A raíz de un artículo publicado en Brecha, el pasado 13 de septiembre, sobre las complicidades que reciben ciertos prófugos de la Justicia uruguaya, una directora de la Cancillería se dirige al director del semanario, y luego hay un artículo del periodista Samuel Blixen, que reviene sobre el mismo tema.
Sobre el artículo “La isla Tortuga de
los terroristas de Estado”
Recibimos y publicamos.
Señor director:
Me dirijo a usted en referencia al artículo publicado en la edición de Brecha del pasado viernes 13 de setiembre bajo el título “La isla Tortuga de los terroristas de Estado”, en el que se hacen consideraciones respecto de la expedición de certificados de existencia por parte de las oficinas consulares de Uruguay insinuando la existencia de una supuesta “complicidad diplomática” para que ex militares condenados o perseguidos por delitos de lesa humanidad perciban sus jubilaciones.
Según el autor de dicha nota, “no es una novedad que oficiales prófugos vienen cobrando sus jubilaciones sin ningún tipo de contratiempo”. Afirma también que “sólo la falta de un testimonio de existencia puede congelar esas cuentas bancarias” y que “la que puede confirmar si siguen cobrando o no es la Cancillería”, ya que “generalmente los testimonios se reciben en consulados uruguayos y esos documentos, en los que constan nombre y domicilio, son enviados a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación del Ministerio de Relaciones Exteriores”.
Al respecto, formulo las siguientes precisiones:
1) El certificado de existencia es un documento público, expedido por la autoridad competente, que se emite a solicitud del interesado para comprobar ante quien corresponda que dicha persona está viva. Esa es su única finalidad y el único requisito para obtenerlo es presentar la prueba de vida y de identidad suficiente. El funcionario a quien se solicita un certificado de existencia está obligado a expedirlo si el solicitante cumple con los requisitos ya mencionados.
2) Efectivamente, las oficinas consulares de la República están autorizadas a expedir certificados de existencia. Pero estos no se remiten a la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de esta Cancillería, sino directamente al organismo de destino, sea este el Banco de Previsión Social (Bps) u otras entidades que también sirven jubilaciones y pensiones, como la Caja de Profesionales Universitarios, la Caja Bancaria, el Banco de Seguros del Estado, la Caja Policial, el Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y la Caja Notarial. El documento en algunos casos se emite en línea (Bps) y en otros de forma documental, dependiendo del organismo de destino. En aquellos certificados de existencia emitidos de forma documental, el domicilio del interesado no configura un requisito para su emisión.
3) El certificado de existencia no puede negarse por ningún motivo, ni siquiera si la persona está requerida en el país de origen o en el extranjero, ni cuando esta situación es de conocimiento del funcionario actuante, ya que, como se explicó, solamente constata que la persona está viva.
4) Finalmente, también es falso que la Cancillería puede confirmar si una persona cobra o no una jubilación, ya que, obviamente, dicha confirmación solamente puede hacerla el órgano responsable de su pago. Como se dijo, la única participación de la Cancillería en este proceso es la expedición, a través de sus oficinas consulares, de aquellos certificados de existencia que le son solicitados.
Agradeciendo la publicación de la presente con similar destaque que el artículo aludido, saludo al señor director con mi más distinguida consideración.
Ana Teresa Ayala Barrios
Embajadora directora general de Secretaría
Por la foto muere
El vínculo entre un militar prófugo y un agregado del Ejército en Brasil.
SAMUEL BLIXEN
20 septiembre 2019
En la imagen de la izquierda (publicada en el número anterior de Brecha) se distingue al coronel Silvio Ayala junto a Pedro Mato. Facebook de Juliana de Sarro. En la de la derecha, a Ayala, en febrero, en la ceremonia en la que fue designado por Manini Ríos como inspector del Arma de Caballería. Página web del ejército.
Es factible, como sostienen algunos referentes de organizaciones de derechos humanos, que la recurrente difusión de fotografías en las redes que muestran al coronel (r) Pedro Mato Narbondo en actividades sociales, tanto en la ciudad de Rivera como en Santana do Livramento, tenga, en definitiva, un fin provocador: “Mi impunidad es inextinguible”, parece decir el Burro Mato haciendo la plancha en una piscina, posando con amigos en un asado o asistiendo a un cumpleaños con su esposa Juliana de Sarro. Las secuencias de fotografías que en conjunto ofrecen una sensación de despreocupación, de vida cómoda, sin estrecheces ni temores, son sin duda un mensaje, y el hecho de que esa vida regalada se esté registrando desde hace años confirma que este terrorista de Estado se siente lo suficientemente seguro (o esa es la señal que desea transmitir) pese a que la justicia uruguaya quiere que responda por múltiples delitos, entre ellos dos notorios asesinatos, el de Luis Batalla, el primer muerto por tortura a manos de militares, y el del fundador del Frente Amplio Zelmar Michelini. Mato está prófugo desde 2013 y para eludir la justicia sólo tuvo que caminar unas cuadras en Rivera (donde se había radicado), cruzar la frontera y establecerse del otro lado, en Santana.
Hay otra lectura para la descarada actitud de Mato. Su despreocupada presencia en Rivera, que al parecer visita con frecuencia, tiene su fundamento en la red de apoyo a la impunidad que funciona en la frontera. En esa red participan con distintos compromisos colegas militares y sus respectivas familias, referentes de organizaciones políticas, altos funcionarios departamentales, funcionarios de empresas públicas, empresarios y hasta un prestamista.
Algunas de las personas que interactúan con Mato podrán alegar ignorancia sobre su identidad, pero seguramente no lo podrá hacer el coronel en actividad Silvio Ayala, que aparece con otros tres comensales junto a Mato en una foto publicada en Facebook en diciembre de 2018, en una reunión para disfrutar de un asado. Aunque el ministro de Defensa, José Bayardi, argumentó, al comentar la expedición de una constancia de existencia por parte del Regimiento de Caballería número 1, que los soldados de frontera, incluso los oficiales, no necesariamente tienen que saber que Mato es un prófugo de la justicia, es difícil admitirlo en el caso del coronel Ayala, que en la foto aparece sonriendo junto a Mato.
El coronel Ayala fue comandante del Regimiento de Caballería número 1 de Rivera hasta que en 2018 fue designado como segundo jefe de la División de Ejército III con asiento en Tacuarembó, que tiene bajo su mando las unidades militares de Artigas, Bella Unión, Salto, Paysandú, Fray Bentos, Rivera, Vichadero, Tacuarembó y Paso de los Toros. Asimismo, paralelamente, en febrero fue designado por el general Guido Manini Ríos como inspector de las unidades de caballería del Ejército.
Ayala exhibe vínculos militares con Brasil. En su calidad de jefe de la Brigada de Caballería número 1 refrendó el convenio por el que el Ejército brasileño donó tanques a la Brigada de Caballería Motorizada número 3. También en febrero, por su investidura de segundo comandante de la División III, recibió de manos del general de brigada José Ricardo Vendramin Nunes, comandante de la 3a Brigada de Cavalaria Mecanizada, una medalla de honor, que se confiere a militares extranjeros “que hayan practicado acciones destacadas o servicios relevantes en pro de intereses del ejército brasileño”. Finalmente, el 29 de julio, el coronel Ayala fue designado, con la firma del presidente Tabaré Vázquez y del ministro Bayardi, como agregado militar de Uruguay ante el gobierno brasileño. Probablemente ni el presidente ni el ministro tenían conocimiento de que el coronel compartía asados en Rivera con el prófugo Mato. Por lo pronto, como segundo comandante de la División de Ejército III, Ayala estaba obligado a informar a su superior, el jefe de la división, de la presencia de Mato en territorio nacional.
Tampoco se cumplió la comunicación en mayo pasado, cuando Mato concurrió a la Brigada de Caballería número 1 para completar la directiva de revista de existencia, a efectos de continuar cobrando su pensión de retiro. El ministro Bayardi –que indirectamente reconoció a Brecha su error al afirmar que Mato había concurrido al Regimiento de Caballería número 3– al parecer no fue informado por el jefe de esa unidad, el coronel Jorge Fernández, sobre la presencia de Mato en el cuartel; eso sí, el coronel Fernández sí sabía de la presencia de un prófugo de la justicia en su cuartel.
Es posible que, desde mayo pasado, haya habido una nueva gestión de Mato para confirmar su condición de ser viviente. Según la última modificación de la revista de existencia, de octubre de 2018, firmada por el general Ricardo Fernández, director general de los Servicios de las Fuerzas Armadas, la confirmación de la existencia deberá ser realizada semestralmente por aquellos oficiales retirados que residen en el país y trimestralmente por quienes residen en el extranjero. Para los primeros, sólo basta concurrir a una unidad militar con su cédula de identidad, tal cual hizo Mato en la Brigada de Caballería número 1; para los segundos, es necesario que se identifiquen en el consulado del país donde residen, certificando de paso la dirección de su residencia. Eso es lo que en ocasiones hizo Mato ante la cónsul de Uruguay en Livramento, Liselott María Sarli Pose, hermana del coronel Wellington Sarli, sobre el que pende un pedido de extradición desde Chile. En esas ocasiones, la cónsul estaba obligada a solicitar constancia de domicilio, información que bien pudiera haber facilitado el trabajo de la Interpol, para cumplir con el pedido de captura internacional; mal que le pese a la directora general de Secretaría de la Cancillería, Ana Teresa Ayala Barrios (que vaya uno a saber por qué se cura en salud, véase en la página 8 la carta que envió a Brecha), la cónsul Sarli debería haber informado sobre el domicilio de Mato.
A menos que esté dispuesto a renunciar a su jubilación, el elusivo coronel debería haberse presentado ante algún consulado en Brasil, en agosto pasado, cuando se cumplieron los tres meses legales para la confirmación de existencia. Pero Mato tiene otra posibilidad: esperar hasta noviembre, ingresar en Uruguay y presentarse ante alguna unidad militar como lo hizo en mayo pasado. Ciertamente: el instructivo para la revista de existencia es ambiguo en cuanto a los requerimientos. No dice expresamente que al presentarse ante una unidad militar deba certificar su domicilio en Uruguay. Pero sí requiere esa constancia si el interesado envía el formulario web directamente al Servicio de Pensiones Militares, acompañado del “sello de la seccional policial o Unidad Militar más cercanas al domicilio del interesado”. Sea como sea, parece difícil de aceptar que el Estado sea incapaz de ubicar a los delincuentes militares que, estando prófugos, tienen todas las facilidades para completar los trámites de cobro de sus jubilaciones. Hay, por un lado, un desinterés oficial, que invariablemente se manifiesta con excusas formales y pueriles (“los soldados y oficiales no tienen por qué saber la condición de prófugos de quienes hacen los trámites”, etcétera).