Gral. Manini Ríos usa misma defensa de los represores

Chicaneando fuerte

Al igual que los militares investigados por graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, el general Guido Manini Ríos utilizó un recurso procesal para evitar declarar ante la justicia penal. Los abogados del ex comandante en jefe del Ejército presentaron un recurso de inconstitucionalidad para detener la investigación y poder, en pocos días, ampararse en los fueros parlamentarios.

Mauricio Pérez

4 octubre, 2019

Faltaban pocos minutos para la hora fijada. El fiscal Rodrigo Morosoli aguardaba, paciente, para ingresar a la sala de audiencia e imputar al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos por su omisión de denunciar la confesión de José Gavazzo ante un tribunal de honor del Ejército sobre su participación en la desaparición del cuerpo del militante tupamaro Roberto Gomensoro Josman, en 1973.

Entonces llegó la noticia: la defensa del ex comandante en jefe presentó una excepción de inconstitucionalidad, lo que podía trancar el desarrollo del proceso penal. El recurso de los abogados Juan Carlos Fernández Lecchini y Eduardo Lust apuntó contra dos leyes: la 19.293, de creación del nuevo Código del Proceso Penal (Cpp), y la 19.334, por la cual se consagró a la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado.

Tras varios minutos de incertidumbre, la jueza Marcela Vargas decidió suspender la audiencia de formalización y elevar los antecedentes a la Suprema Corte de Justicia (Scj), para que se pronuncie sobre los recursos presentados. De esta forma, la defensa logró uno de sus objetivos: garantizar que Manini Ríos compita en la elección nacional sin un juicio oral en el horizonte. Al menos por el momento.

“¿Fue una chicana?”, le preguntó un periodista a Morosoli. “El ejercicio del derecho a defensa es amplio y no voy a entrar a hacer consideraciones al respecto, creo que cada uno puede formarse su propia opinión al respecto. Esta era una opción”, contestó el fiscal. Según fuentes judiciales, es “altamente probable” que la Scj rechace los recursos y ordene seguir adelante con la causa, pero eso puede demorar varias semanas, si no meses. Para entonces, de cumplirse con el pronóstico de las encuestas, Manini Ríos tendría fueros parlamentarios, ya que encabeza la lista al Senado de Cabildo Abierto. Y para imputarlo, el fiscal debería saltear este obstáculo.

ESTRATEGIA MILITAR. El grueso de las investigaciones por crímenes de la última dictadura está paralizado. Esto se debe en buena parte a la estrategia de la defensa de los militares investigados por estos delitos, que implica presentar recursos en cascada (de prescripción, de inconstitucionalidad y de nulidad) que evitan que las causas tengan un trámite normal.

El general Manini Ríos se plegó a esta estrategia y apuntó contra la constitucionalidad de dos normas claves del nuevo proceso penal. Por un lado se cuestionaron aspectos del nuevo Cpp y, por otro, la creación de la Fiscalía General de la Nación como un servicio descentralizado. “La Constitución no permite la naturaleza jurídica que se le dio a la Fiscalía”, dijo Lust a Brecha.

Se trata de dos asuntos ya analizados por la Scj y resueltos por unanimidad a favor de la constitucionalidad de ambas normas. Sin embargo, Lust –constitucionalista y candidato a diputado por Cabildo Abierto– dijo que los recursos son válidos porque la Corte cambió su integración, por lo que se desconoce la actual postura del cuerpo. La Scj tiene legalmente la posibilidad de mantener su posición y emitir su fallo por decisión anticipada, pero según Lust ese cambio de integración hace prever que estos asuntos deberían volver a ser estudiados.

Tras analizar la excepción de inconstitucionalidad presentada por la defensa, la jueza Vargas suspendió la audiencia de formalización y elevó el expediente a la Corte. En su resolución, argumentó que celebrar la audiencia “resultaría inconducente en cuanto a su función”, ya que el planteo de inconstitucionalidad suspende el proceso.

Sin embargo, la jueza podría haber realizado la audiencia, disponer la formalización –o no– y recién después suspender el proceso. Para eso podía aplicar la denominada “teoría Buñuelo”: sobre principios de 2018, un hombre, apodado el Buñuelo, fue imputado por delitos de narcotráfico. En la audiencia de formalización, la defensa presentó un recurso de inconstitucionalidad y el juez debió suspender el proceso y liberarlo a la espera del fallo de la Corte.

El caso causó conmoción, ya que abría la puerta a que todos los imputados de un delito, cualquiera fuera, interpusieran este recurso y quedaran libres, a la espera de completarse el trámite burocrático. Para evitar que esta estrategia se expandiera, la Scj determinó que, ante un recurso de inconstitucionalidad, los jueces pueden efectuar la audiencia de formalización e incluso dictar una medida cautelar como la prisión preventiva y recién después paralizar la causa. La jueza optó por no hacerlo.

La decisión de suspender las actuaciones fue recibida con alivio desde diversas tiendas, dijeron fuentes políticas a Brecha. Entre varios dirigentes políticos de oficialismo y de oposición existía la idea de que el inicio de un juicio penal contra Manini Ríos podía ubicarlo en un rol de víctima y acrecentar su figura, a pocos días de la elección. Más en un momento en que las encuestas muestran un crecimiento sostenido en la intención de voto de Cabildo Abierto.

HASTA EL FINAL. Manini Ríos llegó a la audiencia con bastante antelación. El reloj pasaba apenas las 14 horas cuando el candidato presidencial por Cabildo Abierto ingresó al juzgado ubicado en Juan Carlos Gómez y Reconquista. Antes de ingresar dijo que “estaba tranquilo”. Fue acompañado de varios allegados e integrantes del partido, incluido el candidato a vicepresidente Guillermo Domenech. La estrategia de la defensa estaba definida desde hacía varios días y había confianza en que resultaría.

Tras confirmarse la suspensión, Lust brindó una breve rueda de prensa, en la cual justificó esa estrategia. Según el constitucionalista, el objetivo de estos recursos no fue “congelar el proceso”, sino que se restituya el Estado de derecho. Mientras tanto, Manini Ríos y su otro abogado, el ex juez Fernández Lecchini, fugaban por la salida trasera del edificio para evitar el asedio de los periodistas, apostados en la puerta principal. El general fue abordado por los pocos periodistas que aún estaban en el hall del juzgado, pero se negó a dar declaraciones; dijo que iba a pronunciarse en el acto que Cabildo Abierto realizaría, poco después, en el barrio Casabó.

En esa instancia, Manini Ríos afirmó que detrás de este caso se montó “una verdadera farsa” y afirmó que hay fiscalías “que operan como brazos del Poder Ejecutivo”, lo que genera indefensión entre “los ciudadanos de a pie”. Y durante su alocución volvió a fustigar la actuación del fiscal Morosoli: “No podemos admitir que un fiscal, mandatado por el Poder Ejecutivo, exima de responsabilidades a quienes están más involucrados, y pretenda llevar a un candidato a juicio, cuando es clarísimo que ese candidato es el que hizo todo lo que tenía que hacer”, expresó el general.

Pese a que un rato antes su defensa había evitado el desarrollo de la audiencia, dijo que su idea es “ir hasta el fondo en este juicio, le pese a quien le pese”. Y afirmó que ahora esperará que el Poder Judicial, “con la independencia que tiene, respetando la Constitución, decida” sobre la pertinencia de los recursos de inconstitucionalidad presentados. “Sabemos claramente que nos asiste la razón”, concluyó.

ACTUAR ILEGÍTIMO. En rueda de prensa, Morosoli rechazó las críticas de Manini Ríos y dijo que actúa mandatado sólo “por la Constitución y por la ley”. Afirmó que tras recibir la notitia criminis –el 1 de abril– realizó la investigación correspondiente y decidió pedir la formalización de Manini Ríos, a partir de los elementos recopilados en esa investigación. “La Fiscalía quiere discutir (estos hechos) frente a un juez imparcial, en la audiencia de formalización y en un juicio oral y público (, pero) lamentablemente no tenemos esa posibilidad por el momento”, señaló.

En este sentido, el fiscal dijo que existe evidencia documental y testimonial de que el ex comandante en jefe del Ejército cometió el delito previsto en el artículo 177 del Código Penal, al omitir denunciar un delito del cual tenía conocimiento. “El delito admite dos modalidades, la omisión lisa y llana de denunciar y el retardo de efectuar la denuncia. Lo que la Fiscalía entiende, en este caso, es que el señor Manini Ríos no comunicó a la justicia ni tampoco a su superior jerárquico”, aseguró.

Según la investigación de Fiscalía, desde que los integrantes del Tribunal de Honor del Ejército informaron a Manini Ríos sobre la confesión de Gavazzo hasta que este elevó los antecedentes a las autoridades civiles del Ministerio de Defensa Nacional, pasaron 310 días. Sin embargo, “más allá de los días, semanas o meses que transcurrieron”, la imputación se sustenta en que Manini Ríos actuó con dolo, ya que existió “una intención deliberada de no dar cuenta”“Esa es la diferencia entre esta persona y las demás personas que fueron investigadas”, explicó.

Esta intención deliberada de ocultar el testimonio de Gavazzo se fundamenta en la declaración de los tres integrantes del Tribunal, los generales Gustavo Fajardo, Alfredo Erramún y José González, ante la Fiscalía. Estos afirmaron que tras recibir la confesión alertaron al ex comandante en jefe sobre la gravedad de los dichos y que estos debían ser puestos en conocimiento de la justicia penal.

“Hubo una serie de advertencias de sus subordinados, una reflexión de parte de él y una decisión clara de seguir (adelante) con el proceso y no dar cuenta a la justicia competente ni a su superior”, afirmó Morosoli. En este marco, el fiscal insistió en que no hay elementos que avalen el argumento exculpatorio esgrimido por Manini Ríos de que informó al ex ministro de Defensa, Jorge Menéndez, hoy fallecido, sobre la confesión de Gavazzo, y que fue este quien le ordenó seguir adelante con el trabajo del Tribunal de Honor (Veáse “Mirando para arriba”, Brecha, 27-VI-19). Esa versión “no consta” en el expediente, afirmó Morosoli. Ahora sólo le queda tener paciencia y esperar.

 

 

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Mal augurio

Contra los medios, en colaboración con una jueza.

SAMUEL BLIXEN

3 octubre 2019

A la jueza penal de 42o Turno, Dolores Sánchez, hay que adjudicarle el beneficio de la duda, pero a primera vista no parece una magistrada despistada, ni tonta, ni atolondrada, ni mentecata, todos estos, atributos y calificativos que pudieran acompañar su dictamen, que refrendó el reclamo del represor coronel (r) Antonio Romanelli, asesor del candidato general (r) Guido Manini Ríos, contra la prensa. Por el contrario, su fallo, que obliga a Radio Uruguay, Montevideo Portal y el diario La República a retractarse de algo que ellos no habían afirmado, puede considerarse temerario pero no tonto.

Conviene reparar en los siguientes elementos:

-El coronel Romanelli fue identificado como un represor que maltrataba y torturaba psicológicamente a prisioneros del Establecimiento Militar de Reclusión número 1.

-Cuarenta y un presos políticos difundieron una carta pública en la que acusan al entonces alférez Romanelli: “Hostigó brutalmente a centenares de prisioneros” y fue “un auténtico verdugo, especialmente con los que padecían enfermedades psiquiátricas, los más viejos y los más débiles, y muy especialmente –fiel a la ideología nazi, que lo animó durante sus años de militancia en secundaria– con los judíos”.

-La carta fue publicada por tres medios de prensa y difundida ampliamente en las redes sociales. Por lo menos Radio Uruguay intentó en dos ocasiones obtener la palabra de Romanelli, pero este se negó a dar declaraciones.

-El coronel reclamó en la justicia el “derecho de respuesta” y consideró falsas las afirmaciones de la carta.

-Los medios se negaron a otorgarle el espacio para responder; en su lugar, ofrecieron, nuevamente, entrevistarlo.

-La jueza ratificó su decisión, que fue apelada y pasa ahora a un tribunal correspondiente.

A la jueza no se le pudo escapar el detalle de que Romanelli no aceptó la invitación de los medios para comentar la carta, pero después reclamó el derecho de respuesta aduciendo que eran afirmaciones falsas. Tampoco se le pudo escapar el hecho de que Romanelli afirma que las denuncias son falsas, pero no inició ninguna acción contra los firmantes de la carta. En cambio, el represor emprendió contra los medios y en esa estrategia contó con la colaboración de la jueza.

La intención es obvia. Se pretende presionar a los medios de comunicación eludiendo el elemento principal –el asesor en seguridad de Cabildo Abierto lo hace manifiestamente–, es decir, determinar si las acusaciones son falsas o verdaderas, lo que podría resolverse con un careo al acusado y los que ahora son 91 acusadores, según una segunda carta que dieron a conocer los ex presos en las últimas horas y que Radio Uruguay publicó en su totalidad. Los ex presos desafían al represor a someterse a un careo.

A Romanelli, en realidad, no le interesa desvirtuar la afirmación de que fue un represor sádico; le interesa que en la prensa se publique su versión de que es falso. La diferencia esencial entre una aclaración publicada por orden judicial y una declaración voluntaria hecha a un periodista es que en un diálogo periodístico el entrevistado debe explicar por qué es falsa la acusación y, en todo caso, someterse a la repregunta.

Consciente de la contradicción –“no logro comprender el fundamento de la negativa en publicar la respuesta del actor, pero sí efectuarle una entrevista”, confiesa la magistrada–, la jueza optó por acceder a la pretensión del represor y ordenó que los medios publicaran la respuesta, lo que, de hecho, obliga a disponer de un espacio para difundir una manipulación que se asemeja mucho a la mentira.

Como opinó el relator de la Oea para la libertad de expresión, el uruguayo Edison Lanza: “Romanelli no fue silenciado por los medios denunciados. El derecho de respuesta es para el caso en que los medios no les dan a las personas la oportunidad de expresarse. Él busca dos cosas, que la jueza erróneamente le otorga, en desmedro de la libertad de expresión: en primer lugar, generar un efecto inhibitorio, mandar el mensaje a los medios de que los va a llevar a juicio cada vez que lo nombren, y, en segundo lugar, imponer su versión y eludir el debate público”. Para Lanza, “sostener que el derecho de respuesta es un elemento informativo implica un antecedente nefasto para la libertad de expresión”.

Hay un extremo más grave aun: con el criterio de la jueza, cualquier afirmación entrecomillada de una fuente identificada que se publique puede derivar en un juicio contra el medio, lo que implica instalar una brutal mordaza.

Sus razones tendrá la jueza, que, por cierto, no es despistada, ni tonta, ni atolondrada, ni mentecata.

 

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HAGA MEMORIA

Díaz sobre dichos de Manini Ríos:

“esta Fiscalía imputó a un vicepresidente

en funciones”

El candidato a presidente por Cabildo Abierto dijo que “Fiscalía opera como brazo del Poder Ejecutivo” y el Fiscal de Corte respondió.

04.10.2019

El Fiscal de Corte Jorge Díaz se refirió este viernes a los dichos del candidato a presidente por Cabildo Abierto Guido Manini Ríos, que sostuvo: “Fiscalía opera como brazo del Poder Ejecutivo en un caso en el que el propio Poder Ejecutivo está involucrado”.

“Esta Fiscalía ha imputado a un vicepresidente de la República en funciones. Ha imputado a ministros, a ex ministros, a senadores, a intendentes y a ex intendentes, a directores y ex directores de entes autónomos, de distintos partidos políticos”, señaló Díaz en conferencia de prensa.

“Ese tipo de afirmaciones de que somos el brazo ejecutor del gobierno o de algún partido político se demuestra fácilmente su falsedad a través de los hechos. Nunca en la historia del Uruguay usted va a encontrar un período de tiempo en el que esta institución haya hecho este tipo de imputaciones”, agregó Díaz en declaraciones consignadas por Subrayado.

El candidato Guido Manini Ríos se presentó el jueves ante la Justicia, tras la citación realizada por el fiscal Rodrigo Morosoli, que busca establecer si hubo omisión del excomandante en jefe del Ejército por el caso Gavazzo.

La defensa de Manini Ríos presentó un recurso de inconstitucionalidad específicamente contra dos normas: la Ley 19.334 que crea a la Fiscalía como un ente autónomo y la otra norma es la ley 19.293 que es el Nuevo Código de Proceso Penal y varios artículo de esa norma.

La jueza Marcela Vargas resolvió aceptar los recursos, suspender la audiencia contra Manini y elevar los recursos a la Suprema Corte de Justicia.

Montevideo Portal

 

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QUÉ MANIOBRA

Caso Manini se resolverá luego

de las elecciones y se amparará

en fueros parlamentarios

El abogado Eduardo Lust explicó que cuando se dé la resolución “Manini va a ser senador” y tendrá “la inmunidad de arresto”.

04.10.2019 

El abogado y candidato a diputado por Cabildo Abierto, Eduardo Lust dijo la semana pasada en el programa Diario de Campaña de Nuevo Siglo TV que le había enviado un mensaje de texto al candidato a presidente Guido Manini Ríos recomendándole una estrategia judicial, que fue la utilizada en su defensa en la audiencia del jueves.

“Cuando el fiscal lo cite a la formalización, que parece que es lo que va a hacer, el general Manini tiene que esgrimir la constitución. Hay un procedimiento para eso. El proceso se detiene, va a la Suprema Corte de Justicia, eso va a llevar el tiempo que la SCJ le de para resolverlo”, señaló Lust.

“Cuando lo resuelva el general Manini va a ser senador, tener la inmunidad de arresto. O sea que si el proceso sigue el Parlamento le tiene que votar el desafuero. Estamos hablando de algo casi imposible que suceda”, advertía Lust.

Los asesores legales de Manini Ríos presentaron un recurso de inconstitucionalidad contra la creación de la Fiscalía General y contra artículos del Nuevo Código de Proceso Penal. Como la jueza aceptó no hubo audiencia y la causa se retomará hasta que la Suprema Corte de Justicia se expida. El fundamento fue el “apartamiento del estado de derecho”.

Si Guido Manini Ríos es electo senador y proclamado por la Corte Electoral, pasará a tener fueros parlamentarios incluso antes de asumir su banca. De esta forma no podrá ser acusado criminalmente, salvo que se levantan los fueros, según el artículo 114 de la Constitución.

Cuando el caso vuelva al juzgado, dependerá de una mayoría especial en el Senado si Manini Ríos responderá definitivamente por la supuesta omisión en el caso Gavazzo, un delito que prescribe a los cuatro años. Al final del día, el resultado fue fue ganar tiempo y evitar la acción de la justicia.

El abogado Daoiz Uriarte considera que este recurso “demuestra el poco respeto que Manini y quienes lo acompañan tienen de la Fiscalía y la Justicia”.

“Esto es claramente una chicana dilatoria que buscará ver si después del acto eleccionario puede ampararse en fueros”, agregó en declaraciones recogidas por el periodista de Radio Monte Carlo Leonardo Sarro.

Además, Uriarte señaló que se está agraviando a la Fiscalía diciendo que es un brazo de un partido político”.

Considerado sobre el recurso que presentó la defensa de Manini Ríos Uriarte señaló que “cuando se hace abuso de las vías procesales la Suprema Corte de Justicia puede sancionar a los abogados aunque sean recursos lícitos, pero cuando el objetivo es claramente dilatorio y persigue otros fines que la propia Justicia”.

Montevideo Portal

 

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Acusación de Manini es una

falsedad que se demuestra

fácilmente, afirmó Díaz

Esta Fiscalía ha imputado a un vicepresidente de la República en funciones, recordó el fiscal Jorge Díaz

5 octubre 2019

El fiscal de Corte, Jorge Díaz , calificó de falsos los dichos del candidato a presidente por Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, quien acusó a la Fiscalía de la Nación de operar como brazo del Poder Ejecutivo.

Díaz expresó que la “falsedad” de la acusación del exmilitar se demuestra fácilmente por la vía de los hechos. “Esta Fiscalía ha imputado a un vicepresidente de la República en funciones, ha imputado a ministros, a exministros, a exsenadores, a intendentes y exintendentes, a directores y exdirectores de entes autónomos, de distintos partidos políticos”, indicó el jerarca.

Además recordó la independencia técnica que tienen los fiscales en el país,que cumplen su función sin recibir presiones de ninguna clase.

Sobre el cuestionamiento que plantea el recurso de inconstitucionalidad presentado por la defensa de Manini Ríos, dijo que es un planteo que “ya tiene más de 12 de pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia” en su contra; además de que la ley cuestionada fue votada por unanimidad en el Senado y por amplísima mayoría en Diputados, agregó.

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