Juristas de 12 países contrarios a prisión domiciliaria de Crimenes de Lesa Humanidad

COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASOCIACION ¿DONDE ESTÁN?-FRANCIA

París, 27 de abril de 2022

En una carta, 25 juristas internacionales

de 12 países consideran contrario

al derecho internacional el proyecto

de ley de prisión domiciliaria para

los autores de crímenes

de lesa Humanidad en Uruguay.

En un archivo adjunto encontrarán la carta “El proyecto de ley de prisión domiciliaria para autores de crímenes de lesa Humanidad en Uruguay es contrario al derecho internacional” dirigida por 25 juristas y especialistas de derechos humanos de 12 países al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle. La carta fue transmitida, por vía diplomática a través de la Embajada de Uruguay en Francia, el 13 de abril último.

Los firmantes se hacen eco de la “carta enviada [el 16 de noviembre de 2021] por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley” presentado en el Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa Humanidad”, a la cual el gobierno uruguayo aún no contestó.

El proyecto de ley es “contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente” y  [la medida] “no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos”, dicen los firmantes.

De ser aprobada, esa ley será “un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa Humanidad”, agregan los expertos.

Los firmantes destacan “el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo” contra el proyecto y “solicitan al presidente, a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria” cuyo único objetivo es excarcelar a los autores de crímenes horrendos como la tortura,  la desaparición forzada y el robo de niños.

Asociación ¿Dónde Están?-Francia

12 de abril de 2022

El proyecto de ley de prisión domiciliaria

para autores de crímenes de lesa

Humanidad en Uruguay es contrario

al derecho internacional

 

Hemos tomado conocimiento de la carta enviada por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley que se está estudiando Senado y que prevé la prisión  domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa Humanidad, tortura, desapariciones forzadas y robo de niños, y que ya hayan sido condenados a prisión o sean susceptibles de serlo.

Este proyecto de ley fue rechazado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario uruguayo. Como se indica en la comunicación conjunta de los procedimientos especiales de la ONU del 16 de noviembre de 2021, es incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. No tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa Humanidad.

Este proyecto de ley es contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas. Por estas razones, constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa Humanidad.

Presentado por el partido Cabildo Abierto, creado por ex militares que siguen reivindicando la dictadura, este proyecto ha provocado fuerte emoción entre las víctimas de la dictadura y las familias de los desaparecidos.

Ante el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle,  y a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa Humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños.

  • Paulo Abrão

Jurist and Profesor Visiting Scholar at Brown University, Executive Secretary of Inter-American Human Rights Commission (2016-2020), Executive Secretary Mercosur’s Human Rights Institute  (2015-2016), Brazil’s National Secretary of Justice (2011-2014), Senior Advisor Washington Brazil Office and Article19. (Brazil)

  • Martín Almada

Abogado. Descubridor de los archivos de la dictadura paraguaya y del Plan Cóndor. Premio Nobel Alternativo  2002 (Paraguay)

  • José L.Almánzar

Abogado, especialista en Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Derecho Penal Internacional. Relator en el 46° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), (República Dominicana).

  • Magalie Besse

Jurista, directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet)  (Francia)

  • William Bourdon

Abogado del Colegio de abogados de Paris y de la Corte Penal Internacional, ex secretario general de la Fedération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH)  (Francia)

  • Jo-Marie Burt

Associate Professor, Schar School of Policy and Government, George Mason University. Senior Fellow, WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas (USA)

  • Elisenda Calvet Martinez

Profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona (España)

  • Gloria Cano Legua

Abogada. Directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) (Perú)

  • Pablo De Greiff

Senior Fellow and Director, Prevention Project Director, Transitional Justice Program Center for Human Rights and Global Justice, School of Law, New York University  and  Rapporteur, UN HRC Experts’ Group on Prevention (2019-2020),  former UN Special Rapporteur for the promotion of truth, justice, reparation and guarantees (Colombia)

  • Anderson Dirocie

    Abogado, especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional. Exsecretario General del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado, capítulo República Dominicana (COLADIC-RD) (República Dominicana)

  • Mustapha El Manouzi

Avocat, Président du Centre Marocain de Démocratie et Sécurité (Maroc)

  • Mireille Fanon-Mendes France 

Presidenta de la Fondation Frantz Fanon, EX UN Expert,  Working group on People African Descent, Human Rights Council (Francia) 

  • Gabriela Fried Amilivia

Professor Department of Sociology and Latin American Studies Program- College of Natural and Social Sciences – California State University Los Angeles (CSULA) (USA)

  • Carlos G. Guerrero Orozco

Abogado y defensor de derechos humanos. Cofundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano (DLM) (México)

  • Aziz Idamine

Profesor de Ciencia Política, Secretario General del Centre International des droits et libertés , Zurich (Suisse)

  • Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva | Executive Director/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional | Center for Justice and International Law | Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) (USA)

  • Jean-Pierre Massias

Presidente del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet) ,Co-fundador y Co-presidente de l’Association Francophone de Justice transitionnelle (Francia)

  • Juan Méndez

Profesor en la  Washington School of Law de l’American University et en el International Center for Transitional Justice, ex presidente de la Comision Interamericana de Derechos humanos y ex relator de la ONU contra la Tortura (Argentina)

  • Naomi Roht-Arriaza

    Distinguished Professor of Law (emeritus) , University of California, Hastings Law (USA)

  • Kim Reuflet

Magistrada, Consejera en el Tribunal de Apelaciones de Angers,  presidenta del Syndicat de la Magistrature (Francia)

  • Malik Salemkour

Jurista. Presidente de la Ligue des droits de l’Homme (Francia)

  • Adriana Schnyder

Investigadora asociada al proyecto  FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice-  Universidad de Ginebra-Facultad de Derecho (Suiza)

  • Jeanne Solal

Jurista en derecho internacional, coordinadora del secretariado de la FEMED (Fédération Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées) (Francia)

  • Philippe Texier

Magistrado, ex integrante de la Corte de Casación francesa, miembro  de la FIDH et del Tribunal Permanente de los Pueblos (Francia)

  • Sophie Thonon

Abogada del Colegio de Abogados de París, Presidenta de France Amérique Latine (Francia)

 

28 de abril de 2022.

El proyecto pretende pasar al régimen de

prisión domiciliaria a los mayores de

65 años lo que beneficia a los represores presos.

Veinticinco juristas internacionales y especialistas de derechos humanos de 12 países remitieron una carta al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, en la que consideran contrario al derecho internacional el proyecto de ley de prisión domiciliaria para los autores de crímenes de lesa Humanidad.

La carta fue transmitida, por vía diplomática a través de la Embajada de Uruguay en Francia, el 13 de abril último.

Se hacen eco los firmantes de la «carta enviada el 16 de noviembre de 2021 por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley» presentado en el Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa Humanidad», a la cual el gobierno uruguayo aún no contestó.

Entienden que el proyecto es “contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente» y (la medida) «no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos».

De ser aprobada, será «un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa Humanidad», sostienen.

Subrayan los firmantes que «el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo» contra el proyecto, al tiempo que “solicitan al presidente, a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria».

Indican que el único objetivo del proyecto es excarcelar a los autores de crímenes horrendos como la tortura, la desaparición forzada y el robo de niños.

ENVIARON CARTA A LACALLE POU

Juristas condenan proyecto

para prisión domiciliaria

El proyecto pretende pasar al régimen de prisión domiciliaria a los mayores de 65 años lo que beneficia a los represores presos.

 Subrayan los firmantes que “el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo” contra el proyecto, al tiempo que “solicitan al presidente, a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria”.

Indican que el único objetivo del proyecto es excarcelar a los autores de crímenes horrendos como la tortura, la desaparición forzada y el robo de niños.

La prisión domiciliaria para autores

de crímenes de lesa Humanidad en

Uruguay “es contrario al

derecho internacional

 

28/04/2022

Cárcel de Domingo Arena

El proyecto de ley impulsado por Cabildo Abierto para que los presos de Domingo Arenas, autores de crímenes de Lesa Humanidad (contra toda la humanidad) en Uruguay, salgan de la misma con destino a prisión domiciliaria, fue rechazado por 25 juristas y especialistas de derechos humanos de 12 países.

La carta de juristas internacionales

Hemos tomado conocimiento de la carta enviada por cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo sobre el proyecto de ley que se está estudiando Senado y que prevé la prisión domiciliaria obligatoria para militares, policías y civiles mayores de 65 años responsables de crímenes de lesa humanidad, tortura, desapariciones forzadas y robo de niños, y que ya hayan sido condenados a

prisión o sean susceptibles de serlo.

Este proyecto de ley fue rechazado por el Comisionado Parlamentario Penitenciario uruguayo. Como se indica en la comunicación conjunta de los procedimientos especiales de la ONU del 16 de noviembre de 2021, es incompatible con las obligaciones internacionales de Uruguay en materia de derechos humanos. No tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de Lesa Humanidad.

Este proyecto de ley es contrario al derecho internacional por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas. Por estas razones, constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa Humanidad.

Presentado por el partido Cabildo Abierto, creado por ex militares que siguen reivindicando la dictadura, este proyecto ha provocado fuerte emoción entre las víctimas de la dictadura y las familias de los desaparecidos. Ante el grito de alarma de todas las organizaciones de derechos humanos uruguayas y la manifestación masiva del 9 de diciembre en Montevideo, pedimos al presidente de la República, Luis Alberto Lacalle, y a los senadores y diputados uruguayos que no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa Humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños.

Firman:

– Paulo Abrão

Jurist and Profesor Visiting Scholar at Brown University, Executive Secretary of Inter-American Human

Rights Commission (2016-2020), Executive Secretary Mercosur’s Human Rights Institute (2015-2016),

Brazil’s National Secretary of Justice (2011-2014), Senior Advisor Washington Brazil Office and Article19.

(Brazil)

– Martín Almada

Abogado. Descubridor de los archivos de la dictadura paraguaya y del Plan Cóndor. Premio Nobel Alternativo

2002 (Paraguay)

– José L.Almánzar

Abogado, especialista en Derechos Humanos, Derechos Fundamentales y Derecho Penal Internacional.

Relator en el 46° periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados

Americanos (OEA), (República Dominicana).

– Magalie Besse,

Jurista, directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet)

(Francia)

– William Bourdon

Abogado del Colegio de abogados de Paris y de la Corte Penal Internacional, ex secretario general de la

Fedération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) (Francia)

– Jo-Marie Burt

Associate Professor, Schar School of Policy and Government, George Mason University. Senior Fellow,

WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas (USA)

– Elisenda Calvet Martinez

Profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de Barcelona (España)

– Gloria Cano Legua

Abogada. Directora ejecutiva de la Asociacion Pro Derechos Humanos (Aprodeh) (Perú)

– Pablo De Greiff

Senior Fellow and Director, Prevention Project Director, Transitional Justice Program Center for Human

Rights and Global Justice, School of Law, New York University and Rapporteur, UN HRC Experts’ Group

on Prevention (2019-2020), former UN Special Rapporteur for the promotion of truth, justice, reparation and

guarantees (Colombia)

– Anderson Dirocie

Abogado, especialista en Derecho Internacional Público, Derechos Humanos y Derecho Penal Internacional.

Exsecretario General del Consejo Latinoamericano de Estudiosos de Derecho Internacional y Comparado,

capítulo República Dominicana (COLADIC-RD) (República Dominicana)

– Mustapha El Manouzi,

Avocat, Président du Centre Marocain de Démocratie et Sécurité (Maroc)

– Mireille Fanon-Mendes France,

Presidenta de la Fondation Frantz Fanon, EX UN Expert, Working group on People African Descent, Human

Rights Council (Francia)

– Gabriela Fried Amilivia

Professor Department of Sociology and Latin American Studies Program- College of Natural and Social

Sciences – California State University Los Angeles (CSULA) (USA)

– Carlos G. Guerrero Orozco

Abogado y defensor de derechos humanos. Cofundador de Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano

(DLM) (México)

– Aziz Idamine

Profesor de Ciencia Política, Secretario General del Centre International des droits et libertés , Zurich (Suisse)

– Viviana Krsticevic

Directora Ejecutiva | Executive Director/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional | Center for Justice

and International Law | Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) (USA)

– Jean-Pierre Massias

Presidente del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet) ,Co-

fundador y Co-presidente de l’Association Francophone de Justice transitionnelle (Francia)

– Juan Méndez

Profesor en la Washington School of Law de l’American University et en el International Center for

Transitional Justice, ex presidente de la Comision Interamericana de Derechos humanos y ex relator de la

ONU contra la Tortura (Argentina)

– Naomi Roht-Arriaza

Distinguished Professor of Law (emeritus) , University of California, Hastings Law (USA)

– Kim Reuflet

Magistrada, Consejera en el Tribunal de Apelaciones de Angers, presidenta del Syndicat de la Magistrature

(Francia)

– Malik Salemkour

Jurista. Presidente de la Ligue des droits de l’Homme (Francia)

– Adriana Schnyder

Investigadora asociada al proyecto FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and

Transitional Justice- Universidad de Ginebra-Facultad de Derecho (Suiza)

– Jeanne Solal

Jurista en derecho internacional, coordinadora del secretariado de la FEMED (Fédération

Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées) (Francia)

– Philippe Texier

Magistrado, ex integrante de la Corte de Casación francesa, miembro de la FIDH et del Tribunal Permanente

de los Pueblos (Francia)

– Sophie Thonon,

Abogada del Colegio de Abogados de París, Presidenta de France Amérique Latine (Francia)

LE PROJET DE LOI D’ASSIGNATION À

RÉSIDENCE POUR LES AUTEURS DE

CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ EN

URUGUAY EST CONTRAIRE AU

DROIT INTERNATIONAL

Lettre ouverte signée par Malik Salemkour, président de la LDH

Nous avons pris connaissance de la lettre de cinq rapporteurs de l’ONU au gouvernement uruguayen sur le projet de loi actuellement étudié au Sénat qui prévoit l’assignation à résidence d’office pour les militaires, policiers et civils âgés de plus de 65 ans responsables de crimes contre l’Humanité, tortures, disparitions forcées, vols d’enfants, déjà condamnés à la prison ou susceptibles de l’être.

Ce projet de loi a été rejeté par le commissariat parlementaire uruguayen pour les prisons. Comme indiqué dans la communication conjointe des procédures spéciales des Nations unies du 16 novembre 2021, il est incompatible avec les obligations internationales de l’Uruguay en matière de droits humains. Il ne prend pas en compte les limites du droit international pour octroyer des amnisties, des pardons, des réductions de peines, des bénéfices dans les modalités d’exécution de la peine ou autres mesures analogues octroyées à des responsables de graves violations des droits humains et de crimes contre l’Humanité.

Ce projet de loi est contraire au droit international en raison de son caractère général, automatique et permanent, mais aussi parce que la mesure n’est pas nécessaire et proportionnée à la gravité des crimes pour lesquels ces personnes ont été condamnées. Pour ces raisons, elle constitue un facteur d’impunité des graves violations des droits humains et des crimes contre l’Humanité.

Présenté par le parti Cabildo Abierto, créé par d’anciens militaires qui revendiquent toujours la dictature, ce projet a provoqué une vive émotion parmi les victimes de la dictature et les familles des disparus.

Répondant au cri d’alarme de toutes les organisations uruguayennes de défense des droits humains et à la manifestation massive du 9 décembre dernier à Montevideo, nous demandons au président de la République Luis Alberto Lacalle et aux sénateurs et députés uruguayens de ne pas soutenir la loi d’assignation à résidence d’office pour les responsables de graves violations des droits humains, en particulier de crimes contre l’Humanité, de tortures, de disparitions forcées et de vols d’enfants.

Le 29 avril 2022

Paulo Abrão

Jurist and Profesor Visiting Scholar at Brown University, Executive Secretary of Inter-American Human Rights Commission (2016-2020), Executive Secretary Mercosur’s Human Rights Institute (2015-2016), Brazil’s National Secretary of Justice (2011-2014), Senior Advisor Washington Brazil Office and Article19. (Brazil)

Martín Almada

Avocat. Découvreur des archives de la dictature paraguayenne et du Plan Condor. Prix Nobel Alternatif 2002 (Paraguay)

José L.Almánzar

Avocat, spécialiste en Droits Humains, Droits Fondamentaux et Droit Pénal International. Rapporteur de la 46è période de sessions de l’Organisation des Etats Américains (OEA), (République Dominicaine).

– Magalie Besse

Juriste, directrice de l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (Institut Louis Joinet) – IFJD (France)

William Bourdon

Avocat du Barreau de Paris et de la Cour Pénale Internationale, ex secrétaire général de la Fedération Internationale des Droits de l’Homme (FIDH) (France)

– Jo-Marie Burt

Associate Professor, Schar School of Policy and Government, George Mason University. Senior Fellow, WOLA: Advocacy for Human Rights in the Americas (USA)

– Elisenda Calvet Martinez

Professeur de Droit International Public à l’Université de Barcelone (Espagne)

– Gloria Cano Legua

Avocate. Directrice exécutive de l’Association pour les Droits Humains (Asociación Pro Derechos Humanos -Aprodeh) (Pérou)

Pablo De Greiff

Senior Fellow and Director, Prevention Project Director, Transitional Justice Program Center for Human Rights and Global Justice, School of Law, New York University and Rapporteur, UN HRC Experts’ Group on Prevention (2019-2020), former UN Special Rapporteur for the promotion of truth, justice, reparation and guarantees (Colombia)

– Anderson Dirocie

Avocat, spécialiste en Droits Humains, Droits Fondamentaux et Droit Pénal International. Ex-secrétaire général du Conseil Latinoaméricain de chercheurs en Droit International et Comparé, section République Dominicaine (COLADIC-RD) (République Dominicaine)

– Mustapha El Manouzi

Avocat, Président du Centre Marocain de Démocratie et Sécurité (Maroc)

– Mireille Fanon-Mendes France

Présidente de la Fondation Frantz Fanon, EX UN Expert, Working group on People African Descent, Human Rights Council (France)

– Gabriela Fried Amilivia

Professor Department of Sociology and Latin American Studies Program- College of Natural and Social Sciences – California State University Los Angeles (CSULA) (USA)

– Carlos G. Guerrero Orozco

Avocat et défenseur des Drois Humains. Co-fondateur de Droits Humains et Litige Stratégique Mexicain (DLM) (México)

– Aziz Idamine

Professeur de Sciences Politiques. Secrétaire général du Centre International des droits et libertés, Zurich (Suisse)

– Viviana Krsticevic

Directrice Exécutive | Executive Director/ Centro por la Justicia y el Derecho Internacional | Center for Justice and International Law | Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL) (USA)

– Jean-Pierre Massias

Président de l’Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie – IFJD (Institut Louis Joinet) ,Co-fondateur et co-président de l’Association Francophone de Justice transitionnelle (France)

– Juan Méndez

Professeur à la Washington School of Law de l’American University et à l’International Center for Transitional Justice, ex président de la Commission Interaméricaine des Droits Humains et ex rapporteur de l’ONU contre la torture (Argentine)

– Kim Reuflet

Magistrate, Conseillère à la Cour d’Appel d’Angers, présidente du Syndicat de la Magistrature (France)

– Naomi Roht-Arriaza

Distinguished Professor of Law (emeritus) , University of California, Hastings Law (USA)

– Malik Salemkour

Juriste. Président de la Ligue des droits de l’Homme (France)

Adriana Schnyder

Chercheuse associée au projet FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights: Mass Crimes Impunity and Transitional Justice- Université de Genève-Faculté de Droit (Suisse)

– Jeanne Solal

Juriste en droit international, coordinatrice du secrétariat de la Femed (Fédération Euromediterranéenne contre les Disparitions Forcées) (France)

Philippe Texier,

Magistrat, ex-membre de la Cour de Cassation française, membre de la Fedération internationale des droits de l’Homme (FIDH) et du Tribunal Permanent des Peuples (France)

Sophie Thonon,

Avocate du Barreau de Paris, Présidente de France Amérique Latine (France)

TV Ciudad de Montevideo también anuncia la carta de Magistrados

25 juristas y expertos en derechos humanos

manifestaron que el proyecto de prisión

domiciliaria de Cabildo Abierto es

contrario al derecho internacional

2 de mayo 2022

En una carta dirigida a Presidencia, solicitaron a Lacalle Pou y a los parlamentarios que no apoyen la iniciativa.

En una carta dirigida al presidente Luis Lacalle Pou, 25 juristas y expertos internacionales manifestaron su preocupación por el proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto (CA) para otorgar la prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. La misiva fue enviada el 13 de abril por vía diplomática a través de la embajada de Uruguay en Francia, informó la Asociación ¿Dónde Están?-Francia.

En la carta, a la que accedió la diaria, los especialistas expresaron que tanto los cinco relatores de la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el comisionado parlamentario pentienciario, Juan Miguel Petit, han planteado su rechazo a la iniciativa. Apuntaron que el proyecto de ley “no tiene en cuenta los límites del derecho internacional para la concesión de amnistías, indultos, reducciones de condena, beneficios en la ejecución de la pena u otras medidas similares concedidas a los responsables de graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.

Según los expertos, este proyecto de ley es contrario al derecho internacional “por su carácter general, automático y permanente, pero también porque la medida no es necesaria ni proporcionada a la gravedad de los delitos por los que estas personas han sido condenadas](https://ladiaria.com.uy/politica/articulo/2021/10/los-represores-presos-en-domingo-arena-que-se-beneficiarian-del-proyecto-de-cabildo-abierto/)”. Por estos motivos, el proyecto “constituye un factor de impunidad para las graves violaciones de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad”.

En suma, solicitan al presidente y a los parlamentarios que “no apoyen la ley de prisión domiciliaria obligatoria para los responsables de graves violaciones de los derechos humanos, en particular crímenes de lesa humanidad, tortura, desaparición forzada y robo de niños”.

La carta fue firmada por el jurista Malik Salemkour, presidente de la Ligue des droits de l’Homme (Francia); Adriana Schnyder, investigadora asociada al proyecto FNS Right to Truth, Truth(s) through Rights, de la Universidad de Ginebra (Suiza); Juan Méndez, expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y exrelator de la ONU contra la Tortura (Argentina); Viviana Krsticevic, directora ejecutiva del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Estados Unidos); Magalie Besse, jurista y directora del Institut Francophone pour la Justice et la Démocratie (Francia), entre otros.

“Proyecto absolutamente hipócrita”

La idea de promover esta carta fue de la organización ¿Dónde Están?, un grupo fundado en 1997 en Francia por uruguayos exiliados para reclamar por verdad, memoria y justicia y la búsqueda de los detenidos desaparecidos durante el período de terrorismo de Estado.

En diálogo con la diaria, Elena Salgueiro, integrante del colectivo, contó que han seguido con atención la “voluntad sistemática” de Cabildo Abierto de “volver a imponer la impunidad”, a partir de su intención de derogar la Ley de Pretensión Punitiva del Estado y luego con el proyecto de ley de prisión domiciliaria.

Tras la carta de los cinco relatores de la ONU al gobierno uruguayo, el colectivo se organizó para proponerle a diversos juristas que se pronunciaran sobre el proyecto de ley. Según dijo, todos los firmantes “estuvieron fundamentalmente de acuerdo con que estaba claro que ese proyecto no era aceptable”. “Buscamos que tuvieran competencias en el terreno de la justicia internacional. No era una petición de masa, era una consulta jurídica hecha a autoridades y profesores de derecho de diferentes universidades”.

Salguerio expresó que el hecho de que la prisión domiciliaria ya sea posible para los condenados es una prueba que es un “proyecto absolutamente hipócrita, no tiene ninguna base humanitaria, pero sí tiene un objetivo muy claro: sacar a los represores de la cárcel”.