficioso que sean mujeres las que tengan a su cargo el cuidado de los presos. Y en las pocas horas que estuvimos lo demostraron ampliamente.

Conversamos con algunos presos y se sucedían las sorpresas. Una anécdota como ejemplo: uno de ellos, un joven que ya lleva 18 años de cárcel, es desde hace unos años estudiante de ingeniería. Asiste regularmente a esa Facultad, y lo hace ahora sin esposas ni grillete a pedido del Consejo de la Facultad. Va y regresa en bicicleta. Y hay otros que cursan estudios de diferentes niveles.

Otros miraban desde las ventanas del celdario, que se veía repleto de cabecitas atentas. Mientras se desarrolló el acto de colocación de la placa, las palabras de los oradores fueron escuchadas en el silencio más impresionante y con atención desde toda la cárcel. Todo eso me impactó. Sentía que lo que estaba sucediendo era importante no solo para nosotras, las ex-presas y nuestras familias, sino también para los presos que ocupaban ahora aquellas celdas, las “nuestras”. Los motivos por los que ellos estaban ahí eran muy diferentes de los nuestros, pero había sin duda ese lazo de soñar un futuro afuera, de reconstruir la vida, de confirmar que se puede. Nosotras, sin olvidar el dolor vivido, podemos traerlo para dignificar el presente, como testimonio de una época de resistencia para mantener la alegría de vivir, la integridad como personas, los sueños de cambios sociales para todos. Y ese día ellos, los presos de hoy, se enteraron -porque no sabían nada de todo eso- de que esa resistencia nuestra debió pasar por el horror de la tortura física y psíquica; la tortura que implicó la más brutal violencia de género, porque afinaron el horror para intentar destruirnos como mujeres, y eso implicó y sobrepasó la violencia sexual.

De muchas de estas cosas se enteraron los presos durante nuestra visita, y tal vez nuestra historia pueda ayudarlos a revalorar la importancia de las condiciones dignas de Punta de Rieles hoy. El diálogo pudo realizarse porque las funcionarias nos invitaron a entrar en las celdas en las que los presos aceptaran la visita.

Todo me sorprendió: la expectativa por recibirnos y saber de nuestra historia; las condiciones de las celdas, adecuadas, con adornos y recuerdos personales -¡qué lejos de aquellas condiciones de terror y la destrucción de nuestras pertenencias que nos imponían nuestros carceleros!-; las funcionarias que se encargaban de los presos se dirigían a ellos en forma correcta pero firme, exigiendo que se cubrieran el torso antes de que entráramos, o con otras directivas sobre las condiciones de las celdas para recibirnos. Me impactó también la forma natural en que los presos recibían el estilo singular de esas mujeres pequeñas, tranquilas pero firmes. No se comportaban como policías ni como carceleras, pero si con autoridad clara. Pensé que, efectivamente, otro mundo es posible, incluso en las condiciones de las cárceles.

Fue allí donde sentí que este Penal de Punta de Rieles de hoy de algún modo nos devolvía el pasado dignificado. Pensé que era una suerte que ellos estuvieran allí, pero no repitiendo la experiencia de terror de ayer, ni las de hoy en muchas cárceles; que fueran tratados como personas y que pudieran ir concretando proyectos y sueños.

Creo que ellos buscaron y recibieron algo de nuestra integridad, de nuestra alegría de vivir; de nuestra demostración de que es posible seguir y crecer a pesar de todo.

Nosotras, ese día, entramos pensando en conectarnos con nuestra historia en la cárcel, homenajear la lucha de la presas que resistieron la dictadura en ese lugar, y recordar en especial a las compañeras que ya no pudieron acompañarnos. Salimos con una satisfacción más: la de constatar que allí adentro estaba circulando otra historia de cárcel hecha realidad gracias a la democracia que soñamos y por la que luchamos, nosotras y la mayoría del pueblo.

Claro: la memoria se cruza indefectiblemente con el presente y con el futuro, y se transforman mutuamente.

18/03/2021

CIDH hará seguimiento del juicio

por violencia sexual a mujeres en dictadura

El Estado uruguayo volvió a reivindicar su actuación en la causa, a pesar de las evidencias de falta de acceso a la Justicia que lleva 10 años

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se comprometió a realizar una “visita virtual” a Uruguay para conocer los motivos de la falta de acceso a la Justicia para mujeres víctimas de violencia y tortura sexual durante la dictadura.

La solicitud fue planteada durante una audiencia pública sobre el tema que se realizó este jueves, 10 años después de la presentación de la denuncia judicial en los estrados judiciales uruguayos. Hasta el momento, el proceso continúa en una fase inicial, con un solo condenado, el coronel Asencio Lucero, ya fallecido.

Durante la audiencia la CIDH también se comprometió a dar apoyo técnico a las denunciantes a fin de acompañar el proceso judicial que se lleva a cabo en Uruguay.

“El tiempo transcurrido solo agrava los impactos de las violaciones que vivimos y de la impunidad. Cada día que pasa sin justicia nuestra dignidad se ve afectada”, dijo durante la audiencia Blanca Luz Menéndez, una de las denunciantes.

Las 14 mujeres que participaron de la instancia estuvieron acompañadas por representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la Universidad de la República. De la audiencia también participaron representantes del Estado uruguayo y de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Al momento de la detención, las denunciantes eran militantes de distintos partidos políticos y gremios y estuvieron detenidas en diferentes puntos del país. 

“La consistencia entre las denuncias muestra que no fueron hechos aislados, sino que, así como en muchos otros contextos represivos y de conflicto, la violencia sexual fue usada como una estrategia del Estado para castigar, humillar y violentar a las mujeres presas políticas, en un doble castigo por su militancia y su condición de mujer”, expresó CEJIL en un comunicado.

El Estado uruguayo, a través de la directora de Derechos Humanos de la Cancillería, Marina Sande, manifestó que el país “reconoce, condena y repudia los abusos y aberrantes crímenes” de la dictadura y sostuvo que desde la recuperación democrática el país “ha realizado y continúa realizando todos los esfuerzos por lograr justicia y condenar a los perpetradores de tan terribles crímenes”

Sande destacó la labor que realiza la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad respecto a la “búsqueda de los restos de los desaparecidos” y la persecución penal de los responsables de los crímenes de la dictadura, aunque en realidad omitió señalar que la 

Ley N° 19.822 le encomendó en 2019 las investigaciones sobre el paradero de los detenidos desaparecidos a la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH).

La funcionaria también sostuvo que en el caso de violencia y tortura sexual la Justicia ya había 

“finalizado las investigaciones que permitieron alcanzar un conocimiento fáctico de la situación así como identificar a los responsables”

.Sin embargo, la realidad es que más de 100 personas entre oficiales militares, médicos, psicólogos y personal de tropa fueron denunciadas, pero solo una de ellas – el capitán 

Asencio Lucero, ya fallecido- fue procesada, no por torturas ni violencia sexual, sino por reiterados delitos de privación de libertad.

El Estado también anunció que este viernes 19 de marzo se realizará una audiencia indagatoria para avanzar con la investigación de otros dos acusados. 

“Esta convocatoria, pendiente desde 2018 y realizada con inmediatez a la instancia internacional, es una evidencia más de que el impulso procesal es posible si el Estado quiere”, consideró CEJIL, organización de derechos humanos representada en la audiencia por Maria Noel Leoni y Flor de María Meza.

“Hemos sido sometidas a procesos de re-victimización. Nos han hecho declarar varias veces y revivir las situaciones de violencia y violaciones sexuales”, dijo Jaqueline Gurruchaga, otra de las denunciantes durante la audiencia.

Para CEJIL, contrariamente a lo expresado por los representantes del Estado uruguayo, su respuesta “fue deficiente. Sin perjuicio de reconocer y condenar la gravedad de los hechos, el Estado, a través de representantes del Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, omitió asumir responsabilidad por las causas en la dilación en la justicia o por la ausencia de políticas en materia de verdad, justicia y reparación y no avanzó compromisos y propuestas específicas que pudieran dar respuesta a los reclamos de las víctimas”

Estas dilaciones procesales, “muchas veces consecuencia de los múltiples recursos presentados por las defensas, fueron justificadas por el Estado como el ejercicio de derechos y formalidades procesales que deben respetarse, aún cuando coincidieron que perseguían generalmente fines manifiestamente dilatorios”

.“Lo que el Estado le dice a las denunciantes es que lo que les queda es esperar y seguir teniendo paciencia”, mientras sus victimarios “abusan de figuras procesales que el propio Estado entiende tienen fines dilatorios”, expresó Leoni.

Por su parte, la presidenta de la CIDH y relatora para Memoria, Verdad y Justicia, Antonia Urrejola, dijo que asegurar el acceso a la Justicia en este caso “es un reto urgente. Ha pasado mucho tiempo y los avances en las investigaciones son muy lentos”

.Urrejola recordó que los crímenes de violencia sexual y conflictos armados fue “invisibilizado” durante muchos años en los países de América Latina. La comisionada dijo que la violencia sexual fue utilizada como “herramienta política para acallar a los opositores, a la disidencia” por las dictaduras del continente y expresó su deseo de que “este sea un espacio de escucha para esos silencios que ustedes llevan tanto tiempo queriendo que sean oidos”.

Mirá el video de la audiencia completa: 

 

 

 

 

 

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