Evo perdió a Evo

Tras casi catorce años, el gobierno de Evo Morales se desplomó en poco menos de un mes, debido a denuncias masivas de fraude y perpetuación en el poder. Otrora líder campesino, esta vez Morales no logró apelar, frente al ascenso de una derecha racista y oportunista, al apoyo de las organizaciones populares bolivianas, debilitadas tras años de cooptación y represión a manos del oficialismo. Entre los intentos de restauración y la avanzada golpista, el pueblo boliviano se prepara, otra vez, para resistir.

Raúl Zibechi

15 noviembre, 2019

Manifestantes a favor de Evo Morales, La Paz, Bolivia, el pasado 14 de noviembre 

Señor presidente, desde el fondo de nuestro corazón y con gran pesar te decimos: ¿dónde te perdiste? Porque no vives dentro de los preceptos ancestrales que dicen que debemos respetar el muyu (círculo): sólo una vez debemos gobernar. ¿Por qué has prostituido a nuestra Pachamama? ¿Por qué mandaste a quemar la Chiquitanía? ¿Por qué maltrataste a nuestros hermanos indígenas en Chaparina y en Tariquía?”, dice el manifiesto de la Nación Qhara Qhara, con el que un sector del movimiento indígena se incorporaba el pasado jueves 7 de noviembre a las protestas contra el fraude electoral en Bolivia.

El manifiesto es una de las piezas más duras contra Evo Morales, quizá porque proviene de las propias entrañas de la fuerza que lo llevó al poder: “Respeta nuestras culturas, ya no siembres más odio entre los hermanos del campo y de la ciudad, deja de dividir a los pueblos, ya vulneraste su libre determinación. Deja de enviar indígenas como carne de cañón para el respaldo de tus intereses y de los que te rodean, que ya no son los nuestros; deja de enviar matones a maltratar a nuestra gente; deja que vivamos en nuestra ley; deja de hablar en nombre de los indígenas, que ya perdiste tu identidad” (Fides, 7‑XI‑19).

El contraste entre lo que ocurre ahora y lo sucedido en octubre de 2003, durante la primera guerra del gas, es notable. En aquella ocasión todos los movimientos sociales se enfrentaron al gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada y pagaron un precio de más de sesenta muertos y cientos de heridos y mutilados. Pese a la brutal represión –el ejército ametralló a los manifestantes desde helicópteros–, la población consiguió doblegar al gobierno, que debió renunciar.

Pero en esta ocasión, luego de tres semanas de protestas opositoras y denuncias de fraude en las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales se proclamó reelecto, había mucha rabia por el gobierno en gran parte de los dirigentes y las bases de las organizaciones sociales, que, al llegar la tarde del pasado domingo 10, se habían ido manifestando por la renuncia del presidente, como la Central Obrera Boliviana, la federación minera y organizaciones indígenas. Por eso, ese día la derecha más extremista pudo entrar a la casa de gobierno sin problemas y nadie salió de inmediato a la calle a defender a Morales cuando el ejército le sugirió que renunciara.

En estos casi catorce años en el gobierno hubo actuaciones del oficialista Movimiento al Socialismo (Mas) que los movimientos sociales no olvidaron. Entre 2002 y 2006 se formó el Pacto de Unidad entre las principales organizaciones campesinas e indígenas como sostén del gobierno de Morales: la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente de Bolivia (Cidob), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa y las juntas vecinales de El Alto. A fines de 2011, la Cidob y el Conamaq decidieron abandonar el Pacto de Unidad, por considerar que “el Poder Ejecutivo ha parcializado la participación de las organizaciones indígenas, valorando más que todo a las organizaciones afines al Mas”, al tiempo que consideraban que ello afectaba “de forma directa a nuestros territorios, culturas y nuestros recursos naturales”.

En junio de 2012, la Cidob denunció “la intromisión del gobierno con el único propósito de manipular, dividir y afectar a las instancias orgánicas y representativas de los pueblos indígenas de Bolivia” (Cidob, 7‑VI‑12). Un grupo de disidentes de la Confederación apoyado por el gobierno desconoció a las autoridades y convocó una “comisión ampliada” para elegir nuevas autoridades.

En diciembre de 2013, disidentes de la Conamaq “afines al Mas” tomaron el local de la organización, y golpearon y expulsaron a quienes allí se encontraban con el apoyo de la policía, que permaneció resguardando la sede e impidió que las legítimas autoridades pudieran recuperarla (Servindi, 11‑XII‑13). El comunicado posterior del Conamaq aseguró que el ataque en su contra se dio para “aprobar todas las políticas contrarias al movimiento indígena originario y al pueblo boliviano, sin que nadie pueda decir nada”.

SALTO AL VACÍO. El miércoles 13 se produjo una situación inédita, un vuelco tan importante como lo había sido la renuncia de Morales tres días antes. Jeanine Áñez fue ungida presidenta en un parlamento sin cuórum, ya que los diputados del Mas, la mayoría absoluta, no pudieron ingresar al recinto, como tampoco pudo hacerlo la senadora masista Adriana Salvatierra. Presidenta del senado, Salvatierra había renunciado públicamente a ese cargo, aunque no a su banca, el mismo día que lo hicieron Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Aunque intentaron ingresar al recinto parlamentario, ella y los diputados de su bancada fueron impedidos de hacerlo por la fuerza pública.

Áñez, por su parte, era la vicepresidenta segunda de la Cámara alta y pudo llegar a la presidencia de la República porque los demás en la línea de sucesión, masistas ellos, renunciaron también, como forma de la política del gobierno de denunciar un golpe. La actual presidenta es miembro de la alianza opositora Unidad Demócrata y una aliada incondicional de las elites racistas del departamento de Santa Cruz. De este modo, tres días después de la renuncia de Evo se consumó un verdadero golpe, aunque, en realidad, unos y otros colaboraron en que se llegara a esta situación.

La cronología de este vuelco arranca con las elecciones del 20 de octubre, pero, sobre todo, con la interrupción del conteo de votos y su reanudación, 24 horas después, con datos que contradicen los difundidos hasta el día anterior. Una situación que dio lugar a las sospechas, por repetir una dinámica de fraude demasiado evidente y tradicional en nuestra América Latina como para ser ignorada. Ahí comenzó una protesta que fue creciendo lentamente hasta el viernes 8 de noviembre, protagonizada, en gran medida, por los grupos cívicos, sectores de clase media con gran implantación en las grandes ciudades del oriente del país.

Al parecer, el gobierno de Morales subestimó la magnitud de las protestas, ya que mantenía una alianza con el Comité Cívico de Santa Cruz, luego de haberlo derrotado en su intento secesionista de 2008. Las cosas parecían mantenerse en un cauce favorable para el Mas, que tenía buenas relaciones con la Organización de los Estados Americanos (en particular, con su secretario general, Luis Almagro), al punto de que el candidato opositor Carlos Mesa rechazó la auditoría pactada entre esa organización y el gobierno.

La situación cambió bruscamente el viernes 8 al extenderse un motín policial iniciado en Santa Cruz y La Paz. En las redes sociales circularon versiones según las cuales los policías fueron “comprados” con dinero de una empresa localizada en Santa Cruz. Lo cierto es que el motín policial fue un punto de inflexión, cuyo origen y cuyas circunstancias será necesario investigar. El gobierno no podía contar con la policía, pero tampoco podía enviar a las fuerzas armadas contra los manifestantes, lo que hubiera creado una situación insostenible en sus propias bases. Peor aun, no podía contar con organizaciones populares fuertes que lo defendieran, porque estas habían sido purgadas y muchos de sus dirigentes, apartados y condenados, algunos al ostracismo, otros, encarcelados. En este punto, presidente y vice decidieron arriesgar. Llegado el domingo, ensayaron una jugada que consistió en salir de La Paz, saturada de barricadas y protestas, con la intención de retornar en mejores condiciones.

La derecha siguió operando, probablemente, y como es habitual en estos casos, con el apoyo de la embajada de Estados Unidos. Tomó la delantera un personaje siniestro, el empresario cruceño Luis Fernando Camacho. Con un discurso radical y ultracatólico, de claro contenido racista y colonial (véase recuadro), Camacho se erigió en representante de las clases medias blancas del oriente y las elites terratenientes de la región más rica del país. Convocó un cabildo para desconocer los resultados de las elecciones y, con su discurso incendiario, desbordó tanto a los “cívicos” cruceños, que convivían sin mayores problemas con el Mas, como a Mesa, a quien desplazó en pocos días como referente de la oposición. Se trata de un oportunista ultra que, tras la quema de whipalas protagonizada por los suyos, debió pedir perdón, en una muestra del escaso margen que tienen los más conservadores en la Bolivia actual.

LA GUERRA Y LAS MUJERES. Si la oligarquía cruceña mostró su extremismo de la mano de Camacho, el oficialismo no se quedó atrás. El ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, declaró a Sputnik, días antes de la debacle del gobierno, que “Bolivia se va a convertir en un gran campo de batalla, un Vietnam moderno” (30‑X‑19).

Quintana, uno de los más altos cargos del gobierno de Evo, mostró su alejamiento de la realidad al decir: “Aquí hay una acumulación política de los movimientos sociales que están dispuestos a pelear”. Y propuso una estrategia consistente en “una batalla campal frente a la virulencia mentirosa de los medios”, que, en su opinión, son parte de “una guerra de dimensiones muy complejas, desconocidas, que nos va a exigir muchísimo agudizar el pensamiento y la estrategia de autodefensa”.

Las mujeres fueron el sector que con mayor claridad y transparencia se empeñó en desarmar los dispositivos guerreros. En La Paz, el colectivo Mujeres Creando convocó un Parlamento de Mujeres (al que asistió un puñado de varones), en el que se esforzaron por construir “voces colectivas” que desafiaran la polarización en curso. En esos momentos, en la ciudad de El Alto miles de jóvenes gritaban: “Ahora sí, guerra civil”, flameando la whipala.

Muchas mujeres mostraron una doble indignación: contra el fraude de Morales y contra la derecha racista. En general, predominó una defensa de los avances en la última década y media, no todos atribuibles al Mas, sino al hecho de que ganó terreno la potencia creativa de los movimientos, que las autoridades nunca pudieron ignorar.

Se destacó la intervención de la socióloga e historiadora Silvia Rivera Cusicanqui: “Yo no creo en las dos hipótesis que se han manejado. El triunfalismo de que con la caída de Evo hemos recuperado la democracia me parece un exceso, un análisis que se está saliendo de foco (…). La segunda hipótesis equivocada, que me parece a mí sumamente peligrosa, es la del golpe de Estado, que simplemente quiere legitimar, enterito, con paquete y todo, envuelto en celofanes, a todo el gobierno de Evo Morales en sus momentos de degradación mayor. Toda esa degradación, legitimarla con la idea del golpe de Estado es criminal y, por lo tanto, debe pensarse cómo ha empezado esa degradación” (Desinformémonos, 13‑XI‑19).

En la misma orientación, la vocera de Mujeres Creando, María Galindo, escribió en su columna en Página Siete: “El sentimiento de abandono y orfandad que deja ver el despegar a Evo Morales rumbo a México se siente en las calles. La gente me llama a la radio y rompe en llanto sin poder hablar; su sentimiento de debilidad y abandono hace que de la memoria se les borren, por arte del dolor, las violencias y las arbitrariedades del caudillo, y que la gente lo añore como padre protector y benefactor” (13‑XI‑19).

UN FUTURO INCIERTO. Fracasado el plan de Morales‑García Linera de retornar como “pacificadores”, se abre la caja de las sorpresas. La iniciativa la tiene la ultraderecha, racista y fascista, que cuenta con enormes recursos materiales y mediáticos para encaramarse en el poder, aunque no tiene la legitimidad para mantenerlo.

La memoria larga, concepto de Rivera Cusicanqui, nos enseña que las elites racistas pueden permanecer en el poder a sangre y fuego durante largo tiempo, aunque no tengan apoyo social, porque tienen medios para hacerlo. Sin embargo, la memoria corta, complemento de la anterior, apunta a algo diferente, por lo menos desde 2000 en Bolivia: la potencia de las y los de abajo impide que los regímenes racistas y patriarcales gocen de estabilidad y durabilidad. Porque las mujeres y los pueblos originarios ya no se dejan, como lo enseñan estos días las calles de Santiago y Quito, testigos de una alianza de nuevo tipo (de hecho y en los hechos) que se plasma en que la bandera mapuche ondea en manos blancas y que las mujeres abrieron una grieta en Ecuador en el fragor del combate.

La salida a la tremenda situación que vive Bolivia pueden ser las elecciones generales, que el gobierno que usurpa Áñez debe convocar de forma inmediata. Como apunta la socióloga Raquel Gutiérrez Aguilar, la alternativa es “elecciones generales o guerra civil”. Si hablan las urnas, es muy probable que el próximo presidente sea Carlos Mesa, pero que el Mas conserve una importante bancada y siga siendo, tal vez, el partido más votado.

Más temprano que tarde, la alianza de diversidades que algún día representó el Mas volverá al Palacio Quemado, porque es la mayoría social y cultural del país andino. Sería deseable que no fuera la repetición, necesariamente degradada, del Mas actual, porque el paso del tiempo termina pudriendo las aguas estancadas. Para que eso no suceda, una nueva cultura política debe arraigar en los dirigentes y los cuadros de los movimientos y las organizaciones. Una cultura capaz de beber en las tradiciones andinas de rotación de cargos y complementariedad entre géneros, edades y, ahora también, visiones del mundo. Una cultura que se deje permear por el radical rechazo al patriarcado de las feministas, que están deconstruyendo caudillismos y organizaciones jerárquicas. Bolivia puede aportarnos, como pocas regiones en nuestra América, las contribuciones de ambas vertientes. Sin ellas, será imposible tejer, comunitariamente, un tapiz emancipador capaz de superar las opresiones que nos atraviesan.

El facho Camacho

Luis Fernando Camacho Arce, el líder de la “revolución” boliviana, es un abogado y empresario de 40 años originario de Santa Cruz de la Sierra, el departamento más rico y “blanco” del país del altiplano. Allí presidía, como antes lo había hecho su padre, José Luis –un potentado con negocios en varios sectores (gas, seguros, carne, inmobiliarias) y compañías radicadas en paraísos fiscales mencionadas en los Panamá Papers–, el Comité Cívico Pro Santa Cruz, una suerte de lobby de empresarios, entidades locales y grupos sociales extremadamente conservadores. La publicación digital La Resistencia Bolivia, cercana al Movimiento al Socialismo (Mas), de Evo Morales, dice que Camacho padre era “dueño de la empresa que tuvo el monopolio de la distribución de gas en Santa Cruz, Sergas y ciudades próximas, como Montero y Warnes, por 20 años, desde 1989 hasta el 2009. Una concesión otorgada en los procesos de capitalización y privatización por los gobiernos neoliberales”, que Morales le quitó.

A pesar de que dice que “nunca se interesó por la política”, Camacho hijo fue integrante, a comienzos de los años dos mil, de la Unión Juvenil Cruceñista, a la que la Federación Internacional de los Derechos Humanos catalogó en su momento como una organización paramilitar y racista. Es también miembro de Los Caballeros del Oriente, una de las dos logias más poderosas de Santa Cruz, defensora de la supremacía de la elite cruceña. Al “clan Camacho” se lo vinculó con los ultraderechistas boliviano‑croatas Branko Marinkovic, un gran empresario dueño de bancos y campos sojeros, y Eduardo Rózsa Flores, un paramilitar que participó en la Guerra de los Balcanes. Ambos participaron en 2008 en un levantamiento separatista de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija. Rózsa Flores murió un año después en un tiroteo con la policía boliviana y Marinkovic, acusado de “sedición”, huyó a Brasil en 2010. Era uno de los principales referentes del Comité Cívico Pro Santa Cruz.

Al Macho Camacho (así se hace llamar) no se lo conocía demasiado fuera de Santa Cruz de la Sierra, hasta que se puso a la cabeza del alzamiento contra Morales tras las elecciones de octubre y, en los hechos, desplazó del liderazgo de la oposición a Carlos Mesa, el principal candidato presidencial de la derecha boliviana. Fue él el inspirador de la estrategia de rebelión callejera al estilo de “la salida” pregonada en Venezuela por el ultraderechista Leopoldo López y Juan Guaidó, que terminó desbordando a la oposición más moderada, que encarnaba Henrique Capriles. Pasó a los primeros planos cuando entró a un vacío Palacio del Quemado, la tradicional sede presidencial boliviana, con una biblia en una mano y la bandera nacional en la otra, para entregarle a Morales una carta en la que le exigía la renuncia, sin más legitimidad que la que le otorgaban los suyos. Religioso ferviente, cruzado de las causas más retrógradas, proclamó, arrodillado en el piso, que Dios había vuelto a tomar posesión del palacio de gobierno. Dijo luego que “el comunismo” había sido expulsado definitivamente del país y que lo primero que debía hacerse en Bolivia, antes de ponerse a “reconstruirla”, era elaborar una lista “al estilo de las de Pablo Escobar” (el capo narco colombiano) de “todos los traidores a la patria” para “mandarlos presos”. El analista Pablo Stefanoni, profundo conocedor de la realidad boliviana, recuerda, en una nota publicada en la revista digital argentina Anfibia, que en 2008, tras la derrota del alzamiento separatista en Santa Cruz y otros departamentos, los Camacho habían alcanzado “cierta pax” con el gobierno de Evo Morales, al cual se habían opuesto desde el principio. Ahora, “aupado a una nueva fase de radicalización juvenil, el ‘macho’ Camacho (…) selló pactos con ‘ponchos rojos’ aymaras disidentes, se fotografió con cholas y cocaleros anti‑Evo y juró no ser racista y diferenciarse de la imagen de una Santa Cruz blanca y separatista. Y, en una productiva estrategia, se alió con Marco Pumari, el presidente del Comité Cívico de Potosí, un hijo de minero que venía liderando la lucha en esa región contra el ‘ninguneo de Evo’. Así, el líder emergente e histriónico terminó siendo el artífice de la revuelta cívico‑policial”.

Pablo Pozzolo

“Estamos ahorita en la

lucha plena”

Segundina Flores

15 noviembre, 2019

Evo Morales asiste a una ceremonia para ser nombrado Huésped Distinguido por parte del Gobierno de la Ciudad de México. Morales planteó el miércoles un diálogo nacional en su país para solucionar la crisis política.

Realmente hay un golpe de Estado, un golpe racista, un golpe fascista, un golpe policial, un golpe militar y un golpe cívico. Detrás de él están los cívicos racistas del departamento de Santa Cruz. Lo han organizado con toda la policía boliviana y también con las fuerzas armadas.
Los pueblos indígenas hoy nos sentimos discriminados, humillados. Ya son varios los muertos: hermanas, hermanos, jóvenes, niños. Pero seguimos ahorita de pie, estamos ahorita en la lucha plena. En las marchas pacíficas hasta la ciudad nos han atacado con gases y nos han atacado con balines. Han mandado contra nosotros tanques de guerra. La nueva presidenta, autonombrada, es irreconocible, inaceptable para los pueblos.

Nosotros habíamos luchado para liberar a nuestros pueblos indígenas. Por eso habíamos constitucionalizado el Estado plurinacional de Bolivia, porque en Bolivia somos muchas culturas, muchos idiomas. Treinta y seis idiomas hay en Bolivia. Somos quechuas, somos aymaras, somos guaraníes y muchos más los que rechazamos a esos racistas dirigidos desde el imperio yanqui, desde Estados Unidos. Sabemos que la lucha hoy es también para defender nuestro litio, para defender los recursos de Bolivia acechados por este golpe de Estado.

El pueblo está pidiendo que vuelva el presidente, porque el presidente Evo es nuestro. Ahorita no tenemos seguridad. La policía boliviana y los militares están del otro lado. Por eso también tememos por la seguridad humana de nuestro presidente, Evo Morales Ayma.

Antes de que se concretara el golpe, al ver que ya estaba del otro lado la policía boliviana, pensábamos que con los hermanos mineros y los hermanos de la Confederación Obrera Boliviana podríamos defender y resguardar al hermano presidente. Porque los vándalos ya nos iban a atacar a cada ciudad del país. Posiblemente hay, en el pedido de renuncia que esos hermanos hicieron a nuestro hermano presidente, intereses sectoriales, intereses propios de los grupos; por eso a veces se dan la vuelta. A veces, mucha gente, cuando le das la mano, todo quiere: mano, brazo y todo. Pero el sector campesino indígena originario y nosotras estamos dando la lucha en estos momentos, en conjunto con los hermanos de El Alto.

Seguramente, nos van a tocar elecciones generales nuevamente. Lo vamos analizando, lo vamos viendo. Los sectores campesinos indígenas originarios van adelante y nosotras, como Confederación de Mujeres Bartolina Sisa, estaremos al frente para defender este proceso. No lo vamos a dejar. Tenemos la nueva constitución política del Estado Plurinacional de Bolivia.

*Secretaria ejecutiva nacional de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia Bartolina Sisa.

Áñez refuerza el

perfil ultraconservador

del Gobierno boliviano

Nov 15 2019

Abel Gilbert – el Periódico, España

La presidenta interina le dará un giro neoliberal a la economía y priorizará las relaciones con Estados Unidos

El Gobierno provisional de la senadora Jeanine Áñez decidió presentarse al mundo sin pliegues ocultos. El camino a nuevas elecciones estará sembrado de cruces, un giro conservador en la cultura, la alianza con Estados Unidos y la abolición del estatismo económico de Evo Morales. También se insinúa una cuota de revancha política en el horizonte.

El exsenador de derechas Arturo Murillo prometió en su primera aparición pública como ministro de Gobierno impulsar la «cacería» del del exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y otros colaboradores de Evo Morales a los que calificó de»sediciosos» por promover «la inestabilidad» de las autoridades surgidas del golpe. Murillo es conocido por su radicalidad ideológica. Dos años atrás, cuando era senador, se opuso con vehemencia a la despenalización del aborto. «Un puñado de mujeres se creen muy liberales. Yo las apoyo, si quieren matarse, que se maten, que se tiren del quinto piso. Sucídense. Hagan lo que quieran con sus vidas, no con una que no les pertenece».

La presencia de Murillo y otros ministros de opiniones análogas en el Gabineta de Áñez encendió las alarmas de ‘La Razón’, un diario que nunca fue complaciente con Morales. En su editorial del jueves lamentó que el «retorno de la Biblia a Palacio»  sea celebrado «sin considerar que significa un retroceso en la construcción de un Estado laico». El tono de «los discursos religiosos» genera «incertidumbre generalizada» y muestran «la evidente carencia de un proyecto político razonable y, sobre todo, sostenible».  

Según ‘La Razón’, es también posible que haya retrocesos en  ámbitos «como el de los derechos de pueblos indígenas, que gran parte del conservadurismo considera atentatorios de sus propios derechos, aunque no haya evidencia en ese sentido, y de minorías sociales, mucho más amenazadas por los extremismos religiosos, como por ejemplo la población LGBTI». Por lo pronto, Roxana Lizárraga, debutó en su cargo como ministra de Comunicación con una advertencia: serán acusados de sedición los periodistas que informen en los medios electrónicos las manifestaciones contra el Gobierno interino. Los tachó de «guerreros digitales».

Giro neoliberal

Santa Cruz, la región más próspera de Bolivia que en 2007 intentó separarse de La Paz, tiene absoluto predominio en el flamante círculo de ministros. José Luis Parada, quien manejó las cuentas de ese departamento, aseguró que informó que promoverá una amplia apertura económica y un abandono del protagonismo estatal porque, dijo, durante el Gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS) la inversión privada tuvo trabas y se trata en adelante de «atraer inversiones».  Entre 2006 y 2019 Bolivia tuvo la etapa de mayor aceleración económica de su historia al punto de reducir a la mitad la pobreza con muy baja inflación y endeudamiento externo.

La académica Karen Longaric fue puesta al frente de Exteriores. Después de anunciar la completa reorientación de la política internacional de Bolivia reconoció al diputado Juan Guaidó como presidente «encargado» de Venezuela. Prometió también dejar atrás los años de recelo con Washington y mejorar los vínculos con Chile.

Jerjes Justiniano Atalá quedó como ministro de la Presidencia y eslabón fundamental entre Áñez y Luis Fernando Camacho, el empresario cruceño que lidero el movimiento contra Morales. Nadie mejor que él para cuidar sus intereses y las expectativas. Antes de asumir como ministro, Atalá fue el abogado de Camacho.

Áñez obtuvo este jueves el reconocimiento de Rusia, uno de los aliados más fuertes que tenía el MAS. «Nos dimos cuenta de que, cuando fue nombrada para este cargo, no había quórum pleno en el Parlamento, por lo que vemos aquí algunos puntos que, por supuesto, tenemos en cuenta», dijo el vicecanciller Serguéi Riabkov y añadió: «Lo que precedió al cambio de poder son acciones que en realidad equivalen a un golpe de Estado». Lo ocurrido el pasado domingo le ha recordado a Moscú que «una vez más que ciertas fuerzas utilizan métodos que van más allá de las normas legales para resolver sus propios problemas políticos».

Queja ante México

La mandataria provisional expresó su queja pública con México porque le permite al asilado Morales «incitar» a la población boliviana a salir a la calle a protestar con sus declaraciones a los medios. El presidente renunciante, dijo, «está rompiendo con todos los protocolos del exilio». Pero Morales no controla a los bolivianos que han vuelto a manifestarse en La Paz y sus inmediaciones.

Carlos Mesa, el ex jefe de Estado interino (2003-2005) y rival de Morales en los comicios que desembocaron en su salida del poder, recomendó borrarlo de la vida política de ese país. «El señor Evo Morales no puede ni debe volver, eso es simplemente inaceptable (…) No hay ninguna oportunidad legal para que Evo y (Álvaro) García Linera puedan ser nuevamente candidatos».

Roger Waters apoyó

a Evo Morales

15 noviembre 2019

”Llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra”

 Evo Morales sumó un nuevo apoyo tras el golpe de que lo derrocó en Bolivia y lo llevó al exilio. Roger Waters, el ex integrante de Pink Floyd, grabó un video que difundió La Garganta Poderosa en Twitter.

El músico habla a la cámara y se dirige al depuesto mandatario, al que le desea que “tu exilio sea corto”.

“Llevaste la democracia hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora intentan despojar a tu pueblo, por avaricia”, dice el ex bajista de la mítica banda británica.

El creador de The Wall afirmó en el video que “hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa, a tu amada Bolivia”. En ese sentido, Waters añadió que “no dudo que será lo mejor, para tu gente y para vos, por supuesto, pero también para todos nosotros”.

También sostuvo que “donde quiera que estés, mi corazón estará contigo, así como también millones de corazones de millones de personas alrededor del mundo que creemos en los Derechos Humanos, en la democracia, en la igualdad y en la libertad de los pueblos”; y no dudó en señalar que en Bolivia “cayó el terror, el fascismo y el totalitarismo”.

Con el tema “Time” de El lado oscuro de la luna de fondo, Waters se despidió así: “Que vuelvas cuanto antes, que retomes las riendas y que puedas guiar a tu país hacia su más brillante futuro. Evo querido, estamos con vos”. 

El exorcismo en Santa Cruz de la Sierra tras el Golpe contra Evo Morales 

“Satanás, ¡fuera de Bolivia!”,

el ritual de

Camacho y sus seguidores

15 de noviembre de 2019 

A días de haberse consumado el golpe de Estado en Bolivia, tras la renuncia forzada del presidente Evo Morales, seguidores de Luis Fernando Camacho se reunieron en la plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz de la Sierra para realizar una especie de exorcismo. “Jesús gobierna Bolivia”, estallaron en júbilo los presentes al finalizar el ritual.

“Ahora atamos a Satanás… Y a todos los demonios de la brujería los atamos y los enviamos al abismo en esta hora. Establecemos un nuevo tiempo en los cielos de Bolivia. Satanás, ¡fuera de Bolivia! ¡Ahora!”, grita desde el escenario un predicador.
Con la estatua de Cristo de fondo, los espectadores siguieron el ritual con su mano en alto. Muchos tenían consigo la bandera de Bolivia. Esperaban el discurso del ultracatólico Camacho, quien al llevar su pedido de renuncia de Morales ingresó al Palacio Quemado y depositó una biblia.

De esta ceremonia religiosa participaron los integrantes de los comités cívicos de Santa Cruz, los grupos que encabezaron las protestas contra el presidente depuesto. 

El nuevo régimen ya no oculta su rostro

Cinco muertos por la

represión militar

y policial a los cocaleros de

Chapare, la región de Evo Morales

16 noviembre 2019

La multitudinaria marcha de las Federaciones de Cocaleros se acercaban a Cochabamba, y fueron reprimidos salvajemente en la localidad de Sacaba, a 10 kilómetros de esa ciudad. Se dirigían hacia La Paz, donde confluirían este domingo en una gigantesca protesta contra el Golpe.

Un operativo de la Policía y el Ejército bolivianos terminó con la muerte de por lo menos cinco manifestantes, durante la represión a la masiva movilización encabezada por las federaciones cocaleras, cuna política del presidente depuesto Evo Morales. La masacre ocurrió en el municipio de Sacaba, a diez kilómetros del centro de Cochabamba, donde los cocaleros pretendían hacer una escala antes de continuar su marcha hacia La Paz, adonde pretendían llegar el domingo. “No pudimos contar a los heridos porque son muchos”, lamentó uno de los  profesional del Hospital de Sacaba, sobrepasado por la cantidad de víctimas.  

Las muertes se conocieron por los videos que los propios integrantes de las seis federaciones del Trópico de Cochabamba comenzaron a enviar desde el lugar de la represión, con mensajes como “estamos en dictadura”, “¡que todo el mundo se entere porque no hay prensa!”. 

En el Hospital de Sacaba fueron identificados cuatro muertos –Omar Calle, César Cipe, Juan López, Emilio Colque– y restaba la identificación de uno de ellos. Los cocaleros del trópico denuncian que las muertes se produjeron por los disparos de policías y militares durante la represión. 

El presidente depuesto, Evo Morales, envió un mensaje desde México dando a conocer lo ocurrido y solidarizándose con sus compañeros. “El régimen golpista que tomó el poder por asalto en mi querida Bolivia reprime con balas de las FFAA y la Policía al pueblo que reclama pacificación y reposición del Estado de Derecho. Ahora asesinan a nuestros hermanos en Sacaba, Cochabamba”, denunció. 

En tanto, los medios bolivianos comenzaron a hacerse eco de la denuncia por las muertes y se preocupan por ofrecer la versión oficial de los hechos.  “Las vainas que tienen son de armamento que no tenemos nosotros, personas que estaban en segunda fila han disparado y han herido a sus mismos compañeros”, fue la versión que reprodujo el canal Unitel en una entrevista a un militar que no dio su identificación. 

Oficialmente, el comandante departamental de la Policía, Jaime Zurita, reportaba la incautación de explosivos y armas de fuego. 

La represión partió de un cordón formado por fuerzas de la Policía boliviana y el Ejército sobre el puente Huayllani, en las afueras de Cochabamba, para impedir que las seis federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba lleguen en la tarde del viernes a la plaza central 14 de Septiembre, segunda escala de la larga marcha que se dirige a La Paz el domingo. 

“Rechazamos enérgicamente la autoproclamación de la señora Áñez, que como segunda vicepresidenta del Senado se autoproclama presidenta, lo cual es totalmente inconstitucional”, había repudiado el vicepresidente de las federaciones, Andrónico Rodríguez. 

Antes de la masacre, el dirigente anticipó que los cocaleros del trópico permanecerán en las calles “hasta que nuestro hermano Evo Morales retorne a la Presidencia porque está en el tiempo del mandato constitucional hasta el 22 de enero de 2020”. 

Según el relato de los manifestantes, la sangrienta represión se produjo a diez kilómetros del centro de Cochabamba, según informó el diario Los Tiempos, donde el cordón de las fuerzas policiales y militares bloqueó el paso por el puente Huayllani. Los uniformados comenzaron repeliendo a los manifestantes con gases lacrimógenos y luego avanzaron abriendo fuego. 

Un golpe de Estado nunca aparece como un hecho aislado

Los nueve responsables

del golpe en Bolivia

El golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, contó con muchos partícipes. Protagonistas, colaboradores, cómplices. Algunos desde el incio, otros como resultado de los acontecimientos, todos con nombre y apellido. La mirada del director del CELAG.

16 de noviembre de 2019

Un golpe de Estado jamás está constituido por un hecho aislado. No existe un momento puntual que pueda ser definido como el generador definitivo de una ruptura democrática. Cualquier golpe es un proceso acumulativo en el que el “marco” es fundamental para crear las condiciones necesarias y suficientes que garanticen su efectividad. La erosión de legitimidad del objetivo a derrocar se hace por múltiples vías que abonan un campo en el que luego las acciones destituyentes procuran ser presentadas como democráticas.

Por el carácter multidimensional del proceso golpista, nunca podríamos afirmar que existe un único responsable. Siempre hay muchos actores que participan en esta tarea, desde quién acaba asumiendo la Presidencia pos golpe hasta aquel que inicia una campaña de desgaste con una fake news.

En Bolivia, el golpe de Estado contra la democracia, con el objetivo de deponer a Evo Morales como presidente, también contó con muchos participes, cada cual en su justa condición; unos como colaboradores y otros como cómplices; los hubo más pasivos o más activos; algunos planificaron desde el inicio y otros se fueron sumando a medida que se fueron desarrollando los acontecimientos.

He aquí un recuento breve, pero preciso, de quiénes fueron todos los corresponsables del golpe de Estado en Bolivia, con nombres y apellidos:

1. El fascismo de los comités cívicos 

Especialmente el de Santa Cruz. Este movimiento político, tan violento como racista, no es nuevo, sino que viene desde el principio de la gestión de Evo Morales, porque jamás aceptaron que un representante indígena y campesino fuera quien tuviera el mandato popular para gobernar el país. Lo intentaron muchas veces, con muchos representantes diferentes y, esta vez, el turno fue de Luis Fernando Camacho, quien no se presentó a elecciones, quien no tiene ningún voto, pero decidió que la violencia y el terror eran las armas para alcanzar el objetivo: derrocar a Evo y acabar con el Estado de Derecho y orden constitucional del país.

2. La oposición partidaria que sí se presentó a las elecciones 

Fundamentalmente, Carlos Mesa, principal contrincante de Evo Morales, derrotado en las últimas elecciones, fue clave en todo este proceso golpista, desconociendo resultados por anticipado y declarando fraude mucho antes que se produjeran las elecciones. El mismo día de los comicios salió a anunciar que había segunda vuelta sin que se culminara el recuento de votos. Luego de las elecciones, mantuvo constantemente una postura silenciosa, cómplice, ante la violencia desatada por los comités cívicos, reacomodándose al nuevo eje político golpista sin exigir que se frenara.

3. La actual Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) 

Siempre presente cada vez que existe un proceso de desestabilización antidemocrático. Esta vez lo hizo de forma directa, participando en el proceso electoral. Primero, fue con el informe preliminar de la misión electoral, que sin base alguna, anunció que era “recomendable una segunda vuelta”. Segundo, con un informe preliminar de la auditoría lleno de debilidades, sesgado y parcial, sin rigor, y centrado en su mayoría en criticar al sistema provisorio de transmisión de datos (no vinculante). Y es que a la hora de analizar las actas oficiales, las reales, únicamente logró demostrar irregularidades en 78 actas de un total de 34.555, lo que supone el 0,22%. De hecho, la muestra seleccionada, en sus propias palabras escritas en el informe, no obedece a criterios estadísticos sino que eligieron los casos allá donde el partido oficialista había obtenido muchos votos. El informe está plagado de adjetivos y adverbios con tono valorativo y discrecional (“comportamiento inusual”, “presumiblemente”) demostrando su incompetencia en cuanto a rigor e imparcialidad.

4. El Gobierno de los Estados Unidos

Otro infaltable: como siempre, tras cada golpe, reaparece precipitadamente reconociendo al nuevo presidente autoproclamado. Aunque esta vez, desde inicios de este año, diferentes autoridades del Departamento de Estado -por ejemplo, Kimberly Breier- ya habían declarado que el proceso electoral boliviano estaba repleto de irregularidades, usando incluso el término de “potencial fraude”; además, plantearon más de una vez que se debía de estudiar el desconocimiento de los resultados que de la cita electoral se desprendieran.

5. La policía

Es la segunda vez que lo hace. En el año 2008 se amotinó y desconoció al presidente Evo, provocando inseguridad ciudadana y desestabilización política y social. No prosperó en ese entonces, pero ahora lo repitió en un momento de gran caos y estado de terror provocado por el movimiento fascista en las calles. Fue un actor clave en la última fase del golpe de Estado.

6. Las Fuerzas Armadas

Seguramente este es el actor más difícil de descifrar en este golpe. Actuó en forma muy particular: hasta el último momento no se pronunció ante la grave situación. En primer lugar, cuando todo comenzaba a estar al límite, emitieron un comunicado escueto pero con un párrafo último muy ambiguo. Después, en uno de los momentos de mayor tensión, se mantuvieron en silencio hasta que, al final, salieron a pedir la renuncia del presidente Evo. Es muy probable que al interior hubiera división, y todavía la haya. Las Fuerzas Armadas tuvieron varias horas de desconcierto, sin querer aprovecharse del vacío institucional de poder existente, y en ningún momento asumieron el control de las riendas del país. Sin embargo, esto no les exime de responsabilidad porque se fueron acoplando al tsunami golpista. A partir de ahora veremos qué ocurre porque la partida aún no está cerrada en cuanto a su papel en los próximos días y semanas. Hasta el momento, la autoproclamada presidenta ha cambiado al comandante de las Fuerzas Armadas, lo cual quiere decir que no se fía del anterior ni de la ascendencia de éste sobre otros mandos intermedios.

7. Ciertos medios de comunicación

Jamás pueden faltar en cada golpe. Son claves para construir el marco de referencia antes, durante y después. Uno de los principales responsables en esta tarea en Bolivia es Página Siete. Un ejemplo es suficiente para demostrar cuál fue su forma de generar el máximo nivel de zozobra: desde la noche de las elecciones hasta 48 horas después, sostuvo en su portal como entrada principal el resultado de una encuestadora privada, Viaciencia, que daba sólo 4 puntos a favor de Evo para instalar la idea del fraude a pesar que ya había sido publicado oficialmente el cómputo preliminar y definitivo. Este medio siempre fue el máximo exponente del marco del fraude, antes y después, defendiendo el desconocimiento de los resultados desde el inicio y saliendo rápidamente a avalar la transición no democrática. Además, hay otros actores involucrados. No podemos obviar el rol del “periodista” Carlos Valverde, quién en la previa del referéndum del 2016, fue responsable de la campaña sucia en base al “caso Zapata”, orientada a erosionar la imagen de Evo Morales.

8. Los actores económicos

Los grandes empresarios del país se enriquecieron mucho en el ciclo largo de bonanza económica. Es por ello que esta vez no está tan claro que este golpe de Estado tenga su raíz en su posición en contra del modelo económico boliviano. El eje explicativo central de este golpe definitivamente reside en el racismo que posee una clase boliviana que no acepta a lo indígena, esencia de un Estado Plurinacional. Sin embargo, los grandes grupos económicos del país tampoco están ajenos a esta cuota de desprecio por todo lo que tenga que ver con lo indígena. Es por ello que, seguramente, buena parte de los grandes empresarios del país hayan estado dubitativos entre aceptar la dirección indígena que le garantiza un proyecto económico estable y altamente rentable para ellos, o participar en este golpe a favor de dirigentes que sólo saben ser violentos en las calles.

9. Los oportunistas de siempre

No falta el títere de turno que siempre quiere la foto como presidente, aunque sea en condición de autoproclamado. Esta vez este papel, a lo Guaidó, lo desempeña la opositora Jeanine Áñez, que obtuvo algo menos de 50.000 votos para alcanzar su banca de senadora. De todas formas, lo que es seguro es que ella, a pesar que se auto promulgue y algunos otros lo repitan, jamás será la Presidenta del país. 

*Director CELAG

17 de noviembre de 2019

Opinión

El odio al indio

Por Alvaro García Linera

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios. Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman “collas”, que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que “hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz. Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota. La OEA habló de “elecciones limpias” pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba. Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides. Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares. Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas. Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008. Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial. No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional. Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial. Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo?¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral?

Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media”, medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales. Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes. Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

Publicado en celag.org

Denuncian que la OEA ‘fabricó’

el informe de un supuesto

fraude electoral en Bolivia

Ese informe sirvió de base y de coartada a los opositores al expresidente Evo Morales para forzar su salida del poder.

16 NOVIEMBRE, 2019

El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), una institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina, ha publicado un artículo en el que denuncia que la Organización de Estados Americanos (OEA) fabricó el informe que denunciaba el fraude electoral en Bolivia. Ese informe sirvió de base y de coartada a los opositores al expresidente Evo Morales que perpetraron el Golpe en Bolivia.

«Los hallazgos del análisis nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto fraude al que aludió el secretario general», se puede leer en el artículo de CELAG.

CELAG asegura en otro momento: «La OEA elaboró un informe cuestionable para inducir en la opinión pública una deducción falsa: que el incremento de la brecha a favor de Evo Morales en el tramo final del conteo fuera ampliándose por causas fraudulentas y no por las características sociopolíticas y las dinámicas de comportamiento electoral que se dan entre el mundo rural y el urbano en Bolivia».

Estas ​y otras afirmaciones cuestionables «nos permiten afirmar que el informe preliminar de la OEA no aporta prueba alguna que pudiera resultar definitiva para demostrar el supuesto fraude».

Fuente: Publico.es

Brutal represión en Cochabamba

deja muertos y heridos

Videos difundidos por las redes sociales muestran la magnitud de la represión contra campesinos por parte de militares y policías

17 noviembre 2019

Al menos cuatro campesinos murieron este viernes en graves enfrentamientos con policías y militares en el departamento de Cochabamba (centro) en el marco de las protestas contra el gobierno de facto de Jeanine Áñez.

«La marcha ha sido atacada con gases y también con armas de fuego, sin provocación de los cocaleros», indicó a los medios Gualberto Ariste, dirigente de las Federaciones del Trópico de Cochabamba y secretario de comunicación del Movimiento al Socialismo (MAS), quien también confirmó que hay cuatro muertos jóvenes y decenas en el enfrentamiento.

Según imágenes a las que tuvo acceso Sputnik, cuatro campesinos murieron y se registraron decenas de heridos entre los manifestantes y algunos militares. Videos difundidos por las redes sociales muestran la brutalidad de la represión en Cochabamba, asi como los cuerpos de los trabajadores muertos

Para ver el video tocar la imágen

La represión se produjo luego de que un grupo intentara traspasar el cordón dispuesto en el puente Huayllani, en la región de Sacaba, en los ingresos a la convulsionada ciudad de Cochabamba.

Luego de varios minutos de negociación, la fila de militares disparó gases lacrimógenos y logró dispersar a la multitud que con banderas wiphala y de Bolivia se lanzó a correr en todas las direcciones.

La movilización finalmente reprimida fue en el marco de un bloqueo de caminos dispuesto por el Pacto de Unidad, grupo de organizaciones sindicales indígenas campesinas, que entre otras cosas, exigen la renuncia de la presidenta de facto, Jeanine Áñez, y comenzaron a ocasionar desabastecimiento de combustibles y alimentos en las urbes.

Promete más represión

Por su parte, la autoproclamada presidenta de facto, Jeanine Áñez, anunció  que dictará «medida constitucionales» para enfrentar a los que denunció como «grupos subversivos armados», que estarían detrás de la persistente ola de protestas contra el reciente cambio de gobierno en el país.

Para ver el video tocar la imágen

Vamos a asumir medidas constitucionales que nos permitan restaurar el orden público y el normal desarrollo de la actividad económica para entregar después de nuestro mandato un Estado viable y con posibilidades de desarrollo», dijo Áñez en una declaración en el Palacio de Gobierno, a la que se presentó acompañada por su gabinete de ministros y los altos mandos militar y policial.

Para ver el video tocar la imágen

Sigue