En el 20 de mayo del 2017

En el 20 de mayo del 2017-“Responsabilidad del Estado. Ayer y hoy” 

Responsabilidad del Estado

Mariana Mota

La Marcha del Silencio que se realizará esta noche tiene como consigna “Impunidad; responsabilidad del Estado ayer y hoy”. Las razones que dieron origen a esta marcha perduran desde entonces: la búsqueda y hallazgo de los detenidos desaparecidos. Pero con el correr de los años esta demanda se fue ampliando en dirección a exigir al Estado que asuma su responsabilidad respecto de las violaciones a los derechos humanos en la época de la dictadura, y ahora también exigiendo igual cumplimiento de los derechos humanos en democracia.

La Constitución reconoce, en su artículo 7º, los derechos humanos como inherentes a la persona, y agrega que es función esencial del Estado promover y garantizar el pleno ejercicio de estos. Cuando se habla de crímenes de Estado, se indica que es el Estado, a través de sus funcionarios, el que, en lugar de tutelarlos, ha vulnerado los derechos fundamentales de los habitantes del país.

Por eso, es indiscutible que las graves vulneraciones producidas durante la dictadura constituyen una actuación indebida, ilegítima; constitutiva, en sus formas más graves, de delitos de lesa humanidad.

Es deber del Estado no sólo asumir y reconocer que tales quebrantamientos se produjeron sino organizar sus funciones conforme el mandato constitucional, es decir, protegiendo y garantizando el goce de los derechos humanos.

Dentro de ese deber se encuentra desarrollar una actuación decidida e inequívoca en dirección a reconocer las ilicitudes y a impulsar acciones reparatorias de los daños cometidos. Pero esa actuación debe desplegarse en relación a todo el Estado, respecto de todos sus organismos. No se cumple solamente habilitando a la Justicia a investigar. Porque esa actuación jurisdiccional, que es una de las funciones del Estado, no lo representa totalmente en esta responsabilidad reclamada. Otros organismos deben actuar en coordinación. Y esta actuación no se satisface alegando simplemente disposición en la medida de sus posibilidades.

La responsabilidad estatal sólo se asume cabalmente con un proceder proactivo que responda a la asunción del protagonismo que ha tenido en aquella actuación ilegal. Exigiendo una actuación decidida, comprometida, en los integrantes de cada organismo estatal para revisar el proceder del Estado en tiempos de dictadura, identificando las acciones que facilitaron las violaciones a los derechos humanos, revelando dichas actuaciones ilegítimas y ejecutando las medidas necesarias para efectuar los cambios necesarios para fortalecer la actividad debida.

Para alcanzar el grado de vulneración masiva de derechos como la que se vivió, se requirió de la actuación de todos los organismos del Estado. Será entonces necesario, para asumir esa responsabilidad y cumplir con la reparación de aquellas conductas ilegítimas, que se reconozca, identifique y corrija cada una de tales acciones, lo que no basta con un reconocimiento genérico, sino con una actuación que vaya necesariamente en sentido contrario al recorrido que se transitó cuando se violaron los derechos.

El Estado no ha transitado por ese camino. Pasada la dictadura, los años siguientes fueron de negación de todo tipo de responsabilidad, pretendiendo atribuir las denunciadas conductas ilícitas a personas individuales, sin considerar sus calidades de funcionarios públicos cuando ocurrieron los hechos ni la aquiescencia estatal en relación a esas actuaciones.

La posterior admisión de la existencia de detenidos desaparecidos tampoco fue en línea con la asunción de responsabilidad estatal, pues se siguió particularizando en algunos organismos como los únicos que actuaron al margen de la ley y que avasallaron las funciones confiadas.

La actuación ulterior del Poder Judicial en la tramitación de causas iniciadas por las denuncias de las víctimas y sus familiares sigue dejando al Estado al margen de toda responsabilidad, relegando su resolución a la actividad jurisdiccional, como si fueran meros delitos particulares. Continúa tratándose como fenómeno que sólo interesa a un grupo de individuos, excluyendo al Estado como principal responsable.

Ayer y hoy, el Estado elude su responsabilidad desde todos sus organismos.

No es un asunto sólo del Poder Judicial, ni se trata de resolver denuncias judiciales, con la particular lentitud en que se tramitan a pesar de haber sido severamente postergadas por la denegación de justicia que significó la vigencia de la ley de caducidad. No se avanza sin la colaboración decidida y efectiva de todos los organismos públicos. Tal actuación no sólo debe exigirse y brindarse desde las jerarquías de dichos organismos hacia el interior de estos, sino que también debe entenderse como una tarea del Estado en su conjunto, coordinando con otros órganos que también asuman ese cometido. No es posible que el Estado siga depositando en las víctimas la tarea de denunciar hechos que, por su gravedad, debieron ser accionados por el Estado. Ni que se espere que las víctimas resuelvan los problemas en la búsqueda de la prueba y luego aporten las formas en que esta puede ser analizada. No es correcto tampoco que sean las víctimas quienes deban costear los gastos de las defensas letradas y que, si carecen de recursos, tal circunstancia se transforme en un obstáculo para el acceso a la justicia.

El artículo 332 de la Constitución indica que los deberes de las autoridades públicas no pueden dejar de cumplirse invocando la falta de reglamentación, siendo claro que la administración tiene como función principal la de proteger y amparar a los individuos en el pleno goce de sus derechos. Por ello, no puede escudarse ningún organismo ni funcionario estatal en alegar que tales tareas no se encuentran dentro de los cometidos del Estado. Tampoco la grave vulneración a los derechos humanos estaba dentro de los cometidos, y sin embargo se cometieron en forma sistemática.

Entendiendo la política pública como aquel conjunto de objetivos que adopta un gobierno en relación a un tema, y considerando que para llevar a cabo tales políticas se destinan recursos, se adoptan decisiones, se producen y llevan adelante programas, se dictan órdenes ejecutivas, decisiones administrativas, etcétera, resulta forzoso concluir que el Estado no ha adoptado todavía, a más de 30 años de finalizada la dictadura, una clara política pública en torno al abordaje de su responsabilidad frente a su actuación ilegítima de antaño.

Este actuar equívoco se traduce en que se conforma un grupo dedicado al tema y se designa a sus integrantes, pero luego no se acompaña esta decisión otorgando las correspondientes herramientas para que ese trabajo sea efectivo, por ejemplo, dotándolo de investigadores para que puedan analizar las pruebas reunidas.

Por una parte, se afirma que se hará todo lo necesario para alcanzar la verdad y lograr la justicia, y ello no va en sintonía con las decisiones ejecutivas que permitan que los organismos directamente involucrados en el tema colaboren directa y efectivamente con las investigaciones.

Y se alega que se protegen los derechos humanos de todos y todas, pero luego no se actúa en consecuencia cuando se producen amenazas de grupos que, desde el anonimato, pretenden socavar las actuaciones que se vienen llevando adelante.

Claramente, la falta de un mensaje claro y una actuación consecuente en relación a la voluntad de revisar la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de estas graves violaciones facilita la instalación de obstáculos y la pervivencia de expresiones que van en sentido absolutamente contrario a la declarada voluntad política.

La responsabilidad del Estado, además, no sólo se debe expresar dando respuesta a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos sino también en relación a toda la sociedad, puesto que esta tiene derecho a saber lo ocurrido, reconstruyendo su pasado, reparando y modificando conductas, para evitar la producción de nuevas vulneraciones.

Mientras no se aborde este pasado en su integridad, las víctimas y sus familiares seguirán siendo una parte excluida de la sociedad, partícipes únicos de un conflicto que parece haberse producido entre sectores aislados, del que la sociedad y aun el Estado se presentan como espectadores.

La falta de análisis global de los hechos del pasado, excluyéndose el Estado del papel principal que le cupo en tales actuaciones, lleva a consolidar una imagen pobre de autoridad estatal, sin fuerza convictiva frente a la sociedad para exigir mejores y adecuadas conductas a las personas en relación a sus semejantes y frente a la administración estatal.

Esta Marcha del Silencio vuelve a reclamar, además de los postulados por los que se convoca, que el Estado asuma su rol de garante de los derechos humanos, que se traduce no sólo en proteger el goce de estos por los individuos sino también en ser garante de que su propia actuación, a través de sus diversos organismos, cumpla a cabalidad con las funciones que se le han asignado.

 

 

 

Con acusaciones a los gobiernos, incluyendo a los del FA, miles reclamaron avances en la búsqueda de desaparecidos

Amanda Muñoz

15, 20 minutos antes de que empezara la marcha, todo estaba en su curso habitual en la principal avenida de Montevideo. La gente y los vehículos iban y venían, como siempre. Era difícil sospechar el imaginable luto que inundaría poco después las calles, el dolor penetrante de la gente que marcha cada 20 de mayo, desde hace 22 años, pidiendo, con un silencio a gritos, el fin de la impunidad.

La consigna de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos para esta marcha fue “Impunidad: responsabilidad del Estado. Ayer y hoy”. “Claro que sabemos más, que hay unos 30 militares presos por estos crímenes y que ha habido iniciativas y esfuerzos por todo el país en acciones de memoria y reparación […] Pero hay un freno que siempre enlentece, retarda u obstaculiza los avances”, decía el comunicado de Familiares, que le pidió al Estado “más acciones, más investigación y avances”. La organización detalló algunas incongruencias: “A 40 años, no podemos continuar con secretos en manos de las fuerzas que nos reprimieron, que nos robaron la vida de tantos compañeros, que nos atemorizaron, que nos hicieron huir de nuestro país. No podemos aceptar más sus privilegios (legales, salariales, jubilatorios). Ni tampoco sus declaraciones reivindicando la tortura, ni sus ‘comandos Barneix’, ni sus robos de los materiales que los incriminan, ni su vigilancia en democracia (como da muestra el archivo Castiglioni). Ese accionar sin consecuencias cuestiona los avances de estos años”, sentencia.

En la marcha hubo mensajes muy directos, como una pancarta que decía “Los responsables de la impunidad silencian la verdad”, acompañada por fotos de los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle, Jorge Batlle y José Mujica, y del presidente Tabaré Vázquez. Iba junto con otra pancarta que preguntaba: “¿Qué poderosos intereses mantienen un país sin memoria ni justicia?”.

“Una vergüenza”

“Siempre tenemos ese cacho de esperanza, de expectativa, que nos hace seguir, y vamos a seguir”, comentó a la diaria Óscar Urtasún, de Familiares, hermano de José Luis Urtasún, militante del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN-T) secuestrado en Buenos Aires en agosto de 1978. ¿Qué sentido tiene marchar? “Es político, pero es ideológico, es filosófico, y lo precisamos. No los desaparecidos, nosotros lo precisamos, tenemos que dejar todo. Yo tengo un hermano desaparecido; crecí con él y no puedo dejarlo solo, no puedo, más allá de mis convicciones políticas”, relató mientras daba los primeros pasos de la marcha. A título personal, Urtasún catalogó de “lamentable” la situación actual: “Es una vergüenza el Poder Judicial. Al Poder Legislativo nunca le interesó mucho este tema, nunca hizo nada. Y el Poder Ejecutivo juega a la política, y en la política parece ser que lo que da dividendos sirve, mientras que lo que no da dividendos no sirve”. Pidió “ser radical” para ir a las raíces y responder “por qué no aparecen, por qué los milicos siguen con ese pacto de silencio, por qué no se toman medidas”. Reprobó que el MLN-T casi no haya participado en el referéndum de 1989 para anular la Ley de Caducidad, y que haya designado a “lo peor” de sus militantes para esa tarea; del mismo modo, cuestionó al fallecido ex ministro de Defensa Nacional Eleuterio Fernández Huidobro, y dijo que ya estaba todo dicho sobre él cuando lo agarraron los militares y le dijo “al milico”: “No tires que soy yo”. “A los traidores hay que darles”, concluyó.

María Bellizzi, madre de Andrés Humberto Bellizzi, secuestrado en abril de 1977 en Buenos Aires, iba al frente de la marcha, con la foto de su hijo. A sus 92 años, había contado antes las 17 cuadras por las que marcharía. Les pidió a los organizadores que fueran despacio y comentó: “No sé para qué apurarse, si no tenemos que ir a hacer nada después de la marcha”. Marchó por vigésima segunda vez. “La impunidad no ha variado en nada. Yo no tengo muchas esperanzas de que se haga justicia, pero seguimos igual. La marcha es un recuerdo, una memoria interminable, y los jóvenes, por suerte, demuestran mucho interés por la causa. Se avanza poco porque no hay interés. Lo dice la consigna de este año: nunca hubo interés, porque cuando hay un juez que trabaja en investigar algo, ya lo cambian de lugar”, explicó a la diaria. Contó que la causa de su hijo “está trancada”, que una sola vez la llamó el juez Pedro Salazar y que nunca citó al testigo, su socio del taller que tenían en Buenos Aires.

“Un stand by

Entre las marchantes estaba Mariana Zaffaroni, hija de María Emilia Islas y Jorge Zaffaroni, secuestrados en Buenos Aires en setiembre de 1976 junto con ella, de un año y medio, que luego fue apropiada por el represor argentino Miguel Ángel Furci. Destacó que pudo marchar con su marido y sus hijos, con quienes vive en Argentina. “Todos los años seguiremos insistiendo para que se sepa la verdad”, afirmó. Mariana participó en el juicio de la Tercera Corte de Asís, de Roma, donde se desarrolla el juicio por el Plan Cóndor, porque necesita saber qué ocurrió con sus padres. El veredicto, dictado en enero y apelado recientemente, dio cadena perpetua a algunos de los violadores de los derechos humanos en América Latina durante las décadas de 1970 y 1980, pero absolvió a otros 19, entre ellos 13 uruguayos. Mariana comentó que esa sensación de que reina la impunidad no se da sólo en Uruguay. “A nivel internacional se está como en un stand by. Hubo un empuje, pero ahora no veo que se esté moviendo demasiado. Lo que pasó en Italia… Había muchas esperanzas, mucha ilusión de que eso sirviera como guía o como ejemplo, y el resultado no fue el que se esperaba, con lo cual no es lo que nos falta como sociedad, sino, en general, en todo el mundo. No es algo excluyente de Uruguay ni de Argentina: hay una intención, pero después no se llega a demasiado”, evaluó.

“Emocionante”

Al término de la marcha, el senador Rafael Michelini respondió preguntas de la prensa. Dijo que confía en que la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Delitos de Lesa Humanidad, cuya creación cuenta con media sanción, “le va a dar mayor profesionalismo” a la búsqueda. Consultado por la falta de avances, repitió que todo debe hacerse con las garantías del debido proceso. Respondió que no hay mayores avances por todo el tiempo que llevó derribar la Ley de Caducidad -“una pieza jurídica quizás de perfección”-, y dijo que ahora “se puede juzgar con total intensidad”, aunque reconoció que muchos de los represores se van muriendo y que hay menos acceso a pruebas. Consultado por los recursos para mejorar las investigaciones, anunció vagamente que se darán “los que sean necesarios”.

Más que contenta terminó la marcha Elena Zaffaroni, compañera de Luis Eduardo González, secuestrado en su casa, en 1974. Evaluó que la marcha es “emocionante” y saludó las cuadras y cuadras repletas de gente. Dijo que “no sería justo decir que no hay avances desde el 2000 hasta acá”, y comentó que los resultados son lentos y que han sido gracias a la movilización social. Sostuvo que “los reclamos son necesarios para la convivencia del país” y que el hecho de que no ocurra nada con quieres tuvieron “una terrible actuación durante esos años de dictadura genera una educación de que la impunidad está bien y genera una distorsión de valores que es subterránea”. Se preguntó cómo es posible que “un tipo como [Raúl] Mermot, que fue comandante en jefe en democracia, haga declaraciones alentando a sus subordinados, aunque no lo sean ya, a decir que fue válido lo que hicieron”. Valoró que pese a que la jueza desestimó su procesamiento, “importa que un fiscal se animó a decir esto tiene que ser penado con prisión” y dijo que son “pequeños avances que si hubiera otra política que atravesara profundamente todo el Estado, serían mucho mayores”. Además, dijo que es necesario que se alineen todos los poderes del Estado para terminar con la impunidad. “Este tema es de interés de los uruguayos, no es solamente un tema de Familiares; no es un tema del pasado, es un tema que tiene que ver con el hoy, con mejorar en todos los aspectos, con la Justicia, con revisar toda la temática de las Fuerzas Armadas, con revisar toda su participación en el terrorismo de Estado, con todos los organismos represivos”, sintetizó.

 

[us_image_slider ids=”7597,7601,7602,7603,7604,7605,7606,7607,7608,7609,7610,7611,7612,7613,7614″ img_fit=”cover”]