Muchachas de Abril- casi medio siglo

Piden procesamiento de tres

militares en causa «muchachas de abril»

Laura Raggio, Diana Maidanik y Silvia Reyes eran tres militantes del MLN-T, que el 21 de abril de 1974 fueron acribilladas por un contingente militar. El fiscal Ricardo Perciballe solicitó en diciembre del 2020, el procesamiento de los tres militares responsables del operativo.

POR RICARDO POSE 

25 FEBRERO, 2021 

Sobre los militares retirados José Gavazzo, Juan Rebollo y Eduardo Klastornick, es el pedido de procesamiento por parte del fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe,  por la masacre de «las muchachas de abril» en 1974.

En diálogo con Caras y Caretas Portal, Perciballe confirmó el pedido de procesamiento solicitado en diciembre, y ahora es de esperar a las audiencias que convocará el Juez Penal de 26º Turno.

«Los plazos no están establecidos pero se espera la audiencia ratificatoria donde la defensa hará los descargos que entienda necesario», expresó el fiscal Perciballe.

«Tengo cocimiento que en el caso de dos de los imputados la defensa presentó la excepción de prescripción que no estaba resuelto y en el tercero las excepciones ya están resueltas por lo que luego de la audiencia estaría el Juez en condiciones de resolver», explicó.

Perciballe explicó que en tanto los delitos por los que se imputa son de lesa humanidad, no debe tomar la excepción de prescripción solicitado por las defensas.

En la madrugada del 21 de abril de 1974 fueron asesinadas, acribilladas a balazos las jóvenes Diana Maidanick, 22 años y Laura Raggio y Silvia Reyes, de 19 años de edad. Estando Silvia embarazada de 3 meses.

El operativo realizado por las Fuerzas Conjuntas fue dirigido por el Batallón de Artillería Nº 1 con apoyo del de Artillería Nº 2, a cargo del general Juan Rebollo y la participación de los generales Julio César Rapela y Esteban Cristi, y los mayores A. Méndez y José “Nino” Gavazzo, el coronel Manuel Cordero y los entonces capitanes Mauro Mauriño, Julio César Gutiérrez y el teniente Jorge Silveira.

Se desarrolló en la casa de la familia Barrios-Fernández de la calle Mariano Soler 3098.

Se buscaba dar con el paradero de Washington Barrios, militante del MLN-TUPAMAROS y esposo de Silvia Reyes.

Las largas investigaciones judiciales permitieron para la fiscalia, comprobar con elementos de convicción suficiente la responsabilidad del militar Eduardo Klastornick.

Entrevistada por el portal  Mate Amargo, la partera y militante sindical Sandra Menotti recuerda su tiempo de reclusión con dos de las militantes asesinadas: «estuve presa con Laura y con Diana. Laura cayó con 18 años recién cumplidos y Diana tenía 19, casi 20. Ellas cayeron en julio, yo había caído con 19 años en junio del 72. Estuvimos en el Cuartel de Infantería 13, la particularidad que tenía es que en vez de depender de alguna región, dependía directamente del Comando General del Ejército. Eso hizo que la gente que estaba en el trece quedara por varios años. Las Regiones intercambiaron entre sí, a nosotras no, a nosotras nos dejaron. Y eso hizo que hasta el día de hoy nos sigamos juntando, no todas pero la mayoría. Y estamos conectadas por esto de las Muchachas de Abril, se han hecho pila de cosas. Algo que recuerdo mucho es que les gustaba mucho la canción “Palabras para Julia”, de ellas la aprendí y siempre me obligó, en su memoria a no darme por vencida por lo que creo.

Laura y Diana salen al año y poco y antes de que pasaran los dos años las matan, en abril del 74. Estaban en la casa de Silvia Reyes con la idea de irse del país.»

Fiscal pidió procesamiento de Gavazzo,

Rebollo y Klastornick por el caso de

“las muchachas de abril”

25 de febrero de 2021 · 

Según Perciballe hay elementos para sostener que los implicados son responsables del triple homicidio.

El fiscal especializado en Crímenes de Lesa Humanidad, Ricardo Perciballe, pidió el procesamiento de los militares retirados José Gavazzo, Juan Rebollo y Eduardo Klastornick por la masacre de “las muchachas de abril” en 1974, informó el medio 25siete y consignó Montevideo Portal.

Según indicó el fiscal al portal “hay elementos de convicción suficientes para sostener que hubo un homicidio y que en ese homicidio las personas que fueron imputadas son responsables”, es decir Gavazzo, Rebollo y Klastornick. Perciballe pidió que los tres sean formalizados como coautores y detalló: “Las muertes fueron muy duras, con unas ráfagas de ametralladora brutales contra tres muchachas indefensas. No se sabe quién las ejecutó, no se sabe quién es el autor material. Ellos eran los responsables del operativo y como responsables del operativo responden como tales”.

La Justicia debe definirse sobre el pedido de procesamiento que se hizo en diciembre y también sobre las interposiciones de las defensas de los involucrados, ya que algunos de ellos presentaron una excepción de prescripción.

El 21 de abril de 1974, militares se dirigieron al barrio Brazo Oriental para buscar a Washington Barrios, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros. El comando de la dictadura derribó la puerta de su casa y con ametralladoras acribilló todo lo que encontró en su camino. Diana Maidanic, de 22 años; Laura Raggio, de 19, y Silvia Reyes, también de 19 –que estaba embarazada y era la esposa del militante que habían ido a buscar–, fueron asesinadas a sangre fría. Barrios no estaba en el lugar; más tarde ese año fue secuestrado en Córdoba y continúa desaparecido.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió en julio del año pasado tratar la causa presentada por el Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), que planteó la responsabilidad del Estado y la falta de avances en la Justicia respecto al caso.

TRES MILITARES IMPUTADOS POR CASO DE LAS MUCHACHAS DE ABRIL

Medio siglo después

Samuel Blixen
26 febrero, 2021

Tres militares –entre ellos, el general retirado Juan Modesto Rebollo– tienen pendiente una solicitud de procesamiento por homicidio especialmente agravado, por su responsabilidad en la llamada masacre de Brazo Oriental, en la que tres muchachas fueron acribilladas a balazos en abril de 1974.

Cuarenta y siete años después de ocurridos los hechos –¡casi medio siglo!– la justicia penal está en condiciones de castigar a los responsables de los brutales asesinatos de las muchachas de abril –Silvia Reyes, de 19 años (embarazada de tres meses); Laura Raggio, de 19 años, y Diana Maidanic, de 21–, tres jóvenes tupamaras acribilladas a balazos el 21 de abril de 1974 en un procedimiento militar que pretendía capturar a Washington Barrios, un objetivo que la inteligencia militar consideraba prioritario por sus vinculaciones con la estructura de la organización en Argentina.

La responsabilidad por esos asesinatos (y por la muerte de un oficial y un policía abatidos por las balas de sus propios compañeros) fue archivada por la justicia militar, que en 1974 no encontró indicio ni prueba alguna de delito militar. Recién en 1985 intervino la justicia penal ordinaria, cuando los familiares de las jóvenes promovieron la denuncia. Tras la sanción de la ley de caducidad, en diciembre de 1986, el presidente Julio María Sanguinetti ordenó el archivo de la denuncia, hasta que en 2005 el presidente Tabaré Vázquez ordenó el desarchivo. Por razones que se desconocen, la acción penal no prosperó desde 2005 hasta que el caso fue investigado y analizado por el fiscal especializado en crímenes de lesa humanidad Ricardo Perciballe, quien en diciembre solicitó el procesamiento de tres de los oficiales que participaron en el operativo –el hoy general retirado Juan Modesto Rebollo y los coroneles José Gavazzo y Eduardo Klastornick–, por tres delitos de homicidio en reiteración real.

Rebollo, quien ocupó la comandancia general del Ejército durante la presidencia de Luis Alberto Lacalle, era, en 1974, el jefe del Grupo de Artillería Antiaérea 1 y comandó el operativo (además, participó directamente del tiroteo, en el que fue levemente herido en un brazo) junto con el entonces teniente coronel Washington Scala, jefe del Grupo de Artillería 1, hoy fallecido. Gavazzo era segundo jefe de Artillería 1 y comandó el allanamiento de los apartamentos de la calle Mariano Soler. Klastornick, oficial de Artillería Antiaérea 1, también participó directamente. Otro oficial de esa misma unidad, el capitán Julio César Gutiérrez, fue alcanzado por las balas de sus camaradas al ingresar al apartamento y murió semanas después en el Hospital Militar.

El escrito del fiscal Perciballe se centra en tres aspectos de los hechos ocurridos el 21 de abril de 1974: la forma en que fueron acribilladas las tres jóvenes, las heridas recibidas por Gutiérrez y la afirmación de que la balacera fue iniciada por las chicas, lo que habría provocado la respuesta desmedida, con una intensidad de fuego absolutamente excepcional. Para establecer las circunstancias de lo ocurrido, el fiscal se basó en una autopsia histórica de una junta médica del Departamento de Medicina Legal de la Facultad de Medicina –integrada por los doctores Hugo Rodríguez, Frances Berches y Natalia Bazán–, en los testimonios de los vecinos y en las propias contradicciones de los oficiales interrogados por la justicia militar.

Una primera conclusión, apoyada en el estudio de las heridas sufridas por Gutiérrez, según los propios registros del Hospital Militar, sugiere que este fue alcanzado por proyectiles de gran potencia («de ametralladora», dicen los registros del hospital) que no corresponden a los revólveres hallados junto a los cuerpos de las tres chicas. Aunque el fiscal no lo afirma, todo hace suponer que las jóvenes no estaban armadas y que los revólveres (así como una granada supuestamente arrojada desde el interior, que no explotó) fueron plantados en el lugar para justificar la balacera y encubrir las circunstancias de la muerte del oficial.

Por otra parte, el estudio de las múltiples heridas que –a juzgar por las fotografías de los cuerpos y los informes del médico militar José Mautone– recibieron Maidanic, Reyes y Raggio sugiere que las tres fueron alcanzadas por proyectiles de gran potencia desde distintos ángulos, básicamente con ráfagas de armas automáticas. Los cuerpos de las jóvenes estaban apilados en una esquina del comedor, parcialmente superpuestos, lo que sugiere que se habían acurrucado en un intento de evitar las balas. La reconstrucción de la escena no condice con la fábula de que las muchachas se enfrentaron con revólveres a un contingente de decenas de soldados armados a guerra, que disparaban desde todos los ángulos.

Aunque la iniciativa del fiscal especializado parece destinada a juzgar uno de los crímenes más aberrantes de la dictadura, la acción judicial enfrenta aún otro obstáculo. Cuando Perciballe solicitó los procesamientos a la jueza penal de 26.o turno, esta transitaba un largo período de licencia por enfermedad, que aún continúa. Durante estos meses las autoridades del Poder Judicial pospusieron la decisión de nombrar a un juez subrogante. Si bien esa circunstancia no influye mayormente en la situación judicial de Gavazzo, condenado por múltiples delitos de lesa humanidad (pese a lo cual goza del beneficio de la prisión domiciliaria), muy distinta es la situación de Rebollo, quien hasta ahora ha logrado eludir su responsabilidad en los crímenes de la dictadura y en otros cometidos en el posterior período democrático.

Rebollo estuvo directamente vinculado, en su calidad de comandante en jefe, en la desaparición y el asesinato del exagente chileno Eugenio Berríos. Él y el jefe de la inteligencia militar Mario Aguerrondo (ambos de filiación blanca, que ocuparon los dos cargos más significativos en el Ejército durante la presidencia de Lacalle padre) fueron los jerarcas responsables del operativo de ocultamiento de Berríos, por encargo de la inteligencia militar chilena, que derivó en su asesinato, debido al desequilibrio psíquico del exagente requerido por la Justicia de su país. Se verá qué capacidad tiene el veterano general para eludir esta última instancia.

 

 

 

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