Planes de verano
Documentos desconocidos hasta ahora revelan entretelones de la crisis institucional de febrero de 1973 y aportan nuevos elementos para confirmar que el verdadero golpe se concretó en Boiso Lanza. El enfrentamiento entre el Ejército insubordinado y la Armada leal a las instituciones fue incruento, entre otras cosas porque los insurrectos estaban preparados para dominar los acontecimientos mediante inteligencia, infiltraciones, interferencias, reclutamientos entre el enemigo y un hábil manejo de lo que se llama acción psicológica.
SAMUEL BLIXEN
1° Febrero 2019
Si para el presidente Juan María Bordaberry la firma del decreto respectivo fue la confesión adelantada que facilitaría su procesamiento penal 33 años después, para el Ejército la disolución de las cámaras, el 27 de junio de 1973, fue apenas un desfile militar nocturno de un puñado de generales y coroneles que posaron para la posteridad. Los ecos de las botas que resonaron en el Salón de los Pasos Perdidos esa madrugada no fueron registrados por los senadores y diputados que abandonaron precipitadamente el Palacio Legislativo, algunos de ellos para pasar a la clandestinidad; la mayoría ya se había recogido discretamente en sus casas desde que, poco antes de la medianoche del 26, se difundió el rumor de la última puñalada a las instituciones.
Se ha dicho que el golpe se consumó en varias etapas y se ha dicho que, de hecho, se dio cuatro meses antes, en febrero de 1973. Sólo el carácter simbólico del atropello contra el Parlamento mantuvo esa duda sobre el alcance de los sucesos de febrero. La intención militar de arrebatarle el poder a Bordaberry –y, de yapa, mantener la ficción de una presidencia constitucional– se consagró en febrero, y el “traspaso” del poder quedó debidamente documentado en los acuerdos de Boiso Lanza, cuyos términos fueron dados a conocer con cuentagotas. En ese acuerdo destacan tres elementos: la creación del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena, que en una primera versión era Conase, y la diferencia es significativa), un órgano consultivo donde los militares eran mayoría frente a los funcionarios civiles; la designación de representantes militares en todos los organismos del Estado (cuyo nombramiento era privativo de la Junta de Comandantes en Jefe y que debían responder al Sid, la inteligencia militar, porque el lema clave del golpe fue “seguridad para el desarrollo” y no “desarrollo en seguridad”); y los ascensos de jefes militares, que a partir de entonces serían por selección, es decir, eliminando la posibilidad de que el poder político designara nuevos oficiales (con lo que aquel “colegiado” de generales y coroneles –a diferencia del Chile de Pinochet o la Argentina de Videla– preservaba la intimidad del delicado equilibrio interno de poder).
LA APUESTA A FEBRERO. La determinación de Esteban Cristi, Gregorio Álvarez, Eduardo Zubía y Luis Vicente Queirolo de dar el zarpazo en febrero queda avalada por el contenido de una colección de documentos militares hasta hoy inéditos, que revela el preparativo militar en previsión de resistencia, la cadena de mandos operativos y las acciones desplegadas. Los documentos, la mayoría de los cuales están en su versión manuscrita, abarcan desde lo estrictamente operativo hasta las decisiones político-militares para presionar al poder político, actuar sobre los mandos de la Armada, incentivar las deserciones o desplegar acción psicológica mediante la difusión de comunicados. Aunque formalmente las operaciones culminaron, tal como se comunicó desde la Región Militar número 1 (RM 1), el 14 de febrero, después de que los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea dieran a conocer un último comunicado con los resultados del acuerdo de Boiso Lanza, las medidas de inteligencia y vigilancia continuaron hasta fines de marzo: el 24 de marzo el Ocoa instaló una vigilancia “discreta” en los domicilios del capitán de fragata Bomio, del capitán de navío Batelli, del capitán de corbeta Añón, del capitán de navío Bello y del capitán de navío Risso. A casi dos meses de los episodios, y a pesar de que habían sido recompuestos los mandos de la Armada, persistía el resquemor: un trabajo de inteligencia sobre Fusileros Navales (Fusna) era prácticamente permanente. El informe 17 del Ocoa del 24 de marzo informaba: “El oficial de servicio de Rio (Fusna) solicitó número de operación para un procedimiento antisubversivo”. El Ocoa comunicó al Fusna el número respectivo, pero “se estableció un enlace de control con Cuerda 10”, es decir, el operativo, que culminó con una detención, fue vigilado por un destacamento de Artillería número 5.
El mismo 24 de marzo, el Ocoa dispuso el acuartelamiento de Infantería 1 y Caballería 4; y el informe número 18, emitido a las 2.30 de la madrugada, “dispuso la vigilancia de las siguientes direcciones con un equipo del Regimiento de Caballería 9 por patrullaje discreto”. Las direcciones correspondían al vicepresidente de la República, Jorge Sapelli, a los senadores Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Carlos Julio Pereyra, Washington Beltrán, Justino Carrere Sapriza y al diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. El informe número 20, del mismo día, del grupo operativo del E-II, establecía que “la situación permanece calma y sin novedad alguna (en la zona portuaria). Han sido encendidas nuevamente las luces en el Cuerpo de Fusileros Navales”. Por alguna razón que permanece desconocida, ese sábado 24 de marzo se encendieron las alarmas en el Ejército a propósito de las eventuales reacciones a un comunicado de las Fuerzas Armadas que arremetió contra los políticos, a los que calificaba de corruptos. El informe 23 ordenaba “grabar todas las declaraciones de políticos y realizar un estudio de ellas”.
La insubordinación del Ejército y la Fuerza Aérea y la reacción de la Armada desembocaron en una movilización de fuerzas que podía derivar en un enfrentamiento sangriento entre dos fracciones militares, exponiendo a la población civil. El Ejército dispuso la movilización de todas las unidades de Montevideo con capacidad artillera; y la Armada desplazó los buques de guerra fuera del puerto y los estacionó en posiciones desde donde disparar sus cañones. Tal como surge de la documentación, si los acontecimientos no derivaron en enfrentamientos, ello debe atribuirse a la capacidad del Ejército para realizar actividad de inteligencia, la infiltración en el campo enemigo, el espionaje electrónico, el estímulo para la división del enemigo, el reclutamiento de informantes “aliados” en puestos clave y la posibilidad de anular iniciativas, en especial “golpes de mano”, que evitaron los enfrentamientos. El único enfrenamiento armado registrado fue entre dos fracciones de la Armada, específicamente entre comandantes de dos unidades del área naval del Cerro que intercambiaron disparos.
Fragmento del Informe número 13, 10 de febrero de 1973. Ocoa recoge la información brindada por un informante del área naval del puerto sobre la partida de un transporte de dos toneladas con Fusna, con el objetivo de “prender al C/N (capitán de navío) Márquez. El resto de los fusileros navales montado en vehículos de 2 T. Actitud del personal: agresiva”.
UN CAPITÁN DE NAVÍO. Un elemento clave en el proceso de la crisis fue el reclutamiento del capitán de navío Hugo Márquez, que en ese momento estaba sin destino y que después llegaría a ser comandante de la Armada. Resultó significativo el aporte de Márquez, un oficial desprestigiado, acusado de contrabando, en un movimiento que impulsó la lucha contra la corrupción al punto de romper la institucionalidad. Pero en ese momento Márquez puso a disposición del Ejército su conocimiento sobre la interna de la Armada. El informe número 3 del Ocoa, del 9 de febrero, consigna la información entregada por Márquez sobre la situación de los buques de guerra. Destacaba que el destructor Uruguay se situó en el antepuerto, mientras que el Artigas permanecía a muros, sin máquinas; el tenderredes Huracán estaba en el dique y el barreminas Pedro Campbell estaba ubicado frente al Templo Inglés. Márquez desconocía la ubicación de los guardacostas Maldonado y Salto, y de las lanchas PM 10, 11 y 12. Según Márquez, el destructor Artigas y el tenderredes Huracán eran “favorables” (al Ejército).
Otro informe atribuido al capitán de navío Márquez daba cuenta de las reuniones periódicas en el tercer piso de la Prefectura. Los participantes fueron identificados como el capitán de corbeta Mondemurra, el capitán de fragata Milton Laenz, el capitán Nelson Costa, el capitán de fragata Antonio Fígoli, y los capitanes de corbeta Añón, Ibarra y Martínez. Todos, según el informe, calificaban de “traidores” a los marinos disidentes.
El informe número 13 del Ocoa, del día 10, recoge la información brindada por un informante del área naval del puerto sobre la partida de un transporte de dos toneladas con Fusna, con el objetivo de “prender al C/N (comandante de navío) Márquez. El resto de los fusileros navales montado en vehículos de 2 T. Actitud del personal: agresiva”. Inmediatamente, el comando de la RM 1 ordenó al mayor Winston Puñales que impidiera la detención de Márquez, que se encontraba en la zona del Cerro. Se dispuso que un equipo de la RM 1, con un oficial y cuatro soldados, más las cuerdas 9 y 9A, del Grupo de Artillería 1, se apostaran en Carlos María Ramírez, sobre el puente del Pantanoso. Y otro informante adelantaba que la Prefectura Nacional Naval se cambiaba de bando.
Al igual que los informantes, las capturas de emisiones de radio permitieron adoptar medidas con antelación. El conocimiento sobre la misión de un grupo de la Armada (seis marineros y un oficial) que debía sabotear los servicios de luz y teléfonos en la capital permitió disponer guardias y patrullajes en las diferentes subestaciones de Ute. Otra captura facilitó el reforzamiento de los destacamentos en el área del Cerro, desplegados para aportar apoyo al comandante y la tripulación del tenderredes Huracán, cuando grupos de Fusna recibieron la orden de atacar las posiciones de los rebeldes. El Huracán fue el primero en plegarse al Ejército y la Fuerza Aérea, debilitando considerablemente la posición de la Armada.
En sólo cuatro días el Ejército logró doblegar al Poder Ejecutivo, anular la resistencia de la Armada e imponer cambios en la relación entre el poder civil y las Fuerzas Armadas, desplazando el centro hacia estas últimas. La imposición del concepto “seguridad en el desarrollo” permitió, a partir de febrero, que el Ejército, fundamentalmente, fuera copando todos los ámbitos de decisión mediante la designación de oficiales de inteligencia en ministerios, entes y organismos descentralizados. Ese copamiento fue total, tanto así que los jefes de Policía de los 19 departamentos (todos coroneles) respondían al Ministerio del Interior, pero eran, antes que nada, delegados del Sid. La eliminación del Parlamento, que permaneció completamente ausente durante la crisis de febrero, fue una cuestión residual en la instalación de la dictadura, que ya había sido prevista en setiembre de 1971, durante el gobierno de Pacheco Areco.
Bibliografía de apoyo
Amesti, Nadia; Braida, Edward; Cardozo, Leonardo; Costabel, Luciano; Sánchez, Sofía y Patiño, Nilo (coord): La estructura de poder militar durante la dictadura. Disponible en www.cruzar.edu.uy
Blixen, Samuel y Patiño, Nilo: Un modelo de guerra sucia. El rol operativo del Ocoa en la represión. Disponible en: www.cruzar.edu.uy
Caetano, Gerardo: “Un credo democrático en tiempos confusos”, prólogo a Febrero amargo, Biblioteca Artigas, 2017.
Colección de documentos sobre el Ocoa, Archivo Berrutti.
Cotelo, Emiliano: entrevista al contralmirante Juan José Zorrilla, en En Perspectiva, febrero de 2009.
Lessa, Alfonso: Estado de guerra. De la gestación del golpe del 73 a la caída de Bordaberry, Fin de Siglo, 2003.
Vasconcellos, Amílcar: Febrero amargo, Biblioteca Artigas, 2017.
Sobre los archivos militares
El conjunto de documentos que permitió este informe sobre el golpe de Estado de febrero de 1973 –y que pueden consultarse en la web de Brecha– fue ubicado y seleccionado entre los cientos de miles de imágenes que conforman los archivos militares y policiales abiertos, en particular el llamado Archivo Berrutti. Son parte de un volumen mayor de documentos referidos al Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa), que permitieron la elaboración de otro informe, del equipo de investigadores del proyecto universitario “Sistematización de archivos militares”.
Documento
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Fríamente calculado
La efectividad operativa del OCOA y el alcance del enfrentamiento dentro de las Fuerzas Armadas.
SAMUEL BLIXEN
1° Febrero 2019
Fragmento del Informe número 18, 24 de marzo de 1973, 2.30 de la madrugada. Ocoa “dispuso la vigilancia de las siguientes direcciones con un equipo del Regimiento de Caballería 9 por patrullaje discreto”. Las direcciones correspondían al vicepresidente de la República, Jorge Sapelli, a los senadores Wilson Ferreira Aldunate, Zelmar Michelini, Amílcar Vasconcellos, Carlos Julio Pereyra, Washington Beltrán, Justino Carrere Sapriza y al diputado Héctor Gutiérrez Ruiz
Con el golpe de febrero de 1973 el Organismo Coordinador de Actividades Subversivas llegó a su mayoría de edad. Fue un factor decisivo en las operaciones militares contra la Armada, lo que facilitó una reestructura que facilitaría las represiones futuras.
La usurpación del poder por los militares en febrero de 1973 fue posible gracias a tres factores: la debilidad y la cobardía civil; la conducción estratégica de un plan diseñado en 1971; y en el plano militar, la efectividad operativa del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (Ocoa).
En el primer factor fueron decisivas la manera en que el presidente Juan María Bordaberry se atornilló a su cargo a cualquier costo, la omisión criminal de una mayoría parlamentaria que un año antes había abierto la caja de Pandora, y la confusión generalizada, salvo excepciones, de una izquierda que quiso creer en ilusorias tendencias de militares “peruanistas”.
La conducción estratégica del golpe tuvo dos timoneles: el general Esteban Cristi, jefe de la Región Militar número 1, con asiento en Montevideo, y el general Gregorio Álvarez, jefe del Estado Mayor Conjunto (Esmaco). En un segundo plano empujaron el general Eduardo Zubía, jefe de la Región Militar número 2, el general Hugo Chiappe Posse, jefe de la Región Militar número 3, designado comandante del Ejército en operaciones, y el general Julio C Vadora, jefe de la Región Militar número 4. En un plano de discreción, con movimientos en la sombra, operó el coronel Ramón Trabal, director del Servicio de Información de Defensa (Sid).
La conducción militar del golpe de febrero tuvo su sede en la Región Militar número 1 (RM 1), y las operaciones recayeron en el coronel Luis Vicente Queirolo, segundo jefe de esa región y, por lo tanto, jefe del Ocoa; en el mayor Alfredo Lamy, jefe del grupo operativo del departamento E II del Estado Mayor del Ejército, y en el mayor Winston Puñales, jefe de la División Informaciones del Ocoa, quien contaba entre sus oficiales con el capitán Gustavo Taramasco. Queirolo fue después director del Sid, agregado militar en Estados Unidos y comandante en jefe del Ejército.
CÁLCULOS MILITARES. El carácter oculto y reservado que desde el comienzo rodeó las actividades del Ocoa impidió visualizar a primera vista su papel protagónico y determinante durante toda la dictadura. Recién ahora se revela el rol que desempeñó en los acontecimientos de febrero de 1973, ya que no se tenía acceso a una cronología de los hechos militares que, entre el 8 de febrero y fines de marzo de 1973, enfrentaron a la Armada contra el Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía. Sin embargo, el estudio de los archivos militares abiertos permitió ubicar, identificar y recolectar una serie de documentos –órdenes, informes, memorandos, muchos de ellos escritos a mano con evidente urgencia– que detallan hora por hora los acontecimientos y que permiten calibrar hasta dónde aquel enfrentamiento armado entre dos bloques desiguales de las Fuerzas Armadas pudo derivar en una batalla campal, en el marco del proceso por el cual los mandos del Ejército se propusieron tomar el poder bajo la fórmula “consolidar el factor militar proporcionando seguridad al desarrollo nacional”, aunque ello significara llevarse a la institucionalidad por delante. Se puede afirmar que desde el punto de vista operativo fue la RM 1 –y el Ocoa como su brazo ejecutor– la que dirigió de principio a fin las acciones. Es así que las unidades que dependían del comandante en jefe del Ejército, como el Grupo Operativo del E II y el Batallón de Infantería Blindada número 13 o el Batallón de Ingenieros número 5 (luego Trasmisiones 1) recibieron órdenes operativas desde el mismo comando de la RM 1. De hecho, el general Cristi estuvo por encima del comandante del Ejército en operaciones, general Hugo Chiappe Pose, durante toda la crisis.
El epicentro de las decisiones militares de febrero fue la sede de la RM 1, en Agraciada casi Capurro, de la misma forma que la sede del Esmaco acaparó las decisiones estratégicas y las negociaciones políticas. Hasta la crisis de febrero, momento en que los mandos consideraron oportuno doblegar al presidente, el Ocoa había acumulado experiencia desde setiembre de 1971, cuando le fue conferido el papel represivo principal en la lucha antisubversiva; pero su protagonismo dependía, en gran medida, del acoplamiento con la inteligencia policial, cuyos archivos eran un insumo inestimable para el desarrollo de la inteligencia operativa. Lentamente, en la coordinación de las distintas unidades militares de la capital –que aportaban el personal para las operaciones– con la Dirección Nacional de Información e Inteligencia (Dnii), de la jefatura de Policía –que suministraba información–, y con el Sid, responsable de la planificación estratégica, el Ocoa fue perfeccionando un funcionamiento en el que las secciones operativas de cada unidad (S-3) operaban como apoyo; las unidades, a su vez, aportaban las “cuerdas”, pequeños grupos de cuatro o seis soldados y un suboficial. El sistema se potenció a partir de abril de 1972, cuando las Fuerzas Armadas se sumergieron de lleno en la guerra sucia.
Para el general Cristi esa experiencia fue vital a la hora de designar al organismo que se encargaría del enfrentamiento con la Armada. Los documentos a los que accedió Brecha confirman que todas las órdenes del comando de la región estaban originadas en el Ocoa y que fue a través de éste que se movilizaron los destacamentos de las unidades, particularmente batallones de ingenieros, caballería motorizada y artillería. El despliegue de esas unidades en parte respondía a su armamento y en parte a su proximidad con el teatro de operaciones. Pero el primer despliegue de tropas, para hacer una “demostración de fuerza” que doblegara la resistencia del presidente Bordaberry a separar al general (r) Antonio Francese de la jefatura del Ministerio de Defensa, fue asignado al Batallón de Infantería número 13 (motorizado). El Regimiento de Infantería número 1 y el Regimiento de Caballería número 4 fueron acuartelados a las seis de la mañana del 7 de febrero.
La orden de Cristi, emitida el 9 de febrero a las 16 horas –destinada a los tres ministros que habían concurrido a la sede de la calle Agraciada– estipulaba que el 13 de Infantería “desplegará una compañía de tanques reforzada de dos regimientos pasando por la RM 1. El Regimiento de Caballería número 4, ídem. Orden de pasaje: columna cerrada, hora de pasaje 17 y 30, distancia entre subunidades 100 metros, velocidad de pasaje 30 quilómetros por hora”. Algunas órdenes tenían destinatarios directos: el 10 de febrero, a las 14.30, el coronel Rubio será responsable del despliegue de tropas en el Cerro, en apoyo al tenderredes Huracán, sublevado. A las 17 horas el mayor Puñales deberá interceptar a un camión con fusileros navales que se acercaba al puente del Pantanoso; Puñales estaba ya en el área del Cerro, estimando la situación. A las 22 horas el teniente segundo A Méndez con Cuerda 11 vigilará una subestación de Ute, pasible de ser saboteada por elementos de la Armada. Esa misma noche el mayor Lamy elevará un memorándum sobre el levantamiento del cerco en la Ciudad Vieja, a la altura de Juan Carlos Gómez.
Aunque todas las órdenes son atribuidas, en los documentos, al jefe de la RM 1, las operaciones en el terreno las comandaba el Ocoa y su jefe, el coronel Queirolo, segundo comandante de la RM 1, mano derecha de Cristi y teniente de Artigas de la primera hora. Si bien es lícito suponer que los mandos del Ejército, en función de los análisis del Sid, habían llegado a la conclusión, antes de los episodios de febrero, de que la Armada –su comandante y su Estado Mayor– era reacia a secundar los planes de toma del poder, era imposible predecir la decisión del contralmirante Zorrilla, de resistir, abroquelado en la Ciudad Vieja, aplicando un plan que Fusileros Navales había previsto para el caso de que, en una segunda oportunidad, los tupamaros incursionaran en el área naval portuaria como lo habían hecho en mayo de 1970 con la incruenta toma del Centro de Instrucción de la Marina (Cim).
Por ello, el plan diseñado por el Ocoa (llamado Plan de Colección Bichada) para enfrentar la situación fue elaborado sobre la marcha, tal como se desprende de los documentos archivados. El plan, “dentro del nivel táctico para las operaciones de tipo puramente militar”, preveía el empleo de 53 agencias que deberían obtener información del enemigo: “Conocimiento del sistema de defensas instaladas; posibilidades de acciones terrestres y golpes de mano; disponibilidades de apoyo naval, fundamentalmente de fuego y desembarco; posibilidad de interferir nuestras comunicaciones de radio; situación interna, sobre todo en el momento de disidencia; posibilidad de contener disturbios de la población en la zona cercada; posibilidad de desarrollar acción psicológica a través de radioemisiones”.
Una evaluación posterior indica, para el conocimiento del terreno: “Fotografías aéreas, reconocimiento personal de informantes propios que quedaron detrás de la línea de Juan Carlos Gómez, que lograron infiltrarse, conocimiento de informantes aliados”; sobre los dispositivos defensivos de la Armada, “conocimiento muy preciso obtenido por informantes propios, conocimiento impreciso sobre la posibilidad de golpes de mano; conocimiento preciso, obtenido de un informante aliado, de efectivos y armamento de cada buque; conocimiento relativamente preciso del movimiento de buques mediante observadores e inteligencia electrónica; no fue posible estimar la posibilidad de contener disturbios civiles si se desarrollaban simultáneamente con un ataque terrestre de las fuerzas propias”. El analista atribuyó un enorme valor a “los informantes aliados por su conocimiento de las posibilidades del oponente, de sus indicativos de radio y claves, y del conocimiento de la personalidad de sus comandantes y oficiales clave”.
Sobre los informantes propios, infiltrados detrás de las líneas, “mediante su iniciativa e instrucción, pudieron determinar qué informaciones debían lograr, cómo evacuarla y sobre todo cuándo entregarla”. Puesto que el “oponente”ejerció su mando a través de radiocomunicaciones, “la inteligencia electrónica fue explotada en forma intensiva y con buenos resultados”. En el balance de errores, el analista anotó: “No se empleó la intervención de las comunicaciones telefónicas; el reconocimiento y la fotografía aérea sólo fueron concebidos, no siendo usados; la radiogonometría quedó en la etapa de planificación; no se explotaron al máximo los informantes disponibles en la zona; por delicadeza, los informantes aliados no fueron explotados exhaustivamente”. Los errores acarrearon “tres enormes riesgos: actuar por respuesta a la iniciativa del oponente; desacierto en la apreciación por desinformación; decidir con base en datos incompletos”.
Este resumen sobre la actividad militar en la crisis de febrero, escrito por el mayor Winston Puñales, jefe de Información del Ocoa, facilitó la elaboración de una “Base de discusión para la reorganización del Estado Mayor de la Región Militar número 1 y Ocoa”, presentada al general Cristi el 20 de febrero de 1973. La aceptación de esas bases impulsó el nuevo protagonismo del Ocoa, que se evidenció en los años siguientes en el Plan Conejo (contra la estructura del Mln en 1975) y el Plan Morgan (contra la estructura del Partido Comunista, en 1975-1976).
Hitos del plan estratégico
En los días convulsos de comienzos de febrero de 1973, como para justificar su deserción de la democracia, el presidente Juan María Bordaberry comentó: “(Los militares) son una tropilla que avanza desordenadamente y a toda velocidad”, por lo que tenía dos opciones: o plegarse a ellos o ser aplastado. No lo dudó.
En realidad, la tropilla (los generales Esteban Cristi, Gregorio Álvarez, Hugo Chiappe Posse, Eduardo Zubía, el brigadier José Pérez Caldas, el capitán de navío Hugo Márquez y los coroneles Alberto Ballestrino, Ramón Trabal y Luis Vicente Queirolo) desde 1971 venía avanzando a toda velocidad, pero para nada desordenadamente. Por el contrario, una mirada abarcativa de ciertos mojones revela una constancia notable en la concreción de los objetivos mediante una puntillosa planificación estratégica y un particular uso táctico del oportunismo. A saber:
- Setiembre de 1971. Las fracciones de las Fuerzas Armadas, pero en especial del Ejército, que adherían a la doctrina de la Seguridad Nacional ya estaban listas para intentar el control del proceso político. La fuga de 106 tupamaros de la cárcel de Punta Carretas, conocida como “El abuso”, convenció al presidente Jorge Pacheco Areco de poner la lucha antisubversiva bajo la responsabilidad de los militares. Era la excusa que los militares estaban esperando, el momento para poner en ejecución un plan de cuatro puntos, un cronograma que preveía: 1) asegurar la realización de las elecciones nacionales y la asunción del nuevo gobierno; 2) la derrota militar de los tupamaros; 3) desarrollar el factor militar proporcionando seguridad al desarrollo nacional; 4) tomar a su cargo los planes de desarrollo nacional. Para controlar el poder (objetivo último) era necesario, primero, obtener un triunfo aplastante sobre los grupos insurgentes. Al asumir la responsabilidad de la represión, en setiembre de 1971, el Ejército creó una estructura operativa en el ámbito de la Región Militar número 1, que denominó Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas. El Ocoa tuvo bajo perfil, pero asumió todas las tareas de la “guerra sucia”.
- Abril de 1972. Una vez que el Parlamento aprobó la ley de guerra interna –que un mes antes, en marzo, Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle habían sugerido al presidente Bordaberry–, las acciones del Mln contra miembros del Escuadrón de la Muerte pretextaron la instalación del terrorismo de Estado y la conversión de los cuarteles de todo el país en reductos de secuestros y torturas masivas, de asesinatos, desapariciones y violaciones de prisioneros. La rapidez y la efectividad con que las unidades del Ejército asumieron la nueva tarea revela que la “guerra antisubersiva” venía siendo planificada desde hacía tiempo. Diez meses después, a fines de 1972, las Fuerzas Armadas concretaban el segundo objetivo, la derrota militar de la sedición.
- El tercer objetivo, el desarrollo del factor militar, iba a ser cosechado al comenzar 1973. Consistía en imponer a las Fuerzas Armadas como elemento de poder determinante en el gobierno y como actor imprescindible en la percepción popular. El mecanismo de distracción fue la distinción entre subversión y sedición; la primera estaba integrada por partidos políticos, sindicatos y toda organización social que resistiera la implantación concreta de la doctrina de la seguridad nacional. Ahora que ésta había sido eliminada, se combatiría la subversión, real o no, encarnada en los políticos y en la corrupción. La excusa fue la denuncia sobre supuestos negociados de ediles de la Junta Departamental de Montevideo. (Los “corruptos” habían pagado, con dineros de la Junta, las milanesas de El Águila con las que almorzaban. El asunto era fácilmente entendible por la gente común, mucho más que las complejas maniobras de lavado de dinero de las “colaterales” bancarias que proliferaban en medio de la crisis galopante.) Y el episodio se transformó en una “conjura contra las Fuerzas Armadas”, cuando el senador colorado Amílcar Vasconcellos denunció –detrás de esa campaña– los planes de los mandos del Ejército de dar un golpe de Estado. Los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea aprovecharon la debilidad del presidente Bordaberry y reclamaron contestar ellos mismos al senador, porque consideraron la respuesta presidencial como muy tibia. La ofensiva subió otro escalón cuando los mandos rechazaron la designación del general Antonio Francese como ministro de Defensa. De hecho, el factor militar se consolidó cuando Bordaberry aceptó en el pacto de Boiso Lanza todas las exigencias para monopolizar “la seguridad en el desarrollo”: la creación del Consejo de Seguridad Nacional, la designación de “enlaces” de la inteligencia militar en todos los organismos públicos y la designación por selección directa de nuevos generales. Favoreció el objetivo militar la ausencia total de los parlamentarios, que no levantaron el receso, ni cuando el ataque a Vasconcellos, ni cuando la Armada se atrincheró en la Ciudad Vieja para defender las instituciones, ni cuando Bordaberry resignó jirones de su presidencia en Boiso Lanza. La “seguridad para el desarrollo”, una fórmula que apareció por primera vez con fuerza de objetivo en 1971, se reiteró durante la crisis de febrero de 1973 (en la respuesta de los comandantes al senador Vasconcellos y en los famosos comunicados 4 y 7) y adquirió estatus de doctrina en 1974 cuando la Junta de Comandantes elaboró la “Política de la República”, un documento que sintetizaba todas las estrategias desplegadas hasta ese momento.
- El último escalón del golpe en varios actos se produjo cuatro meses después, el 27 de junio, con la disolución del Parlamento, un golpe propiciado por los militares, pero formalmente ejecutado por el presidente, que puso su firma en el decreto respectivo. Fue, de paso, la instauración de un mecanismo envidiado por todos los dictadores, que se conoció como “bordaberrización”. En este último acto, que consagró formalmente el cuarto objetivo diseñado dos años antes, los mandos utilizaron como pretexto la negativa del Senado a votar el desafuero del senador Enrique Erro, acusado de ser integrante del Mln. Pero en los hechos, el asalto al poder se había concretado en Boiso Lanza. La supresión del Parlamento era apenas un manotazo para eliminar el zumbido de aquellos parlamentarios que muy tardíamente despertaban de la ensoñación de vivir un régimen de derechas sin ensuciarse las manos.
En cada una de las secuencias, los militares de la seguridad nacional perfeccionaron el método de enmascarar un plan meticulosamente diseñado, ejecutándolo como si fuera una reacción puntual ante una coyuntura. La estrategia desplegada configura una conducta muy alejada de la imagen de “tropilla desbocada”, y debería hacer reflexionar a aquellos dispuestos a tropezar otra vez con la misma piedra, invitando a incursionar en los asuntos internos a unas Fuerzas Armadas que, obstinadamente, siguen reivindicado aquellos días de gloria.
Cronología
Febrero de 1973
Jueves 1. Se difunde por radio un mensaje a la población del senador colorado Amílcar Vasconcellos, denunciando los propósitos golpistas de los mandos del Ejército y anunciado una interpelación al ministro de Defensa, Armando Malet.
Viernes 2. Reuniones de los altos mandos en el Esmaco para analizar una respuesta a Vasconcellos.
Carta del presidente Bordaberry al senador Vasconcellos: “He afirmado una y otra vez, y lo reitero en esta oportunidad, que no será con mi consentimiento que el país se apartará de su tradición democrática”.
Martes 6. Reunión de cuatro horas del presidente con Malet, los comandantes y 25 mandos superiores, en Suárez. Los mandos continuaron la reunión en el Esmaco, sin el jefe de la Armada, contralmirante Juan José Zorrilla.
En una oficina de la Ciudad Vieja se reúne Zorrilla con Wilson Ferreira.
Cerca de la medianoche la Armada refuerza las guardias en las unidades del área naval del puerto.
Miércoles 7. 1.05. Presidencia anuncia la renuncia de Armando Malet.
2 horas. Los comandos del Ejército y la Fuerza Aérea anuncian que responderán al senador Vasconcellos.
10 horas. Bordaberry designa al general (r) Antonio Francese como ministro de Defensa.
Jueves 8. El general César Martínez, comandante del Ejército, renuncia ante Francese.
Es designado el general José Berocay.
Bordaberry no acepta la renuncia del brigadier José Pérez Caldas, comandante de la Fuerza Aérea.
El Ejército y la Fuerza Aérea se acuartelan.
Bordaberry se entrevista con Zorrilla, quien le ofrece al presidente trasladarse a la Ciudad Vieja.
Al final de la tarde se corta el tránsito en Agraciada frente a la Región Militar número 1 (RM l) y el Ejército toma Canal 5.
Se difunde un comunicado por el que los comandantes del Ejército y la Fuerza Aérea reclaman el relevo del ministro Francese.
El general Francese presenta su renuncia; Bordaberry no la acepta.
Bordaberry emite un mensaje por radio y televisión llamando a la defensa de las instituciones. El Ejército corta las emisiones del mensaje y va ocupando paulatinamente todas las radios y televisoras.
Viernes 9. 0.40. La Armada cerca la Ciudad Vieja con ómnibus y automóviles a la altura de Juan Carlos Gómez: bancos, correo, Ministerio de Defensa, juzgados, Banco Hipotecario, Banco Central, Banco República.
1 hora. Los barcos de guerra toman posición de combate en el canal de acceso a Montevideo.
2 horas. Comunicado de la Armada proclamándose leal a las instituciones.
5.30. El capitán de Navío Hugo Márquez hace llegar a la RM 1 un informe sobre ubicación y actitud de los buques de guerra.
10 horas. Renuncia el Consejo de Ministros.
La Policía se pliega a la sublevación del Ejército y la Fuerza Aérea.
Oficiales recorren las redacciones de los diarios matutinos para controlar las ediciones de la mañana siguiente.
12 horas. Zorrilla se reúne en el Esmaco con Chiappe, Posse, Álvarez y Pérez Caldas. Acuerda levantar el cerco de Juan Carlos Gómez si el Ejército no pasa de la plaza Indepen-
dencia.
15.15. El destructor Artigas comunica que apoyará con fuego de artillería al Fusna.
16 horas. Tres ministros concurren al comando de la Región 1 con una propuesta del Poder Ejecutivo.
17.30. El general Cristi ordena demostración de fuerza con tanques y tanquetas.
21 horas. Bordaberry ordena levantar el bloqueo de la Ciudad Vieja.
22 horas. Se difunde el comunicado número 4, firmado por el general Hugo Chiappe Pose, comandante del Ejército en operaciones, y el brigadier José Pérez Caldas.
23 horas. Oficiales del Ocoa relevan la situación en Ciudad Vieja.
Sábado 10. 9.30. Reunión en el Comando de la Armada.
10 horas. El capitán de corbeta Jorge Nader, comandante del tenderredes Huracán, impulsa el levantamiento de las unidades emplazadas en el área naval del Cerro, en acuerdo con el general Cristi.
11.30. Comunicados 1 y 2 del mando del Cerro.
12 horas. Fusileros navales son embarcados en la lancha Carmelo y en el barreminas Río Negro para desembarcar en el área naval del Cerro.
14.30. El comando de la RM 1 ordena dispositivos de apoyo al tenderredes Huracán, en el dique seco del Cerro.
15.30. Efectivos de los regimientos de Artillería 1 y Caballería 4 toman posiciones de combate en el Cerro.
16 horas. El jefe de la Escuela de Especialidades de la Armada intenta desalojar a Nader del dique. Hay disparos intimidatorios de ambos bandos.
17 horas. Orden de interferir, sobre el arroyo Pantanoso, la marcha de un camión con efectivos de Fusileros Navales que intentaría retomar el dique seco y neutralizar a los oficiales del Huracán.
21 horas. El Ejército y la Fuerza Aérea emiten el comunicado número 7, que complementa el número 4.
22 horas. Oficiales de la Armada reciben orden de sabotear los servicios de luz y teléfonos de Montevideo.
22.30. El comando de la RM 1 ordena vigilancia de todas las subestaciones de Ute.
23 horas. El capitán de navío Víctor González Ibargoyen cruza la bahía para mediar la entrega de Nader y sus 30 hombres al Ejército. El comandante Zorrilla decide renunciar si Nader sale con el Huracán rumbo a Buenos Aires para asilarse.
Domingo 11. 3.15. La Prefectura Nacional Naval se pliega al Ejército y la Fuerza Aérea.
5.15. Renuncia el contralmirante Zorrilla.
5.30. El tenderredes Huracán deja el dique y sale del puerto.
6.20. Las tropas del Ejército se retiran del área del Cerro.
15.30. Bordaberry designa a Conrado Olazábal como comandante de la Armada.
Lunes 12. Bordaberry se traslada a la base Boiso Lanza de la Fuerza Aérea para una reunión con los comandantes en jefe de las tres armas. Se consuma el llamado “pacto de Boiso
Lanza”.
Miércoles 14. Mensaje de Bordaberry por cadena de radio y televisión: “La patria ha triunfado otra vez”.
Viernes 23. Se dispone la vigilancia de oficiales de la Armada.
Se dispone el control de todas las radios.
Lunes 26. Orden a todos los jefes de Ocoa de presentarse en el comando regional.
Lunes 27. Acuartelamiento de los regimientos de Caballería número 4 y de Infantería número 1.
Marzo de 1973
Viernes 23. Informe de Ocoa sobre posible revanchismo de oficiales del Fusna.
Sábado 24. Se dispone la vigilancia domiciliaria “discreta” del vicepresidente Sapelli y varios políticos.