Dos opiniones sobre militares

Dos artículos de “Caras y Caretas” – Uruguay, con opiniones sobre los militares

El descabezamiento militar

como primer paso

POR EMILIO CAFASSI 

6 ABRIL, 2019

El sábado pasado leí con sorpresa el artículo de Leonardo Haberkorn en el diario El Observador que alertó al presidente uruguayo Tabaré Vázquez, derivando en la destitución de la mitad de los generales del país, el ministro y el viceministro de Defensa, una medida que merece el mayor de los respaldos. Trato de estar al día con toda la prensa, pero haber accedido se debió a cierta casualidad producto de los vertiginosos cambios (nada convergentes) en respuesta a la crisis que está atravesando la prensa del mundo entero. Hace muy poco me suscribí a los envíos de ese y otros diarios que tienen idéntica política y me llegan los textos por mail. Como resulta imposible leer la totalidad, abro los artículos en función del interés que sus titulares, autores o temáticas me susciten.

Alarmado, reenvié el link a uno de mis lectores fieles y recurrentes con los que he ido forjando una amistad. Son estas experiencias que a través de las redes y las formas de comunicación digital permiten mitigar parcialmente la soledad en la que inevitablemente se desarrolla la escritura. Este amigo, que presta una particular atención a la temática de los DDHH, es de la ciudad de Paso de los Toros, así que además de esa permanente preocupación suma actualmente la de la instalación de la segunda megafábrica de pasta celulosa de la empresa UPM.

Su respuesta fue que en su muro había aún más información. Particularmente un texto firmado por Néstor Curbelo en el que se pregunta por quién puede haberle entregado al periodista Haberkorn (a quien caracteriza como operador de la derecha) las actas del Tribunal de Honor Militar que bien podría llamarse tribunal de horror. Descartando que se trate del propio tribunal, tanto como del Ministerio de Defensa, su hipótesis es que el propio criminal Gavazzo, quien confiesa ante el tribunal haber hecho desaparecer al militante Roberto Gomensoro, resultó la fuente, fundamentalmente para intentar generar divisiones al interior del Frente Amplio (FA) y particularmente desmontar cualquier simpatía o relación que pudiera haber entre las FFAA y el gobierno. O a lo sumo tensar más aún la rispidez.

De algún modo, el fallecimiento del anterior ministro de Defensa, el histórico dirigente tupamaro y rehén de la dictadura, Eleuterio Fernández Huidobro (el Ñato), devolvió la tradicional política de lucha por la memoria, la verdad y la justicia que fueron y siguen siendo ejes irrenunciables del frenteamplismo. Sin haber sido amigo del Ñato, aunque sí compañero de militancia y colega en las contratapas del diario La República (él los jueves y yo los domingos) intercambiamos mails y debates en los que particularmente destacaba su visión -previa a la asunción como ministro- de una modernización y mirada estratégica del problema de la defensa. Sin embargo, al asumir abandonó estas agudas preocupaciones reflejadas con su sensible pluma para proponerse la loable, aunque en mi opinión ingenua e inviable, tarea de ganar políticamente a la oficialidad de las FFAA. Pero peor aún es que, a pesar de sus buenas intenciones que no pongo en duda, lo hiciera al costo de confrontar con los organismos de DDHH (y con el programa frentista) lanzando toda clase de exabruptos y absurdas acusaciones. De algún modo, el artículo de El Observador intenta reavivar en el FA la polémica y divisionismo del período de gestión del Ñato en Defensa.

Cierto es que el FA no ha mostrado aún capacidad para elaborar una política de defensa eficaz, coherente y doblemente civilizada (es decir, basada prioritariamente en civiles y en la igualdad ante la ley de toda ciudadanía), aunque es completamente coherente y defendible su postura en el plano de los DDHH. Pero el resultado no es exclusivamente el FA, sino, además de la cobardía cívica de no haber derogado por democracia directa la aberrante ley de Caducidad, la propia justicia que por el artículo 4° podría investigar a fondo tanto los crímenes de las fuerzas represivas, cuanto las complicidades y apoyos de los civiles que están excluidos de ese engendro jurídico de defensa de la barbarie (y reforzados cuando se trate de provecho económico como explicita el inciso B del art. 2).

Pero hay otra pregunta subyacente cuya respuesta (que no pretendo agotar aquí) podría guiar la elaboración de una futura política de defensa: ¿por qué integrantes de una institución que por razones generacionales no participaron en hechos aberrantes o simplemente delictivos se solidarizarían con verdaderos monstruos, apoyarían su impunidad y contribuirían al ocultamiento de los peores crímenes? Porque también son monstruos aunque no ejecutaron esas formas tan aberrantes de criminalidad. Porque comparten la metodología, fueron formados para ello, como son formados aún hoy, a pesar de los cosméticos cambios del programa de estudios que el Ñato impulsó. Como sostuve recientemente en este medio ante la destitución del anterior comandante en jefe del Ejército, Manini Ríos, ¿cuál es la razón para que los adolescentes que quieran dedicarse a la defensa estudien matemáticas, lengua, historia, geografía, etc, separados del resto de los liceales? Y otro tanto con la universidad. ¿Qué mejor institución que esa para preparar el dictado de materias técnicas específicas si fueran necesarias?

Reitero que hizo muy bien el presidente Vázquez en descabezar a buena parte de la cúpula del Ejército y probablemente tenga que profundizar cuando el nuevo ministro Bayardi lo ponga al tanto de la real situación. Pero también revisar las responsabilidades políticas de quienes no le advirtieron la gravedad de las confesiones y la demora en enviar el caso a la Justicia.

 

[us_separator size=”huge” thick=”5″ color=”primary”]

Ratas: un ejército sin honor

Por Enrique Ortega Salinas.

8 ABRIL, 2019

Varias cosas han quedado claras esta semana y la primera es que Tabaré gobierna mejor cuando se calienta. En ese momento es cuando hace o dice las cosas que muchos le reclamamos desesperadamente. La segunda es que el Ejército carece de honor, dignidad y valentía, ya que si esa institución considera que un criminal como Nino Gavazzo no afectó el honor de la misma, es porque está de acuerdo con sus violaciones, torturas, desapariciones, secuestros y homicidios; y un civil que permite esto es, por lo menos, un incapaz.

La única explicación para las aberrantes conclusiones del Tribunal de Honor y del Tribunal de Alzada es que el militar tenía a sus integrantes agarrados de las pelotas o, dicho de manera formal, sabía más de quienes lo juzgaban que ellos mismos. Cada lector se quedará con la versión que mejor le explique lo sucedido; pero no veo otra.

La tercera cosa que ha quedado bien clara es que, pese a algunas omisiones propias o de su equipo, Tabaré es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, las cuales le deben obediencia, y que no le temblará el pulso cuando considere que debe hacer caer otras cabecitas. Aquellos militares quienes, como Manini Ríos, deseen hacer política podrán hacerlo con total libertad; pero primero deberán irse de la institución y no usarla para hacer proselitismo.

El Ejército sigue estando atado a las concepciones mafiosas de los criminales golpistas, con una deformación enfermiza y artera del concepto de “espíritu de cuerpo” y la “obediencia debida”; pero eso es culpa enterita del propio Frente Amplio por su extremada lentitud en redactar y aprobar una nueva Ley Orgánica Militar y su falta de coraje para abolir el Liceo Militar, fuente generadora de gérmenes fascistas, y usar sus instalaciones y recursos para crear un liceo normal, donde se eduque para la paz y no para la guerra.

Entiendo que no era fácil; pero Tabaré también es responsable por no haber hecho una depuración de las Fuerzas Armadas en su primer gobierno, cuando contaba con un apoyo popular superior al actual y el poder que ello implica, incluyendo mayoría parlamentaria.

Un ejército sin honor y sin coraje no debe existir; y el nuestro ha demostrado carecer de ambas cosas. El coraje no solo es el que se necesita en el campo de batalla, arriesgando la vida para defender a la patria, sino para detener y llevar ante la Justicia a quienes, portando el mismo uniforme, violan la Constitución que juraron defender. Coraje para decir dónde tienen enterradas a sus víctimas, aunque algunos camaradas los amenacen por violar la omertá, ese pacto de silencio mafioso que siguen acatando.

Ojos bien abiertos

Ya que comenzamos criticando por casa antes de visitar a otras tiendas con la factura correspondiente, también ha quedado claro que el equipo de Tabaré no le ha cubierto las espaldas como debería. Un presidente no puede, porque es humanamente imposible, leer a fondo todo lo que firma, por lo que debe hacer confianza en sus laderos, los cuales han de resumirle lo que va a firmar; pero lo cierto es que se han constatado fallas graves que han dejado a Tabaré en falsa escuadra más de una vez. El mismo diario El Observador (al cual varias veces criticamos; pero ahora nos toca felicitar por la excelente labor periodística realizada sobre el tema) nos recuerda que: “El Presidente tiene las espaldas mal cubiertas y no solo en Defensa. El 7 de enero Presidencia emitió un decreto con la firma de Vázquez y el ministro de Industria Guillermo Moncecchi que expropia unos padrones en la quinta sección de Durazno para un proyecto de UTE que el propio Poder Ejecutivo ya había decidido suspender”.

El mismo ministro aclaró luego que la firma del documento obedeció a un error; cosa que hemos traído a colación porque ahora se critica a Tabaré por haber nombrado a José González El Breve como comandante del Ejército, pese a que integró el Tribunal de Honor que consideró que los crímenes confesados por el psicópata Nino Gavazzo no afectaban el honor de la institución, y firmar el expediente donde hay cosas que no vio.

Nadie pretende que el presidente leyera el expediente de pe a pa, pero alguien, ya fuera el ministro de Defensa, como el subsecretario de la cartera o el secretario de Presidencia Miguel Ángel Toma, debió advertirle de que en su interior figuraban declaraciones como las que ahora todos conocemos, lo cual, de acuerdo al artículo 77 del Decreto 55/985, obligaba a detener las actuaciones y pasar todo de inmediato al superior correspondiente, en este caso, al ministro de Defensa y este al presidente.

Jorge Menéndez había pedido la renuncia debido a su estado de salud y el presidente no se la aceptó sino hasta que la bomba explotó. Sea quien sea el responsable, el presidente terminó plasmando su firma en un documento infame.

Así actuaban

No es la primera vez que Tabaré confía en alguien que lo deja mal parado, y si para muestra basta un botón, recordemos el caso del general (r) Pedro Barneix, que se suicidó cuando un policía llegó a su casa para conducirlo a un juzgado donde se le procesó por el homicidio político de Aldo Perrini en 1974.

En la repartición donde se desempeñaba Barneix se torturaba y se violaba a las detenidas al lado de sus compañeros. Aldo, esposado y encapuchado, trataba de frenar los abusos a sus compañeras insultando a los militares, los cuales se ensañaron contra él y lo torturaron hasta matarlo.

Vale la pena citar aquí un breve fragmento del expediente para recordar a quien le hiciera falta cómo actuaban estos criminales uniformados: «Durante los días de plantón, los hombres eran golpeados y las mujeres eran reiteradamente sometidas a tratos degradantes por personal del Batallón, tales como obligarlas a permanecer de pie desnudas, manosearlas, tocarles la zona genital y apretarles los pezones, llegando incluso a la violación. Todas las testigos que declararon en autos afirmaron haber sido víctimas de violación por parte de los militares. Tales acciones ocurrían frente al resto de sus compañeros que, si bien tenían los ojos vendados, escuchaban las palabras humillantes de los agresores y los gritos de las víctimas.

Cuando Barneix se voló la cabeza, el presidente del Centro Militar, coronel (r) Guillermo Cedrés se quejó de que se estaban “agitando fantasmas del pasado” y “creando muertos en el presente”. «A esta altura de la vida asumir una condena es asumir cadena perpetua. La Justicia penal es muy difícil, es una máquina de picar carne», agregó ante la prensa.

Estos sujetos son increíbles; lloran como Magdalenas cuando les toca enfrentar a la Justicia por sus crímenes y olvidan cuando ellos la ejercían sin considerar las garantías del debido proceso penal con que la democracia los trata hoy. Nadie los tortura, nadie los viola, nadie los mata; pero son tan sádicos con sus víctimas indefensas como cobardes a la hora de asumir sus responsabilidades.

El hecho es que Barneix, junto al general Carlos Díaz, integró una comisión interna del Ejército para investigar el destino de los detenidos desaparecidos durante la dictadura. Para designarlo en tal misión, Tabaré aceptó la sugerencia del entonces comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti.

La pregunta es: ¿a quién se le podía ocurrir nombrar a Barneix para investigar lo que él mismo y sus cómplices habían hecho?

Mentirosos

Tanto Manini el Candidato como González el Breve, le han mentido descaradamente a los uruguayos en entrevistas y videos donde el primero afirma que nadie le puede acusar de haber encubierto o protegido a un violador de derechos humanos y el segundo afirma su respeto y obediencia a las instituciones y al Estado de derecho. Tales expresiones se contradicen de manera flagrante con sus avales, como comandantes del Ejército, a lo actuado por el Tribunal de Honor y el Tribunal de Honor de Alzada, ya que tomaron conocimiento de las declaraciones de Nino Gavazzo y Jorge Silveira y no comunicaron los crímenes confesados ni a la Justicia ni al ministro.

El 12 de marzo, Vázquez había cesado a Guido Manini Ríos por sus declaraciones sobre los fallos judiciales, algo que todo el Frente Amplio le venía exigiendo desde hacía mucho tiempo. En cuanto a González, Tabaré tendría que haberlo corrido el mismo día en que asumió el cargo de comandante en jefe, ya que dedicó buena parte de su discurso a ensalzar, avalar y adular a su antecesor, asegurando a la tropa que todo seguiría por el mismo rumbo marcado por aquel, lo cual en la jerga mafiosa militar significa: “Tranquilos; seguiremos defendiendo a los buenos muchachos”.

Quizá semejante alcahuetería obedeciera a que José González, previendo un triunfo del Partido Nacional, también especulaba con que Manini Ríos sería el próximo ministro de Defensa. Se quedará con las ganas, porque luego de esto el candidato bajó 40 escalones de un plumazo.

Descaro

Es increíble ver a referentes del Partido Nacional y de su socio político, el Partido Colorado, dar clases de corrección, responsabilidad política e institucional cuando fueron ellos los que sellaron la impunidad de criminales como estos con la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado.

Al consultar a Luis Lacalle Pou sobre lo decidido por el presidente, comentó: “Por una investigación periodística nos enteramos de la confirmación de hechos aberrantes que ocurrieron en nuestro país”.

Alguien tendría que informar a este muchacho (de a poco, para que no se traume) que los múltiples crímenes por los cuales han sido juzgados Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Ernesto Ramas y Luis Maurente son solo una ínfima parte de los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas, antes, durante y después de la dictadura (1973-1985) y que fue “su” partido el que redactó la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, la cual aseguró la impunidad de los torturadores, violadores y asesinos.

Gavazzo confesó, entre otras “hazañas” haber arrojado al río Negro el cuerpo del torturado y asesinado Roberto Gomensoro; pero también se reflotó el homicidio de otro secuestrado en un cuartel, cuando Nino Gavazzo le arrojó una bomba lacrimógena en una habitación cerrada.

En cuanto a Sanguinetti, no solo puso al general Hugo Medina como ministro de Defensa en 1987 para asegurar dicha impunidad, sino que complotó con los dueños de los canales más poderosos para evitar que un video de Sara Méndez saliera al aire durante la campaña por la derogación de la ley más infame de nuestra historia. Con ello pagó a los militares el favor de facilitarle todos los medios para que ganara las elecciones en 1984, mientras que los canales montevideanos le cobraban entre tres y cinco veces más cara la publicidad al Frente Amplio con respecto al Partido Colorado.

Sanguinetti, incluso, violó la misma ley de impunidad al no hacer nada para averiguar el destino de los detenidos desaparecidos, lo que exigía el artículo 4to.

¿Y ahora?

Llegó el momento de hacer lo que hay que hacer. Ya veremos quiénes tienen responsabilidades políticas u omisiones administrativas; pero todo lo sucedido debe ser un latigazo que apure a nuestros legisladores a cumplir con sus obligaciones.

Ante todo, debemos cerrar filas en torno a Tabaré, porque más allá de algunos detalles que criticamos, el Frente Amplio ha sido el único que ha hecho algo para que tengamos un poco, al menos un poco, de justicia.

Hay que salir a la calle para recordarles a todos los uruguayos los crímenes cometidos por el Estado, no solo en dictadura, sino bajo el régimen de Julio María Sanguinetti.

En pocos meses, la ciudadanía tendrá la oportunidad de dar el voto o no a los partidos que defendieron y defienden a asesinos, violadores y torturadores.

Ahí sabremos si sentir orgullo o vergüenza del pueblo oriental.